Nuevo sistema penal arranca con infraestructura incompleta; funcionará bien hasta 2024
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Cuartoscuro

Nuevo sistema penal arranca con infraestructura incompleta; funcionará bien hasta 2024

El gobernador de Guerrero admite que arrancan con lo básico y denuncia que el dinero para capacitación e infraestructura se desvió y desperdició por años. El sistema es desconocido para la gente y faltan leyes y abogados para víctimas, resaltan especialistas.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
10 de junio, 2016
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El 18 de junio el nuevo sistema penal acusatorio se implementará en todo el país pero en varias zonas arrancará con preparativos mínimos. Su funcionamiento en un nivel óptimo, con una infraestructura propia, capacitación integral, reorganización institucional terminada y difusión al cien por ciento, se logrará hasta el 2024.

Es la proyección oficial de la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal  (SETEC), que fija en 5 años con 7 meses  el tiempo necesario para “estabilizar adecuadamente el sistema” y eso, siempre y cuando se mantenga el ritmo de trabajo y voluntad política.

Si el ritmo se desacelera, advirtió el Director General de Coordinación Interinstitucional de la SETEC, Héctor Díaz Santana, el periodo para que funcione podría ser todavía mayor.

Para citar un ejemplo de lo que está pendiente. Actualmente se han construido en el país 804 salas de juicio oral, sin embargo, se requieren por lo menos mil 200 según estimaciones de la SETEC. Es decir, se tienen dos terceras partes de las salas que se necesitan para llegar al nivel óptimo.

En entrevista con Animal Político el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que se ha tenido que avanzar a marchas forzados en los últimos meses para llegar con lo mínimo, ya que en años no se hizo nada e incluso “se invirtió” dinero en supuestas capacitaciones o infraestructura que no se realizaron.

Por su parte la titular de la SETEC, María de los Ángeles Fromow, dijo que ya tienen diseñado un esquema  con más de 150 líneas de acción para trabajar en la puesta en marcha del nuevo sistema penal, pero el primer paso será proponer a los legisladores que la instancia coordinadora que ella encabeza y que dejara de existir a partir del 18 de junio, reciba el aval para transformarse en un área de consolidación, con presupuesto propio para los próximos años.

Representantes de la sociedad civil como Orlando Camacho, Presidente de México SOS, reconoció que hay rezagos en la difusión de que es y como funcional el sistema penal acusatorio hacia los ciudadanos, mientras que Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro AC, acusó falta de abogados e inequidad para las víctimas.

Este balance y opiniones fueron recabados en la clausura del Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, organizado por Institución Renace, México SOS y la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso.

Desperdicio de tiempo… y millones

A partir de una evaluación actualizada de la SETEC, Animal Político publicó que solamente hay cuatro entidades federativas que actualmente se encuentran en nivel óptimo para implementar el sistema penal: Coahuila Yucatán, Nuevo León y Chihuahua. El resto de las entidades, tienen un avance medio.

Entre los estados más atrasados se encuentra Guerrero, quien por ejemplo, presenta rezagos en la capacitación de policías y en la adquisición de equipos tecnológicos, además de infraestructura.

Sobre esto el gobernador de esa entidad Héctor Astudillo Flores, dijo a Animal Político dijo que en más de seis años no se hizo prácticamente nada para la implementación del sistema en la entidad. Fue apenas en octubre de 2015, cuando llegó a la gubernatura, que se implementó un plan de emergencia para arrancar el sistema.

“Guerrero pudo haber sido el único estado en donde no fuera posible que arrancara. Estábamos prácticamente en cero pero pudimos echarlo a andar el sistema el pasado 1 de junio, gracias a un trabajo intensivo con la SETEC. Como gobernador no estoy satisfecho pero dimos un paso importante en meses” dijo.

Astudillo aclaró que el problema  nunca debió haber sido el tiempo ni los recursos. Sin embargo, tras un análisis se descubrió que el dinero o no se había gastado, o si se hizo fue en otros temas o conceptos desconocidos. Se descubrió que había obras inconclusas y cursos que no se dieron.

Había instalaciones abandonadas y había recursos de capacitación pero cuando les preguntábamos a los policías que había pasado con la capacitación resulta que no había existido tal, o sea nunca se dio. Tuvimos que hace doble inversión en capacitación y en infraestructura” reveló.

Al detallar algunas de las acciones que han realizado, dijo que lograron habilitar salas para juicio oral en Acapulco, Chilpancingo y Ometepec, mientras que en Coyuca de Catalán rentaron una casa donde se habilitó otra sala más. En total, tienen aproximadamente 20 salas aunque reconoció que es el mínimo y se necesitan más en otros estados.

Un sistema penal desconocido

El nuevo sistema penal es prácticamente desconocido para la mayoría de la gente, coincidieron especialistas y autoridades en la clausura del Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, por lo que trabajar en ello es una de las tareas fundamentales para los próximos años.

“La verdad la gente no lo conoce en lo absoluto. La difusión es uno de los puntos débiles que tenemos en los próximos años” dijo Héctor Astudillo.

Orlando Camacho, director General de México S.O.S, una de las organizaciones que ha dado impulso a la implementación del sistema, subrayó que pese a que estamos frente a una de las reformas más importantes del último siglo, y a las puertas de una nueva forma de hacer justicia, el tema aún está lejos del dominio de los ciudadanos.

“En esta fase de consolidación un tema fundamental es la difusión. La reforma penal mas importante de los últimos cien años lo conoce a lo mucho el 15 por ciento de la población, entonces tenemos un gran pendiente ahí.  En este foro hubo por primera vez una mesa de trabajo con medios y publicistas para que ellos se monten porque no lo conocían”. Dijo.

De acuerdo con Camacho, la clave está en lograr “bajar” la complejidad del idioma jurídico a un idioma coloquial y comunicarle a las personas que este es un sistema penal donde no hay más casos que se solucionen “en lo oscurito”, donde todo es público y ante un juez, donde hay soluciones alternativas donde se respeta la presunción de inocencia, entre otros.

Explico que  el objetivo es arrancar campañas en los próximos meses en donde con las formulas de la publicidad se consiga que la gente conozca el sistema penal.

La titular dela SETEC, María de los Ángeles Fromow, dijo que históricamente la gente desconoce cómo funciona el sistema penal en el país. Lo que sabe es que hay que presentar una denuncia y que muchas veces no pasa nada. El reto es que las personas conozcan el nuevo sistema para que a su vez, se fortalezca la cultura de denunciar.

“Estamos trabajando de forma intensa con distintas instancias, tratando de genera run cambio cultural para que la gente pueda entender que es la mediación o cuáles son sus derechos, la importancia de la presunción de la inocencia y debido procesos. Se trata de conceptos abstractos que hay que aterrizar a un lenguaje ciudadano”  dijo.

Fromow confirmó al igual que Orlando Camacho, que este año habrá una campaña que se pondrá en marcha con poyo de distintos medios de comunicación para difundir las ventajas del nuevo sistema.

Los frentes abiertos

La capacitación de las fuerzas de seguridad pública para que asimilen y adapten sus métodos de trabajo a las exigencias del nuevo sistema penal, es uno de los retos que aún tiene en puesta el gobierno. Fromow sostuvo que el 95 por ciento del casi medio millón de policías en el país ya recibió una capacitación básica de 40 horas.

“Se trata de una capacitación básica, estamos dando los primeros pasos para que conozcan los fundamentos del nuevo sistema. Los estados están siguiendo una fórmula para que los agentes más preparados supervisen el trabajo de los demás” dijo.

Los mandatarios mostraron una mayor preocupación. En su participación en el foro, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles reconoció que los talleres de instrucción para los agentes se han realizado en los últimos meses contra el tiempo, y aun les falta.

“Traíamos un rezago brutal en la capacitación de policías. Hemos estado a marchas forzadas capacitando a los policías, a los agentes ministeriales. Vamos avanzando bien pero no falta la capacitación de agentes municipales, no solo basta  los estatales y eso implica un reto mayúsculo” dijo.

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo coincidió en que la capacitación de los policías municipales es la ms débil y se necesita continuar con los talleres para tener a agentes mejor profesionalizados.

La infraestructura para el nuevo sistema penal es otro pendiente.  A la construcción de 400 salas de juicio oral que deberán materializarse en próximos años, hay que trabajar en temas como los consultorios o el acondicionamiento de unidades de mediación apropiada, dijo el Director General de Coordinación Interinstitucional de la SETEC, Héctor Díaz Santana.

También está el cambio normativo. El funcionario dijo que si bien se han creado o modificado más de 400 leyes, aún están pendientes por aprobarse una Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, que también requerirán modificaciones a normas estatales.

“Justicia alternativa, medidas cautelares, servicios periciales, policía procesal, atención a víctimas, es una agenda muy extensa a la cual tenemos que mantener este ritmo porque aunque el 10% s delos temas en tribunales son penales, es la justicia penal es la cara que tiene el ciudadano del cumplimiento de la ley” dijo.

Víctimas olvidadas: Wallace

De acuerdo con la presidenta de la Organización Alto al Secuestro, Isabel Wallace, en la mayoría del país se pone en marcha el sistema sin que existan condiciones necesarias para las víctimas, las cuales están en desventaja bajo las nuevas reglas del proceso penal.

“Hay una carencia de abogados victimales bien preparados que son los representantes jurídicos de las víctimas. No tenemos ni la cantidad suficiente ni la calidad necesaria Si una víctima requiere de un abogado en una audiencia es posible que no lo tenga. Hay estados en donde no los hay simplemente” dijo.

Wallace insistió en que las víctimas se encuentran en condiciones de inequidad dentro del marco del “debido proceso” que exige el nuevo sistema. Puso de ejemplos caso como la Ciudad de México y Quintana Roo  en donde hay una defensoría pública adecuada para los imputados, pero hay carencia de abogados.

“Incluso la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que es nacional tiene solamente 21 abogados, ni siquiera hay un abogado por estado, y además muchos son jóvenes sin experiencia y preparación para llevar casos complejos como son los de delincuencia organizada” dijo.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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