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Arturo Angel (@arturoangel20)
El SAT manda a la lista negra a las empresas fantasma de Veracruz y congelará sus cuentas
Las 25 empresas fueron colocadas ya en una lista negra de contribuyentes y se cancelaron sus registros fiscales y cuentas bancarias. Las penas iniciales para los responsables podrían ser de tres años de prisión.
Arturo Angel (@arturoangel20)
Por Arturo Angel
21 de junio, 2016
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El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dio a conocer los primeros resultados de la investigación oficial sobre las empresas fantasma a las que el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, pagó cientos de millones de pesos: se comprobó que 25 de las 26 compañías investigadas no existen y se presume que sus operaciones son falsas.

Además dio a conocer las primeras sanciones, entre ellas la cancelación del registro fiscal para que estas empresas ya no puedan emitir facturas, su inclusión en la “lista negra” de empresas no localizadas, y el inicio de auditorías para comprobar si hay evasión fiscal. Como medida precautoria, se congelarán incluso cuentas bancarias.

El titular del SAT dijo en entrevista que se concluyó ya la verificación física de estas 26 empresas, tras el inicio de las investigaciones el 24 de mayo. El resultado: no hay ni rastro de 25 de ellas en sus domicilios fiscales y no hay evidencia material de que hayan operado ahí. Entre esas compañías está una que reportó operaciones por más de mil millones de pesos  y nueve con más de cien millones, todas contratadas por el gobierno de Veracruz.

De acuerdo con Núnez, la no existencia de recursos materiales ni de recursos humanos –24 compañías no tienen empleados registrados– permite presumir que sus operaciones no son reales: “Cuando no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no hay existencia material de las operaciones, se anulan las operaciones fiscales de esa empresa y también de quienes recibieron las facturas (…) anular significa que no existieron”.

Ante las irregularidades detectadas, el SAT iniciará en algunos casos auditorías fiscales y en otros citará a comparecer a los representantes legales.

Las evidencias que se recaben, derivaría no solo en la cancelación de las facturas expedidas por los contratos firmados con el gobierno de Veracruz, sino en denuncias ante el Ministerio Público como marca el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues además de las responsabilidades fiscales hay dinero público involucrado.

Cabe señalar que Animal Político documentó que los socios de las empresas fantasma, que en muchos casos también son representantes legales de las mismas, son personas de bajos recursos engañadas con promesas de apoyo. El jefe del SAT dijo que tendrán que denunciar que fueron víctimas de un fraude, pues eso no los exime de responsabilidad.

Además de la entrevista con su titular, la dependencia había entregado previamente un cuestionario respondido en el que detalla los pasos y acciones que se llevarán a cabo en la investigación de acuerdo a lo que marca la ley. Ello incluye el aseguramiento precautorio de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de las empresas irregulares. Adelantó que la sanción para el contribuyente que desaparece de su domicilio fiscal en una auditoría es de tres meses a tres años de prisión.

A continuación se presenta la entrevista con el jefe del SAT Aristóteles Núñez, así como el documento oficial proporcionado antes de esa entrevista por la dependencia con los avances de la investigación:

¿Cuáles son los primeros resultados de las investigaciones por este caso?

Son 26 empresas las que nosotros investigamos. De las 26 empresas hay 25 que no tienen los elementos materiales ni evidencia de que se encuentren en los domicilios. Es decir los domicilios si existen pero no existen las empresas.

¿Son direcciones que si existen?

Las direcciones no son inventadas pero ahí no existe ninguna empresa en 25 casos. Son los domicilios fiscales con los que ellos se inscribieron y se dieron de alta y no están las empresas.

¿Y en el caso donde sí se encontró a la empresa?

En este caso si está la empresa, si hay evidencia material de que está operando. Entonces tenemos 25 empresas no localizadas sin evidencia material, y una empresa sí localizada.

¿La empresa que si existe qué nivel de operaciones maneja?

Es una empresa que está dentro del rango en valor arriba de cien millones de pesos.

Ustedes habían detectado en esta red una empresa con operaciones arriba de mil millones de pesos. ¿Esta se encuentra dentro de las 25 no localizadas entonces?

Es correcto.

Estos hallazgos e irregularidades ya detectadas. ¿A qué conclusiones les permiten llegar?

Tenemos una primera aproximación. No lo dijimos de manera directa en las respuestas que les proporcionamos pero una de ellas se desprende del artículo 69-B (del Código Fiscal de la Federación) que si les mencionamos y es que cuando no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no hay existencia material de las operaciones… se anulan las operaciones fiscales de esa empresa y también de quienes recibieron las facturas.

Esta es la hipótesis que iremos agotando conforme a los procedimientos que tenemos en la ley.

¿Cuándo decimos que se anulan las operaciones a que nos referimos exactamente?

Anular fiscalmente significa que no existieron. Es decir, si se emitió una factura, aunque esta sea electrónica y se haya firmado con un sello digital no tiene efectos fiscales. No puede ser deducible quien la recibió tampoco. Estas 26 empresas emiten facturas y estas facturas al configurarse el artículo 69-B se anulan. No pueden ser gastos deducibles y tampoco se puede acreditar el IVA de lo que se haya pagado.

En resumen: para efectos fiscales esa operación no existió, es como si no se hubiese dado.

Si entendí bien. ¿Es como si yo declaro con una factura que comí en un restaurante pero resulta que no existe tal restaurante?

En efecto, no hay cocina, no hay cocineros, no hay mesas, no hay refrigerado ni nada. Entonces lo que hacemos es que esa factura no la hacemos válida.

¿Y entonces que va a pasar porque el gobierno de Veracruz pagó esas facturas y resulta que fiscalmente las operaciones son inexistentes? ¿Es una situación delicada no?

Si por supuesto.

¿Y entonces como se puede comprobar que el servicio se dio y no se inventó?

Hay algo interesante. Nuestra atribución es en materia fiscal. El uso de recursos públicos y la debida utilización de esos recursos, su ejercicio correcto, corresponde a otras instancias. Esto podrá ser competencia de la Auditoria Superior de la Federación si son recursos federales o de los órganos de fiscalización del estado si son recursos locales. Es una serie de instancias que son responsables de investigar conductas que no son fiscales a fin de transparentar el uso de los recursos públicos.

¿Ustedes presentarán denuncias ante estas u otras instancias? ¿Pueden hacerlo?

Si por supuesto pero tenemos que acreditar las conductas. El artículo 69-B del Código Fiscal nos establece un procedimiento a seguir y en su momento el SAT valorará si se aplica el artículo 69-B o el artículo 42, entre otros. El artículo 69-B es por la nulidad fiscal y el 42 es para efectos de hacer una auditoría fiscal y si en efecto se pagaron impuestos, quien recibió el recursos y a donde se dirigió.

Entonces la autoridad se irá haciendo allegar elementos que después pudieran dar lugar a presentar denuncias en diferentes materias.

En resumen. ¿A partir de la verificación de los domicilios estamos en el supuesto de ley de que las operaciones son inexistentes en términos de ley?

Sí pero tendremos que agotar el procedimiento de ley que establece el artículo 69-B.

¿Este procedimiento está en marcha ya?

En algunos casos si y en otros se está valorando si se inicia el procedimiento del artículo 42 que son facultades de comprobación (auditorías).

¿Qué tiempo tomará esto?

El artículo 69-B establece varios plazos. Partimos de hacer pública la presunción de operaciones inexistentes. De ahí se dan 15 días al contribuyente para que trate de desvirtuar estos elementos, y a partir de que lo haga son varios días hábiles. Habrá que esperar.

Si se invoca el artículo 42 habrá que esperar porque las auditorías llevan cuando menos un año o pueden concluirse un poco antes si ya hay elementos. El plazo de ley es de un año y en ese momento determinamos los adeudos fiscales.

¿Después de agotados esos procedimientos vendrían las denuncias entonces?

Puede ser antes. Depende de los hechos que se vayan conociendo y los elementos que permitan sustentar una denuncia.

¿Ya se puede hacer públicos el nombre de todas las empresas no localizadas por el SAT?

En el portal del SAT ya están los nombres de todas ellas y se puede revisar.

¿La cancelación de los sellos fiscales de todas estas empresas para que ya no puedan facturar ya se hizo?

En 20 de 26 casos ya y los otros están en proceso de cancelación.

¿Cómo es que estas empresas se pudieron dar de alta en el SAT?

Lo hace un representante legal de la empresa con un poder notarial. Esta persona tiene que presentarse, presentar ese poder, obtener la firma electrónica tanto de la empresa como la suya como persona física. Esta persona entrega sus huellas dactilares, el iris de sus ojos, etcétera.

En muchos de estos casos la persona que se apersonó tenía el carácter de socio.

Nosotros nos encontramos con que los socios dijeron que fueron engañados, que dieron sus datos para otra cosa. ¿Eso no los exime de responsabilidad?

Ellos tendrán la oportunidad de agregar elementos ante una denuncia. Si ellos fueron objeto de un fraude o de un engaño tendrán que denunciar. Y tendrán que acreditar las razones por las cuales llevaron a cabo otro tipo de actos jurídicos. Acreditar porque se presentaron ante el SAT y dieron de alta una empresa, porque sacaron una firma, porque firmaron documentos.. todos esos son actos jurídicos y aunque se sientan engañados o no realizaron actos jurídicos y realizar actos jurídicos aunque ignoren la ley, no los exime del cumplimiento de la misma.

Ustedes antes de este reportaje, no tenían ya detectado estas irregularidades. Con estas empresas. ¿No es algo que se pudo haber descubierto antes?

De estas 26 no necesariamente. No hay que olvidar que hay 1.6 millones de empresas registradas en el padrón del SAT, todas con operaciones. Hay empresas con operaciones mucho más importantes y en base a eso se priorizan tareas de verificación en términos de riesgo. En este caso en particular no se había detectado ningún riesgo hasta que ustedes hicieron el reportaje.

Red de Empresas Veracruz by http://www.animalpolitico.com

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A dónde irá el dinero y quién elegirá a los beneficiarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
El nuevo director del Instituto asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera "colegiada" en un "gabinete del bienestar" conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.
26 de mayo, 2019
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La imagen de la gran pila de dólares, euros y pesos mexicanos en efectivo guardados en una residencia de Ciudad de México fue escandalosa.

Los billetes hacían un total de US$205 millones que el gobierno de México incautó en 2007 en uno de los golpes más grandes al crimen organizado de ese entonces.

El dueño de la residencia era el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido y luego procesado por narcotráfico y lavado de dinero tanto en tribunales de México como de Estados Unidos.

El episodio fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación de un organismo federal de nombre peculiar: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro).

“Así se va a llamar”, reiteró el mandatario, conocido como AMLO, ante las miradas de extrañeza de los periodistas en la conferencia de prensa en que hizo el anuncio.

“Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano (Zhenli), hubiese alcanzado para muchas cosas”, dijo.

Y es que el presidente considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que inició la guerra contra las drogas, indicó que el dinero del caso Zhenli Ye Gon sería empleado para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.

Pero el nuevo titular del Indepuro, Ricardo Rodríguez, considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio con el nuevo organismo.

Presentación de bienes a subasta

Gobierno de México
El presidente López Obrador y el nuevo director del Indepuro, Ricardo Rodríguez, presentaron algunos bienes que serán subastados.

“El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tengan un destino transparente, claro, expedito“, dice Rodríguez a BBC Mundo.

“Sobre todo a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas”, añade.

Críticos de esta nueva política gubernamental han tildado la creación del Indepuro de “populista” y apuntan a que es discrecional el cómo se determinará a quién le devuelven lo robado.

Lamborghini Murciélago a subasta

La nueva estrategia de incautación de bienes y recursos se basa en una reforma de ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien -mueble o inmueble- mediante órdenes judiciales.

El Congreso discutirá la ampliación de delitos que cubre dicha ley, con lo que el Indepuro espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción, o hasta por el robo de combustibles (huachicoleo, como se conoce en México).

La puesta en subasta de bienes confiscados será la vía para financiar programas sociales y obras públicas en el país.

Un auto puesto a subasta

EPA
Las autoridades confían en que algunos bienes sean subastados al doble del precio base.

Este 26 de mayo se llevará a cabo la primera venta al mejor postor en Ciudad de México de 83 vehículos, muchos de ellos autos deportivos o camionetas blindadas.

El más costoso es un Lamborghini Murciélago que tendrá un precio de salida de 1,47 millones de pesos, alrededor de US$76.000 (el precio del vehículo nuevo es superior a los US$300.000).

Pero también habrá una camioneta Ford Shelby cuya puja iniciará en los US$63.000, además de dos Porsche, dos Corvette, un Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, entre otros.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Camionetas de lujo y vehículos blindados están entre los bienes en posesión del gobierno actualmente.

En total, las autoridades esperan que de esta subasta abierta al público en general se obtengan como mínimo alrededor de US$1,45 millones -Rodríguez confía que sea el doble-.

¿A dónde irá el dinero?

En México ya existe desde hace años un organismo que se encarga de subastar bienes confiscados por el gobierno, y de hecho Ricardo Rodríguez es su titular: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es por ello que algunos analistas vieron el cambio de nombre al SAE y su nuevo enfoque como “populismo”.

https://twitter.com/fmartinmoreno/status/1131208755427840000

Sin embargo, Rodríguez defiende la reforma al SAE, pues advierte que hasta ahora había “discrecionalidad” de los gobernantes sobre qué uso darle a vehículos, inmuebles y demás posesiones incautadas.

“A la ciudadanía le va a quedar muy en claro hacia dónde se va a destinar el producto de la venta de dichos bienes: programas sociales y apoyo a comunidades con alta marginación”, responde Rodríguez a los críticos.

“Sí hay una transformación profunda, por el destino de los bienes y la administración de ellos. Actualmente el SAE tiene muy pocos, casos contados, de bienes por corrupción. Después de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio se esperan muchos bienes”, añade.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Comunidades de Oaxaca podrían recibir al menos US$1,45 millones de la venta de autos de lujo.
Vehículos puestos a subasta

AFP
Los autos más baratos a subasta son los “escarabajo” de Volkswagen, cuyo precio inicial será de unos US$520.

López Obrador eligió dos municipios en el estado de Oaxaca, Santo Reyes Yucuná y Santa María Sanir, como beneficiarios de la subasta del 26 de mayo ya que están entre los más pobres del país.

Aunque todavía no hay un plan específico de qué se hará en esos lugares, Rodríguez espera que el dinero sirva para invertirlo en obras, caminos, hospitales o escuelas “que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país”.

El gobierno federal espera obtener este año unos US$62,5 millones (1.200 millones de pesos) luego de las subastas que se realicen a lo largo de 2019.

Una segunda venta cuya fecha está por anunciarse será de residencias que han estado posesión del gobierno y cuyo uso ha estado a discreción del gobierno, según el presidente López Obrador.

Una casa confiscada

Gobierno de México
Una mansión en el sur de Ciudad de México tiene un precio base de alrededor de US$4 millones.

Y una tercera pondrá a subasta los lotes de joyas decomisadas que desde hace años están almacenadas en bodegas restaurdadas por el gobierno federal.

¿Quién elige a los beneficiarios?

El cómo se eligen a quién devolverle lo robado también ha sido objeto de críticas, pues en el caso de las comunidades de Oaxaca y la segunda subasta de residencias que beneficiará al estado de Guerrero se dieron por elección presidencial.

El presidente del opositor Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha calificado este tipo de programas como esfuerzos “clientelares” con fines electorales.

https://twitter.com/AccionNacional/status/1130114887063965698

El nuevo director del Indepuro asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera “colegiada” en un “gabinete del bienestar” conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.

“Será la decisión de todos”, afirma sobre la elección de comunidades y el tipo de beneficios que recibirán, pero enfatiza que serán las que tengan problemas de carencias y marginación.

Y afirma que hay mecanismos en el sistema electoral mexicano para evitar el uso de programas sociales en tiempos de elecciones.

“Anteriormente se daba el Robin Hood al revés: le quitabas a los pobres para darle a los corruptos. Lo principal es devolverle al pueblo lo que es de ellos. Es una restitución social”, defiende Rodríguez.

“Hoy en día hay discrecionalidad, hay bienes que no está claro cómo se administran, pero eso ya no seguirá”.


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