Los senadores tienen hasta el 28 de mayo para aprobar las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, pero hasta el momento ni siquiera han acordado todos los dictámenes y, por tanto, no hay certeza para realizar un periodo extraordinario de sesiones.
[contextly_sidebar id=”3Mi3waNwGYgYA75yDcAb9pP1VEoNhZqk”]La fecha límite fue estipulada por los propios legisladores en los artículos transitorios de la reforma constitucional por la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado. Sin embargo, de incumplir con el plazo, no tendrían sanción.
De acuerdo con Issa Luna, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Ley Orgánica del Congreso exime de cualquier tipo de sanción a los legisladores que violen un plazo legal para aprobar una ley, pese a que se encuentre en un mandato constitucional.
Además, sin las leyes secundarias, el Sistema Nacional no podría operar, lo que estaría afectando la articulación diseñada para atacar uno de los problemas fundamentales en el país: la corrupción.
La investigadora afirma que, además, que México estaría en falta con los estándares internacionales recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha señalado la necesidad de regular el conflicto de interés y declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
Esto significa un “retraso sustancial” que provocaría un “desencanto social” y “empeora la gobernabilidad del Estado mexicano”, asegura la investigadora de la UNAM.
La negociación atorada
El periodo ordinario de sesiones en el Senado concluyó el 30 de abril pasado sin que las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos Segunda y Justicia hicieran los dictámenes de las siete leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, ya hay consenso sobre cinco de los siete dictámenes, pero el PRD y el PAN buscan sacar adelante los dos donde no hay acuerdo: la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sería la autoridad encargada de perseguir los delitos relacionados con corrupción y la reforma al Código Penal Federal, donde se tipifica los delitos de corrupción.
Hay un avance de 95% y con ello podría pasar a comisiones, pero la “exigencia” del PAN y PRD es para que salga “en paquete”, aunque eso nunca ha ocurrido con otras reformas.
“Nosotros estamos listos para cuando se libere el tema y poder dictaminar. Son procesos políticos que han tomado el PAN y el PRD y que respeto”, asegura el senador del Partido Verde.
Si la Comisión de Justicia acordara sobre esos dictámenes, “destrabaría, estas cinco”. El otro escenario sería que los coordinadores del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Miguel Barbosa, acordaran que pudiéramos sacar el paquete de cinco para que avanzara en la votación en el Senado y avanzara a la Cámara de Diputados. “Esas son las opciones para las que se requiere un acuerdo político”, aseguró Escudero.
Los senadores avanzaron en el acuerdo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la Ley3de3, aunque con menos obligaciones que las propuestas por la sociedad civil, que buscaba que los funcionarios hicieran público sus declaraciones patrimonial, de interés y de impuestos.
El PRI y el PVEM hicieron una propuesta para dejar a voluntad de los funcionarios hacer público o no sus declaraciones. “No es una versión light, sino que respeta los derechos humanos y el pronunciamiento de la Suprema Corte sobre que los derechos de protección de datos de los funcionarios públicos son igual que el de los ciudadanos”, sostiene Escudero.
Aunque el PAN se opuso a esta versión en un principio, aceptó esta versión acotada. La senadora Marcela Torres Peimbert explicó que su bancada apoya que los servidores públicos decidan incluir o no la información patrimonial de sus cónyuges y dependientes económicos directos.
“Lo que estamos pidiendo es que haya una versión pública. Lo que pedía la ley del PAN era mucho más rigurosa en ese tema; sin embargo, creo que pensando en el bien del país y las resistencias brutales que estamos viendo de toda la clase política, lo importante es que el Sistema Nacional Anticorrupción salga como tal”, dice.
Las leyes en las que sí hay consenso es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se establece la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Comité de Participación Ciudadana.
Además, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de juzgar e imponer sanciones a funcionarios y privados; las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la que se rescata la Secretaría de la Función Pública, cuya desaparición estaba prevista para 2013.
Y las adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que le daría mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar recursos públicos en tiempo real y no un año después, como ocurre actualmente.
El próximo lunes, Escudero entregará una propuesta integral que puedan apoyar todas la bancadas.
