Defender el bosque: una tarea que en el Estado de México cuesta la vida o la libertad
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Manu Ureste

Defender el bosque: una tarea que en el Estado de México cuesta la vida o la libertad

En noviembre de 2015, el activista ambiental Ildefonso Zamora fue detenido y encarcelado por un supuesto delito de robo cometido en 2012. Sin embargo, Greenpeace y el CentroPro documentan graves irregularidades en el expediente del caso.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
14 de marzo, 2016
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 “Mi padre no es un ratero –dice Misael Zamora con las manos metidas en el bolsillo de una sudadera blanca-. Su único delito ha sido defender estos bosques y hacer el trabajo que no hacen las autoridades”.

El joven observa a su alrededor y con la barbilla despoblada de barba apunta hacia un denso manto de pinos y matorrales que brotan de las entrañas de la tierra.

Esta postal, asegura, existe hoy gracias al activismo de su padre Ildefonso Zamora, quien con ayuda de la organización Greenpeace desplegó en el año 2004 un gigante ‘SOS’ para denunciar que los ‘talamontes’ estaban devorando las 10 mil 800 hectáreas de bosques de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal del país que identifica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Doce años después, presume Misael, estamos ante un “bosque nuevo”, reforestado. Aunque a colación admite que las marcas de los dientes de las motosierras aún perduran en algunos troncos cercenados y también en la memoria de la familia Zamora, la cual ha sido víctima desde entonces de campañas de desprestigio, agresiones y de amenazas de muerte.

Familiares de Ildefonso Zamora muestran una fotografía de cuando el expresidente Calderón le entregó un reconocimiento a su labor en defensa del medio ambiente. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Familiares de Ildefonso Zamora muestran una fotografía de cuando el expresidente Calderón le entregó un reconocimiento a su labor en defensa del medio ambiente. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Una de esas amenazas, relata el también activista ambiental, tuvo lugar en enero de 2007. Cuando a bordo de un automóvil tres personas lo persiguieron a él, a su hermano Aldo y a su tío Juan Zamora, y uno de los agresores le espetó a Aldo: “Dile a tu padre que se tranquilice. O si no, tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.

Cinco meses más tarde, en mayo de 2007, los agresores cumplieron su amenaza: en la carretera que va hacia la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuitlán, un grupo de cuatro talamontes emboscaron a los dos hermanos, los bajaron del vehículo a la fuerza, y les dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre.

Misael fue herido de gravedad en un pulmón, pero sobrevivió. Mientras que Aldo, que en ese entonces tenía apenas 21 años y poco tiempo de haberse unido a su padre en la defensa de los bosques, murió asesinado en el acto.

Tras el asesinato, el expresidente Felipe Calderón declaró públicamente el 12 de julio de 2007 que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”, pese a lo cual, más de ocho años después, sólo dos de las cuatro personas que participaron en el atentado están presas, mientras que los dos autores materiales continúan en libertad.

“Lo que le pasó a mi hermano fue una desgracia para la familia –farfulla lacónico Misael Zamora recordando lo sucedido-. Pero su muerte sirvió para que la tala se frenara casi por completo en San Juan Atzingo. Al menos, durante un tiempo”.

Además, a raíz de la fuerte presión social que se hizo por el homicidio de Aldo varios funcionarios de la cabecera municipal de Tenancingo “que estaban coludidos con los taladores” fueron despedidos y exhibidos. Lo cual, por un lado, benefició a la recuperación de los bosques de la comunidad. Pero por otro, también le granjeó a la familia Zamora nuevos enemigos.

“Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él”, apunta el activista, quien denuncia que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejara de molestar con su activismo.

“Parece que de nuevo están cumpliendo con su revancha –musita Misael mientras observa cómo el viento mece la elevada copa de un pino-. Porque desde noviembre del año pasado, mi padre está encerrado en la cárcel por un delito que no ha cometido”.

A pesar de la labor de reforestación en parajes como El Jacal, en San Juan Atzingo, aún prevalecen las marcas de la acción de los talamontes en el lugar. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

A pesar de la labor de reforestación en parajes como El Jacal, en San Juan Atzingo, aún prevalecen las marcas de la acción de los talamontes en el lugar. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

La fabricación de un delito

El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en su oficina de regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán, municipio al que pertenece la comunidad de San Juan Atzingo.

Eran las 12.50 del mediodía, aproximadamente. Ildefonso acababa de regresar del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana, cuando entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin presentarle una orden de aprehensión se lo llevaron a empujones y golpes a la prisión de Tenancingo.

Los malos tratos continuaron en la cárcel: uno de los agentes le dio un fuerte empujó que lo hizo rodar por unas escaleras. La agresión, además de dejarle el cuerpo magullado, provocó que una vieja herida en el pulgar derecho se reabriera hasta el punto de originarle una fuerte infección que casi llega al punto de la necrosis, debido a la diabetes que padece.

Una vez preso, Ildefonso se enteró de que hay una carpeta de investigación abierta en su contra desde el año 2012. El motivo, la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada a su tortillería, de la que le supuestamente sustrajo 360 mil pesos.

Sin embargo, tanto Greenpeace como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroPro) documentan irregularidades en la investigación abierta contra Zamora –la número 1300300090080812-, motivo por el que sostienen que la fiscalía estatal fabricó la acusación para callar al activista de etnia tlahuica.

Esta fotografía fue tomada en el paraje de 'Pueblo Nuevo', en otra zona del bosque de San Juan Atzingo, donde los talamontes continúan actuando a pesar de la labor de los activistas. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Esta fotografía fue tomada en el paraje de ‘Pueblo Nuevo’, en otra zona del bosque de San Juan Atzingo, donde los talamontes continúan actuando a pesar de la labor de los activistas. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Una de las principales irregularidades, expone Gabriela Carreón, abogada del CentroPro, es que a Ildefonso “se le violentó gravemente el derecho de audiencia y a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que existía una investigación en su contra”.

“Por ello, Ildefonso no tuvo la oportunidad de demostrar, con testigos y documentales que lo acreditan, que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar”, añade la letrada en una entrevista realizada en la casa de Ildefonso; una vivienda conformada por varias chozas con paredes de madera, cocina de leña, y suelo de tierra, que contrasta llamativamente con los 360 mil pesos que, según acusa la fiscalía, el activista sustrajo.

Carreón indica que el día del robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso estaba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público. “Y de esto dan cuenta los testigos que lo acompañaron a la notaría pública, que fueron su primo Mario Encarnación Zamora, sus compañeros del comisariado Paulino Neri Carlos y Sergio Ramírez Raymundo”.

Otros dos testigos que estuvieron presentes en el lugar del robo también señalan no haberlo visto ahí: un policía municipal y una vecina de nombre Trinidad.

Más inconsistencias

De acuerdo con la abogada del CentroPro, de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso, “dos son exactamente iguales, por lo que es evidente que los textos fueron copiados y pegados”. Mientras que una de las testigos acudió ante al Ministerio Público para dar su testimonio de lo sucedido hasta septiembre de 2012, cuando los hechos fueron en julio.

Asimismo, “por lo analizado en las audiencias”, no hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la denunciante dijo haber recibido de remesas de su esposo quien se encuentra en Estados Unidos, y que supuestamente Ildefonso hurtó. “Es decir –remarca la abogada-, no hay certeza de que ese dinero siquiera estuviera en la tortillería, mucho menos la cantidad”.

“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.

Fotografía del paraje 'Pueblo Nuevo', donde se encontraron una gran cantidad de árboles talados. //Foto: Manu Ureste

Fotografía del paraje ‘Pueblo Nuevo’, donde se encontraron una gran cantidad de árboles talados. //Foto: Manu Ureste

Ante estas inconsistencias, Animal Político fue el pasado 8 de marzo, durante una visita a la comunidad de San Juan Atzingo organizada por Greenpeace y el CentroPro, al domicilio donde se produjo el robo en 2012 para conocer la versión de la señora que interpuso la demanda contra el activista, pero uno de sus nietos aseguró que no se encontraba en casa.

Cuestionado acerca de lo que recordaba del día del robo, el joven corroboró que “unos 50 chavos” entraron a la casa donde estaba la tortillería armados con palos para ocupar el lugar, motivo por el que la familia huyó del sitio hasta hace unos meses que regresó.

Sin embargo, a pregunta expresa, éste aseguró no haber visto aquel día entre los “chavos” a ningún señor mayor, como Ildefonso Zamora.

Tala de árboles en el paraje 'Pueblo Nuevo', en San Juan Atzingo //Foto: Manu Ureste

Tala de árboles en el paraje ‘Pueblo Nuevo’, en San Juan Atzingo //Foto: Manu Ureste

Agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 990%

Por otra parte, Miguel Soto, vocero de Greenpeace México, lamentó que a pesar del activismo de Ildefonso Zamora y de su familia, a partir del que en 2004, 2005 y 2006 se presentaron múltiples denuncias que originaron 47 órdenes de aprehensión contra talamontes, el problema de la tala ilegal continúe floreciendo en la comunidad de San Juan Atzingo, sobre todo en parajes como Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Pueblo Nuevo, o Loma de Coyotongo.

“Es una situación lamentable. De acuerdo con los últimos datos que Greenpeace pudo investigar de la Profepa, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal”, enfatiza Soto, quien al respecto denuncia que lejos de atenderse este problema, los defensores del medio ambiente están siendo atacados.

De acuerdo con datos recabados por Greenpeace, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal. //Foto: Manu Ureste

De acuerdo con datos recabados por Greenpeace, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal. //Foto: Manu Ureste

“La criminalización de los defensores está muy fuerte. Tan solo en 2014, fueron asesinados tres”, lamenta el vocero de Greenpeace, quien recuerda que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde el año 2010 se han documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas, de las cuales 191 (80%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña a Los Pinos- y junio del pasado 2015.

De hecho, el CEMDA advirtió de una tendencia creciente en los ataques, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo-junio 2015. Es decir, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.

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Reuters

Quién era Abel Ochoa, el mexicano ejecutado en Texas que pasó casi dos décadas en el corredor de la muerte

El Consulado de México en Houston manifestó públicamente su oposición a la condena de Ochoa, señalando que la pena de muerte es "una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos".
Reuters
7 de febrero, 2020
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“Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme”.

Esas fueron las últimas palabras de Abel Revill Ochoa, el ciudadano mexicano ejecutado este 6 de febrero en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.

El hombre de 47 años había sido condenado a pena de muerte en 2003 por asesinar a cinco miembros de su familia, incluidas sus hijas de 7 años y 9 meses.

Según aseguró el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), Ochoa fue declarado muerto a las 18:48 hora local tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville.

Así, el mexicano se convirtió en la segunda ejecución del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en Estados Unidos.

Qué sucedió

Fue un domingo 4 de agosto del año 2002 cuando Abel Ochoa, adicto al crack, llegó al living de su casa -ubicada en Dallas, Texas- con una pistola en la mano y comenzó a matar a tiros a su esposa, Cecilia, y a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses). Además, le disparó a su cuñada Jaqueline y a su suegro Bartolo.

Ese día, el hombre llevaba 10 días sin consumir crack pues, según afirmó durante el juicio en su contra, había aceptado la ayuda de su familia para superar su adicción.

Dos años antes de los crímenes, Ochoa había empezado a consumir y rápidamente se había vuelto adicto, endeudándose y gastándose el dinero familiar en comprar droga.

Sin embargo, ese 4 de agosto tuvo una recaída luego de que su esposa se lo permitiera con el pretexto de que estaba sumido en un profundo síndrome de abstinencia.

Poco después de haber fumado, pasó lo peor.

Edificio del estado de Texas

Getty Images
En el estado de Texas se han ejecutado a varios reos mexicanos. En la foto, el Capitolio del Estado de Texas.

“La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá”, confesaría después el mexicano.

Su hija Crystal intentó escapar corriendo hacia la cocina, pero su padre la alcanzó y la mató de cuatro tiros en la espalda.

Además, dejó herida de bala a otra de sus cuñadas, Alma, hermana de su esposa, quien logró escapar y avisar a la Policía del incidente. De esa manera, minutos después las autoridades detuvieron a Ochoa en un cajero automático mientras intentaba sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.

A pesar de que su defensa afirmó que los crímenes los cometió en medio de un delirio inducido por las drogas, el jurado decidió condenarlo a muerte.

Y así, 18 años después del horrible crimen, el mexicano fue ejecutado.

Oposición a la pena de muerte

Luego de la ejecución, el Consulado de México en Houston manifestó públicamente su oposición a la pena de muerte.

A través de un comunicado, dijo que tal castigo lo consideran “una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.

Agregaron que seguirán “promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo”.

El consulado, además, reveló que se le había ofrecido asistencia consular a Ochoa mediante un miembro de su equipo de defensa pero que no fue requerida.

No obstante, la diplomacia mexicana había suscrito una carta dirigida a la Junta de Perdones Texas con el fin de apoyar la solicitud de clemencia de Ochoa, petición que finalmente fue rechazada por ese organismo.

Ochoa era también ciudadano estadounidense y se presentó como tal durante el proceso penal.

Roberto Moreno Ramos

Getty
La ejecución de Roberto Moreno Ramos, en 2018, también fue rechazada por el gobierno de México.

El caso de Abel Ochoa no es aislado y ya son varios los mexicanos ejecutados en Estados Unidos.

Por esta misma razón, de hecho, México llevó a Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2003, con el argumento de haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron siendo ejecutados.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena”– que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

Sin embargo, EE.UU. continuó con la pena de muerte. En 2018, por ejemplo, ejecutó a Roberto Moreno Ramos, quien formaba parte de esta lista de reos mexicanos en Estados Unidos amparados en la sentencia de la CIJ.

En aquella ocasión, el gobierno de México también intentó evitar su ejecución, sin éxito.


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