El triste destino de Shakil Afridi, el médico que ayudó a EU a encontrar a Bin Laden y acabó preso
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El triste destino de Shakil Afridi, el médico que ayudó a EU a encontrar a Bin Laden y acabó preso

Cinco años después de la caída del líder de al Qaeda, el médico paquistaní permanece en una celda de confinamiento solitario en una cárcel de Peshawar, en Pakistán.
Por BBC Mundo
3 de mayo, 2016
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Shakil Afridi jugó un papel clave para ayudar a Estados Unidos a ubicar y matar de Osama Bin Laden.

Cinco años después de la caída del líder de al Qaeda, este médico paquistaní permanece en una celda de confinamiento solitario en una cárcel de Peshawar, en Pakistán, donde cumple una sentencia de 23 años de prisión.

Solo se le permite ver a su esposa y a sus tres hijos una vez cada dos o tres meses y no ha podido reunirse con su abogado desde 2014.

Su hermano mayor, Jamil Afridi, obtuvo una orden de la Alta Corte de Peshawar para que le permitan visitarlo, pero no ha logrado que esta sea aplicada. “No tengo esperanzas de verle, ni espero que se haga justicia“, dijo.

La familia cree que ha sido olvidado por Estados Unidos.

Su abogado, Qamar Nadeem, considera que las mayores perspectivas de lograr su libertad residen en la presión que pueda ejercer Washington sobre Islamabad. “Hasta ahora, no han mostrado su apoyo”, dijo el abogado a la agencia AFP.

Tras la pista de Bin Laden

Vivienda donde estaba recluido Bin Laden en Abottabad
En esta vivienda estaba escondido Bin Laden en Abottabad.

Afridi fue contratado por la CIA para realizar una falsa campaña de vacunación contra la Hepatitis C en Abottabad, donde se refugió Bin Laden con su familia a inicios de la década pasada.

El falso programa de salud preventiva habría servido para recopilar el ADN de los habitantes de la localidad paquistaní y así dar pistas sobre el paradero del líder de al Qaeda.

El 2 de mayo de 2011, un comando de marines de Estados Unidos tomó por sorpresa la vivienda donde se escondía Bin Laden, le mató y se llevó consigo el cadáver.

Fue una gran victoria para el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, pero también el inicio del calvario para Afridi.

Sin abogados ni apelación

Qamar Nadeem, abogado de AfridiGetty
Image El abogado de Afridi, Qamar Nadeem, no ha podido ver a su cliente desde 2014.

El 23 de mayo de 2011, unas semanas después del operativo, Afridi fue detenido por los organismos de inteligencia militar de Pakistán acusado de traición.

Un año más tarde, fue condenado a 33 años de cárcel pero por otro motivo: su supuesta relación con un grupo militante armado prohibido de la región tribal de Jaiber.

La sentencia fue emitida por un sistema de justicia tribal, que opera a puerta cerrada sin garantías constitucionales y ante el cual no se le permitió comparecer para defenderse.

Se le culpó de haber donado US$22.222 al grupo antigubernamental Lashkar-i-Islam.

Según la versión de sus familiares, Afridi fue secuestrado en 2008 por miembros de ese grupo y el dinero que les dio era un pago para recuperar su libertad.

Relaciones tortuosas

Daniel Markey, profesor e investigador de la Escuela Avanzada de Estudios Internacionales de la Universidad John Hopkins, señaló que la muerte de Bin Laden ocurrió en el contexto de una serie de dificultades en las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán.

Osama bin LadenReuters
Bin Laden se trasladó con su familia a Pakistán a inicios de la década pasada.

Entre estas se incluyen las revelaciones de Wikileaks que molestaron en Islamabad al hacer públicos algunos comentarios negativos de funcionarios de EE.UU. sobre el gobierno de Pakistán, así como la muerte de dos personas en Lahore a manos de un contratista de la CIA.

“Estas cosas llevaron a un colapso casi total de las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán cuando se produjo la muerte de Bin Laden. Durante seis meses el Parlamento de Pakistán debatió sobre las relaciones con EE.UU., cerraron las líneas de comunicación y las rutas de suministro por tierra hacia Afganistán. La situación se puso muy mal, quizá llegó a su peor momento desde el 11-S”, explicó en conversación con BBC Mundo.

Tras la condena de Afridi, el Comité de Asignaciones del Senado de EEUU recortó en US$33 millones anuales, uno por cada año de condena, la ayuda militar a Pakistán, en represalia por la sentencia.

Posteriormente, la condena fue reducida a 23 años de prisión, pero una apelación presentada en 2014 no ha logrado avanzar en los tribunales, según Nadeem, por falta de colaboración de las autoridades judiciales.

¿Estrategia u olvido?

Jamil AfridiGetty
Jamil Afridi, el hermano mayor de Shakil, dice haber perdido la esperanza de verle.

El jueves pasado, el aspirante a la candidatura presidencial por el partido Republicano Donald Trump dijo que si llega a la Casa Blanca liberaría a Afridi en dos días.

Según le dijo a BBC Mundo un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.,el gobierno de Obama considera que Afridi está preso de forma injusta y que así se lo han dicho a Pakistán en numerosas ocasiones tanto en público como en privado.

“Seguimos planteando el tema en los niveles más altos en cualquier discusión que tenemos con el liderazgo paquistaní. El gobierno de Pakistán nos ha asegurado que el doctor Afridi está siendo tratado de forma humana y se encuentra en buena salud”, dijo.

Algunos analistas consideran que EE.UU. dejó de lado el tema de Afridi, pues prefiere usar su influencia en otros asuntos.

Washington quiere que Islamabad colabore en la lucha contra grupos radicales como al Qaeda, algunos de cuyos líderes viven en Pakistán; contribuya a la estabilidad de Afganistán; evite la proliferación de sus capacidades nucleares y conviva en paz con India.

“Todas esas son máximas prioridades de seguridad en relación con Pakistán y permiten ver por qué en el gobierno de EE.UU. puede haber cierto grado de debate interno en torno a cuán importante puede ser el tema del encarcelamiento del doctor Afridi”, dijo Daniel Markey.

Protesta en Pakistán por un ataque con dron de EE.UU.Getty
Los ataques con drones de EE.UU. sobre territorio de Pakistán ha sido un motivo de fricción entre ambos países.

Una segunda hipótesis sugiere que la estrategia de Washington es sacar el tema del debate público para así facilitar su posterior liberación.

En ese sentido, Markey consideró que una de las explicaciones de por qué Afridi fue objeto de medidas tan duras en Pakistán es debido a que se convirtió en un símbolo de la invasión de EU a su territorio y a que sirvió para recolectar información de inteligencia.

Para algunos paquistaníes ese es un problema mayor que, incluso, el hecho de que Bin Laden estuviera viviendo en su país. Entonces, tratar de sacar ese tema del debate público podría hacerlo menos radioactivo o ayudaría a que despierte menos sensibilidades. Eso es un argumento posible, lo que ocurre es que también puede llevar a que Pakistán no haga nada”, explicó el experto.

Olvido u estrategia, lo cierto es que Afridi ya suma casi cinco años preso y, a menos que ocurra algo, aún le quedan 18 años de sentencia por cumplir.

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Cuartoscuro Archivo

Caso Odebrecht: FGR le niega datos del expediente a una jueza federal; persiste opacidad

A un año de la detención de Lozoya, los avances de la investigación y el proceso no se han transparentado. La carpeta sigue indebidamente clasificada y las audiencias se realizan a puerta cerrada.
Cuartoscuro Archivo
15 de febrero, 2021
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Con el objetivo de mantener bajo total confidencialidad una investigación que, según el INAI, ya debería de haberse desclasificado por ser de interés público, la Fiscalía General de la República (FGR) le negó a una jueza federal la entrega de datos de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, e incluso promovió una queja en contra de dicha jueza por habérselos pedido.

La queja de la fiscalía, que fue desechada por los magistrados que la revisaron por ser notoriamente improcedente, detuvo un juicio de amparo que una organización civil promovió para que se les reconozca como victimas en el caso, y se les permita tanto el acceso a la carpeta de investigación, así como a los videos de las audiencias.

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Documentos judiciales a los que Animal Político tuvo acceso revelan que el pasado 11 de agosto el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal admitió a trámite el juicio de amparo 375/2020 promovido por la asociación TOJIL: Estrategia contra la Impunidad.

TOJIL promovió el recurso en contra de la decisión de la FGR de negarle el reconocimiento de su calidad de víctima dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 correspondiente al caso Odebrecht, lo que dicha ONG había pedido bajo la tesis de que en los delitos de corrupción la sociedad es la parte afectada, y las organizaciones de la sociedad civil son sus representantes.

Junto con este reconocimiento dicha organización solicitaba a la FGR el acceso a datos de la carpeta de investigación y a los registros en audio y video de las audiencias, como corresponde a las víctimas de un caso. Todo ello fue negado por la Fiscalía

Tras revisar el planteamiento, la jueza federal Sandra Leticia Robledo Magaña consideró que había sustento para abrir un juicio de amparo y, como corresponde, le pidió a la FGR un informe en el que justificara la decisión que había tomado y las constancias del caso. 

Sin embargo, en su respuesta el fiscal de la FGR, Kristian Javier Jiménez Hernández, solo reiteró su decisión de no concederla a TOJIL el reconocimiento de víctima ni acceso a algún dato del caso Odebrecht, pero no anexó los datos del expediente. Ante ello la jueza le advirtió de la imposición de una multa sino entregaba los datos del caso.

En ese contexto, el 18 de septiembre el referido fiscal promovió ante un Tribunal superior una queja en contra de la jueza Robledo Magaña a la que acusó de haber actuado de manera “arbitraria” al pedirle datos de la carpeta de investigación de manera presuntamente injustificada, y advertirle que le aplicaría una multa si no lo hacía.

FGR pierde otra vez… pero no cumple

La queja promovida por la Fiscalía fue turnada al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito cuyos tres magistrados decidieron, de forma unánime, desecharla por considerarla notoriamente improcedente. Lo anterior bajo la tesis de que la petición de la jueza para nada le causaba un perjuicio a la fiscalía y mucho menos la advertencia de la multa sino cumplía

Sin embargo, pese a la decisión del referido Tribunal, la fiscalía logró con su recurso frenar el avance del juicio de amparo promovido por TOJIL, el cual, continua sin reanudarse hasta la fecha.

La queja promovida en contra de la jueza Robledo Magaña es el último episodio de la política de la FGR de no transparentar detalles de la investigación por los sobornos a funcionarios pagados por la constructora Odebrecht, caso que ya cumplió cuatro años abierto sin que haya una sola sentencia.

En todo ese periodo la Fiscalía ha recurrido a múltiples recursos legales a su alcance para no desclasificar el expediente, y aun cuando los ha terminado perdiendo, esto le ha permitió alargar los procesos.

Por ejemplo, durante tres años la PGR y hoy FGR promovieron cuatro juicios de amparo con el objetivo de no dar cumplimiento a por lo menos 13 resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en las que ordenaba a la FGR elaborar una versión pública de la carpeta de investigación del caso y entregar diversos datos.

Todos los amparos, sin excepción, fueron negados por los jueces y en todos esos casos la FGR promovió con apelaciones para que tribunales superiores los revisaran. Las resoluciones judiciales concordaron con el INAI: el caso debe desclasificarse debido a que se trata de hecho de corrupción grave.

Sin embargo, y sin justificación legal alguna, la Fiscalía continúa negándose a transparentar datos del caso o a elaborar una versión pública de la misma, situación por la cual el INAI le ha advertido a los fiscales la posibilidad de imponerles multa se incluso denunciarlos por desacato.

La semana pasada el Instituto de transparencia también revocó la decisión de FGR de no dar a conocer la bitácora médica del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que quedó asentado que padecía diversas enfermedades y con la que se justificó no trasladarlo a un reclusorio tras ser extraditado.

Lee más: Pemex suspende negocios con la empresa Vitol tras acusaciones de sobornos

Un año de opacidad e impunidad

El 12 de febrero se cumplió un año de la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en Málaga, España, país en el que permaneció retenido y encarcelado durante casi cinco meses hasta que fue extraditado a México, donde quedó en libertad condicional.

Hasta ahora la situación de Lozoya permanece sin esclarecerse. Si bien la FGR logró que fuera vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, hasta ahora no lo ha acusado formalmente para ir a juicio. En cambio, ha negociado con Lozoya un posible perdón a cambio de que funja como testigo colaborar en contra de otros exfuncionarios de mayor rango o por delitos más graves.

La colaboración de Lozoya no ha generado hasta ahora un resultado concreto. En su momento la FGR intentó proceder en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, pero un juez negó la orden de aprehensión solicitada. A finales de enero la Fiscalía solicitó a un juez una audiencia para procesar al exsenador Jorge Lavalle Maury, también denunciado por Lozoya, pero de última hora canceló la imputación.

Una línea del tiempo elaborada por TOJIL del año transcurrido tras la captura de Lozoya evidencia no solo la falta de resultados sino de transparencia. Por ejemplo, se detalla la realización de las audiencias iniciales en contra del exdirector de Pemex sin la posibilidad de que el público en general o la prensa pudieran acceder a ellas

La organización señala que hay tres juicios de amparo promovidos en contra de las decisiones del Poder Judicial de no permitir el acceso a dichas audiencias, o de la negativa de la Fiscalía de entregar los daros.

“Resulta muy preocupante el no tener acceso a nada de la información de este caso. Es muy extraño que un caso que ha estado en el ojo público no solo a nivel nacional sino internacional aquí se ha manejado con un completo secretismo especialmente por la FGR. Y es preocupante que el Poder Judicial también ha seguido esta misma línea de mantener todo opaco”, dijo Estefanía Medina, abogada co-fundadora de TOJIL.

La abogada insistió en que la publicidad y el escrutinio ciudadano ha sido un elemento crucial en otros países como Brasil y Perú para que los casos lleguen a una resolución de justicia. “Debido al triste historial que tenemos en México de corrupción y malos manejos es especialmente importante un control ciudadano que pueda evitar este tipo de malos resultados”, concluyó.

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