Dos militares violaron a una mujer al interior de un cuartel en Tamaulipas
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Cuartoscuro

Dos militares violaron a una mujer al interior de un cuartel en Tamaulipas

La CNDH emitió una recomendación después de que dos tenientes la violaron en 2013, un año después su culpabilidad quedó demostrada, pero los soldados siguen en activo.
Cuartoscuro
Por Carlos Manuel Juárez
22 de junio, 2016
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José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías, tenientes del Ejército, violaron a una mujer al interior de un cuartel militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron en 2013 y para 2014 su culpabilidad había quedado clara, pero hasta diciembre de 2015 ambos seguían en activo.

La violación ocurrió el viernes 20 de septiembre de 2013.  Un día antes, a las 10:00 de la noche, los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías detuvieron su automóvil en el estacionamiento de una tienda de autoservicio para que Josefina subiera.  Acosta, quien conducía, aceleró rumbo a la feria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde escucharían al grupo Calibre 50, el cual toca narcocorridos.

Era el primer concierto del grupo sinaloense en territorio tamaulipeco y Josefina había planeado asistir con su novio, el soldado Ángel de Jesús Castillejos. Por la mañana, Ángel  le avisó que no la acompañaría, pero le dijo que otro militar iría con ella. No le dijo nombres, sólo que la llamarían para ponerse de acuerdo. Quienes la llamaron fueron los tenientes.

El palenque estaba lleno. Josefina y sus dos acompañantes compraron cervezas  y Calibre 50 comenzó a tocar corridos. Pasadas las 2:00 de la mañana del viernes, salieron del palenque y subieron al coche.

Josefina les pidió que la llevaran a su casa, pero Díaz la sujetó por detrás del asiento del copiloto y Acosta Vargas desvió la ruta hacia el cuartel Macario Zamora. Al llegar a la puerta conocida como “Las Perreras” empujaron a la mujer hacia el piso del coche y la amenazaron de muerte para que no gritara. Entraron a la sede, la llevaron a un cuarto y la violaron entre ambos.

Durante la agresión sexual, los tenientes golpearon varias veces a Josefina y la amenazaron con matar a su familia si denunciaba. Acosta Vargas y Díaz Frías sacaron del cuarto a Josefina y la subieron al automóvil. Sin que los guardias los revisaran salieron de las instalaciones militares y la abandonaron en una calle sin dinero ni batería en el celular. La joven caminó durante la madrugada para llegar a las 7 de la mañana a su casa.

CNDH confirma violación

En abril de 2014, siete meses después de la agresión sexual, Josefina y su familia presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El caso fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de un caso cometido por servidores público de índole federal.

“Mi hija regresó a mi casa hasta el día siguiente 20 del mismo mes y año, por la mañana, aproximadamente a las 7:00 horas de la mañana…la note mal, desalineada (sic) y extrañada porque llevaba sus zapatos en la mano y su blusa rota…a partir de esa fecha mi hija cambió su carácter tornándose callada, sin salir a ninguna parte…”, declararía la madre de Josefina a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien posteriormente habría de confirmar la violación.

La CNDH investigó el testimonio de Josefina, identificada como V en el documento, y conjuntó las declaraciones de otras 12 personas involucradas directa e indirectamente en el hecho. En el expediente se incluyen las respuestas de los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías, a quienes llaman AR1 Y AR2. Al corroborar el hecho, emitió la recomendación 29/2016, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La primera evidencia aportada fue un par de publicaciones de Facebook donde Josefina aparece junto a los agresores:  “Viendo al Calibre 50 con el Monstruo” y “Con mi creación…(en la cual aparecía Díaz)”.

El 3 de julio de 2014, Josefina denunció el hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR). Al día siguiente, al confirmarse que Acosta Vargas y Díaz Frías eran militares, el Comandante del Primer Regimiento de Caballería Motorizada envió un oficio con las declaraciones de los hombres sobre lo sucedido. Los tres negaron los dichos de la mujer.

Al pasar 10 días, la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena notificó del inicio de una averiguación en contra de “los militares involucrados (por si) llegare a constituir algún delito estrictamente vinculado con la disciplina militar”, refiere el punto 16 del documento.

Visitadores y psicólogos de la CNDH realizaron las entrevistas y las valoraciones psicológicas de la víctima y testigos familiares, para confirmar los hechos. La PGR turnó la denuncia a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Ésta se declaró incompetente y la remitió a la Agencia para la Protección de la Familia de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, institución que integró una nueva averiguación previa, con fecha de 24 de noviembre de 2014.

Los delitos investigados eran violación, lesiones, privación ilegal de la libertad y robo. Dicho caso se llevó a cabo bajo el nuevo sistema de juicios orales en la Agencia Primera con una carpeta de investigación.

Los presuntos agresores fueron enviados a otros batallones militares. El 1 de junio de 2014 Acosta Vargas se integró al sexto batallón de la segunda brigada de fuerzas especiales en Nogales, Sonora. El uno de octubre del mismo año, Díaz Frías arribó al quinto batallón de la segunda brigada de fuerzas especiales en Escobedo, Nuevo León.

El 8 de octubre, el Órgano Interno de Control de la Sedena determinó que ambos no desempeñaban funciones militares al momento de la agresión, por lo que no los investigaría. El caso lo dejó en manos de la Procurador estatal, quien lo remitió al Agente Tercero del Ministerio Público. Sin embargo, para el 28 de enero de 2016 la instancia estatal devolvió el caso a la PGR, argumentado incompetencia.

Declaraciones cruzadas

Los militares Acosta Vargas y Díaz Frías dieron diferentes declaraciones a los agentes de los Ministerios Públicos militar, federal y estatal. Ambos negaron los hechos, a pesar de las fotografías mostradas por la víctima. Las contradicciones fueron aclaradas con las entrevistas a los militares que hicieron guardia el 19 de septiembre de 2013. Estos militares, identificados en el documento como SPM3, APM4 Y SPM7, corroboraron a la Policía Ministerial Militar que los dos hombres salieron del cuartel para ir al concierto de Calibre 50.

El regreso a las instalaciones, entrando por la puerta llamada “Las Perreras”, fue confirmado por Díaz Frías y otros soldados. Inclusive, el testimonio de otro militar señalado como SPM10 revela que en ocasiones anteriores Acosta Vargas dio la orden de dejar accesar a mujeres.

En posteriores declaraciones, Acosta Vargas y Díaz Frías dijeron que tuvieron relaciones sexuales consensuadas con Josefina. No obstante, la versión es cuestionada por la Comisión debido a que antes el mismo soldado rechazó conocer a la víctima. A diferencia de los hombres, la versión de V se respalda con la declaración del informe de la PGJ, las declaraciones de dos militares y la inspección ministerial a la habitación, donde fue agredida. Ante la veracidad de la denuncia, la Sedena otorgó una indemnización Y atención psicológica especializada para V.

La captura de Acosta Vargas y Díaz Frías no se ha concretado, porque el Ministerio Público Federal argumento incompetencia para investigar y analizar las pruebas. Por ello, la CNDH pidió al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aporte la recomendación a la averiguación previa número 3 de la PGR. Asimismo, el ombudsman Luis Raúl González Pérez pide al órgano de control interno militar continúe con la investigación contra los militares, que hasta diciembre de 2015 seguían en activo.

De 1990 a 2016 la CNDH ha emitido 141 recomendaciones a la Sedena. En los recientes 14 años se verificaron 5 casos de agresiones sexuales perpetradas por soldados en Coahuila, Baja California, Chihuahua y dentro de la escuela Médico Militar.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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