Por qué hay niñas en Nicaragua que temen ir al baño en la escuela
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Por qué hay niñas en Nicaragua que temen ir al baño en la escuela

Por BBC Mundo
4 de abril, 2016
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“En la escuela no me gusta ir al baño. Así que mejor me aguanto”, dice resignada María.

Es un nombre falso, pero tiene 8 años y vive en una zona rural de Chinandega, en el nordeste de Nicaragua, a unos 150 kilómetros de la capital.

Cada día camina cinco kilómetros para llegar al sencillo centro escolar en el que comparte aula con una decena de niños.

Se abre paso entre la espesa vegetación, la caña de azúcar que se transformará después en el licor más fino del país, el ron.

Y cuenta, clavando en el interlocutor sus pequeños ojos negros y vivarachos, que reza para no cruzarse con nadie.

Image copyrightGetty
Image captionNo todas las familias cuentan con un caballo, todo un lujo.

Explica que al llegar a destino siente cierto refugio, la tranquilidad de un día más en el que nadie la asaltó por el camino.

Allí se siente segura siempre y cuando no tenga que usar el servicio.

“Nos vienen a ver, quieren entrar”, dice, sin especificar a quién se refiere.

Allí “el baño” no es un lugar que se merezca el nombre de servicio sanitario. No hay azulejos relucientes en las paredes y el piso.

Por no haber, no hay ni un pestillo que provea a las niñas de cierta intimidad dentro del rústico habitáculo.

“En los baños (de algunas escuelas) existe el riesgo de violación de niñas”, asegura a BBC Mundo Johana Chévez, asesora de género de Plan Internacional.

“No siempre hay puerta, no siempre son higiénicos, a veces están cerca los de los niños y los de las niñas”, explica.

“Las encierran, les tiran piedras, llegan a espiarlas”, cuenta.

“Indiferencia de los profesores”

Con los estudios Escuchen nuestras voces y Situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Nicaragua, Plan Internacional y la Universidad Centroamericana (UCA) trataron de poner cifras a la problemática.

Fue una investigación amplia, llevada a cabo en 22 comunidades de 10 municipios en Boaco, La Libertad, Chinandega, Puerto Morazán, Malpaisillo, Río Blanco, Bilwi, Altagracia, y en los distritos IV y V de Managua.

Una de cada cuatro niñas que participaron en las investigaciones dijeron que “jamás” se sentían “cómodas” al usar las letrinas de la escuela.

“No vamos al baño porque los niños nos espían al poner un teléfono celular en un zapato para grabarlo y verlo todo”, dice una de las niñas.

La proporción es significativamente superior a los detectados por esta organización que defiende los derechos de los niños en la región, en Sudamérica y otras zonas del mundo.

“En los dos estudios el resultado de Nicaragua es prácticamente el doble que en los otros países en el tema del miedo que tienen las niñas, de la inseguridad que sienten las niñas al trasladarse a sus centros de estudio y en el uso de los baños de las escuelas, porque piensan que en esos lugares es donde ocurre el acoso”, dijo el director de Plan Internacional Nicaragua, Patricio Lara, al presentar los resultados.

Chévez participó en los estudios y asegura que, aunque ya pasó más de un año de la medición, la situación no ha variado. “Es una constante en las escuelas”, dice.

Y asegura que todo eso ocurre ante la indiferencia de los docentes.

“No se involucran, no prestan atención a la violencia. Es algo totalmente ciego”, remarca.

“Es más, cuando se les pregunta dicen “no, aquí no pasa nada de eso””, reclama.

“No lo ven, porque en las escuelas hay jerarquía, porque los profesores utilizan otros sanitarios, pero también porque existe una naturalización del asunto”, se lamenta.

“Además, los niños desde temprana edad sienten que pueden apropiarse del cuerpo de las mujeres”, sentencia.

Causa de deserción escolar

Quizá por esa normalización de lo aberrante, María nunca se lo dijo a su madre.

Tampoco le habla del miedo que siente a veces en el camino de regreso a casa.

Al fin y al cabo, la inseguridad es una sensación frecuente para una niña de una comunidad como la suya.

“No estamos seguras principalmente los sábados y los domingos, porque hay pleitos”, explica otra menor en el estudio.

                          Los niños de El Timal tienen una escuela en condiciones.

“Abren las cantinas, hay borrachos en las calles y hasta en nuestra casa hay riesgo de abuso”.

Las escuelas tampoco son ajenas a otro tipo de violencia, la ejercida por parte de los docentes.

“Nos encontramos con golpes, burlas, agresiones físicas, acoso y el favoritismo de los maestros hacia los varones, y vimos que toda esa violencia es la razón del abandono escolar”, señala Karla Hernández Roa, investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) y quien también participó en los estudios.

“También hay docentes que manipulan psicológicamente a las niñas, que utilizan su poder en el aula para lograr sus favores, por ejemplo para chantajearlas y cobrarles por permitirles repetir un examen”, señala.

“Es otro de los factores que lleva a las niñas a dejar la primaria“.

Plan Internacional y la UCA no son las únicas instituciones que han denunciado la situación.

ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE) reportaron en 2014 que las niñas de Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana sufren “periódicamente” acoso sexual en la escuela y “chantaje sexual” relacionado con las calificaciones.

                            La pobreza es la principal razón de la deserción escolar, pero las condiciones de los centros de enseñanza también juegan su papel.

Y más recientemente, en marzo del año pasado, el Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, de la Unesco, y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI, por sus siglas en inglés) denunció que “la violencia de género extendida en las escuelas y sus cercanías impone graves obstáculos al logro de la educación de calidad, integradora y equitativa”.

Según el Ministerio de Educación, en Nicaragua, el segundo país más pobre de América después de Haití, el 9% de los alumnos matriculados deserta del sistema escolar. En 2012 de 1,6 millones de inscritos, 144.000 dejaron la escuela.

Unicef estima que 500.000 niños nicaragüenses de entre 3 y 17 años no están en el sistema educativo.

BBC Mundo solicitó una entrevista al Ministerio de Educación para hablar de la cuestión pero hasta el momento de la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

La escuela, bajo los árboles

El Timal, una comunidad de Tipitapa, en el departamento de Managua, estaba condenado a ser el paradigma de las estadísticas sobre deserción escolar.

A pesar de estar a apenas 34 kilómetros de la capital, allí no hay rastro de ciudad.

Es más bien un secarral, hectáreas y hectáreas de aridez y polvo, el recuerdo reseco de un ingenio azucarero.

                         Los vecinos dan mantenimiento al centro que Semillas de Aprendizaje construyó en El Timal para frenar la deserción escolar.

Ya baldío, fue entregado a los desmovilizados de la contra y a exmiembros del ejército.

Y allí ubicó el gobierno también a las familias afectadas por las graves inundaciones de 2009. Algunos más llegaron a casarse, y otros porque no tenían dónde caerse muertos.

Ahora 3.000 de ellos viven en Cristo Rey, lo más parecido por estos lares a un barrio empobrecido de una gran ciudad, y otras 125 familias quedaron diseminadas, separadas unas de otras por kilómetros de campo arrasado.

En esas condiciones, Evelyn Monges Martínez dice que le da miedo dejar a sus dos hijos, de 5 y 8 años, vayan solos a la escuela.

“Hago de tripas corazón”, reconoce, mientras da mantenimiento a las sillas de la escuela Pedro Arauz Palacios.

La construyó la organización no gubernamental Semillas de Aprendizaje con ayuda de los vecinos, precisamente hacer frente a la alta tasa de deserción.

“Antes los niños estudiaban bajo los árboles”, cuenta Juan Nicunando, el líder de proyectos de la comunidad.

Hoy la escuela alberga a 33 niños, entre preescolar y primaria.

                      Desde que hicieron la nueva escuela en El Timal, Digna Castillo se siente tranquila cuando su hija (en la imagen) acude a clase.

Es un centro sencillo, formado por dos aulas, un patio. Cuenta también con unos servicios dignos, con su puerta y su pestillo.

Y Digna Castillo, quien a pesar de no pasar de los 30 tiene 4 hijos y 2 nietos, respira tranquila.

“Ahora sé que mis hijas están seguras en la escuela”, dice.

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Cuartoscuro

Retiran cargos de corrupción a Maru Campos y le limpian el camino para asumir gubernatura de Chihuahua

El próximo 7 de septiembre, un día antes de que rinda protesta como gobernadora de Chihuahua, Campos Galván fue convocada a una audiencia en la que apelará la vinculación a proceso que le fue dictada el pasado 1 de abril por el delito de cohecho en el caso conocido como “nómina secreta”.
Cuartoscuro
3 de septiembre, 2021
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En vísperas de rendir protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción del estado desistió de la acusación en contra de la panista María Eugenia Campos Galván por presunto uso ilegal de atribuciones y cohecho.

Así, la exdiputada local y alcaldesa de la capital de Chihuahua limpia su camino para asumir sin cargos la gubernatura del estado el próximo miércoles 8 de septiembre, en una operación que toca varias bandas en la justicia local.

La gobernadora electa enfrentaba dos procesos judiciales. En uno de ellos, asentado en la causa penal 3022/2020, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua la acusaba de haber cobrado sobornos a empresarios cuando Campos Galván era alcaldesa de la capital. Este es el caso del que la autoridad ministerial retiró los cargos, sin que alguna vez se llevara a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso.

El otro proceso contra la panista fue judicializado en la causa penal 2821/2020, en la que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) –una autoridad ministerial ajena a la Fiscalía Anticorrupción— logró que Maru Campos fuera vinculada a proceso el pasado 1 de abril por el delito de cohecho, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte en el periodo en que la panista era vicecoordinadora de su bancada en el Congreso local.

Sin embargo, el Poder Judicial estatal convocó a una audiencia donde la gobernadora electa apelará esa vinculación a proceso el próximo martes 7 de septiembre, un día antes de su toma de protesta. Se prevé que el juez conceda la revocación, con lo que Campos Galván asumiría el cargo sin una sola acusación en su contra, de acuerdo con fuentes del gobierno estatal.

Adicionalmente, el Tribunal Electoral federal resolverá impugnaciones por presuntas irregularidades en la elección de la gubernatura. El asunto, en manos de la ponencia de la magistrada Mónica Soto, confirmará el resultado de los comicios a favor de Maru Campos, adelantaron fuentes de la Sala Superior.

Anteriormente, el Tribunal Electoral ya había determinado que la panista sí podía ser candidata aun cuando estuviera vinculada a proceso, pues, en tanto que no existía una sentencia en firme en su contra, sus derechos político-electorales estaban vigentes.

El desistimiento

El pasado 27 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, cuya titular es Gemma Chávez, solicitó al Tribunal Superior de Justicia dejar sin efecto la solicitud de audiencia inicial de vinculación a proceso en contra de Campos Galván en la causa penal 3022/2020, presentada ante la autoridad judicial por los delitos de uso ilegal de atribuciones y cohecho.

Esa audiencia, que fue solicitada desde el 16 de diciembre de 2020, nunca se llevó a cabo, debido a que la gobernadora electa promovió varias suspensiones judiciales para aplazar su realización.

El desistimiento de la Fiscalía Anticorrupción fue declarado procedente por la jueza Hortensia García. 

La Fiscalía explicó que hizo dicha solicitud luego de que tres exfuncionarios que habrían colaborado con Maru Campos en los presuntos actos de corrupción, y quienes fungieron como testigos de la autoridad ministerial acogiéndose a un criterio de oportunidad, se desdijeron de sus declaraciones en contra de la panista.

Además, la Fiscalía señaló haber conocido un nuevo testimonio de un “testigo crucial” que pone en duda presumir que la gobernadora electa participó en los actos que se le imputaban.

“En virtud del análisis de los datos recabados en fechas recientes, así como de los antecedentes de investigación que conforman indagatoria, es que se llegó a la conclusión de que era necesario retirar la petición de solicitud de audiencia inicial efectuada al tribunal en fecha ya referida (16 de diciembre de 2020) en contra de la C. María Eugenia Campos Galván, toda vez que, derivado de las nuevas declaraciones, en relación al resto del caudal probatorio, en este momento resulta cuestionable establecer, incluso en grado de probabilidad, la participación de María Eugenia Campos Galván en la conducta delictiva de uso ilegal de atribuciones y facultades y cohecho”, explicó la Fiscalía.

Si bien el desistimiento de la autoridad ministerial surte efectos sobre la gobernadora electa, el proceso se mantiene en contra de los otros tres coimputados, quienes se desdijeron de sus declaraciones.

Se trata de Luis Orlando Villalobos Seáñez, que era director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento de Chihuahua y que fue subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el estado durante el sexenio de César Duarte.

También son señalados Félix Arturo Martínez Adriano, exdirector de Mantenimiento Urbano del Municipio (“City Manager”) e integrante del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, y Luis Carlos Piñón Balderrama, quien era coordinador de Administración en dicha Dirección de Mantenimiento Urbano, donde era subordinado de Martínez Adriano.

En marzo, Animal Político dio a conocer detalles de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la gobernadora electa como parte de la causa penal 3022/2020.

De acuerdo con la Fiscalía, Maru Campos habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018. 

Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la panista ronda 1 millón de pesos.

Campos Galván presuntamente ordenó la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.

En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.

Preparan perdón por la “nómina secreta de Duarte”

El próximo martes 7 de septiembre, un día antes de que rinda protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, Campos Galván fue convocada por el Poder Judicial del Estado a una audiencia en la que apelará la vinculación a proceso que le fue dictada el pasado 1 de abril por el delito de cohecho en el caso conocido como “nómina secreta” (causa penal 2821/2020).

El 7 de abril, Campos Galván y Rodrigo de la Rosa –excoordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal y quien fue vinculado a proceso junto con la panista— promovieron un recurso en contra de dicha resolución, dictada por el juez Samuel Uriel Mendoza.

Fue hasta cinco meses después, y un día antes de su toma de protesta, que la justicia estatal decidió convocar a la audiencia requerida por los imputados para presentar sus alegatos.

El acto tendrá lugar a las 12:00 horas del martes 7 de septiembre, de manera presencial, en la Sala de Audiencias Orales del Centro de Justicia de Chihuahua, de acuerdo con la notificación judicial, a la que tuvo acceso este medio.

En el caso de la “nómina secreta”, Campos Galván fue acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber recibido sobornos por al menos 9 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte, quien hoy está preso en Estados Unidos por un desfalco millonario al erario estatal y por asociación delictuosa.

La acusación sostiene que los presuntos pagos se efectuaron cuando Maru Campos era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo. 

Los presuntos sobornos, que habrían sido pagados a varios legisladores de diversos partidos — incluido el priista Rodrigo de la Rosa— , tuvieron el objeto de garantizar apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte, especialmente en la aprobación de las Cuentas Públicas y la adquisición de deuda.

El pasado 1 de abril, Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, luego de que el juez acreditó que las pruebas presentadas por la FGE —principalmente copias notariadas de los recibos mediante los cuales se efectuaron las transferencias— eran fidedignas. 

Fuentes del Ejecutivo estatal prevén que, en la audiencia del próximo martes, se revoque la resolución de vinculación a proceso.

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