En una década hubo mil 365 quejas por violencia sexual en escuelas de México
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Foto: Cuartoscuro Archivo

En una década hubo mil 365 quejas por violencia sexual en escuelas de México

En todo el país, sólo 22 entidades tienen programas de prevención de violencia sexual contra menores de edad.
Foto: Cuartoscuro Archivo
12 de mayo, 2016
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Sólo de 2002 a 2013, las secretarías de Educación de los estados recibieron mil 365 quejas por agresiones, abuso y acoso sexual en los planteles escolares, y en 26% de los casos no se inició ninguna investigación, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En todo el país, sólo 22 entidades tienen programas de prevención de violencia sexual contra menores de edad. Sin embargo, no siempre están dirigidos a todos las personas que deben estar informados, como lo son los padres y todo el personal que labora en la escuela y no sólo los maestros.

Se trata de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En tanto, desde 2014, la CNDH señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) carecía de una normativa que estableciera los criterios mínimos para que las entidades realizaran sus lineamientos de atención y prevención de abuso sexual. Sin embargo, en los últimos dos años no se ha publicado nada al respecto en el Diario Oficial de la Federación.

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De acuerdo con la Recomendación sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de niñas y niños en centros educativos, emitida por la CNDH en 2014, el organismo reportó que de enero del año 2000 a 2014 recibió 190 quejas al respecto.

Hasta 2012, el número de quejas no superó los 25 casos, pero en 2013 aumentó a 51 y en 2014 se registraron 31. Sobre estas quejas, la CNDH emitió 18 recomendaciones, de las cuales 14 fueron dirigidas a la Secretaría de Educación Pública, una al gobierno de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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En las recomendaciones se comprobó que 129 niñas y niños sufrieron violencia sexual mientras cursaban educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial.

En las investigaciones de la CNDH, comprobó que 28 los agresores eran servidores públicos y laboraban en las escuelas como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos.

Sólo en dos de las 18 recomendaciones hubo una actuación oportuna por parte de la autoridad escolar después de la denuncia, mientras que en los casos restantes, las fallas atentaron contra las víctimas: las escuelas y autoridades permitieron que el agresor continuara frente a un grupo, no sancionaron al agresor, ni actuaron para evitar que las agresiones continuaran repitiéndose.

La CNDH preguntó a las secretarías de Educación de los estados información sobre las quejas recibidas sobre abuso sexual en las escuelas y la Ciudad de México tuvo el mayor registro, con 546 entre 2000 y 2013. Le sigue Veracruz con 190 y el estado de México con 156; Jalisco 139 y Guanajuato 124.

El organismo concluyó que la violencia sexual en centros escolares conlleva “diversas omisiones por parte de las autoridades escolares”, como la falta de una política de prevención e identificación, desconocimiento o negligencia por parte de las autoridades escolares respecto al procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso de violencia sexual, inadecuada atención a las víctimas.

Además, falta de instalaciones adecuadas en los centros escolares, y la falta de control en la contratación de personal y la aplicación de sanciones insuficientes hacia los servidores públicos que incurran en conductas de este tipo.

¿Falló el protocolo en el caso del kínder Matatena?

La violación sexual contra menores de edad en el kínder Matatena puso en evidencia la actuación de los funcionarios públicos frente a este problema. Aunque desde 2012 la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal tiene lineamientos para la prevención, atención y seguimiento de la violencia, maltrato, acoso escolar y abuso sexual infantil, no se cumplieron completamente en este caso.

Un padre de familia denunció ante la directora del preescolar Patricia Guitlán, que el administrador, Rafael Duarte, había abusado sexualmente de su hijo. Aunque el protocolo establece que ella debía dar aviso a la SEP, no ocurrió. Aún cuando el protocolo advierte que “la oportunidad con que se atienda a las personas involucradas en el evento de violencia, va a incidir directamente en su solución”.

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Otro padre interpuso la denuncia directamente ante la Administración Federal de la SEP. Según el protocolo, después de abrir un expediente, deben realizar una investigación en la escuela.

Mariana Tovar, madre de uno de los pequeños, asegura que las supervisoras sí acudieron al plantel, pero “sólo llenaron reportes machotes y no profundizaron en la investigación; hubo negligencia”, sentencia.

Por ejemplo, dice, nunca reportaron ante la SEP que el kínder también tenía a 22 niños en guardería, pese a que no tenía permiso. Por eso, la SEP cesó a María Reyna Gómez Pérez y Rosalía Cruz Reyes, subdirectora de Control de Operación e Inspección de Escuelas Particulares y supervisora de Zona, respectivamente.

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Condenan a 4 años de prisión a una periodista que cubrió el inicio del brote de COVID en Wuhan, China

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus en Wuhan y que se encuentra en huelga de hambre, se enfrenta a cuatro años de prisión.
28 de diciembre, 2020
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Zhang Zhan

YOUTUBE
La exabogada Zhang Zhan había sido detenida en mayo.

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión.

Zhan fue declarada culpable de “buscar altercados y provocar problemas”, un cargo que se usa frecuentemente en ese país contra activistas.

La exabogada de 37 años fue detenida en mayo y lleva varios meses en huelga de hambre. Sus abogados dicen que se encuentra en mal estado de salud.

Zhang es una entre varios periodistas ciudadanos que han enfrentado problemas por informar sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la localidad china donde comenzó el brote de SARS-CoV-2.

En China no hay medios de comunicación que no sean oficiales y se sabe que las autoridades toman medidas drásticas contra activistas o informantes cuyas denuncias consideran socavan la respuesta del gobierno al brote.

El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido en varias oportunidades en que su gobierno manejó correctamente el brote.

“Zhang Zhan parecía devastada cuando se anunció la sentencia”, dijo Ren Quanniu, uno de sus abogados defensores, a la agencia de noticias AFP.

Ren agregó que la madre de Zhang, que estaba en el tribunal, sollozó en voz alta cuando se leyó el veredicto.

Otras detenciones

Zhang había viajado a Wuhan en febrero para informar de forma independiente sobre el brote.

Un ciudadano de Wuhan

Getty Images
La ciudad china de Wuhan es considerada el primer epicentro de la pandemia.

Sus informes transmitidos en vivo y sus escritos se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo cual llamó la atención de las autoridades chinas.

La organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés Chinese Human Rights Defenders) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas independientes y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas que pedían una rendición de cuentas.

En una entrevista en video con un cineasta independiente antes de su arresto, Zhang dijo que decidió visitar Wuhan después de leer una publicación en línea de un residente sobre la vida en la ciudad durante el brote.

Una vez allí, comenzó a documentar lo que vio en las calles y hospitales en transmisiones en vivo, a pesar de las amenazas de las autoridades.

“Quizás tengo un alma rebelde. Solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”, dijo en un clip de la entrevista obtenido por la BBC.

“No dejaré de hacer lo que hago porque este país no puede retroceder”.

“Información falsa”

Zhang desapareció el 14 de mayo, según el CHRD. Un día después, se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 km de distancia.

El presidente de China, Xi Jinping, con otros funcionarios

Reuters
En marzo, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el virus había sido controlado con éxito en la provincia de Wuhan y Hubei.

A principios de noviembre se le presentaron cargos formales.

El documento de la acusación señala que Zhang envió “información falsa a través de texto, video y otros medios vía (plataformas como) WeChat, Twitter y YouTube”.

También está acusada de aceptar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y de “difundir maliciosamente” información sobre el virus en Wuhan. Se recomendó una sentencia de cuatro a cinco años.

En protesta por su arresto, Zhang hizo una huelga de hambre, lo cual ha deteriorado su salud.

Uno de sus abogados dijo en un comunicado que cuando la visitó a principios de diciembre, ella le había dicho que la estaban alimentando a la fuerza mediante una sonda.

También dijo que sufría dolores de cabeza, mareos y dolor de estómago.

“Restringida las 24 horas del día, necesita ayuda para ir al baño”, dijo el abogado Zhang Keke, quien también indicó que tiene problemas para dormir.

“Se siente psicológicamente agotada, como si cada día fuera un tormento”, dijo el abogado que había solicitado el aplazamiento del juicio dado su estado de salud.

Zhang había sido detenida en 2019 por expresar su apoyo a los activistas en Hong Kong.

“Sentencia alarmante”

Leo Lan, consultor de investigación y defensa del grupo de derechos humanos Network of Chinese Human Rights Defenders, dijo que la sentencia de Zhang es “alarmante”.

“(Su) sentencia es muy dura. El gobierno chino está muy decidido a silenciarla e intimidar a otros ciudadanos que intentaron exponer lo que sucedió en Wuhan”, le dijo a la BBC.

“Me preocupa el destino de otros ciudadanos detenidos que también informaron sobre la pandemia”.

Varios reporteros ciudadanos que informaron desde Wuhan, entre ellos: Li Zehua, Chen Qiushi y Fang Bin, desaparecieron a principios de este año.

Li finalmente apareció y explicó que había sido puesto en cuarentena a la fuerza, mientras que se informó que Chen está con su familia, pero bajo supervisión del gobierno.

Aún se desconoce el paradero de Fang Bin.


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