La Suprema Corte discutirá si el gobierno puede espiar tu celular
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La Suprema Corte discutirá si el gobierno puede espiar tu celular

La Red por los Derechos Digitales (R3D) interpuso un amparo contra la Ley de Telecomunicaciones para que el gobierno ya no pueda pedir a las empresas de telefonía los datos de los celulares de los usuarios, pues esto viola el derecho a la protección de datos personales.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán
18 de abril, 2016
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¿Imaginas que alguien sepa a dónde vas, a quién le llamas, tu estado de salud, tus intereses políticos, tu religión, tus fobias? Todo lo que haces a través de tu teléfono es guardado por las empresas de telefonía hasta por dos años. ¿Quién tiene acceso a ello? Cualquier instancia de seguridad que lo desee.

Esto es un acto legal gracias a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –en vigor en 2014– que obliga a las concesionarias de telefonía a guardar los datos generados en los teléfonos celulares de los usuarios, conocidos como metadatos, es decir, la huella de todos tus movimientos.

La Red por los Derechos Digitales (R3D) interpuso un amparo contra la legislación por considerar que viola el derecho a la protección de datos personales. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto discutir la constitucionalidad de dicha ley.

El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, prevé negar el amparo al considerar que la ley no viola los derechos humanos de los usuarios, según se lee en el documento publicado en la página de la Corte.

De confirmarse la negativa de la Corte, la R3D prevé acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma en entrevista, Luis Fernando García, abogado de la Red.

De acuerdo con el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las instancias de seguridad y procuración de justicia pueden solicitar el registro y control de las telecomunicaciones de un usuario, con lo que podrán identificar con precisión el nombre, razón social y domicilio del suscriptor.

Además, la ley permite que el gobierno conozca el tipo de comunicación del usuario (correo electrónico, llamadas, servicio de mensajería, multimedia, números llamados incluyendo fecha, hora y lugar).

Para que esto sea posible, se obliga a las empresas proveedoras de los servicios de telefonía a “guardar” los datos de los usuarios durante un año “en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes”. Agotado ese plazo, los datos deben ser conservados por 12 meses más “en sistemas de almacenamiento electrónico” y si la autoridad requiere algo de ello, se entregará en 48 horas después de solicitarlo.

Quienes pueden acceder a esta información son las autoridades de seguridad, pero, según la Red, no se establece con precisión quiénes son. Tampoco establece explícitamente el requisito de autorización judicial previa o inmediata para todas las formas de vigilancia.

Para Luis Fernando García, el acceso a los metadatos requiere de una orden judicial, pero para la geolocalización no, según se establece en el proyecto del ministro Pérez Dayán, lo cual significa una “contradicción”.

Para la Corte, dicho mandato no constituye una violación al derecho humano porque la ley facultad de la “autoridad competente”, para solicitar y recibir la información, así como la obligación de una orden judicial; sin embargo, sólo existen lineamientos sobre la Ley de Telecomunicaciones pero tampoco son precisos, sino que derivan en “interpretaciones” de otras leyes.

De acuerdo con argumentos jurídicos de la R3D, la Corte debe reconocer la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas, “debido a que lesionan de manera grave el derecho a la privacidad y la seguridad de todas las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones en México”.

Cinco puntos para entender la controversia:

R3D: 

Los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones violan los derechos humanos a la intimidad, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la protección de datos personales, libertad de expresión y seguridad jurídica al permitir el acceso de datos personales de los usuarios de telecomunicaciones a autoridades. También informar la geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles.

SCJN:

Preservar hasta por dos años los datos de los usuarios y sus comunicaciones y que las autoridades accedan a la información “no transgrede el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones”, por lo que se niega el amparo contra el artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, según el proyecto que se discutirá.

SCJN:

Sobre la geolocalización, de ninguna manera significa que se deje en estado de indefensión al usuario, pues, se insiste, en todo caso los lineamientos que regirán el desarrollo de la geolocalización necesariamente tendrán que estar previstos en las leyes aplicables. 

R3D:

En caso de validar la vigilancia sin controles que facilita la Ley de Telecomunicaciones, la Corte estaría enviando un mensaje sumamente peligroso de que todo se vale con el pretexto de proteger la seguridad; incluso medidas que, lejos de proteger la seguridad, la comprometerán aún más, sobre todo en el contexto de crisis en materia de derechos humanos por el que atraviesa el país. 

Precedente internacional

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concluyó que “al imponer la conservación de los datos y al permitir el acceso de las autoridades nacionales competentes a éstos, la Directiva establece una excepción al régimen de protección del derecho al respeto de la vida privada, ya que esas directivas (empresas) establecieron la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico, así como la obligación de borrar o hacer anónimos estos datos cuando ya no son necesarios para la transmisión de una comunicación, salvo si son necesarios para la facturación y únicamente mientras exista esa necesidad”.

Comunicado R3D

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Cómo el COVID-19 llevó a la bancarrota a Avianca, la aerolínea más antigua de América Latina

La aerolínea más grande de Colombia, y la segunda de América Latina, solicitó acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos.
12 de mayo, 2020
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En diciembre pasado, Avianca celebró sus 100 años con anuncios de nuevas rutas, conciertos en aeropuertos y vuelos y la emisión de unas estampillas conmemorativas en alianza con el gobierno de Iván Duque.

“Avianca se ha convertido en un símbolo de Colombia ante el mundo”, celebró el Ejecutivo en ese momento.

Cinco meses después, la crisis económica producida por la pandemia del coronavirus, que tiene parados al 90% de los aviones del mundo, llevó a la aerolínea más grande Colombia al default.

El domingo, cuando se cumplía el plazo de unos pagos de deuda, la empresa solicitó acogerse al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, figura que busca defender a los acreedores en ese país y le da incentivos a las empresas con contratos allí para no tener que cerrar operaciones.

La compañía, que tiene filiales en Ecuador, Brasil y Honduras, entre otros países, anunció la liquidación de su operación en Perú, la primera consecuencia concreta de la bancarrota. La pandemia ha significado una caída del 80% en los ingresos de la empresa.

Sin embargo, con acogerse al famoso capítulo 11 Avianca espera reanudar sus vuelos cuando termine la pandemia. La bancarrota le permite mantener el control de sus operaciones y ganar cerca de un año para renegociar una deuda total estimada en US$7.000 millones.

Avianca

AFP
El 90% de los aviones en el mundo están quietos. Los de Avianca no son la excepción.

Uno de los mecanismos que se ha planteado para salvar a la empresa es un rescate del gobierno colombiano.

La idea, al parecer planteada por la compañía según filtraciones de medios locales, generó fuerte polémica en un país que intenta sobrellevar la pandemia entre pobreza, desigualdad e informalidad laboral.

Los defensores de un rescate argumentan que el impacto social y económico de la desaparición de Avianca, que consideran un “activo estratégico” para el país, sería catastrófico.

Los detractores lo ven como un premio a una compañía que ya no es colombiana -y cada tanto protagoniza escándalos de maltrato al cliente- por parte de un gobierno de tecnócratas que, dicen, “gobierna para los empresarios”.

Duque (cuya hermana, Maria Paula, es vicepresidenta de relaciones estratégicas de Avianca), quien fue elegido de la mano del sector privado, no ha ni rechazado ni aceptado la iniciativa. Pero, con la bancarrota, el debate continuará.

Historia de altibajos

Avianca emplea a 21.000 personas, de las cuales 14.000 están en Colombia. Es la segunda aerolínea más grande de la región después de la chilena Latam; tiene 176 aviones, opera a 150 destinos y hasta ahora ofrecía 5.100 vuelos semanales.

La marca está registrada en la memoria de los colombianos, en parte porque en 1973 se incendió su emblemático edificio en Bogotá y porque en 1990 los narcos derribaron uno de sus aviones.

Según Skytrax, un servicio de consultoría aeronáutica, Avianca es la mejor aerolínea de América Latina. Pero en otros portales de críticas, como Official Aviation Guide, registra como una de las que más retrasos y quejas presenta de la región.

No es la primera vez que la aerolínea se declara en bancarrota ante la justicia estadounidense, aunque esta sea, según su presidente, Anko van der Werffa, “la crisis más desafiante en nuestra historia“.

En realidad, aerolíneas como Delta, American y United entraron a este proceso durante la crisis posterior al 2008.

Aviones de Avianca.

Reuters
El sector aeronáutico es uno de los más perjudicados por la pandemia del coronavirus.

La última emergencia de esta magnitud para Avianca fue en 2003, cuando el proceso de renegociación resultó en la compra de la mayoría de las acciones por parte del empresario Germán Efromovich, quien aún hoy posee la mayoría, pero perdió el control de la junta.

El brasileño quiso convertir Avianca en una “aerolínea latinoamericana“, invirtió en Bogotá y San Salvador como principales centros de conexión, desarrolló aerolíneas satélite en Perú, Argentina y Brasil y se alió con la gigante estadounidense United Airlines.

La aerolínea, cuya sede fue trasladada a Panamá, se disparó durante la primera década del siglo.

Pero hacia 2017, con la desaceleración de la economía latinoamericana, reflotaron los problemas: las operaciones en Brasil resultaron un fracaso y la empresa tuvo que acogerse a una ley de quiebras; la crisis en Argentina contrajo la demanda por vuelos internos de bajo precio; y un viejo y profundo conflicto con el sindicato aeronáutico en Colombia significó retrasos, protestas y el despido de decenas de pilotos en 2018.

Germán Efromovich

AFP
Germán Efromovich ha sido la cabeza de Avianca desde 2003 pero en los últimos años perdió su posición en la junta.

“Antes de los años 80 el mercado global estaba compartimentalizado y no había política de cielos abiertos”, dice a BBC Mundo el economista Salomón Kalmanovitz.

“Pero eso cambió en los 90, se abrió una competencia plena, bajaron los precios y Avianca nunca pudo adaptarse a ese nuevo escenario”.

“Entre 2003 y 2015 tuvieron buen desempeño y eso le dio alas para expandirse, pero la crisis la castiga muy duro porque se creyó el cuento de que la bonanza de esa época, generada por el auge de las materias primas, los bajos impuestos y la apertura total, era para siempre”, agrega.

Kalmanovitz, que escribió una columna de El Espectador criticando el rescate estatal, recuerda que Avianca siempre ha tenido una participación, a veces mayoritaria, de empresarios extranjeros.

Menos colombiana que su reputación

Avianca fue creada el 5 de diciembre de 1919 y se llamó Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (Scadta). Los impulsores eran tres alemanes y seis colombianos que hacían parte de un grupo de inversionistas en Barranquilla, la ciudad portuaria en el norte de Colombia más cerca del Canal de Panamá.

Para entonces, la única aerolínea rentable del mundo era la holandesa KLM.

Según una investigación del historiador Luis Eduardo Rosemberg, la llegada del nazismo al poder en 1933 tuvo cierto impacto en Scadta, porque el gobierno alemán quiso utilizarla como parte de su estrategia geopolítica en la región.

Algunos de los fundadores alemanes de la empresa, además, parecían mostrar simpatía con el nacional-socialismo.

A finales de los años 30, según registros de la época, el gobierno estadounidense presionó al presidente colombiano Eduardo Santos para que nacionalizara Avianca y despojara a los alemanes de su participación en la empresa.

Fue así como, en junio de 1940, la compañía pasó a llamarse Avianca. Era una empresa colombiana cuyo principal accionista, sin embargo, era el gobierno estadounidense a través de Pan Am Airlines.

Con el tiempo la participación accionaria fue cambiando, pasó por el portafolio de los principales millonarios de Colombia y, en 1975, quedó en manos de la empresa más poderosa del país en ese entonces: el Grupo Santo Domingo, dueños de cervecerías, canales de televisión y servicios aduaneros, entre otras cosas.

“Avianca gozó durante años del proteccionismo del Estado, que limitaba la competencia, le dio el monopolio del correo y la rescataba cuando necesitaba, pero cuando llegó el libre mercado en los 80 y 90, nunca supo adaptarse”, concluye Kalmanovitz.

Bajo las riendas de los Santo Domingo, en 2003, Avianca cayó en bancarrota. Y ahora, con el coronavirus, la historia se repite.


Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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