El caso de las empresas fantasma de Veracruz
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Gráficos: Yosune Chamizo (@_yosune)

El caso de las empresas fantasma de Veracruz

Animal Político presenta una investigación especial que revela cómo funcionarios cercanos a Javier Duarte entregaron contratos a una red de empresas fantasma para desviar recursos. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Gráficos: Yosune Chamizo (@_yosune)
Por Arturo Ángel y Víctor Hugo Artega*
24 de mayo, 2016
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El procedimiento es simple: al arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa.

Una vez creadas, las empresas se registran como proveedoras del gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos al gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas.

En estos contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas populares, pero de los que no hay constancia que hayan sido entregados. Después de obtener el dinero, la empresa cierra.

El gobierno de Veracruz utilizó este mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.

En esos años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que fueran entregados.

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Las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal fueron las responsables de firmar estos contratos, que en todos los casos fueron concedidos a una red de 21 empresas, las cuales tienen diversos elementos en común: fueron fundadas al arranque del sexenio de Javier Duarte, desaparecieron después de conseguir el contrato, o –como ocurre con 13 de ellas– los socios están relacionados entre sí.

No son las únicas “coincidencias”: 12 fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. En todos los casos, las direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.

En las entregas siguientes Animal Político explicará a detalle cuáles son estas compañías y sus nexos entre ellas. En tanto, se puede adelantar que no sólo hay empresas fantasma, sino que además los productos que supuestamente se adquirieron no llegaron a su destino o es imposible saber qué ocurrió con ellos, porque las dependencias involucradas reconocieron que no tienen ningún comprobante que pruebe su entrega. Un grafólogo revisó las firmas que aparecen en los contratos y determinó que, en algunos de los casos, son falsas o no corresponden a la misma persona.

Los contratos fueron firmados por un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen al grupo político de Javier Duarte desde hace años. Son los mismos que han ocupado en este sexenio las oficialías mayores o tesorerías de las principales dependencias públicas y se han relevado unos a otros.

Estos funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros casos de corrupción y hasta se han anunciado investigaciones en su contra, averiguaciones previas abiertas o denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero nada ha pasado.

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Está, por ejemplo, Edgar Spinoso, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación hasta que fue removido porque la Auditoría Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación. Pero eso no hizo que terminara su carrera política y hoy Spinoso es diputado federal.

Otro es Vicente Benítez González, quien era el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz y quien colabora con Duarte desde que éste era diputado federal, en 2009. Benítez era Tesorero en la Secretaría de Finanzas local cuando, en enero de 2012, la Policía Federal decomisó una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de esa secretaría de Finanzas de Veracruz. Tras este hecho, Duarte anunció la renuncia de Benítez al cargo de Tesorero.

Pero Benítez sólo estuvo un año fuera del gobierno porque regresó como subsecretario de Desarrollo Social, desde donde le tocó anunciar un programa estrella del gobierno de Duarte: la fundación de tiendas comunitarias, que hoy –como reconoce la propia Sedesol local– no existen.

En marzo de 2014, Benítez llegó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz para relevar precisamente a Edgar Spinoso. Hoy es candidato a diputado local.

Un ejemplo más de los funcionarios de las dependencias que avalaron los 73 contratos: Tarek Abdalá Saad, quien fue director de Finanzas y Administración de DIF y más tarde sustituyó a Vicente Benítez como tesorero, cuando éste tuvo que salir del cargo por el escándalo de los 25 millones de pesos decomisados.

Tarek Abdalá es hoy diputado federal por Cosamaloapan y la PGR tiene abiertas tres averiguaciones previas vinculadas en su contra por el presunto desvío de más de casi dos mil millones de pesos durante su gestión como tesorero de Veracruz en 2012 y 2013.

La investigación de Animal Político, cabe subrayar, sólo se centra en 73 contratos por poco más de 645 millones de pesos que asignaron estas cuatro dependencias en 2012 y 2013. Una mínima parte de los contratos que cada año firman estas dependencias.

De estos 73 contratos analizados, 16 fueron por adjudicación directa –sin concurso– y otros 57 se otorgaron vía licitaciones cerradas, en las que los propios funcionarios siempre invitaron a las mismas 21 compañías, 19 de las cuales fueron creadas en el sexenio de Javier Duarte y su historial comercial es nulo más allá de obtener estos contratos.

Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y constitucional, revisó los documentos de esta investigación –que incluyen contratos, actas constitutivas y respuestas de transparencia de las dependencias– y consideró que en la entrega de estos contratos “hay señales claras de irregularidades fuertes, que pueden calificarse incluso de delictivas por parte de los funcionarios del estado de Veracruz que están involucrados en (la entrega de) licitaciones directas o restringidas”.

Animal Político buscó desde la semana pasada la versión del Gobierno de Veracruz y de las dependencias estatales involucradas en la firma de estos contratos. Se les entregó la base de datos de todas estas adjudicaciones y licitaciones para su revisiónEl Director de Información del gobierno del estado, Bernardo Gutierrez Parra, señaló que debido al periodo de veda electoral estaban impedidos para dar un posicionamiento público.

También se pidió la postura de los funcionarios que participaron en la entrega de estos contratos y que ahora son diputados federales por el PRI. La respuesta que entregó la Coordinación de Comunicación Social de la bancada de ese partido fue que los legisladores se encontraban participando en las campañas electorales de Veracruz y que no estaban disponibles para dar su posicionamiento.

El caso Sedesol

En 2013 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz firmó 45 contratos en los que siempre participaron empresas de esta red, por un monto de 243 millones 766 mil 548 pesos. Los conceptos fueron variados: desde materiales de construcción para pisos y techos de viviendas en zonas marginadas hasta útiles escolares, artículos de limpieza, cobertores, cobijas y despensas.

Los contratos se entregaron vía “licitaciones simplificadas”, un mecanismo legal que establece que deben participar tres empresas en una competencia, pero son seleccionadas por los funcionarios. Este mecanismo sólo tiene una limitación: el monto total del contrato no puede superar los seis millones de pesos, pero los funcionarios cuidaron que esto no sucediera.

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En los 45 contratos participaron las mismas empresas. En algunas licitaciones les tocaba ganar y en otras perder, pero siempre eran las mismas.

Por ejemplo, en la licitación 222-13 por paquetes de láminas, Sedesol Veracruz invitó a las empresas Importadora Denylk, Merca Carrey y AD911. La primera es propiedad de Román Ulises Alvarado y la segunda, de Adriana Montes Hernández. Román es sobrino de Adriana y ambos, en realidad, son habitantes de una zona marginada en Boca del Río y no sabían –según confirmaron– que eran “propietarios” de empresas. La tercera empresa invitada, AD911, es una compañía creada seis meses antes de la licitación. El contrato fue para Importadora Denylk.

Pero hubo “revancha” para AD911 porque tres días después, la misma dependencia la invitó a la licitación 233-2013, también por paquetes de láminas. En esta ocasión ganó y derrotó a una empresa llamada Mogarver.

Esta última empresa es propiedad de Martha Hernández, media hermana de Adriana y madre de Román Ulises Alvarado.

Ya en 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado que Sedesol de Veracruz estaba usando esta misma estrategia: para evitar que hubiera licitaciones abiertas y así pudieran controlar qué empresas participaban, los funcionarios de la dependencia dividían un mismo contrato en partes para que no superaran los 6 millones de pesos que fija la ley como tope. La Contraloría de Veracruz anunció que había integrado por ello el expediente 094/2013, pero no hubo sanción alguna.

En 2013, Sedesol Veracruz continuó con la misma práctica y por eso los contratos que se entregaron son máximo por 5 millones 800 mil pesos.

Otro caso detectado se dio en cinco contratos para la compra de uniformes, útiles escolares y despensas de artículos no perecederos o de limpieza. Los productos debían repartirse a través de “tiendas comunitarias en zonas marginadas” que forman parte del programa social “Adelante”, pero estas tiendas no existen, según reconoció en entrevista el coordinador de dicha estrategia, Jesús González Herrera.

Esto implicaba un despliegue presupuestal amplio que no pudo llevarse a cabo (…). Sí hubo reglas de operación para este programa, pero no se ha materializado nada por la insuficiencia presupuestal –señaló.

–¿Entonces no hay ninguna tienda comunitaria de Sedesol local?

–No.

Dijo desconocer por qué se pagaron esos contratos si las tiendas nunca se crearon.

Aquí el audio de esa entrevista:

En el periodo en que se concedieron estos contratos Vicente Benítez González era el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz, el área que se encarga de los programas sociales y combate a la pobreza de acuerdo con el organigrama de esa dependencia.

Benítez empezó el sexenio como Tesorero en la Secretaría de Finanzas local, hasta que perdió el cargo porque la Policía Federal decomisó en el Aeropuerto de Toluca, en enero de 2012, una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de la secretaría de Finanzas de Veracruz.

La Procuraduría General de la República investigó los hechos, pero determinó que no había delito y autorizó el regreso de los 25 millones de pesos. Benítez fue reubicado como subsecretario de Desarrollo Social.

En una denuncia contra el gobernador Duarte que el PAN interpuso en marzo pasado ante la PGR, por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, Benítez fue identificado como uno de sus presuntos prestanombres. La denuncia señala que a través de él, el gobernador habría realizado inversiones en Miami, Florida, mediante una firma denominada Capital Investment Property Services.

En marzo de 2014 volvieron a reubicar a Benítez, que fue nombrado en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí relevó a Edgar Spinoso. Se mantuvo en ese cargo hasta el 22 de febrero de este año, cuando renunció para ser candidato del PANAL por la diputación local de San Andrés Tuxtla.

Cuando Sedesol-Veracruz emitió las 45 licitaciones adjudicadas a la red de empresas, en 2013, el titular de la dependencia era Alberto Silva Ramos, quien colaboró con el exgobernador Fidel Herrera desde que él era senador de la República, en 2002. Los contratos fueron firmados en su totalidad por su director jurídico, Juan Carlos Rodríguez, y su jefe administrativo Humberto Benítez Pérez. Ambos son colaboradores cercanos de Silva desde que era alcalde de Tuxpan, en 2010.

De acuerdo con un perfil de su trayectoria política y personal, Alberto Silva y Javier Duarte se conocieron cuando trabajaron juntos en la Secretaría de Gobernación en 1994.

Antes de trabajar directamente en el gabinete de Duarte, Silva se desempeñó como alcalde del municipio de Tuxpan hasta 2012 y en 2013 pidió licencia para asumir la titularidad de Sedesol Veracruz. En 2015 fue electo como diputado federal por Tuxpan pero en marzo de este año pidió licencia indefinida al Congreso para regresar al gabinete de Duarte como coordinador de Comunicación Social.

Los contratos de la Secretaría de Educación

Entre octubre de 2012 y marzo de 2013, la secretaría de Educación de Veracruz adjudicó siete contratos a seis empresas por un total de 324 millones 414 mil pesos para la compra de materiales didácticos. En este caso se entregaron vía adjudicaciones directas, a pesar de que la Ley de Adquisiciones de Veracruz sólo permite esta opción en situaciones de “emergencia”.

Una de las empresas fue Abastecedora Romcru, que recibió un contrato por 131 millones. Está registrada ante la Secretaría de Economía con uno de los dos correos electrónicos con los que 12 de estas empresas se dieron de alta: [email protected] y [email protected]. Su accionista, Raúl Chirinos Escobar, es hijo de Concepción Escobar, una mujer que aparece como socia de Publicidad Akkira, otra compañía de esta red. Ambos niegan ser dueños de empresa alguna.

En otro de los casos la empresa Comersil, cuyo correo electrónico es el mismo con el que se registró Abastecedora Romcru, recibió dos adjudicaciones de esta dependencia por 26 millones 23 mil pesos.

Se pidió a la Secretaría de Educación local nombres y ubicaciones de las escuelas “beneficiadas” y comprobantes de su entrega. La respuesta fue: “Distribuidos a diversos centros educativos del Estado”, pero se negaron a precisar cuáles.

La adjudicaciones directas de estos contratos estuvieron avaladas por Edgar Spinoso Carrera, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz en 2012 y 2013.

Spinoso coincidió con Javier Duarte en el gobierno de Fidel Herrera entre 2005 y 2009: Duarte como secretario de Finanzas del estado y Spinoso como tesorero en la Secretaría de Educación. Al iniciar su sexenio, en diciembre de 2010, Duarte colocó a Spinoso en la Subsecretaría de Finanzas y luego lo mandó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

En marzo de 2014, después que la Auditoria Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación, Spinoso fue relevado del cargo, pero no hubo ninguna investigación en su contra.

En 2015 se dio a conocer que dos años antes la PGR abrió una investigación por peculado contra él, Tarek Abdalá y Tomás Ruíz González, otros funcionarios involucrados en esos contratos de los que se hablará más adelante. La denuncia fue por acusaciones hechas tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por particulares.

En 2016 el nombre de Spinoso fue incluido en una denuncia del candidato del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, como parte de una supuesta red de prestanombres a través de los cuales Duarte habría adquirido propiedades por tres mil millones de pesos en Estados Unidos.

Otro funcionario que trabajó en la Secretaría de Educación de Veracruz cuando se entregaron los contratos es Adolfo Mota Hernández, quien la encabezó desde el inicio del gobierno de Duarte. Entre 2002 y 2004 fue presidente estatal del PRI en Veracruz y de 2006 a 2009 fue diputado federal. Duarte nombró a Mota secretario de Educación y durante su gestión la Auditoría Superior de la Federación alertó de desvíos del dinero público. Por ejemplo, en la Cuenta Pública del 2012 los auditores detectaron 120 millones de pesos que la Secretaría de Educación no comprobó qué destino tuvieron.

Pese a eso Mota se mantuvo en el cargo hasta que renunció para iniciar campaña como candidato a diputado federal, labor que desempeña actualmente.

Los contratos de Protección Civil

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz entregó en 2013 nueve contratos a cuatro empresas de esta misma red por un total de 29 millones 628 mil 120 pesos. En todos los casos fueron adjudicaciones directas para la adquisición de despensas, cobertores, colchonetas o kits de limpieza.

Entre ellas está Comersil, que recibió de esta dependencia tres adjudicaciones para la compra de despensas para damnificados por 12 millones 750 mil pesos, y a la cual la Secretaría de Educación local le dio también dos contratos por concepto de materiales didácticos.

Los beneficiarios serían personas afectadas por las temporadas de lluvias o tormentas tropicales. Sin embargo, a solicitud expresa, la dependencia reconoció que, tras una “búsqueda exhaustiva”, no existía ninguna lista donde se consignaran los nombres de los beneficiados y que no podía confirmar quiénes recibieron los productos. Eso sí, confirmaron que los contratos se pagaron.

Zaide Del Carmen Zamudio Corro firmó los nueve contratos que la Secretaría de Protección Civil entregó en 2013 a la red de empresas, bajo el cargo de jefa de Unidad Administrativa que mantuvo hasta 2015.

Antes de formar parte del gabinete de Duarte trabajó entre 2005 y 2009 en la administración del exgobernador veracruzano Fidel Herrera como contralora interna de la Secretaría de Gobierno y, después, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hoy Zamudio es Directora Ejecutiva de Administración del órgano Público Electoral (OPLE) de Veracruz, cuyo nombramiento fue criticado por representantes de otros partidos políticos, quienes denunciaron que se trataba de una intromisión del gobierno de Duarte en el organismo. Señalaron que Zamudio aportó 37 mil 500 pesos a la coalición PRI – PVEM en el proceso electoral federal de 2015.

La titular de Protección Civil cuando se concedieron estos contratos fue Noemí Guzmán Lagunes, designada en ese cargo por Javier Duarte al iniciar el sexenio, y donde se mantuvo hasta que renunció el 6 de enero de 2015 para iniciar campaña como diputada federal por la coalición PRI-PVEM, cargo que ocupa actualmente.

Los contratos del DIF

El DIF estatal dio, entre 2012 y 2013, 12 contratos a esta red de empresas. Los conceptos fueron: juguetes, pañales desechables para adultos mayores, sistemas de purificación, mochilas escolares, productos de limpieza y paquetes escolares.

Entre ellas está la ya mencionada Abastecedora Romcru, con un contrato de 4 millones 114 mil pesos por electrodomésticos, o Pefraco, a la que le dieron un contrato de seis millones 31 mil pesos por mochilas escolares, y que también recibió una adjudicación de la Secretaría de Educación local.

De nueva cuenta no hubo competencia abierta: todo se entregó mediante licitaciones simplificadas a compañías invitadas directamente por la dependencia.

En dos ocasiones se hicieron solicitudes de información sobre los contratos. En ambas ocasiones no se proporcionó la información. Sólo se envió un link a una página web de la dependencia donde aparecen los documentos de la licitación y una síntesis del contrato, pero no el documento íntegro.

También se le solicitó las listas de los beneficiarios de estos contratos en específico, pero la respuesta de la dependencia fue remitir al mismo link, donde no hay lista alguna.

Del 2010 al 2012 Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñó como Director de Finanzas y Administración del DIF Estatal, cargo que dejó para convertirse en Tesorero de la Secretaría de Finanzas del estado tras la renuncia de Vicente Benítez por el escándalo de las maletas con 25 millones de pesos que le decomisaron a sus subordinados en el aeropuerto de Toluca.

Tarek se mantuvo en el cargo de Tesorero del gobierno de Veracruz hasta diciembre de 2014. Su oficina era la responsable del manejo de todo el dinero público de la administración estatal, de las partidas que se asignan al DIF y al resto de las dependencias, y de los pagos de cada contrato.

Actualmente Tarek Abdalá es diputado federal por Cosamaloapan y en febrero de este año, ya en el cargo como legislador, enfrentó señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado tras difundirse una foto donde aparece con Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza en Tierra Blanca del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También en febrero de este año, el diario Reforma publicó que la PGR tenía abiertas tres averiguaciones previas en donde estaba implicado Tarek Abdalá por el presunto desvío de más de casi dos mil millones de pesos durante su gestión como tesorero de Veracruz en 2012 y 2013.

El jefe de Tarek Abdalá cuando se desempeñó como tesorero era Tomás Ruiz González, secretario de Finanzas del estado hasta marzo de 2013, cuando presentó su renuncia. En 2015 la PGR reportó que desde 2103 tenía abierta una investigación por el delito de peculado contra este funcionario.

Tras estar dos años fuera del gobierno de Veracruz, Duarte nombró a Ruiz González como secretario de Obras del estado en marzo de 2015, cargo en el que aún permanece.

*Este reportaje omitía la firma de autor de  Víctor Hugo Arteaga. Más información sobre el tema aquí.

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Chiapas, el estado de México donde el consumo de refrescos es 30 veces superior al promedio mundial

El gobierno de México los calificó de "veneno embotellado" y los responsabilizó en gran medida de la diabetes e hipertensión que sufren la mayoría de víctimas de covid-19.
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17 de agosto, 2020
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“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos?”

Con esta comparación, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, volvió a poner hace unos días sobre la mesa una realidad visible en casi cada hogar y tienda del país: México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo.

El impacto en la población es alto. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, cada año más de 40,000 muertes en el país (un 7% del total) “son atribuibles” al consumo de estas bebidas por aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, dijo el subsecretario.

Pero este ya conocido y extendido hábito alimenticio de los mexicanos despertó aún más preocupación en tiempos de pandemia del coronavirus, ya que la mayoría de los más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas).

“México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por covid-19 porque afecta a personas con este tipo de enfermedades crónicas (…) que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años”, dijo López-Gatell.

“Es lo que se llama la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, que son verdaderamente generadores de esta epidemia en una gran proporción”, agregó.

Muertes por covid-19 en México según comorbilidad. (porcentaje, hasta el 10 de agosto de 2020). .

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) criticó que se quiera estigmatizar estas bebidas para buscar “un culpable único a un problema de salud de origen multifactorial”.

“De acuerdo con la FAO, solo el 5.8% de calorías que consumen diariamente los mexicanos provienen de bebidas saborizadas, y más del 70% vienen de alimentos y bebidas no industrializadas, por lo que resulta ilógico pretender responsabilizar a estos productos del 7% de muertes”, aseguró en un comunicado.

Vendedora en CDMX

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México es el principal consumidor per cápita del mundo de bebidas azucaradas.

Pese a todo, las autoridades de México -donde la diabetes es la segunda causa de muerte y que tiene la segunda mayor tasa de obesidad del mundo- están tomando medidas para reducir la ingesta de estos productos.

Al impuesto que se gravó a sus precios en 2014 y al nuevo etiquetado que alertará desde octubre de los que tienen exceso de calorías, grasas y sal; se sumó hace dos semanas la inédita decisión de Oaxaca de prohibir la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad.

Sin embargo, este no es ni de cerca el estado mexicano donde más se toman estas bebidas.

Récord mundial de consumo

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), Chiapas es la región del mundo donde más se bebe Coca-Cola, el refresco favorito de los mexicanos (sus productos representan más del 70% del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas, según la organización El Poder del Consumidor).

El Conacyt se basa en un estudio que muestra cifras impactantes, como que el consumo medio por persona en este estado del sur de México es cinco veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial.

“Es el epicentro de la epidemia de consumo de refrescos”, le dice a BBC Mundo el doctor Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán.

Consumo anual de bebidas azucaradas en el mundo. [ 821,25 litros en Chiapas, México ] [ 150 litros en México (en promedio) ],[ 100 litros en EE.UU. ],[ 25 litros en el mundo (en promedio) ], Source: Fuente: Conacyt, en base al estudio "Dulce exterminio: refresco y cerveza como causa desencadenante y complicaciones de diabetes en mayas de Chiapas". Revista Medicina Social 2019, Image: Lata de Coca-Cola

BBC Mundo preguntó a la ANPRAC por las cifras de este estudio y otras cuestiones, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.

De lo que no hay duda es de que los refrescos forman ya parte esencial de la vida cotidiana en este estado, especialmente en la región de Los Altos de Chiapas, donde la mayoría de su población es indígena y rural.

En esta zona, donde Coca-Cola tiene una planta embotelladora en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el consumo de esta marca es aplastantemente mayoritario respecto a la competencia ya desde temprana edad de la población.

“Al 3% de niños menores de seis meses, sus madres les dan Coca-Cola, en un momento que solo deben tomar leche materna,”, destaca Arana entre las conclusiones más destacadas de una investigación en la que participó en 2016.

Niño de Chiapas bebiendo un refresco

Cortesía Marcos Arana
Muchas madres en Chiapas aseguran comprarle refrescos a sus hijos pequeños “porque, sin él, no comen”.

Organizaciones locales como el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC) que Arana dirige apuntan como causas de este consumo desmedido a las “agresivas” prácticas comerciales de las refresqueras y a la fácil accesibilidad de sus productos en la zona.

“Coca-Cola es el producto más disponible en Los Altos, uno tiene que caminar más distancia para comprar tortillas o cualquier otra cosa. La cantidad de puntos de venta es excesiva, sin ningún control, y con precios reducidos hasta el 30%”, dice Arana.

“La disponibilidad y publicidad de algo tan barato es tan grande y omnipresente en Chiapas ante poblaciones vulnerables que han creado una adicción que se ve como necesidad”, afirma.

Map

“Pobladores me decían que antes de que llegara el camino a Tenejapa, allí no había ni diabetes ni problemas cardiovasculares. Que eso empezó cuando llegó la carretera al pueblo y llegaron los refrescos, las papas fritas…”, le dice a BBC Mundo Jaime Page Pliego, antropólogo y autor del estudio citado por el Conacyt.

El experto asegura que la rutina ahora para los habitantes de esta zona pasa por desayunar café y llevarse “dos o tres litros de Coca-Cola” al campo para tomar en la hora de la comida.

Cartel de Coca-Cola en entrada a Tenejapa

Cortesía Marcos Arana
Expertos aseguran que la excesiva publicidad en los últimos años y presencia masiva de Coca-Cola en puntos de venta de Chiapas es una de las causas de su alto consumo.

Valor religioso y estatus social

Cuando Page, miembro del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), pregunta en las comunidades por qué beben tanto refresco, suele escuchar las mismas respuestas: “Porque me gusta, me llena, y lo extraño cuando no lo tomo. No puedo dejar de tomarlo”.

“Incluso los mismos diabéticos con los que trabajo reconocen que lo siguen tomando, aunque sea menos. No pueden concebir la vida sin refresco. Es verdaderamente una tragedia”, afirma.

Pero entre las causas de su consumo y valoración también existe un componente religioso, al formar parte de ceremonias tradicionales indígenas.

Así, Page refleja en su estudio cómo el pox (un aguardiente de caña) y otras bebidas alcohólicas fueron eliminadas de los rituales para dejar paso a los refrescos.

Ceremonia religiosa con la Coca-Cola como ofrenda

Cortesía Marcos Arana
La Coca-Cola es utilizada en ceremonias religiosas como ofrenda.

“El consumo de alcohol se inscribió en procesos de satanización y persecución. Sobre todo en los rituales para ayudar a sanar se sustituyó por el refresco, que tiene un olor dulzón semejante al del pox, y que pasó a ser la ofrenda principal en la nutrición de las deidades”, explica.

Este uso religioso (“las mismas iglesias ofrecen refresco en sus reuniones”, dice Page) le adjudicó un elevado prestigio a esta bebida también en eventos sociales y políticos.

“Quien ofrece Coca-Cola tiene un buen estatus ante la comunidad. Si ofrece otro refresco en las zonas donde predomina esta marca, ya se le está viendo mal”, apunta.

Refrescos en lugar de agua

Chiapas es el estado de México que concentra mayor tasa de personas viviendo en situación de pobreza: 76.4%, según un estudio de 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pese a ser una de las zonas del país con mayores recursos hídricos naturales, la falta de acceso a agua potable en regiones como Los Altos de Chiapas es también considerado uno de los motivos de que se beban tantos refrescos.

Por ello, y ante “la carencia de agua en el municipio”, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas solicitó este año a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revocara la concesión otorgada a la planta de Coca-Cola para extraer agua de dos pozos de la zona para sus operaciones.

Según organizaciones locales, la empresa extrae más de 1,3 millones de litros de agua al día.

Protesta ante planta de Coca-Cola en San Cirstóbal

Cortesía Marcos Arana
Vecinos protestaron ante la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas por considerar que su impacto es negativo sobre la salud de la población y su derecho de acceso al agua.

Coca-Cola FEMSA (embotelladora de la marca en el municipio) dijo a BBC Mundo en una comunicación escrita que el volumen anual de agua concesionada es de 419.774 m3 (lo que resultaría en 1,14 millones de litros al día), si bien gracias a su “alta eficiencia en el uso del recurso” extraen menos del total permitido.

Finalmente, la Conagua rechazó revocar los permisos alegando que los pozos extraen agua a 130 y 200 metros de profundidad, “por lo que no se afecta la fuente de abastecimiento urbano” para San Cristóbal que se realiza a base de aguas superficiales de manantiales.

“¿Y esos pozos profundos se alimentan desde el centro de la tierra, o qué? También se nutren del agua que va escurriendo por el cerro, por lo que no justifica que sean pozos profundos para decir que no es responsable de la carencia de agua en la ciudad”, cuestiona Page.

FEMSA, por su parte, remarca que la conclusión de Conagua “permite afirmar que la extracción de agua de la planta de San Cristóbal no interfiere ni pone en riesgo el suministro” en la localidad, a la vez que recuerda su implicación en proyectos comunitarios y la reforestación de 150,000 árboles en Chiapas.

¿Cuál es la solución?

BBC Mundo solicitó una entrevista con las autoridades de Salud de Chiapas para conocer qué iniciativas pusieron en marcha para reducir el consumo de refrescos y comida chatarra en la entidad, pero no obtuvo respuesta.

Tanto Page como Arana critican la ausencia de medidas a nivel estatal, pero sí reconocen el valor de algunas acciones del gobierno federal actual, en el que ven un cambio respecto a la postura de administraciones anteriores ante el poder económico de estas grandes empresas.

Aunque, dicen, sigue sin ser suficiente.

Hombre pasea por San Cristobal de las Casas

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Es más fácil encontrar Coca-Cola en las tiendas de Chiapas que tortillas, critican organizaciones locales.

Arana apunta a la necesidad de educar a las comunidades y promover el consumo de alimentos tradicionales como el pozol (una bebida a base de maíz), garantizar el acceso al agua y, sobre todo, disminuir la disponibilidad de refrescos y “evitar prácticas comerciales monopólicas”.

“Si las autoridades hacen algo como cancelar la concesión para la fabricación de Coca-Cola en la zona o, por lo menos, reducir el volumen de producción, alentará un futuro más positivo” para no fomentar “esta adicción tan temprana al azúcar creada ya en los niños”, opina.

“Entendemos los desafíos de salud que enfrenta la población de México y queremos trabajar estrechamente con el gobierno para colaborar en soluciones reales e innovadoras a este complejo problema”, le dice a BBC Mundo Santiago López Jaramillo, director del Grupo para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas.

“Estamos marcando la diferencia con nuestras acciones voluntarias para reducir el consumo de azúcar de las bebidas, a través de nuestro esfuerzo por innovar, reformular y ofrecer porciones más pequeñas”, agrega, a la vez que asegura que la industria en México redujo un 11% el contenido calórico de sus productos desde 2014 y tiene intención de rebajarlo en un 20% más para 2024.

Pero Page se muestra pesimista sobre el futuro. “No tengo ninguna esperanza. Platico con la gente en las comunidades y no apunta a ninguna solución”, reconoce.

“De no ser que aumente el precio de los refrescos desorbitadamente, o que haya menor disponibilidad en las tiendas… Tiene que haber un proceso de desarticulación de estas industrias, por mucho que se quejen. Creo que la única forma es cancelar esos productos”, concluye.


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