El SAT manda a la lista negra a las empresas fantasma de Veracruz y congelará sus cuentas
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Arturo Angel (@arturoangel20)

El SAT manda a la lista negra a las empresas fantasma de Veracruz y congelará sus cuentas

Las 25 empresas fueron colocadas ya en una lista negra de contribuyentes y se cancelaron sus registros fiscales y cuentas bancarias. Las penas iniciales para los responsables podrían ser de tres años de prisión.
Arturo Angel (@arturoangel20)
Por Arturo Angel
21 de junio, 2016
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El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dio a conocer los primeros resultados de la investigación oficial sobre las empresas fantasma a las que el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, pagó cientos de millones de pesos: se comprobó que 25 de las 26 compañías investigadas no existen y se presume que sus operaciones son falsas.

Además dio a conocer las primeras sanciones, entre ellas la cancelación del registro fiscal para que estas empresas ya no puedan emitir facturas, su inclusión en la “lista negra” de empresas no localizadas, y el inicio de auditorías para comprobar si hay evasión fiscal. Como medida precautoria, se congelarán incluso cuentas bancarias.

El titular del SAT dijo en entrevista que se concluyó ya la verificación física de estas 26 empresas, tras el inicio de las investigaciones el 24 de mayo. El resultado: no hay ni rastro de 25 de ellas en sus domicilios fiscales y no hay evidencia material de que hayan operado ahí. Entre esas compañías está una que reportó operaciones por más de mil millones de pesos  y nueve con más de cien millones, todas contratadas por el gobierno de Veracruz.

De acuerdo con Núnez, la no existencia de recursos materiales ni de recursos humanos –24 compañías no tienen empleados registrados– permite presumir que sus operaciones no son reales: “Cuando no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no hay existencia material de las operaciones, se anulan las operaciones fiscales de esa empresa y también de quienes recibieron las facturas (…) anular significa que no existieron”.

Ante las irregularidades detectadas, el SAT iniciará en algunos casos auditorías fiscales y en otros citará a comparecer a los representantes legales.

Las evidencias que se recaben, derivaría no solo en la cancelación de las facturas expedidas por los contratos firmados con el gobierno de Veracruz, sino en denuncias ante el Ministerio Público como marca el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues además de las responsabilidades fiscales hay dinero público involucrado.

Cabe señalar que Animal Político documentó que los socios de las empresas fantasma, que en muchos casos también son representantes legales de las mismas, son personas de bajos recursos engañadas con promesas de apoyo. El jefe del SAT dijo que tendrán que denunciar que fueron víctimas de un fraude, pues eso no los exime de responsabilidad.

Además de la entrevista con su titular, la dependencia había entregado previamente un cuestionario respondido en el que detalla los pasos y acciones que se llevarán a cabo en la investigación de acuerdo a lo que marca la ley. Ello incluye el aseguramiento precautorio de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de las empresas irregulares. Adelantó que la sanción para el contribuyente que desaparece de su domicilio fiscal en una auditoría es de tres meses a tres años de prisión.

A continuación se presenta la entrevista con el jefe del SAT Aristóteles Núñez, así como el documento oficial proporcionado antes de esa entrevista por la dependencia con los avances de la investigación:

¿Cuáles son los primeros resultados de las investigaciones por este caso?

Son 26 empresas las que nosotros investigamos. De las 26 empresas hay 25 que no tienen los elementos materiales ni evidencia de que se encuentren en los domicilios. Es decir los domicilios si existen pero no existen las empresas.

¿Son direcciones que si existen?

Las direcciones no son inventadas pero ahí no existe ninguna empresa en 25 casos. Son los domicilios fiscales con los que ellos se inscribieron y se dieron de alta y no están las empresas.

¿Y en el caso donde sí se encontró a la empresa?

En este caso si está la empresa, si hay evidencia material de que está operando. Entonces tenemos 25 empresas no localizadas sin evidencia material, y una empresa sí localizada.

¿La empresa que si existe qué nivel de operaciones maneja?

Es una empresa que está dentro del rango en valor arriba de cien millones de pesos.

Ustedes habían detectado en esta red una empresa con operaciones arriba de mil millones de pesos. ¿Esta se encuentra dentro de las 25 no localizadas entonces?

Es correcto.

Estos hallazgos e irregularidades ya detectadas. ¿A qué conclusiones les permiten llegar?

Tenemos una primera aproximación. No lo dijimos de manera directa en las respuestas que les proporcionamos pero una de ellas se desprende del artículo 69-B (del Código Fiscal de la Federación) que si les mencionamos y es que cuando no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no hay existencia material de las operaciones… se anulan las operaciones fiscales de esa empresa y también de quienes recibieron las facturas.

Esta es la hipótesis que iremos agotando conforme a los procedimientos que tenemos en la ley.

¿Cuándo decimos que se anulan las operaciones a que nos referimos exactamente?

Anular fiscalmente significa que no existieron. Es decir, si se emitió una factura, aunque esta sea electrónica y se haya firmado con un sello digital no tiene efectos fiscales. No puede ser deducible quien la recibió tampoco. Estas 26 empresas emiten facturas y estas facturas al configurarse el artículo 69-B se anulan. No pueden ser gastos deducibles y tampoco se puede acreditar el IVA de lo que se haya pagado.

En resumen: para efectos fiscales esa operación no existió, es como si no se hubiese dado.

Si entendí bien. ¿Es como si yo declaro con una factura que comí en un restaurante pero resulta que no existe tal restaurante?

En efecto, no hay cocina, no hay cocineros, no hay mesas, no hay refrigerado ni nada. Entonces lo que hacemos es que esa factura no la hacemos válida.

¿Y entonces que va a pasar porque el gobierno de Veracruz pagó esas facturas y resulta que fiscalmente las operaciones son inexistentes? ¿Es una situación delicada no?

Si por supuesto.

¿Y entonces como se puede comprobar que el servicio se dio y no se inventó?

Hay algo interesante. Nuestra atribución es en materia fiscal. El uso de recursos públicos y la debida utilización de esos recursos, su ejercicio correcto, corresponde a otras instancias. Esto podrá ser competencia de la Auditoria Superior de la Federación si son recursos federales o de los órganos de fiscalización del estado si son recursos locales. Es una serie de instancias que son responsables de investigar conductas que no son fiscales a fin de transparentar el uso de los recursos públicos.

¿Ustedes presentarán denuncias ante estas u otras instancias? ¿Pueden hacerlo?

Si por supuesto pero tenemos que acreditar las conductas. El artículo 69-B del Código Fiscal nos establece un procedimiento a seguir y en su momento el SAT valorará si se aplica el artículo 69-B o el artículo 42, entre otros. El artículo 69-B es por la nulidad fiscal y el 42 es para efectos de hacer una auditoría fiscal y si en efecto se pagaron impuestos, quien recibió el recursos y a donde se dirigió.

Entonces la autoridad se irá haciendo allegar elementos que después pudieran dar lugar a presentar denuncias en diferentes materias.

En resumen. ¿A partir de la verificación de los domicilios estamos en el supuesto de ley de que las operaciones son inexistentes en términos de ley?

Sí pero tendremos que agotar el procedimiento de ley que establece el artículo 69-B.

¿Este procedimiento está en marcha ya?

En algunos casos si y en otros se está valorando si se inicia el procedimiento del artículo 42 que son facultades de comprobación (auditorías).

¿Qué tiempo tomará esto?

El artículo 69-B establece varios plazos. Partimos de hacer pública la presunción de operaciones inexistentes. De ahí se dan 15 días al contribuyente para que trate de desvirtuar estos elementos, y a partir de que lo haga son varios días hábiles. Habrá que esperar.

Si se invoca el artículo 42 habrá que esperar porque las auditorías llevan cuando menos un año o pueden concluirse un poco antes si ya hay elementos. El plazo de ley es de un año y en ese momento determinamos los adeudos fiscales.

¿Después de agotados esos procedimientos vendrían las denuncias entonces?

Puede ser antes. Depende de los hechos que se vayan conociendo y los elementos que permitan sustentar una denuncia.

¿Ya se puede hacer públicos el nombre de todas las empresas no localizadas por el SAT?

En el portal del SAT ya están los nombres de todas ellas y se puede revisar.

¿La cancelación de los sellos fiscales de todas estas empresas para que ya no puedan facturar ya se hizo?

En 20 de 26 casos ya y los otros están en proceso de cancelación.

¿Cómo es que estas empresas se pudieron dar de alta en el SAT?

Lo hace un representante legal de la empresa con un poder notarial. Esta persona tiene que presentarse, presentar ese poder, obtener la firma electrónica tanto de la empresa como la suya como persona física. Esta persona entrega sus huellas dactilares, el iris de sus ojos, etcétera.

En muchos de estos casos la persona que se apersonó tenía el carácter de socio.

Nosotros nos encontramos con que los socios dijeron que fueron engañados, que dieron sus datos para otra cosa. ¿Eso no los exime de responsabilidad?

Ellos tendrán la oportunidad de agregar elementos ante una denuncia. Si ellos fueron objeto de un fraude o de un engaño tendrán que denunciar. Y tendrán que acreditar las razones por las cuales llevaron a cabo otro tipo de actos jurídicos. Acreditar porque se presentaron ante el SAT y dieron de alta una empresa, porque sacaron una firma, porque firmaron documentos.. todos esos son actos jurídicos y aunque se sientan engañados o no realizaron actos jurídicos y realizar actos jurídicos aunque ignoren la ley, no los exime del cumplimiento de la misma.

Ustedes antes de este reportaje, no tenían ya detectado estas irregularidades. Con estas empresas. ¿No es algo que se pudo haber descubierto antes?

De estas 26 no necesariamente. No hay que olvidar que hay 1.6 millones de empresas registradas en el padrón del SAT, todas con operaciones. Hay empresas con operaciones mucho más importantes y en base a eso se priorizan tareas de verificación en términos de riesgo. En este caso en particular no se había detectado ningún riesgo hasta que ustedes hicieron el reportaje.

Red de Empresas Veracruz by http://www.animalpolitico.com

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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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