El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota
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El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota

Ex funcionarios del sexenio calderonista y empresarios compraron terrenos que vendieron a sobreprecio al gobierno del panista Miguel Márquez. Los campesinos que denuncian haber sido engañados y forzados a vender, apodaron a esos intermediarios como Los Güeros. Esta es la segunda parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Por Valeria Durán y Raúl Olmos/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
10 de junio, 2016
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*Puedes leer aquí la primera parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

Cuando dejó su empleo en la Procuraduría Agraria en 2012, el ciudadano Santiago Germán Bordes tenía, según su declaración patrimonial, apenas 8 mil 600 pesos en el banco y ningún inmueble a su nombre; tres años después, ya era dueño de 58 hectáreas con valor de 55 millones de pesos.

Por increíble que parezca, su enriquecimiento lo logró tras convertirse en ejidatario. O mejor dicho, al volverse campesino.

Con ese camuflaje, Germán Bordes compró decenas de hectáreas que luego vendió a una empresa en la que es miembro del Consejo de Administración, la cual a su vez las revendió al Gobierno de Guanajuato para obsequiárselas a la trasnacional japonesa Toyota.

Con el auxilio de un empleado que también simuló ser campesino convenció, e incluso presionó a ejidatarios de que les vendieran sus tierras a precios muy bajos, las cuales luego fueron vendidas al Gobierno guanajuatense hasta 42 veces más caras.

Estos “campesinos”, a quienes los ejidatarios apodaron como Los Güeros, colaboran en una empresa que fungió como intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde Toyota proyecta instalar una planta armadora de autos.

La intermediaria compró los terrenos a precios diferenciados, pero siempre muy bajos. El menor precio fue en una parcela de 6.6 hectáreas, en donde pagó 158 mil pesos, que equivale a 2 pesos con 39 centavos el metro cuadrado y un mes después lo revendió al Gobierno en 148 pesos el metro cuadrado.

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Otro ejemplo fue la compra de 19 mil 622 metros cuadrados en 74 mil 674 pesos (3.8 pesos el metro) que fue revendida en un mes en 3 millones 171 mil pesos (161 pesos el metro cuadrado).

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Sobreprecio de 290 millones

Esta maquinación en la compra de tierras involucró al Gobierno de Guanajuato que encabeza el panista Miguel Márquez, quien pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.

El sobreprecio pagado con recursos públicos fue del 150%, equivalente a 290 millones de pesos, de acuerdo con los avalúos bancarios de los predios, obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los avalúos realizados a finales de agosto de 2015 por peritos de ABC Capital, fijaron en 65 pesos el precio del metro cuadrado en los terrenos donde se proyecta instalar la planta de Toyota; dos meses después el Gobierno de Guanajuato pagó en promedio cada metro cuadrado en 164 pesos.

Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados muy baratos por la intermediaria y luego revendidos muy caros al Gobierno, con sólo un mes de diferencia.

Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2015, el ejidatario Elpidio Rodríguez vendió su parcela de dos hectáreas en 200 mil pesos (equivalente a 10 pesos el metro cuadrado) y 36 días después fue revendida al Gobierno guanajuatense en 2 millones 915 mil pesos (146 pesos el metro).

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La ruta del dinero

¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio? La ruta del dinero apunta a Monterrey, al despacho de un empresario que ya antes había sido acusado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con políticos de Nuevo León.

JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014, en Monterrey, por el empresario José María Garza Treviño, a través de su compañía GP Bienes Inmuebles, que posee el 99.9% de las acciones.

La empresa podría haberse creado exprofeso para la compra masiva de tierras en la zona donde se instalaría Toyota.

El 8 de julio de 2014, a los 25 días del nacimiento de JAOS & SGB, sus representantes concretaron las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche. La compra de parcelas inició nueve meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto formalizara el anuncio de que en ese lugar se instalaría una planta armadora de la automotriz japonesa Toyota. ¿Tenían información privilegiada?

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El dueño casi absoluto de la intermediaria es uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión. Es el Presidente de Grupo GP, que abarca los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.

En una investigación publicada en junio de 2014 en Reporte Índigo, Garza Treviño fue señalado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con un cuñado del actual embajador de Uruguay, Felipe Enríquez.

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Negocio de ex funcionarios

JAOS y SGB son las siglas de dos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que se dedican al negocio de comprar y vender terrenos ejidales.

Los funcionarios se llaman José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes coincidieron en el anterior sexenio en la Procuraduría Agraria; el primero se desempeñaba como coordinador de programas institucionales, mientras que el otro fue director de área.

Germán Bordes tiene participación triple en la empresa JAOS & SGB, pues desde su fundación es integrante del Consejo de Administración, apoderado legal y negociador en la compra y venta de tierras. Su paso por la Procuraduría Agraria le dio el conocimiento y la experiencia para negociar con ejidatarios.

Al concluir el anterior sexenio, Germán Bordes se asoció con Ortega Serrano y con Abraham Cherem Mizrahi, un panista que también trabajó en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de enlace en Gobernación y en la Presidencia de la República. Los tres fundaron el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), que se dedica a negociar la liberación de tierras para obras públicas y desarrollos inmobiliarios e industriales.

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Un domicilio, muchos intereses

La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.

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La dirección de Caballo Calco 28, en Coyoacán, es el domicilio de LASC (la consultoría de JAOS, SGB y Cherem), pero también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de la intermediaria que compró los terrenos para la armadora de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios.

LASC lo hizo en Chiapas, al negociar la liberación del derecho de vía para dos carreteras; Losrram negoció con ejidatarios del pueblo mágico de Pozos, al norte de Guanajuato, para impulsar un desarrollo turístico y residencial de 152 hectáreas, y JAOS & SGB le compró más de 294 hectáreas a campesinos para la nueva planta armadora de Toyota.

En los tres casos recibieron recursos públicos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación: LASC cobró 19 millones de pesos en tres contratos por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el proyecto de Losrram fue beneficiado con más de 100 millones de pesos de fondos estatales y federales, mientras que JAOS & SGB obtuvo una utilidad superior a los 200 millones de pesos, al fungir como intermediaria del Gobierno de Guanajuato en la compra de tierras para Toyota.

La red de amigos

Los socios de las tres empresas tienen vínculos de negocios y de amistad.

Ignacio Soto Borja, titular de la notaría ubicada en Caballo Calco 28, está asociado con Daniel Esquenazi Beraha en al menos dos empresas dedicadas a promover el proyecto inmobiliario de Pozos, el cual presumen en redes sociales que será el nuevo San Miguel de Allende.

Ambos, a su vez, tienen vínculos de negocios con Víctor Manuel Lizárraga Erosa, accionista minoritario de JAOS & SGB.

Los tres son copropietarios de un predio de 80 hectáreas en el ejido Aquiles Serdán, del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, en donde proyectan un desarrollo turístico de playa.

Esquenazi, Soto Borja y Lizárraga tienen en su círculo de amigos en Facebook e Instagram a Juan José García Henríquez, al que apodan ‘Picho’, uno de los responsables de negociar la compra de tierras para JAOS & SGB; para cumplir su encomienda, Picho llegó a ostentarse como campesino en la compra-venta de al menos 26 hectáreas. Su amistad y cercanía la expresan en mensajes fraternos e intercambios de bromas en redes sociales.

Esquenazi también es amigo en redes del panista Abraham Cherem Mizrahi, ex jefe de enlace en la Presidencia de la República con Felipe Calderón, y uno de los socios de LASC.

Mientras que José Antonio Ortega Serrano, socio de Cherem, tiene en su red de amigos a Esquenazi, a ‘Picho’ y a Ignacio Soto.

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El enlace en el Gobierno

Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, fue el funcionario estatal que negoció con los representantes de JAOS & SGB la compra de terrenos. Su nombre y firma aparece en los planos de deslinde y actas.

Fue, además, uno de los negociadores para la inversión de Toyota. Dado que estuvo a cargo de ese proyecto desde el 2014, Herrera Sánchez habría tenido información de primera mano de las necesidades y características del terreno solicitado por la armadora de capital japonés.

Su delicada labor de negociador no le impidió trabar amistad con sus contrapartes.

En su círculo de amigos en Facebook, el funcionario tiene a Juan José García Henríquez, ‘Picho’, quien cumplió doble labor al servicio de JAOS & SGB: como improvisado ejidatario en la compra de tierras y como su apoderado general en los contratos y en el decreto de expropiación.

Además, es amigo en redes de José Antonio Ortega Serrano (cuyo nombre corresponde a las iniciales JAOS), el socio de la empresa LASC, de ex funcionarios del anterior sexenio panista.

El Subsecretario de Atracción de Inversiones estuvo involucrado en 2013 en la compra irregular de un terreno de tres hectáreas, para construir el edificio de seguridad C4 en Salamanca.

El terreno lo vendió la empresa Inmobiliaria y Servicios Benher, propiedad de su hermano Alejandro, a un precio de 41 millones 953 mil pesos, pese a que había avalúos que estimaban que el costo real del inmueble era de 24 millones 469 mil pesos, según consta en una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización de Guanajuato.

Organizaciones ciudadanas acusaron en aquella ocasión a Franco Herrera de haber sido el intermediario en la venta del terreno.

El deslinde oficial

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscó al funcionario guanajuatense para preguntarle si su amistad con dos personas vinculadas a JAOS representaba un conflicto de intereses, pero se negó a responder.

En conversación telefónica este miércoles, dijo que no haría ninguna declaración al respecto, porque la compra de terrenos para Toyota todavía no concluía.

Herrera Sánchez aseguró que no sabía que JAOS & SGB había fungido como intermediaria, al comprar tierras baratas que luego había revendido caras al Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, Herrera Sánchez es el funcionario encargado de autorizar el polígono donde se instalará la armadora, incluyendo los deslindes de esos terrenos.

En todo caso -añadió- la compra de cientos de hectáreas que hizo desde 2014 la empresa eran para un parque industrial y su uso se cambió cuando Toyota decidió instalarse en Guanajuato.

La decisión de Toyota de instalarse en el ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, fue tomada en abril de 2015 en Japón, una semana antes de que la inversión la anunciara el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pínos, sostuvo el Subsecretario.

Sin embargo, otro funcionario guanajuatense -quien habló con la condición del anonimato- confió que desde 2014 ya se había presentado a Toyota la alternativa del terreno que en forma muy anticipada compró una empresa de capital regiomontano.

Vía telefónica ayer una vocero de Toyota dijo que las negociaciones para instalar la planta en esos terrenos se dieron hasta después del presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de Guanajuato se limitó a expresar como postura oficial que la compra de tierras para Toyota se hizo en forma legal y a un precio parejo de 148 pesos el metro cuadrado, tanto a ejidatarios, pequeños propietarios como vía expropiaciones.

Documentos en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran, en cambio, que el precio promedio pagado por 294 hectáreas fue de 164 pesos.

Integran a ejido a falsos campesinos

En una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, Juan José García Henríquez y Santiago German Bordes fueron incluidos como ejidatarios de la comunidad Caleras de Ameche.

German Bordes habría aprovechado la experiencia obtenida en su paso como funcionario de la Procuraduría Agraria, para encontrar los resquicios legales que les permitieran integrarse al ejido. Una vez instalados en la comunidad de Caleras de Ameche, lograron escriturar a su nombre 17 parcelas, según consta en los títulos de propiedad parcelarios obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

En una consulta realizada en los expedientes del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, aparece la anotación de que 14 parcelas pasaron a manos de los dos ex funcionarios en una operación valuada en cero pesos. Cinco de esos terrenos fueron traspasados como permuta (intercambio) en junio de 2015.

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A los dos meses, las parcelas fueron vendidas a la empresa JAOS & SGB, en la cual trabajan los dos falsos ejidatarios, según documentos de las transacciones. Luego, las tierras fueron revendidas al Gobierno de Guanajuato.

En 12 contratos de compra-venta de las tierras del ejido de Caleras de Ameche, Santiago German Bordes se identificó como un campesino originario del Distrito Federal, con dirección en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia La Florida, de la Ciudad de México. El domicilio en realidad corresponde a una vivienda en una de las zonas residenciales más exclusivas.

Los reporteros buscaron a esta persona en su casa, pero no se concretó la entrevista.

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En otras cinco escrituras aparece como ejidatario el apoderado general de JAOS & SGB, Juan José García Henríquez, quien ante un notario público afirmó que era campesino originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en la calle Camino Antiguo a Marfil, en Guanajuato Capital.

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Antes de vender cada terreno, notificó al ejido y a su entonces esposa, Ana Daniela Sosa Barba (actual regidora suplente y funcionaria del Ayuntamiento de Guanajuato) el derecho de preferencia de compra, según consta en los documentos.

Se le buscó vía telefónica, pero nunca contestó. Tampoco respondió los mensajes ni se le encontró en el domicilio que reportó en Guanajuato en la zona residencial de Marfil.

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Desde que se constituyó la empresa JAOS & SGB en 2014, García Henríquez fue registrado como su representante legal.

Complicidades y supuestas amenazas

Francisco Rodríguez Gómez, tesorero del comisariado ejidal de Caleras de Ameche, relató que desde mediados de 2014 los representantes de JAOS & SGB –a quienes apodaban ‘Los Güeros’- se hicieron pasar como campesinos, para adquirir las tierras.

Incluso, en una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, se les integró como ejidatarios, y con ese nombramiento, pudieron gestionar a su nombre títulos de propiedad parcelarios, ante el Registro Agrario Nacional.

“Aquí el que los arrimó fue el comisariado ejidal, señor Refugio Rubio Ciciliano, fue el que los trajo, los arrimó a la asamblea, y los convocó a junta ante notario público para que hiciera válido… para reconocerlos como avecindados”, relató el tesorero.

La integración de ‘Los Güeros’ al ejido provocó división entre los vecinos.

“Unos votaron en contra y otros a favor. El chiste es que se aceptó con la condición de que ellos, el avecindado, no tenía que causarle problemas al ejido, en cuanto causaran problemas podían ser rechazados o expulsados, y es lo primero que nos hicieron”.

El divisionismo provocó que la directiva del ejido se partiera en dos: “El comisariado ejidal fue el primero que negoció con estos señores intermediarios. Y de este lado (de los inconformes) se vino el secretario, el tesorero y consejo de vigilancia”.

¿Cómo le hicieron los ‘Los Güeros’ y el comisariado ejidal para quedarse con las tierras?, preguntó el representante de los inconformes. Y él mismo respondió: con amenazas.

“Ya nos habían dicho que de todos modos teníamos que vender nuestras tierras baratas y el primer obstáculo que nos pusieron, precisamente a mí, vinieron y clausuraron el levantamiento de agua del río para poder regar las parcelas, argumentando que no tenía concesión”.

Los campesinos comprobaron ante la Comisión Nacional del Agua que había una resolución presidencial que les permitía utilizar un río para riego. Y la intimidación pasó a otro nivel.

“Después vinieron las amenazas de que de todos modos teníamos que vender”.

-¿Quiénes amenazaron?

-Los Güeros.

-¿Los de la empresa JAOS?

-Ajá. De hecho, nos decían: tienen que vender barato, ya no va a ser de voluntad, va a ser de fuerzas.

A los que se negaban a vender, les advertían que el Gobierno de Guanajuato procedería a la expropiación de las tierras, a un precio todavía más bajo.

“Aquí mis compañeros sí están con el temor de que lleguemos a mayores, pero ¿a dónde vamos, si todo el tiempo hemos vivido aquí?”.

Mencionó que son 20 los ejidatarios que se negaron a vender a los intermediarios sus parcelas, las cuales miden 180 hectáreas.

Pese a que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró que él mismo intervino para negociar la compra de las tierras, los campesinos lo desmienten.

“Él nunca se ha acercado a nosotros para poder platicar de frente”, dijo el tesorero del ejido.

“Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, porque debería de venir y dialogar. Nunca nos oponemos a vender, pero una cosa justa”.

La negativa para vender es que tanto los intermediarios como el Gobierno ofrecían un bajo precio por sus parcelas.

Los campesinos piden que les paguen a 250 pesos el metro cuadrado, pero la empresa intermediaria llegó a comprar hasta en 4 pesos el metro.

Ganan hasta con expropiación

El 14 de diciembre de 2015, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, firmó un decreto de expropiación de 8.17 hectáreas que la empresa JAOS & SGB había adquirido en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande.

El Gobierno pagó en promedio en 145.5 pesos cada metro cuadrado expropiado, mientras que la empresa compró el metro en 86.7 pesos en promedio.

Tan sólo con este decreto expropiatorio, la empresa ganó 4 millones 810 mil pesos, respecto al precio al que había comprado meses antes los terrenos.

Esta ganancia se sumó a los más de 200 millones que había ganado como intermediaria en la compra-venta de otras 287 hectáreas.

La expropiación la pagó el Gobierno a más del doble del valor comercial de las tierras. Los avalúos bancarios cotizaban esos predios en apenas 65 pesos el metro cuadrado.

En las comparecencias que la Secretaría de Gobierno realizó previo a la expropiación, se presentó como apoderado general de JAOS & SGB Juan José García Henríquez, el mismo personaje que en otros documentos oficiales aparecía como campesino y vendedor de parcelas.

A García Henríquez lo apodan “Picho”, y su nombre aparece tanto en el decreto de expropiación como en las actas de venta de predios al Gobierno de Guanajuato.

Pese a las evidencias de irregularidades, el gobernador Miguel Márquez dijo que la compra de los terrenos para Toyota se apegó a la normatividad. En declaraciones a la prensa de Guanajuato, dijo que las transacciones y negociaciones privadas que se hicieron de manera previa no le tocaban al Gobierno del Estado. Para él, todo está en regla.

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¿Por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo por COVID?

La efectividad de las medidas implementadas por los 5 países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) con más muertos por COVID-19 en la región se ha visto condicionada por su falta de infraestructura sanitaria y la precariedad laboral.
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19 de octubre, 2020
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Latinoamérica tuvo tiempo para prepararse y enfrentar bien la pandemia. Pero sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del COVID-19.

Así lo sugiere la investigación “Respuestas al COVID-19 en cinco países de Latinoamérica”, que revisó los primeros meses de combate a la pandemia en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: los países con más muertes del continente según las estadísticas de la Universidad John Hopkins.

Los autores -un equipo multidisciplinario- analizaron las condiciones precovid y las respuestas de los gobiernos a la pandemia.

Entre los factores prepandémicos que identificaron están la alta informalidad laboral, hacinamiento y densidad poblacional, baja infraestructura hospitalaria e incapacidad de los sistemas sanitarios para desplegar mecanismos de testeo y trazabilidad tempranamente.

Todas esas limitantes hacen que “Latinoamérica sea una región más riesgosa” pues merman tanto la capacidad de reacción de los países como la posibilidad de que la población cumpla medidas como la cuarentena, según explica Alejandra Benítez, una de las autoras del estudio.

La investigación también plantea que, aunque algunos países reaccionaron rápido, no lograron revertir estas condiciones de base, porque la ayuda económica a los hogares fue insuficiente o llegó tarde para los grupos que más lo necesitaban.

“Chile, por ejemplo, fue rápido en cerrar aeropuertos y fronteras. También, comparativamente, fue efectivo en el aumento de camas hospitalarias y ventiladores. Pero lo que no se hizo rápido fue la trazabilidad, es decir lo relativo a encontrar a las personas enfermas, aislarlas, hacerles seguimiento. En lo económico hubo respuestas rápidas, pero solo para el sector formal de los trabajadores”, explica Carolina Velasco, también autora de la publicación.

Aeropuerto en Santiago en mayo de 2020.

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Chile reaccionó rápido el cierre de aeropuertos y fronteras cuando se desató la primera ola de la pandemia.

Los factores estructurales que impidieron reaccionar bien al COVID-19 podrían implicar otro problema mayor: que la enfermedad se vuelva endémica. El fenómeno ya ha empezado a detectarse en Reino Unido.

Un estudio realizado por Public Health England, una agencia dependiente del Departamento de Salud y Cuidado Social de ese país, mostró que las restricciones aplicadas durante la pandemia han sido poco efectivas en reducir el número de infectados en algunas áreas del norte de Inglaterra, donde el covid-19 está “firmemente instalado”.

Alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento

Estos lugares son zonas habitadas por minorías étnicas que se caracterizan por alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento.

Aunque esto no fue un tema del estudio, las investigadoras coinciden en que los determinantes que agravaron el impacto del COVID-19 en América Latina -en particular las condiciones de pobreza e informalidad laboral y la debilidad de los sistemas sanitarios- podrían hacer que “se convierta en un virus endémico”.

En el estudio, de hecho, se identificaron zonas y comunas donde, pese a las medidas implementadas, los casos y muertes por COVID-19 no disminuyeron a la velocidad esperada.

Zona en Tijuana, estado de Baja California en México.

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Varias zonas con problemas de hacinamiento y pobreza en América Latina podrían hacer que el coronavirus se convierta en un patógeno endémico.

Por ejemplo, las comunas de más bajos ingresos en la Región Metropolitana de Chile; la zona del Amazonas colombiano y las principales ciudades del sureste de Brasil.

La investigación examinó las políticas aplicadas por los cinco países entre febrero y agosto de 2020. Para analizar el nivel de reacción de los gobiernos en comparación con la evolución de la enfermedad, se usó un índice creado por la Universidad de Oxford.

Los gobiernos reaccionan pero el contagio no cesa

Una primera área de estudio es la de mitigación y contención, que se refiere a medidas como cierre de escuelas, cuarentenas, cierre de fronteras o restricción a eventos masivos.

En este tema, dicen los investigadores, casi todos los países (excepto Brasil) reaccionaron tempranamente: muy cerca de cuando se confirmó el primer caso de COVID-19.

Sin embargo, los datos muestran que “no hay una relación evidente entre la capacidad de reacción y los resultados sanitarios”. Ello pues, pese a las medidas adoptadas, los nuevos infectados y la tasa de positividad de COVID-19, “continuaron aumentando”.

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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De acuerdo a investigadores, Brasil reaccionó tarde en la aplicación de medidas como cierre de escuelas, fronteras y restricciones de eventos públicos.

En el área económica, todos los países, salvo Ecuador, redujeron sus tasas de interés, crearon condiciones para otorgar créditos y establecieron medidas para proteger el empleo.

“Sin embargo, el apoyo para los trabajadores informales y los más vulnerables fue más lento”, dicen los investigadores. Tomando en cuenta las distintas medidas implementadas, Colombia fue el país más rápido en reaccionar desde que comenzó el COVID-19: tardó 16 días.

Los investigadores también compararon la rapidez en la entrega de apoyos económicos en contextos de cuarentena: es decir, con restricciones de movilidad en algunas zonas (aunque éstas no siempre se cumplen, ya que una proporción importante de trabajadores necesita salir a la calle pues vive del ingreso diario).

En el caso de Chile, por ejemplo, desde que se aplicó la cuarentena obligatoria, la primera canasta de alimentos llegó a los 50 días (a un hogar de una comuna de bajos ingresos). En el caso de Colombia, la canasta demoró 9 días y en Brasil tardó 64 días.

Los autores midieron el monto de estímulo económico entregado por cada país en contextos de COVID-19: es decir, el aporte que sale del “bolsillo” del Estado.

Personas haciendo fila en Colombia para hacer tests de coronavirus.

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De acuerdo a expertos, Colombia fue uno de los países que más rápido reaccionó en el apoyo a trabajadores informales y vulnerables.

De los cinco casos analizados, Brasil es el que realiza un esfuerzo mayor, gastando alrededor de 880 dólares por habitante (alrededor de 10% del PIB nacional), seguido de Chile, con casi 800 dólares (5.2% del PIB). Colombia y Perú gastaron casi 500 dólares (7.6%) y 380 dólares (5.6%) por habitante.

Ecuador es el país que menos apoyo entrega: 24,8 dólare per cápita y 0.4% del PIB.

Índice de apoyo económico

Ahora, al analizar la magnitud del apoyo económico que se entregó a los hogares tomando en cuenta la evolución de la enfermedad, los datos son menos optimistas.

Por ejemplo, Chile comenzó el período con bajos niveles de apoyo a las familias (menos de 40% según el índice de Oxford, que llega hasta un máximo de 100%), pero éste fue aumentando (75% a mediados de junio). En el caso de Brasil, su índice de apoyo económico fue de 50%.

Según los investigadores, aún cuando los niveles de apoyo económico aumentan, no hay una correlación entre este dato y el número de casos o la tasa de positividad.

Al revés, los casos aumentan o se mantienen. “Esto sugiere que el apoyo en temas de ingreso no tuvo la efectividad esperada, no solo porque la implementación fue lenta, sino porque la magnitud del apoyo fue limitada. El único país que muestra una disminución en la tasa de positividad que coincide con un aumento del indicador es Chile“, explican los autores.

Países con más muertes por coronavirus. Muertes por cada 100.000 personas. .

Esto ocurre en un período en que las cuarentenas fueron más fuertes y comenzó a aplicarse una mejor estrategia de testeo y trazabilidad. Lo anterior lleva a concluir a los investigadores que, en contextos de pandemia, es central una respuesta temprana e integral.

Zonas vulnerables

Los autores identificaron algunas zonas geográficas en las que las medidas implementadas fueron menos efectivas.

En Chile, por ejemplo, el virus evolucionó de manera distinta en diferentes áreas de la Región Metropolitana. En las comunas de mayores ingresos, después de una semana de cuarentena, los casos diarios bajaron; en cambio, en aquellas comunas de menores ingresos (Independencia, San Ramón, La Granja y Recoleta), los casos diarios subieron.

“Estos datos son consistentes con la demora en la entrega de medidas de apoyo económico para los grupos vulnerables. La falta de respuesta económica temprana impidió a las personas quedarse en la casa y, por lo tanto, disminuyó el efecto de las restricciones“, plantean los autores.

En Colombia, la región más afectada en número de casos y muertes es la de Amazonas (32,9 casos y 1.3 muertes por cada 1,000 habitantes), localizada en una provincia donde la informalidad laboral alcanza un 90% y el hacinamiento y la pobreza llegan a 16% y 35%, respectivamente.

Niño navegando en bote en la Amazonía colombiana.

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La Amazonía colombiana es la zona más afectada por el coronavirus en todo el país.

En cambio, las zonas de Antioquía y Valle del Cauca, que poseen menores niveles de hacinamiento y pobreza, registran también un menor número de muertes.

En Ecuador, la provincia de Guayas presenta el mayor número de casos y muertos (alrededor de 18,000 y 1,700) y Santa Helena tiene una tasa de muerte de 82.5 por cada 100,000 habitantes. Ambas provincias tienen niveles de desempleo superiores a 20%.

Además, en Guayas los niveles de acceso de la población a servicios básicos y agua potable son bajos (66.6 y 85.7%, respectivamente).

Finalmente en Brasil, la región más impactada en número de casos y muertes es el Sudeste, con un 35% y 45% respectivamente. Esta región alberga al 42% de la población nacional y concentra las ciudades más densamente pobladas y turísticas, como Sao Paulo y Río de Janeiro.

Conclusiones del estudio

El trabajo concluye que las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables (para que puedan, por ejemplo, quedarse en sus casas aquellos que necesitan salir a trabajar).

Vista aérea de Santa Clara de San Millán en Ecuador.

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Las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables

Es clave contar con una estrategia sistemática de testeo, trazabilidad y seguimiento de casos en etapas tempranas de la pandemia, para contener brotes y evitar detener por largo tiempo la actividad del país, sugieren los autores.

Asimismo, es determinante contar con un buena comunicación y coordinación ya que optimiza la toma de decisiones y da más legitimidad a la autoridad y las estrategias implementadas, mejorando el cumplimiento de las medidas.

Finalmente, los hallazgos también ofrecen algunas luces sobre cómo convivir con una pandemia que estará presente por un buen tiempo. En ello las estrategias de testeo y trazabilidad son fundamentales para la vigilancia activa de casos y brotes.

*Marcela Ramos es investigadora asistente en la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.

*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la nota original en este enlace.

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