Pese a protestas, el PRI de QRoo busca imponer un fiscal de justicia: opositores
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Cuartoscuro

Pese a protestas, el PRI de QRoo busca imponer un fiscal de justicia: opositores

Los diputados tuvieron que sesionar en un espacio alterno luego de que manifestantes tomaran la tribuna del Congreso.
Cuartoscuro
Por Daen Ascención
21 de junio, 2016
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El Congreso de Quintana Roo –de mayoría priista– aprobó este martes 21 de junio la creación de una Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría de Justicia estatal,  estableciendo que el Legislativo local nombre un fiscal para un periodo de nueve años. 

Opositores acusan que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad busca “blindar” con nombramientos de última hora al gobernador saliente, Roberto Borge –a sólo dos meses de que deje el cargo–, evitando que se investiguen las acusaciones en contra de su administración por supuestos malos manejos. 

Tras la apertura del periodo extraordinario del Congreso estatal, manifestantes tomaron la tribuna, por lo que la sesión pasó del pleno a un espacio alterno en el recinto legislativo.

Esta administración (de Borge) está tratando de dejar un procurador a modo”, dijo a Animal Político el diputado independiente con licencia, Jorge Aguilar Osorio.

El diputado del Partido Acción Nacional, Sergio Bolio, dijo que la reforma para aprobar la creación de la nueva Fiscalía se aprobó con 18 votos a favor y 5 en contra (entre ellos los de tres legisladores del PAN y el diputado independiente), y también alertó sobre el riesgo del blindaje.

“La Procuraduría se convertiría en Fiscalía y (su titular) duraría entre 7 y 9 años, esto trascendería la administración de Carlos Joaquín (quien será el próximo gobernador). Lo que están buscando es blindar al gobernador saliente y que Carlos Joaquín quede atado de manos en materia penal y de fiscalización”, mencionó Bolio.

En un comunicado en la página del Congreso de Quintana Roo, se lee que la aprobación de la nueva Fiscalía es “para armonizar a Quintana Roo con el nuevo sistema de justicia penal”.

El diputado priista Pedro José Flota, según se lee en el boletín, mencionó que se estableció un artículo transitorio, para que quien actualmente ocupa el cargo de procurador General de Justicia, que es Carlos Arturo Álvarez Escalera, sea el titular de la nueva Fiscalía, “aunque la facultad de ratificarlo o nombrar un nuevo fiscal será de la autoridad entrante”.

La autoridad entrante es Carlos Joaquín, el candidato ganador en las pasadas elecciones del 5 de junio.

Sin embargo, el opositor Bolio señaló que “no tienen duda” de que después de un interinato de Álvarez Escalera la mayoría priista designará un nuevo fiscal, antes de que concluya el mandato de Borge, y Carlos Joaquín como gobernador enfrentaría una serie de candados legales para poder removerlo y designar otro.

En una revisión del dictamen, que según el legislador Luis Razo fue el aprobado, se lee que la remoción del fiscal general solo podría ser por causas graves contempladas en las leyes estatales, y además tendría que ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del Estado.

En la próxima administración, PRI y su aliado PVEM tendrán 12 de 25 diputados. PAN y PRD tendrán nueve.

Para la designación de un nuevo funcionario como titular de la Fiscalía (en caso de que se cumpla lo dicho por el diputado Flota y se deje en manos de la próxima administración ratificar a Álvarez Escalera o nombrar un nuevo fiscal), se requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, tanto para la integración de una lista preliminar de 10 candidatos, como para la aprobación final, según el dictamen aprobado.

De ese modo, en el escenario de la remoción y del nombramiento, pesaría el hecho de que Carlos Joaquín no tenga mayoría en el Congreso.

Otro de los puntos que se lee en el dictamen aprobado este martes es que “el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá designar a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, mediante el procedimiento establecido en la ley, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”.

Según el legislador Bolio, para que entre en vigor la reforma de la Constitución estatal, aún falta la aprobación de la mayoría de los cabildos en los municipios de Quintana Roo.

En las afueras del Congreso, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada, la policía lanzó gases lacrimógenos, para disuadir a manifestantes que trataron de impedir la aprobación de lo que llaman “paquete de impunidad”.

En un video, quien será el sucesor de Borge tras ganar las elecciones del pasado 5 de junio con una alianza entre el PAN y PRD, Carlos Joaquín, llamó a los integrantes del Congreso estatal a no traicionar a la sociedad, “nombrando a cómplices de la corrupción” para ocupar cargos públicos.

“Diputados, no traicionen el espíritu de la democracia, la voz de la gente fue muy clara en el pasado proceso electoral, el mensaje fue: no más corrupción e impunidad”, dijo Carlos Joaquín.

“La sociedad no permitirá ya que un sistema corrupto se blinde”, agregó quien encabezará la alternancia por primera vez en la entidad, ya que siempre había ganado el Partido Revolucionario Institucional.

Animal Político solicitó una entrevista con Carlos Joaquín, pero indicó que su postura ya había quedado clara en el video que publicó, y que no hablaría más del tema.

De acuerdo con el periódico Reforma, se espera que en los próximos días se discuta el nombramiento del nuevo auditor de la entidad y su suplente, además de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia. Estos nombramientos también han sido señalados por opositores y manifestantes, como parte de lo que llaman “paquete de impunidad” o blindaje para Borge.

Según un reporte del colectivo de investigadores México cómo vamos, publicado en mayo pasado, entre 2009 y 2015 la deuda de Quintana Roo aumentó casi 500%.

A partir de 2010, la deuda de Quintana Roo ha ido creciendo 18% por año en promedio, según la organización ciudadana.

En tanto, el Centro de análisis y políticas públicas México Evalúa señaló en mayo pasado que, en 2015, la deuda pública estatal per cápita de la entidad fue de 14 mil 048.0 pesos, monto considerablemente mayor al promedio de deuda per cápita observado a nivel nacional para el mismo año (4 mil 214.9).

De igual forma, en 2015 Quintana Roo aumentó su nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que la entidad recibe anualmente, pasando de 73.5% en 2009 a 280.6%.

Dictamen Reformas Constitucionales en QRoo

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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