Se acabó el tiempo: solo cuatro estados están listos para implementar el nuevo sistema penal
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

Se acabó el tiempo: solo cuatro estados están listos para implementar el nuevo sistema penal

La mitad de los estados arrancarán sistema con la preparación a medias, con salas de juicio oral rentadas, insuficiencia de equipos y capacitación básica. La inversión para implementarlo ya llegó a casi 21 mil millones de pesos y continuará para consolidarlo.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
3 de junio, 2016
Comparte

El 18 de junio vence el plazo para el arranque total del nuevo sistema penal en México y solo hay cuatro estados que cumplieron al cien por ciento con los requisitos para implementarlo. Más de la mitad de las entidades iniciarán con falta de infraestructura propia para salas de juicios orales, una capacitación incompleta de los policías y lentitud en reorganizar sus instituciones, entre otras deficiencias.

Un balance oficial proporcionado por la Secretaría Técnica para la Implementación de la reforma Penal  (SETEC) a Animal Político, con corte al 1 de junio, detalla el avance en cada estado e institución. El sistema comenzará a funcionar sin excepciones aunque haya estados menos preparados.

Solo en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán se encuentran en un nivel óptimo de ejecución del nuevo sistema penal, que entre otras cosas, permite que todas las audiencias sean orales y con un juez presente, y que haya mecanismos alternos para solucionar caso graves y se eviten así procesos largos.

El avance ha sido a marchas forzadas en los últimos tres años. Hasta el inicio de 2013, con cuatro años transcurridos del periodo, apenas el 28 por ciento de la población estaba cubierta por el nuevo sistema. Hoy ese porcentaje es del 82 por ciento, pero  aún hay 20 millones de mexicanos que no se han visto beneficiados.

De acuerdo con la SETEC, el trabajo realizado de 2013 a la fecha garantiza que ninguna entidad dejará de implementar el sistema penal a partir del 18 de junio en su territorio, aunque los más retrasados comenzarán a hacerlo con “lo mínimo” para que funcionen.

Por ejemplo, hay entidades retrasadas en infraestructura de juzgados como Sonora donde se comenzará a trabajar con salas de juicio oral rentadas, o el caso de Baja California y Quintana Roo donde los funcionarios tienen solo talleres de conocimientos básicos.

Hasta ahora, la inversión que se ha realizado para implementar la reforma asciende a casi 21 mil millones de pesos.

La mitad… a medias

Para medir el avance real en la implementación de la reforma, la SETEC desarrolló una metodología  que pondera el trabajo realizado en cada estado en cuatro áreas: capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y comunicación, y reorganización institucional. La medición se conjuga para tener una calificación en una escala del 1 al 10.

Los resultados, revelan que al día de hoy hay 14 entidades federativas con un promedio de 6.0 a 7.4, que se considera como un avance “medio alto” sin llegar a ser “alto”. Dichas entidades son Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, Sonora, Guerrero, Campeche, Veracruz, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Bala California, Tabasco y Quintana Roo.

Baja California Sur es la única entidad federativa con un resultado aún más bajo, 5.7, lo que la única con un “avance medio”. Esto se debe a rezagos significativos que presenta la entidad tanto en capacitación, como en equipo s tecnológicos y en la infraestructura del tribunal y la procuraduría estatal.

 

grafico-sjpn-junio

Posteriormente hay 13 entidades que registran un nivel alto en la preparación e implementación del nuevo sistema, con una calificación de 7.5 a 8.6. Entre ellas se encuentran la Ciudad de México y el estado de México, las dos demarcaciones con mayor población del país.

Finalmente, en lo que la SETEC define con un “nivel óptimo” de preparación y ejecución del nuevo sistema penal, con una calificación superior a  9.0 solamente hay cuatro entidades: Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

En esos estados, el cien por ciento de la población está cubierta por el sistema pero además las instituciones cuentan con una infraestructura propia funcionando y una capacitación avanzada tanto en el sistema judicial, como en las corporaciones policiales y en sus abogados de oficio.

grafico-sjpn-junio-2

Los mayores rezagos

Hay cuatro instancias responsables de operar la reforma penal en los estados: las secretarías de Seguridad Pública con los policías,  las procuradurías/fiscalías con las agencias del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales; las defensorías públicas con abogados y facilitadores de soluciones alternas a un juicio; y los tribunales de justicia con los jueces.

De acuerdo con la evaluación, las secretarías de Seguridad Pública y las defensorías de oficio son los operadores más atrasados, con un avance promedio nacional de 6.7 .

Entre las corporaciones policiales más rezagadas están, por ejemplo, las de Baja california Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas y Campeche debido a su atraso en recursos tecnológicos como computadoras o cámaras.

Las policías de Nayarit, San Luis Potosí y Guerrero carecen de una capacitación integral en el nuevo sistema, mientras que las de Oaxaca, Campeche e Hidalgo no cuentan aún con los protocolos suficientes para este sistema que exige tanto nuevas plazas como mecanismos de intervención de los agentes.

En cuanto a las defensorías públicas, que es el área que de oficio y de forma gratuita ofrece asesoría legal con abogados a las personas acusadas de un delito, los mayores atrasos están en Durango y Sonora donde carecen de equipos tecnológicos; en Nayarit donde no hay instalaciones adecuadas; y en Oaxaca donde no hay plaza sin protocolos suficientes.

Además de lo anterior hay retrasos significativos en algunos aspectos específicos en las entidades. Por ejemplo, en la Procuraduría General de Justicia en Guerrero hay  graves carencias de equipos tecnológicos, pero también de elementos indispensables para las investigaciones como laboratorios periciales o bases de datos para redes de vínculos.

En infraestructura, Sonora no tiene ni salas de juicio oral ni instalaciones adecuadas en sus agencias del Ministerio Público. En el tema de la capacitación, las procuradurías de Sonora, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Baja California, tienen calificaciones de 1.8 a 2.8, lo que se traduce en una preparación mínima en los fundamentos del nuevo sistema.

Gasto, ahorro y beneficios

De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora se han invertido 20 mil 981 millones de pesos en la preparación del nuevo sistema penal en los estados. Estos recursos han provenido tanto de los subsidios específicos que se designan a cada entidad para este tema, así como del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se da a los estados, y de partidas similares para los municipios.

Pero el gasto no ha sido parejo. Según la dependencia, el 72 por ciento de la inversión se ha hecho  del 2013 en adelante. Esto permitió que se avanzará en la cobertura del nuevo sistema hasta llegar a un 82 por ciento actualmente.

La SETEC subrayó que el nuevo sistema es más barato y los beneficios económicos para las víctimas son mayores. Por ejemplo, en el sistema mixto actual (escrito principalmente) el costo de cada proceso es de 15 mil 198 pesos en promedio, mientras que una resolución de un asunto penal a través de los mecanismo alternativos del nuevo sistema cuesta solo mil 566 pesos.

Además, donde ya opera el sistema se han incrementado los montos recuperados por reparación del daño a través de los medios alternativos.  En Yucatán se recobraron alrededor de 3 millones de pesos, en Coahuila más de 6 millones de pesos, y en Oaxaca, en los últimos 5 años, más de 41 millones de pesos.

Por otro lado, se reporta que hay una disminución importante en la prisión preventiva que casi por regla aplica en el sistema que está por salir. Se calcula que más de 70 mil personas evitaron ir a prisión hasta ahora, y hay entidades con descenso significativos como Nuevo León donde la prisión preventiva cayó de 45 a 25 por ciento.

La Secretaría Técnica subraya otros beneficios. De entrada todas las audiencias son orales y con un juez presente, y todas son videograbadas para garantizar al publicidad y transparencia del proceso.

Además se prioriza la solución alterna de conflictos o mediación, que significa que en cualquier caso pro un delito que no sea de extrema gravedad, las partes involucradas (víctimas y acusados) asesorados pro personal especializado, pueden alcanzar un acuerdo de reparación del daño que luego se oficializa ante el juez y asís e evita un juicio largo.

Todos los procesos en el sistema  penal actual que está por salir duran en promedio de 170 a 185 días, mientras que en el nuevo sistema, un conflicto que se soluciona con mecanismos alternativos no pasa de 30 días.

Los casos que se están resolviendo de forma alternativa con mayor frecuencia en las zonas dodne ya opera el sistema, y que antes terminaban de forma forzosa en procesos largos, son de daño en las cosas, amenazas, lesiones culposas, hurtos sin violencia y fraudes menores.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
Comparte
chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

colas

AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

chile

AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

colas

Getty Images
Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

chile

Getty Images
Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

chile

Getty Images
Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

chile

Getty Images
El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

colas

Getty Images
El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

chile

Getty Images
El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.