El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota
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El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota

Ex funcionarios del sexenio calderonista y empresarios compraron terrenos que vendieron a sobreprecio al gobierno del panista Miguel Márquez. Los campesinos que denuncian haber sido engañados y forzados a vender, apodaron a esos intermediarios como Los Güeros. Esta es la segunda parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Por Valeria Durán y Raúl Olmos/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
10 de junio, 2016
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*Puedes leer aquí la primera parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

Cuando dejó su empleo en la Procuraduría Agraria en 2012, el ciudadano Santiago Germán Bordes tenía, según su declaración patrimonial, apenas 8 mil 600 pesos en el banco y ningún inmueble a su nombre; tres años después, ya era dueño de 58 hectáreas con valor de 55 millones de pesos.

Por increíble que parezca, su enriquecimiento lo logró tras convertirse en ejidatario. O mejor dicho, al volverse campesino.

Con ese camuflaje, Germán Bordes compró decenas de hectáreas que luego vendió a una empresa en la que es miembro del Consejo de Administración, la cual a su vez las revendió al Gobierno de Guanajuato para obsequiárselas a la trasnacional japonesa Toyota.

Con el auxilio de un empleado que también simuló ser campesino convenció, e incluso presionó a ejidatarios de que les vendieran sus tierras a precios muy bajos, las cuales luego fueron vendidas al Gobierno guanajuatense hasta 42 veces más caras.

Estos “campesinos”, a quienes los ejidatarios apodaron como Los Güeros, colaboran en una empresa que fungió como intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde Toyota proyecta instalar una planta armadora de autos.

La intermediaria compró los terrenos a precios diferenciados, pero siempre muy bajos. El menor precio fue en una parcela de 6.6 hectáreas, en donde pagó 158 mil pesos, que equivale a 2 pesos con 39 centavos el metro cuadrado y un mes después lo revendió al Gobierno en 148 pesos el metro cuadrado.

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Otro ejemplo fue la compra de 19 mil 622 metros cuadrados en 74 mil 674 pesos (3.8 pesos el metro) que fue revendida en un mes en 3 millones 171 mil pesos (161 pesos el metro cuadrado).

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Sobreprecio de 290 millones

Esta maquinación en la compra de tierras involucró al Gobierno de Guanajuato que encabeza el panista Miguel Márquez, quien pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.

El sobreprecio pagado con recursos públicos fue del 150%, equivalente a 290 millones de pesos, de acuerdo con los avalúos bancarios de los predios, obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los avalúos realizados a finales de agosto de 2015 por peritos de ABC Capital, fijaron en 65 pesos el precio del metro cuadrado en los terrenos donde se proyecta instalar la planta de Toyota; dos meses después el Gobierno de Guanajuato pagó en promedio cada metro cuadrado en 164 pesos.

Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados muy baratos por la intermediaria y luego revendidos muy caros al Gobierno, con sólo un mes de diferencia.

Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2015, el ejidatario Elpidio Rodríguez vendió su parcela de dos hectáreas en 200 mil pesos (equivalente a 10 pesos el metro cuadrado) y 36 días después fue revendida al Gobierno guanajuatense en 2 millones 915 mil pesos (146 pesos el metro).

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La ruta del dinero

¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio? La ruta del dinero apunta a Monterrey, al despacho de un empresario que ya antes había sido acusado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con políticos de Nuevo León.

JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014, en Monterrey, por el empresario José María Garza Treviño, a través de su compañía GP Bienes Inmuebles, que posee el 99.9% de las acciones.

La empresa podría haberse creado exprofeso para la compra masiva de tierras en la zona donde se instalaría Toyota.

El 8 de julio de 2014, a los 25 días del nacimiento de JAOS & SGB, sus representantes concretaron las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche. La compra de parcelas inició nueve meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto formalizara el anuncio de que en ese lugar se instalaría una planta armadora de la automotriz japonesa Toyota. ¿Tenían información privilegiada?

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El dueño casi absoluto de la intermediaria es uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión. Es el Presidente de Grupo GP, que abarca los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.

En una investigación publicada en junio de 2014 en Reporte Índigo, Garza Treviño fue señalado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con un cuñado del actual embajador de Uruguay, Felipe Enríquez.

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Negocio de ex funcionarios

JAOS y SGB son las siglas de dos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que se dedican al negocio de comprar y vender terrenos ejidales.

Los funcionarios se llaman José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes coincidieron en el anterior sexenio en la Procuraduría Agraria; el primero se desempeñaba como coordinador de programas institucionales, mientras que el otro fue director de área.

Germán Bordes tiene participación triple en la empresa JAOS & SGB, pues desde su fundación es integrante del Consejo de Administración, apoderado legal y negociador en la compra y venta de tierras. Su paso por la Procuraduría Agraria le dio el conocimiento y la experiencia para negociar con ejidatarios.

Al concluir el anterior sexenio, Germán Bordes se asoció con Ortega Serrano y con Abraham Cherem Mizrahi, un panista que también trabajó en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de enlace en Gobernación y en la Presidencia de la República. Los tres fundaron el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), que se dedica a negociar la liberación de tierras para obras públicas y desarrollos inmobiliarios e industriales.

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Un domicilio, muchos intereses

La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.

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La dirección de Caballo Calco 28, en Coyoacán, es el domicilio de LASC (la consultoría de JAOS, SGB y Cherem), pero también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de la intermediaria que compró los terrenos para la armadora de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios.

LASC lo hizo en Chiapas, al negociar la liberación del derecho de vía para dos carreteras; Losrram negoció con ejidatarios del pueblo mágico de Pozos, al norte de Guanajuato, para impulsar un desarrollo turístico y residencial de 152 hectáreas, y JAOS & SGB le compró más de 294 hectáreas a campesinos para la nueva planta armadora de Toyota.

En los tres casos recibieron recursos públicos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación: LASC cobró 19 millones de pesos en tres contratos por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el proyecto de Losrram fue beneficiado con más de 100 millones de pesos de fondos estatales y federales, mientras que JAOS & SGB obtuvo una utilidad superior a los 200 millones de pesos, al fungir como intermediaria del Gobierno de Guanajuato en la compra de tierras para Toyota.

La red de amigos

Los socios de las tres empresas tienen vínculos de negocios y de amistad.

Ignacio Soto Borja, titular de la notaría ubicada en Caballo Calco 28, está asociado con Daniel Esquenazi Beraha en al menos dos empresas dedicadas a promover el proyecto inmobiliario de Pozos, el cual presumen en redes sociales que será el nuevo San Miguel de Allende.

Ambos, a su vez, tienen vínculos de negocios con Víctor Manuel Lizárraga Erosa, accionista minoritario de JAOS & SGB.

Los tres son copropietarios de un predio de 80 hectáreas en el ejido Aquiles Serdán, del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, en donde proyectan un desarrollo turístico de playa.

Esquenazi, Soto Borja y Lizárraga tienen en su círculo de amigos en Facebook e Instagram a Juan José García Henríquez, al que apodan ‘Picho’, uno de los responsables de negociar la compra de tierras para JAOS & SGB; para cumplir su encomienda, Picho llegó a ostentarse como campesino en la compra-venta de al menos 26 hectáreas. Su amistad y cercanía la expresan en mensajes fraternos e intercambios de bromas en redes sociales.

Esquenazi también es amigo en redes del panista Abraham Cherem Mizrahi, ex jefe de enlace en la Presidencia de la República con Felipe Calderón, y uno de los socios de LASC.

Mientras que José Antonio Ortega Serrano, socio de Cherem, tiene en su red de amigos a Esquenazi, a ‘Picho’ y a Ignacio Soto.

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El enlace en el Gobierno

Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, fue el funcionario estatal que negoció con los representantes de JAOS & SGB la compra de terrenos. Su nombre y firma aparece en los planos de deslinde y actas.

Fue, además, uno de los negociadores para la inversión de Toyota. Dado que estuvo a cargo de ese proyecto desde el 2014, Herrera Sánchez habría tenido información de primera mano de las necesidades y características del terreno solicitado por la armadora de capital japonés.

Su delicada labor de negociador no le impidió trabar amistad con sus contrapartes.

En su círculo de amigos en Facebook, el funcionario tiene a Juan José García Henríquez, ‘Picho’, quien cumplió doble labor al servicio de JAOS & SGB: como improvisado ejidatario en la compra de tierras y como su apoderado general en los contratos y en el decreto de expropiación.

Además, es amigo en redes de José Antonio Ortega Serrano (cuyo nombre corresponde a las iniciales JAOS), el socio de la empresa LASC, de ex funcionarios del anterior sexenio panista.

El Subsecretario de Atracción de Inversiones estuvo involucrado en 2013 en la compra irregular de un terreno de tres hectáreas, para construir el edificio de seguridad C4 en Salamanca.

El terreno lo vendió la empresa Inmobiliaria y Servicios Benher, propiedad de su hermano Alejandro, a un precio de 41 millones 953 mil pesos, pese a que había avalúos que estimaban que el costo real del inmueble era de 24 millones 469 mil pesos, según consta en una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización de Guanajuato.

Organizaciones ciudadanas acusaron en aquella ocasión a Franco Herrera de haber sido el intermediario en la venta del terreno.

El deslinde oficial

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscó al funcionario guanajuatense para preguntarle si su amistad con dos personas vinculadas a JAOS representaba un conflicto de intereses, pero se negó a responder.

En conversación telefónica este miércoles, dijo que no haría ninguna declaración al respecto, porque la compra de terrenos para Toyota todavía no concluía.

Herrera Sánchez aseguró que no sabía que JAOS & SGB había fungido como intermediaria, al comprar tierras baratas que luego había revendido caras al Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, Herrera Sánchez es el funcionario encargado de autorizar el polígono donde se instalará la armadora, incluyendo los deslindes de esos terrenos.

En todo caso -añadió- la compra de cientos de hectáreas que hizo desde 2014 la empresa eran para un parque industrial y su uso se cambió cuando Toyota decidió instalarse en Guanajuato.

La decisión de Toyota de instalarse en el ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, fue tomada en abril de 2015 en Japón, una semana antes de que la inversión la anunciara el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pínos, sostuvo el Subsecretario.

Sin embargo, otro funcionario guanajuatense -quien habló con la condición del anonimato- confió que desde 2014 ya se había presentado a Toyota la alternativa del terreno que en forma muy anticipada compró una empresa de capital regiomontano.

Vía telefónica ayer una vocero de Toyota dijo que las negociaciones para instalar la planta en esos terrenos se dieron hasta después del presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de Guanajuato se limitó a expresar como postura oficial que la compra de tierras para Toyota se hizo en forma legal y a un precio parejo de 148 pesos el metro cuadrado, tanto a ejidatarios, pequeños propietarios como vía expropiaciones.

Documentos en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran, en cambio, que el precio promedio pagado por 294 hectáreas fue de 164 pesos.

Integran a ejido a falsos campesinos

En una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, Juan José García Henríquez y Santiago German Bordes fueron incluidos como ejidatarios de la comunidad Caleras de Ameche.

German Bordes habría aprovechado la experiencia obtenida en su paso como funcionario de la Procuraduría Agraria, para encontrar los resquicios legales que les permitieran integrarse al ejido. Una vez instalados en la comunidad de Caleras de Ameche, lograron escriturar a su nombre 17 parcelas, según consta en los títulos de propiedad parcelarios obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

En una consulta realizada en los expedientes del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, aparece la anotación de que 14 parcelas pasaron a manos de los dos ex funcionarios en una operación valuada en cero pesos. Cinco de esos terrenos fueron traspasados como permuta (intercambio) en junio de 2015.

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A los dos meses, las parcelas fueron vendidas a la empresa JAOS & SGB, en la cual trabajan los dos falsos ejidatarios, según documentos de las transacciones. Luego, las tierras fueron revendidas al Gobierno de Guanajuato.

En 12 contratos de compra-venta de las tierras del ejido de Caleras de Ameche, Santiago German Bordes se identificó como un campesino originario del Distrito Federal, con dirección en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia La Florida, de la Ciudad de México. El domicilio en realidad corresponde a una vivienda en una de las zonas residenciales más exclusivas.

Los reporteros buscaron a esta persona en su casa, pero no se concretó la entrevista.

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En otras cinco escrituras aparece como ejidatario el apoderado general de JAOS & SGB, Juan José García Henríquez, quien ante un notario público afirmó que era campesino originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en la calle Camino Antiguo a Marfil, en Guanajuato Capital.

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Antes de vender cada terreno, notificó al ejido y a su entonces esposa, Ana Daniela Sosa Barba (actual regidora suplente y funcionaria del Ayuntamiento de Guanajuato) el derecho de preferencia de compra, según consta en los documentos.

Se le buscó vía telefónica, pero nunca contestó. Tampoco respondió los mensajes ni se le encontró en el domicilio que reportó en Guanajuato en la zona residencial de Marfil.

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Desde que se constituyó la empresa JAOS & SGB en 2014, García Henríquez fue registrado como su representante legal.

Complicidades y supuestas amenazas

Francisco Rodríguez Gómez, tesorero del comisariado ejidal de Caleras de Ameche, relató que desde mediados de 2014 los representantes de JAOS & SGB –a quienes apodaban ‘Los Güeros’- se hicieron pasar como campesinos, para adquirir las tierras.

Incluso, en una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, se les integró como ejidatarios, y con ese nombramiento, pudieron gestionar a su nombre títulos de propiedad parcelarios, ante el Registro Agrario Nacional.

“Aquí el que los arrimó fue el comisariado ejidal, señor Refugio Rubio Ciciliano, fue el que los trajo, los arrimó a la asamblea, y los convocó a junta ante notario público para que hiciera válido… para reconocerlos como avecindados”, relató el tesorero.

La integración de ‘Los Güeros’ al ejido provocó división entre los vecinos.

“Unos votaron en contra y otros a favor. El chiste es que se aceptó con la condición de que ellos, el avecindado, no tenía que causarle problemas al ejido, en cuanto causaran problemas podían ser rechazados o expulsados, y es lo primero que nos hicieron”.

El divisionismo provocó que la directiva del ejido se partiera en dos: “El comisariado ejidal fue el primero que negoció con estos señores intermediarios. Y de este lado (de los inconformes) se vino el secretario, el tesorero y consejo de vigilancia”.

¿Cómo le hicieron los ‘Los Güeros’ y el comisariado ejidal para quedarse con las tierras?, preguntó el representante de los inconformes. Y él mismo respondió: con amenazas.

“Ya nos habían dicho que de todos modos teníamos que vender nuestras tierras baratas y el primer obstáculo que nos pusieron, precisamente a mí, vinieron y clausuraron el levantamiento de agua del río para poder regar las parcelas, argumentando que no tenía concesión”.

Los campesinos comprobaron ante la Comisión Nacional del Agua que había una resolución presidencial que les permitía utilizar un río para riego. Y la intimidación pasó a otro nivel.

“Después vinieron las amenazas de que de todos modos teníamos que vender”.

-¿Quiénes amenazaron?

-Los Güeros.

-¿Los de la empresa JAOS?

-Ajá. De hecho, nos decían: tienen que vender barato, ya no va a ser de voluntad, va a ser de fuerzas.

A los que se negaban a vender, les advertían que el Gobierno de Guanajuato procedería a la expropiación de las tierras, a un precio todavía más bajo.

“Aquí mis compañeros sí están con el temor de que lleguemos a mayores, pero ¿a dónde vamos, si todo el tiempo hemos vivido aquí?”.

Mencionó que son 20 los ejidatarios que se negaron a vender a los intermediarios sus parcelas, las cuales miden 180 hectáreas.

Pese a que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró que él mismo intervino para negociar la compra de las tierras, los campesinos lo desmienten.

“Él nunca se ha acercado a nosotros para poder platicar de frente”, dijo el tesorero del ejido.

“Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, porque debería de venir y dialogar. Nunca nos oponemos a vender, pero una cosa justa”.

La negativa para vender es que tanto los intermediarios como el Gobierno ofrecían un bajo precio por sus parcelas.

Los campesinos piden que les paguen a 250 pesos el metro cuadrado, pero la empresa intermediaria llegó a comprar hasta en 4 pesos el metro.

Ganan hasta con expropiación

El 14 de diciembre de 2015, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, firmó un decreto de expropiación de 8.17 hectáreas que la empresa JAOS & SGB había adquirido en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande.

El Gobierno pagó en promedio en 145.5 pesos cada metro cuadrado expropiado, mientras que la empresa compró el metro en 86.7 pesos en promedio.

Tan sólo con este decreto expropiatorio, la empresa ganó 4 millones 810 mil pesos, respecto al precio al que había comprado meses antes los terrenos.

Esta ganancia se sumó a los más de 200 millones que había ganado como intermediaria en la compra-venta de otras 287 hectáreas.

La expropiación la pagó el Gobierno a más del doble del valor comercial de las tierras. Los avalúos bancarios cotizaban esos predios en apenas 65 pesos el metro cuadrado.

En las comparecencias que la Secretaría de Gobierno realizó previo a la expropiación, se presentó como apoderado general de JAOS & SGB Juan José García Henríquez, el mismo personaje que en otros documentos oficiales aparecía como campesino y vendedor de parcelas.

A García Henríquez lo apodan “Picho”, y su nombre aparece tanto en el decreto de expropiación como en las actas de venta de predios al Gobierno de Guanajuato.

Pese a las evidencias de irregularidades, el gobernador Miguel Márquez dijo que la compra de los terrenos para Toyota se apegó a la normatividad. En declaraciones a la prensa de Guanajuato, dijo que las transacciones y negociaciones privadas que se hicieron de manera previa no le tocaban al Gobierno del Estado. Para él, todo está en regla.

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Cómo el cubrebocas evita la propagación de la COVID y puede reducir los síntomas

Un nuevo estudio concluyó que usar mascarillas reduce la carga viral a la que estaríamos expuestos y, de contagiarnos, la manifestación de la enfermedad sería más leve o inclusive asintomática.
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9 de agosto, 2020
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El argumento generalizado de parte de las autoridades sanitarias y gobernantes por todo el mundo que recomiendan y/o imponen el uso de mascarillas es que evitan que las personas infectadas propaguen el coronavirus.

Pero un nuevo estudio concluyó, tras examinar varios casos, que usar mascarillas reduce la carga viral a la que estaríamos expuestos y, de contagiarnos, la manifestación de la enfermedad sería más leve o inclusive asintomática.

La investigación realizada en Estados Unidos por los doctores Monica Gandhi y Eric Goosby, de la Universidad de California, y el doctor Chris Beyrer, de la Universidad Johns Hopkins, resalta que la exposición al coronavirus sin consecuencias severas debido al uso de mascarillas podría generar una inmunidad a nivel comunitario y reducir la propagación mientras se desarrolla una vacuna contra el virus.

En vista del rechazo al uso de mascarillas de algunos grupos y personas, el beneficio al individuo (además de a otros) que porta el tapabocas sugerido por el estudio podría ser un incentivo más para su uso y convertirse en un pilar del control de la pandemia.

El estudio fue publicado en la revista especializada Journal of General Internal Medicine.

Un hombre con una mascarilla pasa frente a una valla con la imagen del coronavirus

Getty Images
La mascarilla reduce la posibilidad de tener síntomas severos de covid-19, dicen los investigadores.

El efecto de la carga viral

Los doctores Gandhi, Goosby y Beyrer respaldan su teoría -como la llaman- comparando la evidencia de múltiples situaciones en las que grupos usaron o dejaron de usar mascarillas y la relación que eso tiene con la carga viral y los crecientes índices de infecciones leves o asintomáticas.

La infección asintomática puede ser problemática porque promueve la propagación del virus por personas que están contagiadas sin que lo sepan, pero al mismo tiempo ser asintomático en lugar de estar gravemente enfermo es beneficioso para el individuo, indican.

Además, los índices más altos de infección asintomática conducen a índices más altos de exposición al virus. El exponer a una sociedad a este coronavirus sin las consecuencias de una enfermedad grave podría crear mayores niveles de inmunidad comunitaria, la llamada inmunidad de rebaño.

Los investigadores reconocen que la respuesta inmunológica de anticuerpos y células T a las diferentes manifestaciones de covid-19 todavía está siendo analizada, pero las señales basadas en los datos del desarrollo de esa inmunidad celular, aun con una infección leve, son esperanzadoras.

Evidencia

La perspectiva que los portadores de mascarillas están expuestos a una carga viral menor que resulta en una infección más leve está sustentada en el estudio de tres importantes cúmulos de evidencia: virológica, epidemiológica y ecológica.

Una fila de compradores todos con mascarillas

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Hasta ahora, el principal argumento para el uso de las mascarillas es la protección de los otros.

Con respecto a la primera, las mascarillas -dependiendo del diseño y material- filtran la mayoría de las partículas virales, aunque no todas. Desde hace un tiempo se ha propuesto que la exposición de ese bajo nivel de partículas virales probablemente producen una enfermedad que es menos severa.

Los resultados de experimentos realizados en el pasado con humanos expuestos a diferentes volúmenes de virus no letales demostraron síntomas más severos en sujetos que recibieron una carga viral mayor.

Con el nuevo coronavirus la experimentación no es posible ni ética, pero unas pruebas realizadas a hámsteres en las que se simuló el uso de mascarillas separando a los animales con una pared divisoria hecha de una máscara quirúrgica, no sólo demostraron que los hámsteres protegidos fueron menos propensos a la infección, sino que los que, entre esos, se contagiaron de covid-19 manifestaron síntomas leves.

En términos de la evidencia epidemiológica, los doctores indican que los altos índices de mortalidad que se vieron al inicio de la pandemia parecen estar asociados a la intensa exposición a la alta carga viral antes de que se introdujera el uso de mascarillas.

Caso del crucero argentino

Un caso reciente en particular llama la atención: el de un crucero en Argentina donde todos los pasajeros y tripulantes fueron dotados de mascarillas tras detectarse un brote de covid-19.

En ese entorno cerrado, 128 de las 217 personas abordo dieron positivo en la prueba de coronavirus. Sin embargo, la mayoría de los infectados (81%) se mantuvo asintomática.

Un autobús en Taiwán con pasajeros usando mascarillas

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Las tasas de mortalidad se han mantenido baja en países que han reabierto sus actividades pero todavía usan mascarillas.

Como evidencia ecológica, la investigación indica que los países y regiones que de por sí acostumbran a usar mascarillas para el control de infecciones, como Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Tailandia y Corea del Sur, no han sufrido tanto en cuanto índices de la severidad de la enfermedad y la mortalidad.

Igualmente ha sucedido con los países que aplicaron tempranamente la medida del uso de mascarillas.

Es más, aun cuando los mencionados países registraron un resurgimiento de casos de covid-19 al reanudar la actividad social y económica, las tasas de mortalidad se ha mantenido baja, sustentando la teoría de la carga viral, afirman los autores del estudio.

En conclusión, los doctores alegan que el uso universal de mascarillas durante la pandemia debería ser uno de los fundamentos más importantes en el control de la enfermedad y abogan que esta medida se tome en particular en Estados Unidos, donde las directivas no han sido homogéneas y parte de la población ha reaccionado hasta violentamente contra el uso de mascarillas.

Resaltan que durante la devastadora pandemia de gripe en 1918, los estadounidenses adoptaron sin contratiempos el uso de las mascarillas en público, pero la respuesta a las actuales recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) ha sido dispareja.

Una secretaria con mascarilla escribe a máquina en su escritorio en 1918

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En 1918, el público estadounidense no tuvo objeción en cumplir con el uso de mascarillas para combatir la pandemia de influenza.

El uso de mascarillas tiene dos ventajas. La primera es proteger a los demás evitando la propagación del virus por una persona infectada. Si esa preocupación por el prójimo no es suficiente, tal vez la segunda ventaja -el beneficio individual- sea una motivación más eficaz.


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