El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota
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El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota

Ex funcionarios del sexenio calderonista y empresarios compraron terrenos que vendieron a sobreprecio al gobierno del panista Miguel Márquez. Los campesinos que denuncian haber sido engañados y forzados a vender, apodaron a esos intermediarios como Los Güeros. Esta es la segunda parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Por Valeria Durán y Raúl Olmos/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
10 de junio, 2016
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*Puedes leer aquí la primera parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

Cuando dejó su empleo en la Procuraduría Agraria en 2012, el ciudadano Santiago Germán Bordes tenía, según su declaración patrimonial, apenas 8 mil 600 pesos en el banco y ningún inmueble a su nombre; tres años después, ya era dueño de 58 hectáreas con valor de 55 millones de pesos.

Por increíble que parezca, su enriquecimiento lo logró tras convertirse en ejidatario. O mejor dicho, al volverse campesino.

Con ese camuflaje, Germán Bordes compró decenas de hectáreas que luego vendió a una empresa en la que es miembro del Consejo de Administración, la cual a su vez las revendió al Gobierno de Guanajuato para obsequiárselas a la trasnacional japonesa Toyota.

Con el auxilio de un empleado que también simuló ser campesino convenció, e incluso presionó a ejidatarios de que les vendieran sus tierras a precios muy bajos, las cuales luego fueron vendidas al Gobierno guanajuatense hasta 42 veces más caras.

Estos “campesinos”, a quienes los ejidatarios apodaron como Los Güeros, colaboran en una empresa que fungió como intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde Toyota proyecta instalar una planta armadora de autos.

La intermediaria compró los terrenos a precios diferenciados, pero siempre muy bajos. El menor precio fue en una parcela de 6.6 hectáreas, en donde pagó 158 mil pesos, que equivale a 2 pesos con 39 centavos el metro cuadrado y un mes después lo revendió al Gobierno en 148 pesos el metro cuadrado.

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Otro ejemplo fue la compra de 19 mil 622 metros cuadrados en 74 mil 674 pesos (3.8 pesos el metro) que fue revendida en un mes en 3 millones 171 mil pesos (161 pesos el metro cuadrado).

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Sobreprecio de 290 millones

Esta maquinación en la compra de tierras involucró al Gobierno de Guanajuato que encabeza el panista Miguel Márquez, quien pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.

El sobreprecio pagado con recursos públicos fue del 150%, equivalente a 290 millones de pesos, de acuerdo con los avalúos bancarios de los predios, obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los avalúos realizados a finales de agosto de 2015 por peritos de ABC Capital, fijaron en 65 pesos el precio del metro cuadrado en los terrenos donde se proyecta instalar la planta de Toyota; dos meses después el Gobierno de Guanajuato pagó en promedio cada metro cuadrado en 164 pesos.

Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados muy baratos por la intermediaria y luego revendidos muy caros al Gobierno, con sólo un mes de diferencia.

Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2015, el ejidatario Elpidio Rodríguez vendió su parcela de dos hectáreas en 200 mil pesos (equivalente a 10 pesos el metro cuadrado) y 36 días después fue revendida al Gobierno guanajuatense en 2 millones 915 mil pesos (146 pesos el metro).

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La ruta del dinero

¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio? La ruta del dinero apunta a Monterrey, al despacho de un empresario que ya antes había sido acusado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con políticos de Nuevo León.

JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014, en Monterrey, por el empresario José María Garza Treviño, a través de su compañía GP Bienes Inmuebles, que posee el 99.9% de las acciones.

La empresa podría haberse creado exprofeso para la compra masiva de tierras en la zona donde se instalaría Toyota.

El 8 de julio de 2014, a los 25 días del nacimiento de JAOS & SGB, sus representantes concretaron las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche. La compra de parcelas inició nueve meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto formalizara el anuncio de que en ese lugar se instalaría una planta armadora de la automotriz japonesa Toyota. ¿Tenían información privilegiada?

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El dueño casi absoluto de la intermediaria es uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión. Es el Presidente de Grupo GP, que abarca los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.

En una investigación publicada en junio de 2014 en Reporte Índigo, Garza Treviño fue señalado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con un cuñado del actual embajador de Uruguay, Felipe Enríquez.

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Negocio de ex funcionarios

JAOS y SGB son las siglas de dos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que se dedican al negocio de comprar y vender terrenos ejidales.

Los funcionarios se llaman José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes coincidieron en el anterior sexenio en la Procuraduría Agraria; el primero se desempeñaba como coordinador de programas institucionales, mientras que el otro fue director de área.

Germán Bordes tiene participación triple en la empresa JAOS & SGB, pues desde su fundación es integrante del Consejo de Administración, apoderado legal y negociador en la compra y venta de tierras. Su paso por la Procuraduría Agraria le dio el conocimiento y la experiencia para negociar con ejidatarios.

Al concluir el anterior sexenio, Germán Bordes se asoció con Ortega Serrano y con Abraham Cherem Mizrahi, un panista que también trabajó en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de enlace en Gobernación y en la Presidencia de la República. Los tres fundaron el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), que se dedica a negociar la liberación de tierras para obras públicas y desarrollos inmobiliarios e industriales.

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Un domicilio, muchos intereses

La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.

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La dirección de Caballo Calco 28, en Coyoacán, es el domicilio de LASC (la consultoría de JAOS, SGB y Cherem), pero también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de la intermediaria que compró los terrenos para la armadora de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios.

LASC lo hizo en Chiapas, al negociar la liberación del derecho de vía para dos carreteras; Losrram negoció con ejidatarios del pueblo mágico de Pozos, al norte de Guanajuato, para impulsar un desarrollo turístico y residencial de 152 hectáreas, y JAOS & SGB le compró más de 294 hectáreas a campesinos para la nueva planta armadora de Toyota.

En los tres casos recibieron recursos públicos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación: LASC cobró 19 millones de pesos en tres contratos por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el proyecto de Losrram fue beneficiado con más de 100 millones de pesos de fondos estatales y federales, mientras que JAOS & SGB obtuvo una utilidad superior a los 200 millones de pesos, al fungir como intermediaria del Gobierno de Guanajuato en la compra de tierras para Toyota.

La red de amigos

Los socios de las tres empresas tienen vínculos de negocios y de amistad.

Ignacio Soto Borja, titular de la notaría ubicada en Caballo Calco 28, está asociado con Daniel Esquenazi Beraha en al menos dos empresas dedicadas a promover el proyecto inmobiliario de Pozos, el cual presumen en redes sociales que será el nuevo San Miguel de Allende.

Ambos, a su vez, tienen vínculos de negocios con Víctor Manuel Lizárraga Erosa, accionista minoritario de JAOS & SGB.

Los tres son copropietarios de un predio de 80 hectáreas en el ejido Aquiles Serdán, del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, en donde proyectan un desarrollo turístico de playa.

Esquenazi, Soto Borja y Lizárraga tienen en su círculo de amigos en Facebook e Instagram a Juan José García Henríquez, al que apodan ‘Picho’, uno de los responsables de negociar la compra de tierras para JAOS & SGB; para cumplir su encomienda, Picho llegó a ostentarse como campesino en la compra-venta de al menos 26 hectáreas. Su amistad y cercanía la expresan en mensajes fraternos e intercambios de bromas en redes sociales.

Esquenazi también es amigo en redes del panista Abraham Cherem Mizrahi, ex jefe de enlace en la Presidencia de la República con Felipe Calderón, y uno de los socios de LASC.

Mientras que José Antonio Ortega Serrano, socio de Cherem, tiene en su red de amigos a Esquenazi, a ‘Picho’ y a Ignacio Soto.

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El enlace en el Gobierno

Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, fue el funcionario estatal que negoció con los representantes de JAOS & SGB la compra de terrenos. Su nombre y firma aparece en los planos de deslinde y actas.

Fue, además, uno de los negociadores para la inversión de Toyota. Dado que estuvo a cargo de ese proyecto desde el 2014, Herrera Sánchez habría tenido información de primera mano de las necesidades y características del terreno solicitado por la armadora de capital japonés.

Su delicada labor de negociador no le impidió trabar amistad con sus contrapartes.

En su círculo de amigos en Facebook, el funcionario tiene a Juan José García Henríquez, ‘Picho’, quien cumplió doble labor al servicio de JAOS & SGB: como improvisado ejidatario en la compra de tierras y como su apoderado general en los contratos y en el decreto de expropiación.

Además, es amigo en redes de José Antonio Ortega Serrano (cuyo nombre corresponde a las iniciales JAOS), el socio de la empresa LASC, de ex funcionarios del anterior sexenio panista.

El Subsecretario de Atracción de Inversiones estuvo involucrado en 2013 en la compra irregular de un terreno de tres hectáreas, para construir el edificio de seguridad C4 en Salamanca.

El terreno lo vendió la empresa Inmobiliaria y Servicios Benher, propiedad de su hermano Alejandro, a un precio de 41 millones 953 mil pesos, pese a que había avalúos que estimaban que el costo real del inmueble era de 24 millones 469 mil pesos, según consta en una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización de Guanajuato.

Organizaciones ciudadanas acusaron en aquella ocasión a Franco Herrera de haber sido el intermediario en la venta del terreno.

El deslinde oficial

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscó al funcionario guanajuatense para preguntarle si su amistad con dos personas vinculadas a JAOS representaba un conflicto de intereses, pero se negó a responder.

En conversación telefónica este miércoles, dijo que no haría ninguna declaración al respecto, porque la compra de terrenos para Toyota todavía no concluía.

Herrera Sánchez aseguró que no sabía que JAOS & SGB había fungido como intermediaria, al comprar tierras baratas que luego había revendido caras al Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, Herrera Sánchez es el funcionario encargado de autorizar el polígono donde se instalará la armadora, incluyendo los deslindes de esos terrenos.

En todo caso -añadió- la compra de cientos de hectáreas que hizo desde 2014 la empresa eran para un parque industrial y su uso se cambió cuando Toyota decidió instalarse en Guanajuato.

La decisión de Toyota de instalarse en el ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, fue tomada en abril de 2015 en Japón, una semana antes de que la inversión la anunciara el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pínos, sostuvo el Subsecretario.

Sin embargo, otro funcionario guanajuatense -quien habló con la condición del anonimato- confió que desde 2014 ya se había presentado a Toyota la alternativa del terreno que en forma muy anticipada compró una empresa de capital regiomontano.

Vía telefónica ayer una vocero de Toyota dijo que las negociaciones para instalar la planta en esos terrenos se dieron hasta después del presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de Guanajuato se limitó a expresar como postura oficial que la compra de tierras para Toyota se hizo en forma legal y a un precio parejo de 148 pesos el metro cuadrado, tanto a ejidatarios, pequeños propietarios como vía expropiaciones.

Documentos en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran, en cambio, que el precio promedio pagado por 294 hectáreas fue de 164 pesos.

Integran a ejido a falsos campesinos

En una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, Juan José García Henríquez y Santiago German Bordes fueron incluidos como ejidatarios de la comunidad Caleras de Ameche.

German Bordes habría aprovechado la experiencia obtenida en su paso como funcionario de la Procuraduría Agraria, para encontrar los resquicios legales que les permitieran integrarse al ejido. Una vez instalados en la comunidad de Caleras de Ameche, lograron escriturar a su nombre 17 parcelas, según consta en los títulos de propiedad parcelarios obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

En una consulta realizada en los expedientes del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, aparece la anotación de que 14 parcelas pasaron a manos de los dos ex funcionarios en una operación valuada en cero pesos. Cinco de esos terrenos fueron traspasados como permuta (intercambio) en junio de 2015.

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A los dos meses, las parcelas fueron vendidas a la empresa JAOS & SGB, en la cual trabajan los dos falsos ejidatarios, según documentos de las transacciones. Luego, las tierras fueron revendidas al Gobierno de Guanajuato.

En 12 contratos de compra-venta de las tierras del ejido de Caleras de Ameche, Santiago German Bordes se identificó como un campesino originario del Distrito Federal, con dirección en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia La Florida, de la Ciudad de México. El domicilio en realidad corresponde a una vivienda en una de las zonas residenciales más exclusivas.

Los reporteros buscaron a esta persona en su casa, pero no se concretó la entrevista.

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En otras cinco escrituras aparece como ejidatario el apoderado general de JAOS & SGB, Juan José García Henríquez, quien ante un notario público afirmó que era campesino originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en la calle Camino Antiguo a Marfil, en Guanajuato Capital.

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Antes de vender cada terreno, notificó al ejido y a su entonces esposa, Ana Daniela Sosa Barba (actual regidora suplente y funcionaria del Ayuntamiento de Guanajuato) el derecho de preferencia de compra, según consta en los documentos.

Se le buscó vía telefónica, pero nunca contestó. Tampoco respondió los mensajes ni se le encontró en el domicilio que reportó en Guanajuato en la zona residencial de Marfil.

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Desde que se constituyó la empresa JAOS & SGB en 2014, García Henríquez fue registrado como su representante legal.

Complicidades y supuestas amenazas

Francisco Rodríguez Gómez, tesorero del comisariado ejidal de Caleras de Ameche, relató que desde mediados de 2014 los representantes de JAOS & SGB –a quienes apodaban ‘Los Güeros’- se hicieron pasar como campesinos, para adquirir las tierras.

Incluso, en una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, se les integró como ejidatarios, y con ese nombramiento, pudieron gestionar a su nombre títulos de propiedad parcelarios, ante el Registro Agrario Nacional.

“Aquí el que los arrimó fue el comisariado ejidal, señor Refugio Rubio Ciciliano, fue el que los trajo, los arrimó a la asamblea, y los convocó a junta ante notario público para que hiciera válido… para reconocerlos como avecindados”, relató el tesorero.

La integración de ‘Los Güeros’ al ejido provocó división entre los vecinos.

“Unos votaron en contra y otros a favor. El chiste es que se aceptó con la condición de que ellos, el avecindado, no tenía que causarle problemas al ejido, en cuanto causaran problemas podían ser rechazados o expulsados, y es lo primero que nos hicieron”.

El divisionismo provocó que la directiva del ejido se partiera en dos: “El comisariado ejidal fue el primero que negoció con estos señores intermediarios. Y de este lado (de los inconformes) se vino el secretario, el tesorero y consejo de vigilancia”.

¿Cómo le hicieron los ‘Los Güeros’ y el comisariado ejidal para quedarse con las tierras?, preguntó el representante de los inconformes. Y él mismo respondió: con amenazas.

“Ya nos habían dicho que de todos modos teníamos que vender nuestras tierras baratas y el primer obstáculo que nos pusieron, precisamente a mí, vinieron y clausuraron el levantamiento de agua del río para poder regar las parcelas, argumentando que no tenía concesión”.

Los campesinos comprobaron ante la Comisión Nacional del Agua que había una resolución presidencial que les permitía utilizar un río para riego. Y la intimidación pasó a otro nivel.

“Después vinieron las amenazas de que de todos modos teníamos que vender”.

-¿Quiénes amenazaron?

-Los Güeros.

-¿Los de la empresa JAOS?

-Ajá. De hecho, nos decían: tienen que vender barato, ya no va a ser de voluntad, va a ser de fuerzas.

A los que se negaban a vender, les advertían que el Gobierno de Guanajuato procedería a la expropiación de las tierras, a un precio todavía más bajo.

“Aquí mis compañeros sí están con el temor de que lleguemos a mayores, pero ¿a dónde vamos, si todo el tiempo hemos vivido aquí?”.

Mencionó que son 20 los ejidatarios que se negaron a vender a los intermediarios sus parcelas, las cuales miden 180 hectáreas.

Pese a que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró que él mismo intervino para negociar la compra de las tierras, los campesinos lo desmienten.

“Él nunca se ha acercado a nosotros para poder platicar de frente”, dijo el tesorero del ejido.

“Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, porque debería de venir y dialogar. Nunca nos oponemos a vender, pero una cosa justa”.

La negativa para vender es que tanto los intermediarios como el Gobierno ofrecían un bajo precio por sus parcelas.

Los campesinos piden que les paguen a 250 pesos el metro cuadrado, pero la empresa intermediaria llegó a comprar hasta en 4 pesos el metro.

Ganan hasta con expropiación

El 14 de diciembre de 2015, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, firmó un decreto de expropiación de 8.17 hectáreas que la empresa JAOS & SGB había adquirido en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande.

El Gobierno pagó en promedio en 145.5 pesos cada metro cuadrado expropiado, mientras que la empresa compró el metro en 86.7 pesos en promedio.

Tan sólo con este decreto expropiatorio, la empresa ganó 4 millones 810 mil pesos, respecto al precio al que había comprado meses antes los terrenos.

Esta ganancia se sumó a los más de 200 millones que había ganado como intermediaria en la compra-venta de otras 287 hectáreas.

La expropiación la pagó el Gobierno a más del doble del valor comercial de las tierras. Los avalúos bancarios cotizaban esos predios en apenas 65 pesos el metro cuadrado.

En las comparecencias que la Secretaría de Gobierno realizó previo a la expropiación, se presentó como apoderado general de JAOS & SGB Juan José García Henríquez, el mismo personaje que en otros documentos oficiales aparecía como campesino y vendedor de parcelas.

A García Henríquez lo apodan “Picho”, y su nombre aparece tanto en el decreto de expropiación como en las actas de venta de predios al Gobierno de Guanajuato.

Pese a las evidencias de irregularidades, el gobernador Miguel Márquez dijo que la compra de los terrenos para Toyota se apegó a la normatividad. En declaraciones a la prensa de Guanajuato, dijo que las transacciones y negociaciones privadas que se hicieron de manera previa no le tocaban al Gobierno del Estado. Para él, todo está en regla.

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AFP

Coronavirus: 3 medidas que México está tomando frente a la pandemia y que aprendió de la gripe H1N1 en 2009

Hace 11 años México fue el primer país donde apareció la epidemia por el virus de influenza AH1N1. Las lecciones de esa crisis son la base de una polémica estrategia para enfrentar la expansión de Coronavirus.
AFP
13 de marzo, 2020
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Es un debate que crece: en México muchos se preguntan por qué las autoridades no han adoptado medidas drásticas para contener la pandemia de Coronavirus, como sucede en otros países.

Hasta ahora existe una revisión aleatoria de pasajeros en vuelos y cruceros internacionales, pero no se han emitido restricciones de ingreso a puertos y aeropuertos.

Las personas sospechosas de haberse contagiado son aisladas por dos semanas, como establecen los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hay una intensa campaña de información sobre los cuidados personales para prevenir un contagio.

Pero no se han restringido eventos masivos, ni tampoco hay escuelas o empresas cerradas como sucedió en 2009 durante la epidemia de AH1N1 que surgió en este país.

Tampoco se han realizado pruebas masivas en la población para detectar posibles casos.

Estas medidas provocan críticas, aunque las autoridades aseguran que sus decisiones ante la pandemia de Coronavirus están justificadas.

Lecciones de 2009

La estrategia ante el fenómeno, dice el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, es parte del aprendizaje de México al enfrentar la pandemia de gripe A hace 11 años.

Hugo López-Gatell

Gobierno de México
“La pandemia de 2009 nos dejó lecciones útiles”, dice Hugo López-Gatell.

“Una de las experiencias más educativas fue la pandemia de 2009, nos dejó lecciones muy útiles” afirma el experto a BBC Mundo.

En 2009 López-Gatell era el responsable de epidemiología en la Secretaría de Salud cuando la crisis por el AH1N1 surgió en este país.

En esa posición le tocó enfrentar la aparición de la gripe porcina en el país, como en su momento se llamó a la epidemia.

Una década después el fenómeno se repite, aunque de acuerdo con el subsecretario ahora México está más preparado que en aquel momento para atender la emergencia.

En el país hay 16 casos confirmados de Coronavirus, aunque se prevé que la cantidad aumente en las próximas semanas.

De hecho la estrategia de la Secretaría de Salud contempla tres escenarios en la expansión de la pandemia: el primero es el actual, donde las personas contagiadas adquirieron el virus fuera del país.

El siguiente implica la transmisión comunitaria, es decir que los contagios son locales con cientos de casos confirmados, y el escenario 3 donde la cantidad de personas con el virus serían miles.

País en operación

El aprendizaje de 2009 se aplica ahora ante la llegada del Coronavirus a México. Un ejemplo es la decisión de mantener el funcionamiento normal del país ante la pandemia.

Coronavirus

Reuters
El gobierno de México no ha declarado emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Hace 11 años, cuando apenas se había detectado la propagación de una variante de virus de influenza desconocido -luego se clasificó como AH1N1- el entonces presidente Felipe Calderón declaró un estado de emergencia sanitaria.

A pesar de que sólo había 7 casos confirmados ordenó la suspensión de clases en todo el país, así como la cancelación de actividades en todos los espacios públicos.

Eventos masivos como encuentros deportivos o conciertos de música fueron suspendidos.

La virtual cuarentena provocó graves consecuencias económicas. Miles de reservaciones para los destinos turísticos fueron canceladas.

En algunas ciudades cerró la mayoría de los comercios. Bancos, empresas y hasta el servicio público restringieron operaciones.

Es una de las lecciones que ahora se recuerdan, dice el subsecretario de Salud. Hasta ahora, por ejemplo, no existen elementos para declarar un estado de emergencia sanitaria en el país.

Tampoco para restringir el ingreso de pasajeros internacionales, o incrementar la revisión en los puertos fronterizos, como sucedió en 2009.

Gripe A

Getty Images
En la epidemia de influenza AH1N1 se ordenó suspender todas las actividades de México.

“La evidencia de salud pública muestra que estas intervenciones son de poca utilidad, y en algunos casos de nula utilidad” explica el funcionario.

En cambio, como sucedió hace 11 años, aplicar esta medida puede ser contraproducente, especialmente en áreas como el turismo y el tráfico aéreo.

“No tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión” añade.

“Tampoco ayudan, porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales”.

En 2009 la decisión de suspender casi todas las actividades del país costó el 0,7% del Producto Interno Bruto, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Vigilancia a información

Otra de las medidas que se aprendieron en la pandemia de 2009 es una inmediata revisión epidemiológica en todo el país.

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Getty Images
El gobierno mexicano asegura estar preparado para atender la pandemia.

Algo que ese año se aplicó tarde dicen especialistas como Irma Aburto López de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No es el escenario actual, asegura el subsecretario de Salud. Desde el 3 de enero, cuando se informó de los primeros 44 casos de Coronavirus en China, las autoridades sanitarias de México empezaron la preparación de un plan de contingencia ante la eventual expansión de la epidemia.

También se activó un protocolo de vigilancia a través de estaciones de monitoreo para la influenza, creadas a partir de la epidemia de gripe A.

Son hospitales, clínicas y centros de salud donde el personal fue entrenado para detectar posibles casos de Coronavirus.

La información sirve no sólo para medir el nivel de expansión del virus, sino para aislar e iniciar el tratamiento médico a los posibles infectados.

Otro de los aprendizajes fue la creación de un sistema nacional de laboratorios que en situaciones críticas como puede ser la expansión del virus en el país, son auxiliares en la vigilancia epidemiológica.

Y una tercera medida es la estrategia de comunicación, lo cual ha servido entre otros elementos para evitar compras de pánico de cubrebocas y desinfectantes.

Gripe A

AFP
En 2009 la pandemia de gripe A afectó la economía de México.

Un elemento que en 2009 provocó desabasto, pero que tiempo después se comprobó que, en el caso de los cubrebocas, no son totalmente útiles para prevenir los contagios.

A diferencia de hace 11 años ahora cada noche hay una conferencia de prensa para informar las novedades en la epidemia.

Y cada martes la reunión matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador con periodistas se dedica al tema de salud.

“Un elemento crucial, y lo digo como alguien que vivió de manera muy directa la pandemia de influenza de 2009, es la disciplina, el orden, la claridad de comunicación y transparencia”, asegura López-Gatell.

Las críticas

Sin embargo, las medidas para contener la pandemia de Coronavirus despiertan críticas.

Algunos como el especialista en enfermedades infeccionas Francisco Moreno advierten de un eventual riesgo de que la pandemia rebase a las autoridades.

“Estoy preocupado por la falta de pruebas de diagnóstico. Si México tiene casos no detectados circulando, la propagación de la enfermedad será brutal”, dijo a Bloomberg.

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Reuters
México está preparado para atender la pandemia de Coronavirus, dice AMLO

También el expresidente Felipe Calderón cuestiona la cantidad de revisiones. En su cuenta de Twitter preguntó cuántas pruebas se han realizado “para saber si está bien monitoreado el virus”.

Parte de las críticas se concentran en el protocolo aplicado en los aeropuertos internacionales.

En esos lugares, insiste el especialista Moreno, “no están realizando pruebas a los viajeros de países con un gran número de casos, y no se han cancelado grandes eventos gubernamentales”.

En el escenario actual de la pandemia en México aplicar esas medidas sería contraproducente, dice el subsecretario López-Gatell.

Por ejemplo, revisar a cada uno de los pasajeros de vuelos internacionales implicaría concentrarles en una sala mientras se revisan síntomas y temperatura corporal.

Esto implicaría un retraso de entre 2 y 4 horas por vuelo pues las revisiones deben ser más que una prueba de temperatura.

Pero además, si existe la sospecha de que en el grupo hay posibles contagiados las pruebas aumentan el riesgo.

“En realidad no se está haciendo nada que ayude a aumentar la probabilidad de detectar a una persona sintomática. Pero hay un efecto adverso: conglomerar a las personas contribuye a la propagación del virus”.

“Si no se va a hacer con rigor metodológico entonces es una simulación”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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