Un general es sentenciado a 52 años de prisión por torturar y matar a una persona en Chihuahua

La tortura ocurrió en julio de 2008; el juzgado también condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional a ofrecer una disculpa pública y a pagar la reparación del daño.

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Pese a las denuncias de la mujer, la procuraduría de Hidalgo no detuvo al militar. Cuartoscuro Archivo

Un juzgado federal sentenció a 52 años y 6 meses de prisión a un general del Ejército, al comprobarse su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y violación a las Leyes de Inhumación, en la modalidad de destrucción de cadáver, contra una persona en julio de 2008 en el estado de Chihuahua.

El general sentenciado “se desempeñaba como Comandante de una Guarnición Militar en una ciudad de Chihuahua”, detalló el Consejo de la Judicatura Federal, en un comunicado.

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Por los hechos, también se condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional a “brindar la atención médica y psicológica de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubieren requerido o requieran a quien acredite los derechos sucesorios de la víctima, como consecuencia del delito”.

Además, la Sedena “deberá efectuar la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos, y deberá ofrecer una disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, por virtud de que el delito se cometió por un servidor público”.

Según la Judicatura, se acreditó que la víctima fue detenida viva durante las primeras horas del 25 de julio de 2008, por elementos en activo de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada en una ciudad de Chihuahua.

Después llevaron a la víctima a instalaciones militares, “en donde en ventaja numérica de activos lo ataron y mojaron para aplicarle descargas de energía eléctrica en el cuerpo, con el propósito de obtener información respecto de la muerte de un militar, esto en presencia de diversos elementos castrenses quienes interrogaban a otros individuos, por orden del hoy sentenciado”.

Tras varias horas, hasta las 9 de la mañana, se prolongaron los actos de tortura y la víctima falleció.

“Después, por órdenes directas del sentenciado, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina; ello sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, aún a sabiendas que los mismos eran constitutivos de varios ilícitos”, detalló el Consejo.

“El órgano jurisdiccional concluyó que en forma directa y consciente, en acuerdo previo, de manera conjunta y sirviéndose de otros, el sentenciado realizó los hechos delictivos en estudio y de actuaciones no se advierten elementos de prueba alguno que demuestren que el acusado haya actuado ilícitamente en contra de su voluntad o alguna otra circunstancia excluyente de responsabilidad, además como se ha asentado, éste era el superior de mayor jerarquía en las instalaciones de la referida Compañía”, agregó.

Como parte de la resolución, se condenó al inculpado y a la Sedena al pago de la reparación del daño por un monto de 250, 470 pesos, a favor de quien acredite los derechos sucesorios de la víctima.

Además de la multa equivalente a 20, 295 pesos, se establecieron para el general 15 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

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