Matan a Berta Cáceres, la hondureña que le torció la mano al Banco Mundial y a China
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Matan a Berta Cáceres, la hondureña que le torció la mano al Banco Mundial y a China

La ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada la madrugada de este jueves en La Esperanza, ubicado al oeste del país.
BBC Mundo
3 de marzo, 2016
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La ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada este jueves en la madrugada en La Esperanza, en el oeste del país.

Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen.

La madre de Cáceres reveló que la policía dice que se trató de un intento de robo.“Pero todos sabemos que fue por su lucha”, agregó en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.

Fue entonces cuando BBC Mundo la entrevistó y publicó el siguiente artículo.

———————————————————–

Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.

Nada ha podido detener la lucha de una mujer hondureña.

Una madre de cuatro hijos cuya campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió esta semana uno de los premios ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman.

         La vivienda de Cáceres amaneció bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.

Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.

Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no han cesado en el país centroamericano, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.

Asesinatos

El informe titulado “¿Cuántos más?” señala que en 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per capita de defensores del ambiente en todo el mundo.

Servicio en memoria de líderes lenca asesinados durante la campaña contra la represa de Agua ZarcaCeremonia para recordar a los tres líderes lenca asesinados durante la campaña contra la represa de Agua Zarca.

De las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado –el número real puede ser mayor– casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.

En el caso de Honduras, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. “Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en una región, Bajo Aguán”, dijo Chris Moye, de Global Witness, a la BBC.

La ONG cuestiona que mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional.

Para Chris Moye, el caso de Berta Cáceres es representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.

¿Cuál es la historia de esta mujer cuyo pueblo se considera guardián de los ríos?

“Aprendí de mi madre”

Cáceres asegura que aprendió de su madre el sentido de la justicia.

Berta Cáceres junto a su madre doña Berta en La Esperanza, Intibucá, HondurasCáceres junto a su madre doña Berta, partera y enfermera que asisitió a refugiadas salvadoreñas. “Somos de una familia de muchas mujeres a las que le ha tocado luchar solas”.

“Crecí en un hogar dirigido sólo por mi mamá y desde temprano ella trabajó en la defensa de los derechos humanos”.

Su madre, doña Berta, fue partera, enfermera y alcaldesa y en la peor época de la represión de los 80 se dedicó atender la salud de refugiadas salvadoreñas.

“A mi madre le tocó vivir dictaduras, golpes de Estado, y hasta hoy en día me motiva para continuar con esta lucha“.

La actitud frente a la vida de doña Berta marcó profundamente a su hija. De niña ayudó a su madre, participó luego activamente en organizaciones estudiantiles y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

“Pueblo milenario”

La defensa de la naturaleza es parte del ADN de Cáceres y está enraizada en suidentidad lenca.

Río Gualcarque       Río Gualcarque, sagrado para los lencas y vital para su supervivencia.

“Actualmente somos más de 400 mil lencas. Somos un pueblo milenario en Honduras y el oriente de El Salvador“.

“Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos”, dijo Cáceres a la BBC.

En la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas.

Una de las mayores luchas por esos ríos ha sido de Agua Zarca.

La represa de Agua Zarca

Fue en 2006 que la comunidad lenca de Río Blanco buscó la ayuda de la organización fundada por Cáceres.

“Comenzó a ingresar maquinaria pesada al lugar. Ahí se dieron cuenta que era unproyecto hidroeléctrico, nadie del gobierno les había comunicado nada”.

Berta Cáceres camina por las montañas con miembros de la comunidad lenca
Cáceres ha sufrido múltiples amenazas de muerte y secuestro. También demandas judiciales con “cargos fabricados”, según Global Witness.

El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohydro.

La organización que concedió el premio a Cáceres señala que a partir del golpe de estado de 2009, Honduras vio un aumento explosivo de megaproyectos, especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras.

La represa de Agua Zarca “hubiera significado desplazamientos y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas. No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda”, dijo Cáceres a la BBC.

En esos proyectos “el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas”.

Bloqueo y “hostigamiento militar”

En más de 150 asambleas indígenas las comunidades lencas expresaron el rechazo a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque.

El proyecto hidroeléctrico negó, según Cáceres, el derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.

Ante la falta de respuesta del gobierno, en 2010 Cáceres llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa, para exigir al Congreso el rechazo al proyecto hidroeléctrico.

“Pero otorgaron los ríos a empresas privadas por más de 30 años“.

Finalmente, en 2013, el pueblo lenca comenzó una toma indefinida de carreteras para impedir la entrada de maquinaria.

El bloqueo duró más de un año y fue según Cáceres uno de los períodos más difíciles.

“Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados, sicarios. Incluso la policía hizo acciones en que apuntó los cañones de sus fusiles a las cabezas de niños y niñas y ancianos de Río Blanco”.

Tres líderes lenca fueron asesinados durante la campaña de Agua Zarca, según Global Witness.

Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó durante el bloqueo fue detenido por unos días y luego puesto en libertad.

El retiro del gigante chino

A finales de 2013, Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria.

La Corporación Financiera Internacional retiró posteriormente su financiación citando inquietudes sobre violaciones de los derechos humanos.

Y organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra instan ahora a otra empresa, la alemana Voith Hydro, a que abandone su respaldo al proyecto.

Derechos humanos

El proyecto de Agua Zarca está detenido por el momento.

“Pero amenazan con construir en otro punto, aguas arriba. Y también está Blue Energy, otro proyecto sobre el río Cangel, con capitales estadounidenses y canadienses”, por el que Cáceres asegura haber recibido múltiples amenazas.

Berta Cáceres en una comunidad lenca       El proyecto negó, según Cáceres, el derecho de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.

“Sabemos que es muy duro y que es una situación que se va a agravar”.

Luego de una visita a la región en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció “reportes que apuntan a una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos (…) a pesar de patrones de violencia identificados por organizaciones campesinas en relación a la posible participación del Estado en los presuntos incidentes”.

El país fue retirado de la lista negra de la Comisión, algo que según la misma sólo implica un sistema de monitoreo distinto.

El gobierno hondureño recogió la medida el 27 de enero de 2015 con una declaración en el sitio presidencial: “Por primera vez, después de cinco años, un gobierno logra que Honduras sea excluida de la Lista Negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que demuestra el firme compromiso del presidente Juan Orlando Hernández en garantizar que se respeten los derechos humanos de los hondureños”.

“Me lo dijo el río”

Dos de los hijos de Cáceres ya abandonaron Honduras por temores de seguridad.

“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río”.

“Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino con otras organizaciones con la esperanza de cambiar la situación en nuestro país”, dijo Cáceres a la BBC.

“No nos queda otro camino más que luchar”.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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