Contratan a los Murillo pese a irregularidades
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Contratan a los Murillo pese a irregularidades

Al súbito crecimiento que tuvieron tres empresas ligadas a la familia de Jesús Murillo Karam cuando éste era titular de la PGR, se suma el trato privilegiado que recibieron del Gobierno Federal, revela la revisión a 43 contratos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción.
Archivo Cuartoscuro
Por Valeria Durán y Raúl Olmos/ Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
24 de junio, 2016
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Alvarga Construcciones, que está asociada a una empresa de los hijos del ex Procurador Jesús Murillo Karam, usó productos “piratas” en la colocación de un rompe olas en Isla de Carmen, Campeche, sin ser sancionadas, aun cuando el gobierno fue notificado de la irregularidad.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó ese contrato por adjudicación directa por 411 millones de pesos (alrededor de 25 millones de dólares) tras haber declarado desierta la licitación previa.

Primera parte: Empresas de la familia del exprocurador Murillo Karam, beneficiadas con contratos millonarios

La compañía relacionada con la familia Murillo, paradójicamente, participó en ese concurso, pero su oferta fue rechazada al obtener una calificación reprobatoria.

La historia comenzó el 20 de mayo del 2014, cuando la SCT informó que no hubo una oferta que se ajustara al presupuesto y a las necesidades de un rompe olas para Campeche, obra que se propuso en previsión de una emergencia provocada por fenómenos meteorológicos, según consta en un dictamen del caso, el cual forma parte del archivo conformado para esta investigación.

La calificación reprobatoria de Alvarga

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De hecho, otras cinco de las compañías no llegaron a la calificación mínima de 37.5 puntos y el resto –otras siete- rebasaron en su oferta el presupuesto disponible.

Un mes después, la misma SCT asignó la obra directamente -es decir sin concurso de por medio– a Constructora Manzanillo SA de CV (COMSA), la cual no participó en la licitación declarada como “desierta”.

En una nota informativa preparada por la SCT a petición de los reporteros, la dependencia argumentó que se trataba de la compañía “con mayor experiencia y especialización en obras marítimas y portuarias”.

En su proyecto, COMSA inscribió a Alvarga como su socia, a pesar de que en la licitación declarada “desierta”, la firma vinculada a la familia del ex procurador Murillo obtuvo cero puntos en los rubros de experiencia y especialidad, así como en cumplimiento de contratos.

En los documentos oficiales no existe una explicación sobre por qué Constructora Manzanillo eligió a Alvarga.

En la nota informativa para este reportaje, la SCT dijo que “probablemente se realizó con la finalidad de fortalecer la propuesta económica, no obstante que Alvarga fue descalificada técnicamente”.

Y se deslindó: “Cabe destacar que dicho acuerdo de participación conjunta es ajeno a la voluntad de la SCT pues se trata de un tema entre particulares que no afecta los términos y condiciones de la convocatoria”.

Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de esa dependencia, aseguró que el contrato se hizo por “invitación a cuando menos tres personas” (compañías) y nunca por asignación directa.

Pero el expediente de la obra refuta su versión. De hecho, el acta del fallo por adjudicación directa fue colocado en Compranet por la propia SCT.

Ante esta prueba, el funcionario dijo que quizá estamos ante una equivocación: “A lo mejor hay un error ahí porque tengo claridad que no es una adjudicación, a lo mejor es un problema en la redacción”.

El mismo funcionario cayó en otra contradicción. En la misma entrevista, sostuvo que “todos estaban por arriba del precio que teníamos como base y se declaró desierta y de ahí se escogió a Alvarga que fue la que ganó”.

Ruiz de Teresa se equivocó. La SCT dio el fallo a favor de Constructora Manzanillo, no de Alvarga. La firma vinculada a la familia Murillo se sumó después como un socio.

No obstante, él mismo corrigió momentos después: “Perdón, finalmente el contrato lo obtuvo Constructora Manzanillo”.

El rompe olas –de acuerdo con el contrato- debió concluirse el 13 de septiembre de 2015, pero el plazo no se cumplió. En octubre de ese mismo año, las constructoras llevaban un avance del 44%.

La SCT aplazó la entrega hasta diciembre del 2015, tres meses más de gracia para las empresas, pero tampoco cumplieron.

El 27 de enero de 2016, extendieron de nuevo el contrato para el 30 de marzo siguiente. No obstante, Alvarga y Constructora Manzanillo no terminaron. La muralla contra olas, hoy en día, sigue en construcción.

Ruiz de Teresa aseguró que los retrasos han obedecido a problemas meteorológicos como inundaciones ocasionadas por huracanes y ciclones. El funcionario se comprometió a enviar a los reporteros un reporte de las malas condiciones climatológicas que afectaron, directamente, a la obra. Hasta el momento de publicar este reportaje, no llegó esa información.

Desde la convocatoria, la SCT puso como uno de sus requisitos que las empresas utilizaran una estructura especial llamada geomembrana GT1400, que está patentada por la trasnacional holandesa TenCate bajo el nombre Geotube. Se trata de una malla de alta resistencia que se rellena con arena de mar. La empresa ganadora debería colocarla a lo largo de 1 kilómetro y 160 metros en Isla del Carmen.

En las juntas de aclaraciones con las empresas interesadas en obtener el contrato, la SCT modificó las características del geotubo: en vez del modelo GT1400 pidió utilizar el GT1000M y el GT500, ambos patentados por la marca TenCate.

Cuando la obra había iniciado, directivos de la compañía holandesa, acompañados por representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), hicieron una auditoría. El resultado fue que Alvarga y Constructora Manzanillo estaban instalando como rompe olas un producto pirata con materiales chinos.

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TenCate presentó una queja ante la SCT. En algunas de sus partes expresó lo siguiente:

“El Gobierno mexicano ha descuidado cumplir los acuerdos comerciales con Estados Unidos, y está permitiendo que los productos piratas chinos sean utilizados en un proyecto del Gobierno federal mexicano, en violación de las patentes de TenCate Geosynthetics.

“Alvarga, conjuntamente con Constructora Manzanillo, se adjudicó el contrato (del rompe olas), ofreciendo suministrar un producto importado de China que, según documentos legales obtenidos por TenCate en la oficina de patentes de México, es una copia directa de la tecnología patentada de TenCate”.

Sobre este tema, el coordinador general de Puerto y Marina Mercante de la SCT deslindó al Gobierno de la acusación por el uso de piratería. Ante una pregunta de los reporteros dijo:

“En todos los casos quitamos las patentes. ¿Por qué? Porque si hago una obra con una patente, entonces la estoy adjudicando desde el principio (…) Pero de eso se pueden quejar perfectamente, a nosotros nos toca demostrar que eso no le conviene a la institución”.

Alvarga también incumplió en el plazo de entrega de otra obra. En Guanajuato abandonó la construcción de un distribuidor vial.

La sanción que le aplicaron fue de 14 mil 500 pesos, aún cuando el contrato superaba los 85 millones. La sanción equivale apenas al 0.017% del monto del contrato.

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El apoderado legal y administrador único de Alvarga es Miguel Angel Tello Ludlow, socio de Jesús Murillo Ortega en la cadena de restaurantes Café Madero.

Por otro lado, Kouro -empresa encabezada por Murillo Ortega- ha compartido con Alvarga domicilios, teléfonos, socios, empleados y hasta ejecutan obras juntas. El año pasado se asociaron para ganar contratos por 546 millones de pesos en los puertos de Altamira y Manzanillo.

El anterior domicilio fiscal de Kouro era una casa en Pachuca (Veta Arras 111) que estaba a nombre de Tello Ludlow y que durante un tiempo fue la dirección de Alvarga.

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Estas constructoras también comparten socios. Luis Manuel Hernández Meneses, quien era accionista en Alvarga, fue nombrado por Jesús Murillo Ortega apoderado de Kouro en octubre de 2013.

Otro caso: Carlos Eduardo Luna Mora, quien en 2010 cedió sus acciones a Murillo Ortega en la cadena restaurantera Café Madero, ha sido apoderado legal tanto de Kouro como de Alvarga.

Las constructoras tienen los mismos representantes en licitaciones en las que participan.

El 11 de marzo de 2015, Raúl Isaac Morales León acudió como representante de Kouro al fallo para la construcción de un puente vehicular en Ecatepec, Estado de México. Y al día siguiente, esta misma persona apareció en Banobras como representante de Alvarga para obras en la autopista México-Puebla.

Hugo Alfredo Talavera Chávez, quien desde junio de 2013 fue nombrado apoderado legal de Alvarga, también participa como superintendente de Kouro Desarrollos.

Martín Sánchez Barrios firmó en 2014 como representante de Kouro en la licitación de una carretera en el norte del país, y luego a nombre de Alvarga en un concurso de obra en el puerto de Altamira.

También tenían doble representación de Kouro y Alvarga los arquitectos Federico Zamorano Nube y Edgar Zuviri Reséndiz, así como Aracely Hernández Cruz.

SOCIOS

El 32% de las ganancias facturadas por las tres empresas, –equivalente a 1,456 millones de pesos– fueron por contratos obtenidos por asignación directa o invitación.

Alvarga Construcciones SA de CV obtuvo contratos por 1,945 millones 333 mil 225 pesos para obras financiadas con recursos federales entre los años 2013 y 2015, hecho que representó que sus ingresos subieran en un 2,134% respecto al periodo 2010-2012.

En este último periodo, Alvarga había obtenido contratos por 87 millones de pesos.

Oferta caro y lo contratan

Dos de las constructoras vinculadas con la familia Murillo lograron obtener el contrato para la remodelación del malecón turístico de Manzanillo, con la propuesta más cara de los ocho concursantes.

El 18 de agosto de 2014, Alvarga y Kouro, en alianza con Constructora Manzanillo, propusieron cobrar 367 millones de pesos por las obras complementarias al proyecto de vialidades del puerto. Su propuesta era entre 10% y 61% más cara que la de los otros postores.

Por supuestos incumplimientos en las bases de licitación, la SCT descalificó a todos los concursantes, excepto a las empresas vinculadas a la familia Murillo. Ellos se quedaron con el contrato aun cuando tuvieron una diferencia de 139 millones de pesos frente a la propuesta más barata.

Además del malecón, Kouro y Alvarga ganaron en agosto de 2014 un contrato para hacer obras viales en Manzanillo. El monto superó los 367 millones de pesos y era el segundo mayor que hasta esa fecha habían recibido ambas constructoras de parte del Gobierno federal.

Para ejecutar la obra, invitaron a participar a Constructora Manzanillo -del empresario colimense Rubén Álamo Zuazo-, con quien dos meses antes Alvarga había establecido una relación de negocios para obtener el contrato de construcción de un rompe olas en Isla del Carmen, Campeche, por 411 millones.

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Niega SCT favoritismo

Como se difundió en la primera parte de esta investigación, dos constructoras de hijos, sobrinos y parientes políticos de Jesús Murillo Karam, y una más estrechamente ligada a ellas, multiplicaron 714% sus contratos de obra justo en los tres años en que éste fue el titular de la PGR.

En ese periodo, las constructoras Kouro, Itrio y Alvarga obtuvieron obras por 4,625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares).

La salida de Murillo del gabinete coincidió con el desplome de los contratos a las empresas de sus familiares.

El 61% de los contratos a Kouro, Itrio y Alvarga los otorgó la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.

trayectoria

El hijo del Secretario, Gerardo Ruiz Dosal, fue secretario particular de Jesús Murillo Karam durante el periodo en que éste fue procurador General de la República (de diciembre de 2012 a febrero de 2015), aunque funcionarios de la SCT negaron que este vínculo influyera en el otorgamiento de los contratos.

“Estamos ante procesos competidos, vigilados, donde tenemos la herramienta de testigo social, del acompañamiento de función pública”, afirmó Raúl Murrieta Cummings, sub Secretario de Infraestructura de la SCT.

“Hemos firmado un convenio de transparencia con la Cámara de la Industria de la Construcción, que hace que ellos nos acompañen en los procesos (de asignación de obras)”.

Descartó conflicto de intereses en la asignación de obras a la constructora del hijo de Murillo Karam, cuando éste era integrante del gabinete presidencial (en la PGR y en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano).

“La ley es muy clara, conflicto de interés es que ciertas obras hubieran sido, en procesos constructivos, dentro de la oficina que dirigía su papá, dentro de la Procuraduría”.

El Subsecretario alegó que otra prueba de que no hubo favoritismo, es que Kouro y Alvarga participaron en 26 licitaciones en la SCT y obtuvieron contratos en sólo siete.

Sin embargo, en las bases de datos de Compranet y en expedientes obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, se identificó que la SCT otorgó 21 contratos por licitación a Alvarga y a Kouro, y otros tres a Itrio.

contratos

En seis licitaciones, las constructoras ligadas a la familia Murillo participaron por partida doble, lo que aumentó sus posibilidades de ganar, frente al resto de los competidores.

Rodolfo González, director de Comunicación de la SCT, negó que los contratos a Kouro se hayan otorgado porque los dueños son parientes del ex Procurador.

“La elección de esta constructora, por pertenecer a la familia de un integrante (del gabinete), seguramente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque son licitaciones”, aclaró.

Cuando se presenta la licitación es por empresas, no por personas. Entonces registras a una empresa, no a la persona ni a los socios”.

Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador General de Puertos de la SCT, aseguró que todas las obras de su área fueron licitadas, por lo que también descartó favoritismo.

*INDAGA es la unidad de investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este trabajo fue realizado con la beca Mike O´Connor de Periodismo de Investigación de Centro Internacional de Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Plataforma CONNECTAS. También contó con la colaboración de Jesús García López de AM de León y de Cristina Muñoz.

https://readymag.com/558824

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Rusia y Ucrania: las razones de Estados Unidos y la OTAN para no enviar tropas a Kiev

En el pasado, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN intervinieron en conflictos en países que no pertenecían a la alianza como Bosnia o Afganistán.
26 de febrero, 2022
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha gastado un enorme capital diplomático en contrarrestar el ataque ruso a Ucrania.

Su gobierno transmitió implacablemente advertencias sobre una posible invasión inminente por parte de Moscú, que finalmente se materializó, y declaró que estaba en juego nada menos que el orden internacional.

Pero Biden también ha dejado en claro que los estadounidenses no están dispuestos a combatir, aunque los rusos claramente lo están.

Además, descartó enviar fuerzas a Ucrania para rescatar a ciudadanos estadounidenses, si llegara el caso. De hecho, sacó del país tropas que estaban sirviendo como asesores y monitores militares.

¿Por qué ha trazado el mandatario esta línea roja en la crisis de política exterior más importante de lo que lleva de presidencia?

No están en juego sus intereses de seguridad nacional

En primer lugar,hay que recordar que Ucrania no está en el vecindario de EE.UU. ni se encuentra en su frontera. Tampoco alberga una base militar estadounidense. No tiene reservas estratégicas de petróleo y no es un socio comercial importante.

Pero esa falta de interés nacional no ha impedido en el pasado que gobiernos estadounidenses hayan gastado sangre y recursos de su país para defender a otros.

En 1995, Bill Clinton intervino militarmente en la guerra que siguió al colapso de Yugoslavia. Y en 2011, Barack Obama hizo lo mismo en la guerra civil de Libia, alegando tanto motivos humanitarios como de derechos humanos.

Tropa de Estados Unidos en Bosnia en 1995.

Getty Images
Estados Unidos envío tropas que formaron parte del contingente de la OTAN en 1995.

En 1990, George HW Bush justificó su coalición internacional para expulsar a Irak de Kuwait defendiendo el Estado de derecho frente a la ley de la selva.

Los principales funcionarios de seguridad nacional de Biden han usado un lenguaje similar al describir la amenaza de Rusia a los principios internacionales de paz y seguridad.

Pero, hasta ahora, han hablado de una guerra económica a través de sanciones paralizantes como respuesta, no de operaciones militares.

Biden no es partidario del intervencionismo militar

Esta postura tiene algo que ver con los instintos no intervencionistas del presidente Biden.

Por supuesto, estos se fueron desarrollando con el paso del tiempo. En el pasado, por ejemplo, el actual mandatario apoyó la acción militar estadounidense en la década de 1990 para hacer frente a los conflictos étnicos en los Balcanes.

También votó a favor de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Pero, desde entonces, se ha vuelto más cauteloso a la hora de usar el poder militar estadounidense.

Así, se opuso a la intervención de Obama en Libia, al igual que a su decisión de incrementar las tropas en Afganistán. De igual modo, sigue defendiendo enérgicamente su orden de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán el año pasado a pesar del caos que la acompañó y la catástrofe humanitaria que dejó a su paso.

Por su parte, el jefe diplomático de su gobierno, Antony Blinken —quien ha ayudado a concebir la política exterior de Biden— ha definido una seguridad nacional estadounidense más enfocada a combatir el cambio climático, luchar contra las enfermedades globales y competir con China que en términos de intervencionismo militar.

Los estadounidenses tampoco quieren una guerra

Una encuesta reciente de la agencia AP y el Centro NORC para la investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago concluyó que 72% de los consultados en EE.UU. dijo que su país debería desempeñar un papel menor en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o ninguno en absoluto.

Carteles con el precio de la gasolina en una estación de servicio en Estados Unidos.

Getty Images
Los estadounidenses están más preocupados por la economía que por la geopolítica.

Los ciudadanos centran sus intereses en cuestiones económicas, especialmente en el aumento de la inflación, algo que Biden debe tener en cuenta a medida que se avecinan las elecciones de mitad de período.

En Washington, la crisis en Ucrania está en el centro de las preocupaciones de legisladores tanto republicanos como demócratas, que exigen sanciones más duras contra Rusia.

Pero incluso voces de línea dura como el senador republicano Ted Cruz no quieren que Biden envíe tropas estadounidenses a Ucrania y “comience una guerra con Putin”.

El senador republicano Marco Rubio, otro halcón de la política exterior, ha dicho que la guerra entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo no sería buena para nadie.

El peligro de una confrontación de superpotencias

Buena parte de esta postura se explica en el hecho de que Putin cuenta con una gran reserva de ojivas nucleares.

Biden no quiere provocar una “guerra mundial” al arriesgarse a un enfrentamiento directo entre tropas estadounidenses y rusas en Ucrania y ha sido claro al respecto.

Balance fuerzas militares entre Rusia y Ucrania.

BBC
Desfile militar en Rusia.

Getty Images
Además de armas nucleares, Rusia cuenta con un potente arsenal convencional.

“No es como si estuviéramos lidiando con una organización terrorista”, dijo el mandatario estadounidense a la cadena NBC a principios de este mes. “Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy difícil y las cosas podrían descontrolarse rápidamente”, apuntó.

EE.UU. no está obligado a actuar

EE.UU. tampoco está obligado por ningún tratado internacional a asumir este riesgo.

Una situación distinta ocurriría si Ucrania fuera parte de la OTAN, pues en esa organización se asume que un ataque contra cualquiera de sus miembros es un ataque contra todos. Ese es el compromiso fundamental del Artículo 5, que obliga a todos los miembros a defenderse unos a otros.

Pero Ucrania no es miembro de la OTAN, un factor citado por Blinken para explicar por qué los estadounidenses no lucharán por los valores que defienden con tanta energía.

Aquí hay cierta ironía, dado que el conflicto surge de las demandas de Putin de garantías de que nunca se permitirá que Ucrania se una a la alianza militar y de la negativa de la OTAN a dárselas.

Tampoco la OTAN está obligada a hacerlo

Paradójicamente, el compromiso de defensa mutua establecido en el Tratado de la OTAN es el principal incentivo que tiene Ucrania para solicitar la admisión en esa alianza y, al mismo tiempo, uno de los motivos por los cuales algunos de sus estados miembros no quieren admitir a Kiev.

Gráfico

BBC

Desde inicios de la década de 1990, el tema de la ampliación de la OTAN para incluir a países que pertenecieron a la antigua órbita soviética fue motivo de debate entre expertos en política exterior, entre los cuales hay quienes creen que esto podría generar una reacción negativa por parte de Rusia, que podía sentirse amenazada por la inclusión en la alianza de países con los que comparte fronteras.

Pese a esas objeciones, la alianza se amplió y desde 1997 ha incluido entre sus miembros a 14 países que proceden del antiguo bloque comunista. Ha habido, sin embargo, dos notables excepciones: Georgia y Ucrania.

En 2008, la OTAN hizo una declaración en la que señaló que estos dos países podrían ser finalmente admitidos, pero esto no ha ocurrido.

De hecho, muchos analistas apuntan que no es casual que, justo meses después de esa cumbre de la OTAN, se produjo la guerra en Georgia mediante la cual separatistas prorrusos tomaron el control de los territorios de Abjasia y de Osetia del Sur.

Soldados de Ucrania en Donetsk.

Getty Images
En 2014, las fuerzas armadas de Ucrania perdieron el control de Donetsk y Luhansk ante grupos prorrusos.

Una situación similar se repitió en 2014, cuando pocos meses después de las revueltas populares que llevaron a la caída del gobierno del presidente prorruso de Ucrania Víktor Yanukóvich, se registraron las rebeliones en Donetsk y Luhansk, en las cuales grupos prorrusos asumieron el control de esos territorios de Ucrania.

Al igual que el gobierno de Biden, la OTAN ha criticado con dureza la invasión rusa a Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo que se trata de “un acto brutal de guerra”. Pero, de ahí a intervenir militarmente en defensa de Kiev, hay un abismo que la alianza no parece estar dispuesta a cruzar por el momento.

¿Puede cambiar esto?

El presidente Biden ha estado enviando tropas a Europa y redistribuyendo las que ya están allí, para reforzar a los aliados de la OTAN que limitan con Ucrania y Rusia.

Esto ha sido anunciado por su gobierno como un esfuerzo para tranquilizar a las exrepúblicas soviéticas, nerviosas por el objetivo más amplio de Putin de presionar a la OTAN para que haga retroceder las fuerzas de su flanco oriental.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Getty Images
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha criticado duramente la invasión rusa.

Este esfuerzo ha implicado también a la alianza, que durante los meses previos de tensión entre Rusia y Ucrania ha movilizado miles de efectivos y de recursos militares hacia el este de Europa, pero no con la finalidad de proteger a Ucrania sino para reforzar la protección de sus miembros en esa región como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.

Pero la invasión de Ucrania esta semana avivó las preocupaciones sobre la perspectiva de un conflicto más amplio, ya fuera por un derrame accidental de las hostilidades o por un ataque deliberado de Rusia más allá de Ucrania.

Esto último implicaría una gran escalada de la tensión, pues abriría la puerta a invocar el compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN. No obstante, cualquiera de esos dos escenarios podría atraer a las fuerzas estadounidenses a una batalla.

“Si [Putin] entra en los países de la OTAN, nos implicaremos“, advirtió Biden.

* Con información del análisis de Barbara Plett Usher, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado de EE.UU.


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