Defender el bosque: una tarea que en el Estado de México cuesta la vida o la libertad
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Manu Ureste

Defender el bosque: una tarea que en el Estado de México cuesta la vida o la libertad

En noviembre de 2015, el activista ambiental Ildefonso Zamora fue detenido y encarcelado por un supuesto delito de robo cometido en 2012. Sin embargo, Greenpeace y el CentroPro documentan graves irregularidades en el expediente del caso.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
14 de marzo, 2016
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 “Mi padre no es un ratero –dice Misael Zamora con las manos metidas en el bolsillo de una sudadera blanca-. Su único delito ha sido defender estos bosques y hacer el trabajo que no hacen las autoridades”.

El joven observa a su alrededor y con la barbilla despoblada de barba apunta hacia un denso manto de pinos y matorrales que brotan de las entrañas de la tierra.

Esta postal, asegura, existe hoy gracias al activismo de su padre Ildefonso Zamora, quien con ayuda de la organización Greenpeace desplegó en el año 2004 un gigante ‘SOS’ para denunciar que los ‘talamontes’ estaban devorando las 10 mil 800 hectáreas de bosques de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal del país que identifica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Doce años después, presume Misael, estamos ante un “bosque nuevo”, reforestado. Aunque a colación admite que las marcas de los dientes de las motosierras aún perduran en algunos troncos cercenados y también en la memoria de la familia Zamora, la cual ha sido víctima desde entonces de campañas de desprestigio, agresiones y de amenazas de muerte.

Familiares de Ildefonso Zamora muestran una fotografía de cuando el expresidente Calderón le entregó un reconocimiento a su labor en defensa del medio ambiente. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Familiares de Ildefonso Zamora muestran una fotografía de cuando el expresidente Calderón le entregó un reconocimiento a su labor en defensa del medio ambiente. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Una de esas amenazas, relata el también activista ambiental, tuvo lugar en enero de 2007. Cuando a bordo de un automóvil tres personas lo persiguieron a él, a su hermano Aldo y a su tío Juan Zamora, y uno de los agresores le espetó a Aldo: “Dile a tu padre que se tranquilice. O si no, tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.

Cinco meses más tarde, en mayo de 2007, los agresores cumplieron su amenaza: en la carretera que va hacia la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuitlán, un grupo de cuatro talamontes emboscaron a los dos hermanos, los bajaron del vehículo a la fuerza, y les dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre.

Misael fue herido de gravedad en un pulmón, pero sobrevivió. Mientras que Aldo, que en ese entonces tenía apenas 21 años y poco tiempo de haberse unido a su padre en la defensa de los bosques, murió asesinado en el acto.

Tras el asesinato, el expresidente Felipe Calderón declaró públicamente el 12 de julio de 2007 que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”, pese a lo cual, más de ocho años después, sólo dos de las cuatro personas que participaron en el atentado están presas, mientras que los dos autores materiales continúan en libertad.

“Lo que le pasó a mi hermano fue una desgracia para la familia –farfulla lacónico Misael Zamora recordando lo sucedido-. Pero su muerte sirvió para que la tala se frenara casi por completo en San Juan Atzingo. Al menos, durante un tiempo”.

Además, a raíz de la fuerte presión social que se hizo por el homicidio de Aldo varios funcionarios de la cabecera municipal de Tenancingo “que estaban coludidos con los taladores” fueron despedidos y exhibidos. Lo cual, por un lado, benefició a la recuperación de los bosques de la comunidad. Pero por otro, también le granjeó a la familia Zamora nuevos enemigos.

“Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él”, apunta el activista, quien denuncia que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejara de molestar con su activismo.

“Parece que de nuevo están cumpliendo con su revancha –musita Misael mientras observa cómo el viento mece la elevada copa de un pino-. Porque desde noviembre del año pasado, mi padre está encerrado en la cárcel por un delito que no ha cometido”.

A pesar de la labor de reforestación en parajes como El Jacal, en San Juan Atzingo, aún prevalecen las marcas de la acción de los talamontes en el lugar. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

A pesar de la labor de reforestación en parajes como El Jacal, en San Juan Atzingo, aún prevalecen las marcas de la acción de los talamontes en el lugar. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

La fabricación de un delito

El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en su oficina de regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán, municipio al que pertenece la comunidad de San Juan Atzingo.

Eran las 12.50 del mediodía, aproximadamente. Ildefonso acababa de regresar del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana, cuando entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin presentarle una orden de aprehensión se lo llevaron a empujones y golpes a la prisión de Tenancingo.

Los malos tratos continuaron en la cárcel: uno de los agentes le dio un fuerte empujó que lo hizo rodar por unas escaleras. La agresión, además de dejarle el cuerpo magullado, provocó que una vieja herida en el pulgar derecho se reabriera hasta el punto de originarle una fuerte infección que casi llega al punto de la necrosis, debido a la diabetes que padece.

Una vez preso, Ildefonso se enteró de que hay una carpeta de investigación abierta en su contra desde el año 2012. El motivo, la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada a su tortillería, de la que le supuestamente sustrajo 360 mil pesos.

Sin embargo, tanto Greenpeace como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroPro) documentan irregularidades en la investigación abierta contra Zamora –la número 1300300090080812-, motivo por el que sostienen que la fiscalía estatal fabricó la acusación para callar al activista de etnia tlahuica.

Esta fotografía fue tomada en el paraje de 'Pueblo Nuevo', en otra zona del bosque de San Juan Atzingo, donde los talamontes continúan actuando a pesar de la labor de los activistas. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Esta fotografía fue tomada en el paraje de ‘Pueblo Nuevo’, en otra zona del bosque de San Juan Atzingo, donde los talamontes continúan actuando a pesar de la labor de los activistas. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Una de las principales irregularidades, expone Gabriela Carreón, abogada del CentroPro, es que a Ildefonso “se le violentó gravemente el derecho de audiencia y a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que existía una investigación en su contra”.

“Por ello, Ildefonso no tuvo la oportunidad de demostrar, con testigos y documentales que lo acreditan, que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar”, añade la letrada en una entrevista realizada en la casa de Ildefonso; una vivienda conformada por varias chozas con paredes de madera, cocina de leña, y suelo de tierra, que contrasta llamativamente con los 360 mil pesos que, según acusa la fiscalía, el activista sustrajo.

Carreón indica que el día del robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso estaba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público. “Y de esto dan cuenta los testigos que lo acompañaron a la notaría pública, que fueron su primo Mario Encarnación Zamora, sus compañeros del comisariado Paulino Neri Carlos y Sergio Ramírez Raymundo”.

Otros dos testigos que estuvieron presentes en el lugar del robo también señalan no haberlo visto ahí: un policía municipal y una vecina de nombre Trinidad.

Más inconsistencias

De acuerdo con la abogada del CentroPro, de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso, “dos son exactamente iguales, por lo que es evidente que los textos fueron copiados y pegados”. Mientras que una de las testigos acudió ante al Ministerio Público para dar su testimonio de lo sucedido hasta septiembre de 2012, cuando los hechos fueron en julio.

Asimismo, “por lo analizado en las audiencias”, no hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la denunciante dijo haber recibido de remesas de su esposo quien se encuentra en Estados Unidos, y que supuestamente Ildefonso hurtó. “Es decir –remarca la abogada-, no hay certeza de que ese dinero siquiera estuviera en la tortillería, mucho menos la cantidad”.

“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.

Fotografía del paraje 'Pueblo Nuevo', donde se encontraron una gran cantidad de árboles talados. //Foto: Manu Ureste

Fotografía del paraje ‘Pueblo Nuevo’, donde se encontraron una gran cantidad de árboles talados. //Foto: Manu Ureste

Ante estas inconsistencias, Animal Político fue el pasado 8 de marzo, durante una visita a la comunidad de San Juan Atzingo organizada por Greenpeace y el CentroPro, al domicilio donde se produjo el robo en 2012 para conocer la versión de la señora que interpuso la demanda contra el activista, pero uno de sus nietos aseguró que no se encontraba en casa.

Cuestionado acerca de lo que recordaba del día del robo, el joven corroboró que “unos 50 chavos” entraron a la casa donde estaba la tortillería armados con palos para ocupar el lugar, motivo por el que la familia huyó del sitio hasta hace unos meses que regresó.

Sin embargo, a pregunta expresa, éste aseguró no haber visto aquel día entre los “chavos” a ningún señor mayor, como Ildefonso Zamora.

Tala de árboles en el paraje 'Pueblo Nuevo', en San Juan Atzingo //Foto: Manu Ureste

Tala de árboles en el paraje ‘Pueblo Nuevo’, en San Juan Atzingo //Foto: Manu Ureste

Agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 990%

Por otra parte, Miguel Soto, vocero de Greenpeace México, lamentó que a pesar del activismo de Ildefonso Zamora y de su familia, a partir del que en 2004, 2005 y 2006 se presentaron múltiples denuncias que originaron 47 órdenes de aprehensión contra talamontes, el problema de la tala ilegal continúe floreciendo en la comunidad de San Juan Atzingo, sobre todo en parajes como Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Pueblo Nuevo, o Loma de Coyotongo.

“Es una situación lamentable. De acuerdo con los últimos datos que Greenpeace pudo investigar de la Profepa, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal”, enfatiza Soto, quien al respecto denuncia que lejos de atenderse este problema, los defensores del medio ambiente están siendo atacados.

De acuerdo con datos recabados por Greenpeace, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal. //Foto: Manu Ureste

De acuerdo con datos recabados por Greenpeace, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal. //Foto: Manu Ureste

“La criminalización de los defensores está muy fuerte. Tan solo en 2014, fueron asesinados tres”, lamenta el vocero de Greenpeace, quien recuerda que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde el año 2010 se han documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas, de las cuales 191 (80%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña a Los Pinos- y junio del pasado 2015.

De hecho, el CEMDA advirtió de una tendencia creciente en los ataques, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo-junio 2015. Es decir, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.

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"Fracasamos": qué pasó con el polémico plan de Suecia contra COVID-19

Suecia ha recibido críticas por su política para manejar la pandemia, menos estricta que la de otros países europeos.
17 de diciembre, 2020
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“Creo que hemos fracasado. Tenemos un gran número de muertos y es terrible”.

Así definió el rey de Suecia, Carlos Gustavo, el año 2020, marcado por la polémica estrategia del país contra la covid-19.

Suecia ha recibido críticas por su gestión de la pandemia, en la que nunca impuso el confinamiento total que se vio en otros países europeos, y basada, más que en normas de obligado cumplimiento, en recomendaciones a la población.

Ha habido casi 350,000 casos de coronavirus confirmados y más de 7,800 muertos en Suecia.

“El pueblo de Suecia ha sufrido tremendamente en condiciones difíciles. Uno piensa en todos los miembros de las familias que no han podido despedirse de sus familiares enfermos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder dar una cálida despedida”, dijo en el programa anual de televisión en el que revisa el año que termina.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de resultar infectado con el virus, el rey, que tiene 74 años, respondió: “Últimamente, se ha hecho más evidente, se ha ido acercando más y más. Eso no es lo que uno quiere”.

En lugar de basarse en reglas y sanciones, Suecia apela a la responsabilidad de los ciudadanos y el deber cívico, y las autoridades se limitan a emitir recomendaciones. No hay castigo para quienes hacen caso omiso de ellas.

El gobierno sueco nunca ha impuesto un confinamiento total ni el uso obligatorio de la mascarilla, y bares y restaurantes han permanecido abiertos.

Sin embargo, hace pocos días se solicitó a escuelas en Estocolmo, la capital, que pasen lo antes posible a enseñar a distancia a sus estudiantes de entre 13 y 15 años por primera vez. La medida se anunció en respuesta al aumento de los contagios.

Una semana antes se había decidido la educación a distancia para los mayores de 16 en todo el país.

Y el lunes, llegaron nuevas recomendaciones a nivel nacional sobre distancia social para el periodo navideño que sustituyen a las que habían emitido las autoridades regionales.

El consejo para los suecos es que no se reúnan más de ocho personas, hacerlo al aire libre cuando sea posible y evitar viajar en tren o autobús.

Se mantiene en vigor la prohibición de encuentros públicos de más de ocho personas, lo que afecta a eventos como conciertos, competiciones deportivas y manifestaciones.

La polémica de las medidas “voluntarias”

El epidemiólogo jefe del Estado sueco, Anders Tegnell, dijo en noviembre que la estrategia que seguía el país combinaba medidas legales y acciones voluntarias.

Le dijo a la BBC: “Creemos que es realmente la mejor” en el contexto sueco.

De acuerdo con un informe oficial publicado esta semana, la estrategia nacional fracasó en la protección de los mayores en residencias, algo por lo que el gobierno ha aceptado su responsabilidad.

Más del 90% de las muertes relacionadas con la covid se han producido entre mayores de 70 años y casi la mitad en residencias de mayores y dependientes, afirma el gobierno.

Una mujer recoge muestras de test de la covid-19 en la ciudad sueca de Malmo.

Reuters
La estrategia sueca se ha basado más en la colaboración ciudadana que en normas de obligado cumplimiento.

Tegnell dijo que el organismo que dirige, la Agencia Sueca de Salud Pública, no es responsable de dirigir este tipo de centros y que todos los interesados deben ayudar a mejorar la situación para asegurarse de que los ancianos no se contagien.

Para Tegnell, Suecia ha mejorado en la protección de los mayores, y dijo que ningún país ha tenido un éxito total en esta tarea.

El epidemiólogo sueco recordó en una entrevista en Sverige Radio el miércoles que incluso Alemania estaba siendo ahora duramente golpeada.

Suecia ha sido también señalada por ser uno de los países con un mayor número de casos per cápita y acumula más muertos que todo el resto de estados nórdicos sumados.

Esto ha provocado críticas de vecinos como Noruega, Dinamarca y Finlandia, que se quejan de que la laxa política sueca está poniendo en riesgo la efectividad de sus propias medidas.

El martes, el primer ministro sueco, Stefan Lofven, dijo que tenía la sensación de que muchos expertos habían subestimado la segunda ola.

“Creo que muchos en la profesión no vieron venir semejante ola”, dijo al diario Aftonbladet.


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