10 preguntas para entender por qué es tan fácil comprar armas de fuego en EU
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
BBC Mundo

10 preguntas para entender por qué es tan fácil comprar armas de fuego en EU

Estados Unidos tiene un gran problema de violencia con las armas de fuego, y un ejemplo claro es la masacre en la discoteca Pulse. 
BBC Mundo
Por BBC Mundo
18 de junio, 2016
Comparte

La masacre ocurrida en la discoteca Pulse de Orlando (Florida) en la que fallecieron 49 personas es la muestra más reciente del problema endémico de violencia con arma de fuego que vive Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos es el país desarrollado con la cifra más alta de muertes violentas: casi 5 por cada 100.000 habitantes.

Una encuesta realizada por la agencia Reuters/Ipsos entre el lunes y martes pasados reveló que el 71% de los estadounidenses están a favor de moderar las reglas sobre posesión de armas. Esto marca un aumento respecto a fines de 2013 y fines de 2014, donde alcanzaban el 60%.

Pese a ello, las propuestas de regulación de la venta de armas de fuego se estancan una y otra vez ante la negativa y el lobby parlamentario de quienes reivindican su derecho constitucional a poseerlas.

BBC Mundo te explica por qué el acceso a las armas es un tema tan arraigado a la historia y cultura estadounidense.

1. ¿De dónde surge el derecho a poseer un arma de fuego en EU?

El derecho de los ciudadanos en Estados Unidos a portar armas se basa en el texto de la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país y, sobre todo, de una interpretación que hizo de esta norma la Corte Suprema de Justicia en el año 2008.

2. ¿Qué es la Segunda Enmienda?

La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue aprobada en el año 1791 como parte de una serie de 10 modificaciones que posteriormente fueron conocidas como la Carta de Derechos y que buscaba establecer límites al gobierno federal.

Un comprador de armas durante una exposición.GETTY IMAGES
En Estados Unidos son muy populares las ferias y exposiciones de armas.

La norma establece que “siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”.

3. ¿Cómo eran las armas en la época en la que se aprobó la Segunda Enmienda?

El arma larga de la época era el mosquete, un arma de infantería que se usó hasta el siglo XIX y que tenía un alcance de tiro efectivo de unos 100 metros.

No era muy precisa y recargarla requería tiempo, de modo que un tirador muy bien entrenado lograba hacer hasta tres disparos por minuto.

Por contraste, el fusil AR15 utilizado por Omar Mateen, el atacante de la discoteca de Orlando, permite disparar 30 balas por minuto.

Un hombre con traje de época dispara un mosquete.GETTY IMAGES
Los mosquetes eran el arma larga que se usaba en 1791, cuando se aprobó la Segunda Enmienda.

4. ¿Cuántas armas hay en Estados Unidos?

No existen cifras oficiales ni un registro único que permita conocer este dato. Un estudio realizado por la organización Small Arms Survey, con cifras de 2007, estimaba que en el país había unos 270 millones de armas de fuego en posesión de civiles.

Esa cifra, que algunos estiman puede ser superior, ubica a Estados Unidos como el país del mundo con mayor número de armas por cada 100 habitantes: 88.8.

Dos estudios realizados en 2013 señalan que el porcentaje de hogares estadounidenses en los que al menos uno de los miembros tiene un arma de fuego oscila entre 37% (Centro de Investigaciones Pew) y 43% (encuestadora Gallup).

No existen cifras oficiales ni un registro único que permita conocer cuántas armas hay en Estados Unidos.GETTY IMAGES
No existen cifras oficiales ni un registro único que permita conocer cuántas armas hay en Estados Unidos.

5. ¿Quiénes no pueden comprar armas de fuego?

Según la Oficina Federal de control de Armas y Explosivos, hay cierto tipo de ciudadanos que tienen prohibido adquirir armas de fuego. Estos son:

  • Los que hayan sido condenados por un delito castigable con pena de prisión durante más de un año.
  • Los fugitivos de la justicia.
  • Los adictos a sustancias controladas.
  • Quienes sufren de enfermedades mentales o han sido internados en instituciones de salud mental.
  • Los inmigrantes sin papeles o los admitidos en Estados Unidos con una visa de no inmigrante.
  • Los que han sido dados de baja de forma deshonrosa de las Fuerzas Armadas.
  • Los que, habiendo sido ciudadanos de Estados Unidos, hayan renunciado a esa nacionalidad.
  • Los que están sometidos a órdenes judiciales de prohibición de acosar o amenazar a su pareja o al hijo de esa pareja.
  • Quienes han sido condenados por faltas o delitos de violencia doméstica.
Un vendedor muestra un fusil AR15GETTY IMAGES
El fusil AR15 es una de las armas más populares del país.

6. ¿Quiénes pueden comprar armas de fuego?

Cualquier ciudadano estadounidense que no cumpla con la lista de excepciones antes detallada. La edad legal varía de estado en estado y según el tipo de arma, pero en general en casi todos se exige ser mayor de 18 o 21 años.

7. ¿Qué documentos hacen falta para comprar un arma de fuego en Estados Unidos?

El vendedor debe solicitar del comprador un documento de identificación que debe incluir el nombre, la dirección de residencia, la fecha de nacimiento y una fotografía. Si el comprador no dispone de un único documento con toda esa información, puede presentar varios documentos emitidos por el gobierno que permitan proveer esa información.

8. ¿Hay algún control de antecedentes?

Los negocios de ventas de armas están obligados a realizar una revisión de antecedentes para determinar si una persona es apta para comprar un arma.

Sin embargo, si el FBI no responde en el plazo de 72 horas a esa revisión de antecedentes, se considera que la compra está autorizada, lo que en ocasiones ha permitido la venta a personas no aptas.

Los particulares que formalmente no se dedican a la venta de armas pueden venderlas sin necesidad de hacer la revisión de antecedentes. Estos son responsables de la venta de 40% de las armas que se transan en el país.

Un vendedor rellena una planilla para la venta de un arma.GETTY IMAGES
Los comercios de armas están obligados a realizar una revisión de antecedentes del comprador.

9. ¿Por qué se debate sobre la interpretación de la Segunda Enmienda?

Durante años, los partidarios del porte de armas por parte de civiles han visto en la Segunda Enmienda la consagración de sus derechos.

Por su parte, quienes favorecen el control de armamento argumentan que ese derecho al porte de armas está vinculado a la participación a las fuerzas de defensa colectivas y no es, por tanto, un derecho individual.

Ese era el enfoque que había prevalecido desde, al menos, 1939 cuando fue establecido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, en 2008 el máximo tribunal cambió de criterio y señaló que la Segunda Enmienda establece el derecho individual a poseer un arma de fuego.

10. ¿Qué esfuerzos se han hecho para regular el uso de armas de fuego?

En septiembre de 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó durante el mandato del presidente Bill Clinton una ley que prohibía la fabricación para uso de civiles de armas semiautomáticas, definidas como armas de asalto, así como ciertos cargadores de municiones considerados de gran capacidad.

Esta norma expiró en 2004 y no ha podido ser restablecida.

Barack ObamaGETTY IMAGES
Obama ha dicho sentirse frustrado en sus intentos por lograr mayores controles sobre las armas.

A lo largo de su mandato, el actual presidente estadounidense, Barack Obama, ha hecho numerosos llamados al Congreso para aumentar los controles y los límites a la venta de armas de fuego sin lograr ningún avance.

En enero de este año, haciendo uso de sus atribuciones presidenciales, Obama aprobó un conjunto de medidas ejecutivas y de propuestas al Congreso para reforzar el control sobre las armas.

Estas establecen que todos los vendedores deben contar con una licencia y deben realizar revisiones de antecedentes, eliminando las actuales excepciones con las que cuentan algunos vendedores que operan en internet y a través de exposiciones de armas.

Además, se exige a los estados proveer información sobre la gente descalificada por sufrir enfermedades mentales o por haber incurrido en actos de violencia doméstica y se incrementa en 50% el personal del FBI dedicado a la revisión de antecedentes.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Cuartoscuro

El incierto papel del Cártel de Sinaloa en la estrategia para acabar con los Zetas en La Laguna

Investigación de Sergio Aguayo y Jacobo Dayán pone sobre la mesa la coincidencia de objetivos entre diversas autoridades y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, durante la época más violenta en La Laguna.
Cuartoscuro
Comparte

El debilitamiento de los Zetas tuvo un impacto determinante en la reducción de la violencia en La Laguna durante la época de mayor tasa de homicidios, entre 2008 y 2014. El estudio “La reconquista” de La Laguna, elaborado por Sergio Aguayo, Jacobo Dayán y Javier Garza, revela una coincidencia de intereses que permitieron que diversos actores trabajasen en una misma dirección: acabar con el grupo criminal que se consideraba más despiadado.

Las autoridades reorientaron sus políticas públicas hacia una mayor coordinación policial y una mayor apuesta por la inteligencia, la sociedad civil presionó y ejerció de contrapeso y el gobierno de Estados Unidos se sumó a la ofensiva con operativos en su territorio. Sin embargo, hubo también otro actor que participó: el Cártel de Sinaloa enfrentado con Los Zetas para controlar la plaza

Leer más | Coordinación, cambios culturales y ataques financieros: Así se redujo la violencia del narco en La Laguna

¿Hasta qué punto la organización dirigida por Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera intervino en el hostigamiento hacia Los Zetas? ¿Formó parte de la estrategia de forma deliberada o solo se trata de una coincidencia de objetivos? Estos son algunos de los interrogantes que la investigación deja sobre la mesa.

No fue hasta la etapa final del trabajo que Estados Unidos detuvo a Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), y le acusó de trabajar para el Cártel de Sinaloa. “Es inevitable mencionarlo porque, de confirmarse, habría que reinterpretar algunos capítulos de las guerras del narco. Por ahora, es prematuro dar por buena la acusación y resulta imposible establecer el papel que desempeñó el entonces secretario de Seguridad Pública en el cambio de estrategia que, es evidente, también favoreció al Cártel de Sinaloa”, dicen los investigadores.

“Los gobiernos de Estados Unidos y México sí tuvieron un pacto explícito, llegaron a acuerdos, había una lectura común. No sabemos si el pacto con Sinaloa fue tácito, explícito, a nivel local o nacional. Y aquí entra como variable Genaro García Luna”, explica Sergio Aguayo, uno de los autores de la investigación.

Jacobo Dayán, por su parte, recuerda que formularon la pregunta directa a Guillermo Valdés, exdirector del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisén),durante una conferencia en el Colmex. “Él insiste en que la decisión (de cambio de estrategia) no pasó por García Luna. Lo dijo incluso un poco molesto”, recuerda. 

Hasta el momento, no se ha podido probar que el exsecretario de Seguridad Pública con Calderón tuviese un papel determinante en este cambio de estrategia como parte de su presunta colaboración con Sinaloa. No obstante, en la acusación formulada en su contra por la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, las autoridades estadounidenses consideran que tanto García Luna como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García “eran funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano que protegían el cártel a cambio de millones de dólares en pagos de sobornos”. Entre las actividades que se les imputan está “acordar no interferir con la droga del Cártel”, “brindar acceso a información confidencial de las fuerzas del orden sobre operaciones policiales contra el Cártel de Sinaloa” o “dirigirse a miembros de cárteles rivales para arrestarlos y proporcionar información confidencial sobre las fuerzas del orden sobre el cartel rival”. 

Entérate: Estos son los cargos por los que está acusado Genaro García Luna en EU

Habrá que ver si en el juicio que se sigue actualmente en Nueva York aparecen nuevas evidencias que apuntalen esta teoría. 

Diferencias entre Sinaloa y Zetas

El contexto que explica la violencia en La Laguna (una zona metropolitana formada por los municipios de Torreón y Matamoros, en Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en Durango) es el enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Esto, al menos, durante la primera etapa, hasta 2012. Después se produce una segunda ola de violencia entre los hombres del Chapo Guzmán y un grupo conocido como Cártel del Poniente, un pequeño grupo local que controlaba una zona de cerros y que en algún momento se alió con Sinaloa contra los Zetas para luego enfrentarse con sus antiguos socios. 

¿Por qué actuar contra Los Zetas? El trabajo plantea dos explicaciones. Por un lado, por la extrema violencia empleada por el grupo criminal. Por otro, porque su modelo de negocio va más allá del narcotráfico para terminar explotando a la población a través de extorsiones como el cobro del ‘derecho de piso’. 

Históricamente La Laguna fue territorio controlado por el Cártel de Juárez. De hecho, Rafael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes tuvieron residencias en La Laguna en los años ochenta del siglo pasado. Cuando Juárez rompe con Sinaloa en los primeros años 2000, es el Chapo Guzmán quien se queda con la plaza. Poco después, sin embargo, llegarán los Zetas desde Tamaulipas para disputar el territorio. Así comienza la guerra entre ambas organizaciones que lleva a La Laguna a ser uno de los territorios más violentos y a Torreón una de las ciudades con mayores índices de asesinatos del mundo.  

Aunque no hay evidencias documentales sobre la posible colaboración explícita entre autoridades y Cártel de Sinaloa, la investigación del Colmex enumera varias pistas.

La primera llega desde Estados Unidos y lo plantea directamente Guillermo Valdés, exdirector del Cisén. Según explica, Washington proporcionó trabajo de inteligencia contra los Zetas y atacó las finanzas del grupo al otro lado del Río Bravo. También relata un episodio que, al menos, pone en evidencia que la Casa Blanca tenía también sus preferencias entre el crimen organizado mexicano.

“En 2012-2013 detuvieron a un hermano de Treviño (Miguel Treviño, el Z-40) con unos ranchos de caballos en Kentucky. También detenían en las ciudades texanas a los distribuidores de la cocaína de los Zetas y les decían, ‘si tú vendes cocaína del Sinaloa no te voy a detener, pero si vendes de los Zetas sí te voy a detener’. ¿Cuál era el mensaje? Que los distribuidores en Texas decían yo no quiero coca de los Zetas y entonces se les caían las ventas y eso era un castigo organizacional para los Zetas”.

Chapos o federales: “lo bueno es que ya se lo chingaron”

“En la ‘reconquista’ de La Laguna hubo excesos gubernamentales que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han catalogado como crímenes contra la humanidad. Fue una guerra sin cuartel en la cual el Cártel de Sinaloa y el gobierno tenían el mismo objetivo sin que tengamos evidencia de un acuerdo explícito. Era un entendimiento tácito que apareció insinuado en las conversaciones”, dice la investigación.

La siguiente pista la proporciona un periodista que pide anonimato. Cuenta que los federales perseguían a una persona vinculada a los Zetas cuando el hombre apareció ejecutado en su casa. Así que el periodista preguntó a un mando militar si lo “habían matado fuerzas federales o los chapos”. La respuesta del militar fue que “los chapos, pero no importa, lo bueno es que ya se lo chingaron”. “Ese tipo de comentarios indicaban que el gobierno y el Cártel de Sinaloa tenían el mismo objetivo: acabar con los Zetas”, dicen los investigadores.

Un mando militar, al que tampoco se identifica, asegura que “recibía información de inteligencia federal para ‘ejecutar’ a los Zetas, ya que a nivel estatal-municipal no tenían información”. Preguntado por si esta práctica sería el equivalente a “salir de cacería”, él responde afirmativamente. “Por lo tanto, es posible considerar la hipótesis de una alianza implícita entre las fuerzas gubernamentales y los sicarios del Cártel de Sinaloa”, dice el texto de Aguayo, Dayán y Garza. 

“Si ubicamos estos comentarios en el contexto de la reciente detención de Genaro García Luna por colaborar con el Cártel de Sinaloa, ¿hasta qué punto influyó la presunta complicidad del entonces secretario de seguridad pública en el viraje? Después de todo, el Cártel de Sinaloa era uno de los más interesados en acabar con la amenaza Zeta y su modelo de negocios”, afirma el documento.

Ahora que los márgenes de seguridad han mejorado, los investigadores consideran que hay que tomar en cuenta “el espinoso asunto del Cártel de Sinaloa, el protagonista silencioso de la coalición anti-Zetas”. En este sentido, Javier Garza recuerda que los “operativos empezaron a concentrarse en lugares con presencia de los Zetas”. A su vez, recuerda una frase que escuchó a un militar de alto rango, quien dijo que el Ejército reforzaría el “combate a los Zetas aun si eso implicaba descuidar ‘a los de enfrente’”. A pesar de las sospechas, los investigadores son claros: “Carecemos de evidencia para asegurar si hubo un pacto explícito entre autoridades y el cártel”. 

Tanto Aguayo como Dayán y Garza insisten en poner en valor elementos de aquella nueva estrategia como la participación de la sociedad civil. Sin embargo, parece evidente que las autoridades no compartían esta visión. Por ejemplo, indican los investigadores que “los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto guardaron silencio sobre una información tan fundamental como la decisión de dar prioridad al ataque a los Zetas”.

Entrevistado por los autores del documento, Alejandro Hope reconoce que “jamás se aclaró que se estaba haciendo una redefinición estratégica de fondo por temor a que se acusara al gobierno de favorecer al Cártel de Sinaloa. El gobierno federal seguramente sí compartió esa información con el gobernador Rubén Moreira y con los grandes empresarios. Los que no estuvieron enterados fueron la prensa, las víctimas y la Iglesia”, dice la investigación. 

La violencia en La Laguna ha retrocedido a los niveles de 2006, antes de que se desatase la guerra. Al contrario que en otros municipios como Monterrey o Tijuana, donde épocas de pacificación fueron seguidas por un recrudecimiento de la violencia, La Laguna es un oasis en un país en el que cada año se incrementan los asesinatos. Esto también tiene una explicación. La situación de la zona ha regresado al estado anterior al enfrentamiento, es decir, bajo control del Cártel de Sinaloa. Es evidente que ellos eran uno de los actores más interesados en que, como ocurrió, los Zetas fuesen descabezados.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.