Se acabó el tiempo: solo cuatro estados están listos para implementar el nuevo sistema penal
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Cuartoscuro

Se acabó el tiempo: solo cuatro estados están listos para implementar el nuevo sistema penal

La mitad de los estados arrancarán sistema con la preparación a medias, con salas de juicio oral rentadas, insuficiencia de equipos y capacitación básica. La inversión para implementarlo ya llegó a casi 21 mil millones de pesos y continuará para consolidarlo.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
3 de junio, 2016
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El 18 de junio vence el plazo para el arranque total del nuevo sistema penal en México y solo hay cuatro estados que cumplieron al cien por ciento con los requisitos para implementarlo. Más de la mitad de las entidades iniciarán con falta de infraestructura propia para salas de juicios orales, una capacitación incompleta de los policías y lentitud en reorganizar sus instituciones, entre otras deficiencias.

Un balance oficial proporcionado por la Secretaría Técnica para la Implementación de la reforma Penal  (SETEC) a Animal Político, con corte al 1 de junio, detalla el avance en cada estado e institución. El sistema comenzará a funcionar sin excepciones aunque haya estados menos preparados.

Solo en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán se encuentran en un nivel óptimo de ejecución del nuevo sistema penal, que entre otras cosas, permite que todas las audiencias sean orales y con un juez presente, y que haya mecanismos alternos para solucionar caso graves y se eviten así procesos largos.

El avance ha sido a marchas forzadas en los últimos tres años. Hasta el inicio de 2013, con cuatro años transcurridos del periodo, apenas el 28 por ciento de la población estaba cubierta por el nuevo sistema. Hoy ese porcentaje es del 82 por ciento, pero  aún hay 20 millones de mexicanos que no se han visto beneficiados.

De acuerdo con la SETEC, el trabajo realizado de 2013 a la fecha garantiza que ninguna entidad dejará de implementar el sistema penal a partir del 18 de junio en su territorio, aunque los más retrasados comenzarán a hacerlo con “lo mínimo” para que funcionen.

Por ejemplo, hay entidades retrasadas en infraestructura de juzgados como Sonora donde se comenzará a trabajar con salas de juicio oral rentadas, o el caso de Baja California y Quintana Roo donde los funcionarios tienen solo talleres de conocimientos básicos.

Hasta ahora, la inversión que se ha realizado para implementar la reforma asciende a casi 21 mil millones de pesos.

La mitad… a medias

Para medir el avance real en la implementación de la reforma, la SETEC desarrolló una metodología  que pondera el trabajo realizado en cada estado en cuatro áreas: capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y comunicación, y reorganización institucional. La medición se conjuga para tener una calificación en una escala del 1 al 10.

Los resultados, revelan que al día de hoy hay 14 entidades federativas con un promedio de 6.0 a 7.4, que se considera como un avance “medio alto” sin llegar a ser “alto”. Dichas entidades son Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, Sonora, Guerrero, Campeche, Veracruz, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Bala California, Tabasco y Quintana Roo.

Baja California Sur es la única entidad federativa con un resultado aún más bajo, 5.7, lo que la única con un “avance medio”. Esto se debe a rezagos significativos que presenta la entidad tanto en capacitación, como en equipo s tecnológicos y en la infraestructura del tribunal y la procuraduría estatal.

 

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Posteriormente hay 13 entidades que registran un nivel alto en la preparación e implementación del nuevo sistema, con una calificación de 7.5 a 8.6. Entre ellas se encuentran la Ciudad de México y el estado de México, las dos demarcaciones con mayor población del país.

Finalmente, en lo que la SETEC define con un “nivel óptimo” de preparación y ejecución del nuevo sistema penal, con una calificación superior a  9.0 solamente hay cuatro entidades: Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

En esos estados, el cien por ciento de la población está cubierta por el sistema pero además las instituciones cuentan con una infraestructura propia funcionando y una capacitación avanzada tanto en el sistema judicial, como en las corporaciones policiales y en sus abogados de oficio.

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Los mayores rezagos

Hay cuatro instancias responsables de operar la reforma penal en los estados: las secretarías de Seguridad Pública con los policías,  las procuradurías/fiscalías con las agencias del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales; las defensorías públicas con abogados y facilitadores de soluciones alternas a un juicio; y los tribunales de justicia con los jueces.

De acuerdo con la evaluación, las secretarías de Seguridad Pública y las defensorías de oficio son los operadores más atrasados, con un avance promedio nacional de 6.7 .

Entre las corporaciones policiales más rezagadas están, por ejemplo, las de Baja california Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas y Campeche debido a su atraso en recursos tecnológicos como computadoras o cámaras.

Las policías de Nayarit, San Luis Potosí y Guerrero carecen de una capacitación integral en el nuevo sistema, mientras que las de Oaxaca, Campeche e Hidalgo no cuentan aún con los protocolos suficientes para este sistema que exige tanto nuevas plazas como mecanismos de intervención de los agentes.

En cuanto a las defensorías públicas, que es el área que de oficio y de forma gratuita ofrece asesoría legal con abogados a las personas acusadas de un delito, los mayores atrasos están en Durango y Sonora donde carecen de equipos tecnológicos; en Nayarit donde no hay instalaciones adecuadas; y en Oaxaca donde no hay plaza sin protocolos suficientes.

Además de lo anterior hay retrasos significativos en algunos aspectos específicos en las entidades. Por ejemplo, en la Procuraduría General de Justicia en Guerrero hay  graves carencias de equipos tecnológicos, pero también de elementos indispensables para las investigaciones como laboratorios periciales o bases de datos para redes de vínculos.

En infraestructura, Sonora no tiene ni salas de juicio oral ni instalaciones adecuadas en sus agencias del Ministerio Público. En el tema de la capacitación, las procuradurías de Sonora, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Baja California, tienen calificaciones de 1.8 a 2.8, lo que se traduce en una preparación mínima en los fundamentos del nuevo sistema.

Gasto, ahorro y beneficios

De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora se han invertido 20 mil 981 millones de pesos en la preparación del nuevo sistema penal en los estados. Estos recursos han provenido tanto de los subsidios específicos que se designan a cada entidad para este tema, así como del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se da a los estados, y de partidas similares para los municipios.

Pero el gasto no ha sido parejo. Según la dependencia, el 72 por ciento de la inversión se ha hecho  del 2013 en adelante. Esto permitió que se avanzará en la cobertura del nuevo sistema hasta llegar a un 82 por ciento actualmente.

La SETEC subrayó que el nuevo sistema es más barato y los beneficios económicos para las víctimas son mayores. Por ejemplo, en el sistema mixto actual (escrito principalmente) el costo de cada proceso es de 15 mil 198 pesos en promedio, mientras que una resolución de un asunto penal a través de los mecanismo alternativos del nuevo sistema cuesta solo mil 566 pesos.

Además, donde ya opera el sistema se han incrementado los montos recuperados por reparación del daño a través de los medios alternativos.  En Yucatán se recobraron alrededor de 3 millones de pesos, en Coahuila más de 6 millones de pesos, y en Oaxaca, en los últimos 5 años, más de 41 millones de pesos.

Por otro lado, se reporta que hay una disminución importante en la prisión preventiva que casi por regla aplica en el sistema que está por salir. Se calcula que más de 70 mil personas evitaron ir a prisión hasta ahora, y hay entidades con descenso significativos como Nuevo León donde la prisión preventiva cayó de 45 a 25 por ciento.

La Secretaría Técnica subraya otros beneficios. De entrada todas las audiencias son orales y con un juez presente, y todas son videograbadas para garantizar al publicidad y transparencia del proceso.

Además se prioriza la solución alterna de conflictos o mediación, que significa que en cualquier caso pro un delito que no sea de extrema gravedad, las partes involucradas (víctimas y acusados) asesorados pro personal especializado, pueden alcanzar un acuerdo de reparación del daño que luego se oficializa ante el juez y asís e evita un juicio largo.

Todos los procesos en el sistema  penal actual que está por salir duran en promedio de 170 a 185 días, mientras que en el nuevo sistema, un conflicto que se soluciona con mecanismos alternativos no pasa de 30 días.

Los casos que se están resolviendo de forma alternativa con mayor frecuencia en las zonas dodne ya opera el sistema, y que antes terminaban de forma forzosa en procesos largos, son de daño en las cosas, amenazas, lesiones culposas, hurtos sin violencia y fraudes menores.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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