Corrupción, la principal amenaza para empresas en México: American Chamber of Commerce
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Corrupción, la principal amenaza para empresas en México: American Chamber of Commerce

5 de cada 10 empresarios encuestados por la AmCham señalaron a la corrupción como la principal amenaza para sus actividades; consideraron que Tamaulipas y el Estado de México son las entidades más peligrosas por su nivel de crimen y violencia.
Cuartoscuro Archivo
Por Manuel Ureste
27 de julio, 2016
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La principal amenaza para las empresas extranjeras y nacionales en México no es el secuestro ni la extorsión del crimen organizado, sino la corrupción de las autoridades.

Así lo dijeron 5 de cada 10 empresarios encuestados por la American Chamber of Commerce (AmCham), para su séptimo Informe de Seguridad Empresarial México, que presenta este miércoles.

El estudio de la AmCham, que realizó a partir de una encuesta a 340 directores generales de empresas -56% extranjeras, 41% nacionales y 3% cámaras de comercio-, reveló que la corrupción fue mencionada más veces por los empresarios como principal amenaza que los ataques al trasporte o cadena de suministro (46%); la extorsión de la delincuencia (45%); la impunidad (44%); el robo interno (42%); y el secuestro (40%).

La percepción de la corrupción como la mayor amenaza para las empresas aumentó en relación al informe previo de la AmCham, publicado en 2014, cuando 21% de los encuestados señalaron a la corrupción, junto con la impunidad, como el factor que más impactó en el deterioro de su seguridad.

Sobre la confianza de los empresarios para denunciar agresiones, 52% dijo que la actuación de autoridades municipales fue “deficiente” ante denuncias presentadas, y 40% prefirió no contestar. En el caso de las autoridades a nivel estatal, un 46% señaló que su actuación fue deficiente, y 42% no contestó.

Las autoridades federales salieron algo mejor libradas: 25% dijo que su actuación sí fue eficiente, 33% deficiente, y 42% no opinó. No obstante, la confianza en las autoridades federales bajó 13 puntos porcentuales en relación a 2014.

“La Marina y el Ejército son las autoridades que mejor respuesta han dado ante las denuncias reportadas por la industria”, expuso en entrevista Ana López Mestre, directora de la American Chamber México, quien agregó que el 21% de las empresas decidieron no denunciar el delito, “lo que refleja una falta de confianza en las autoridades”.

Esa falta de confianza se refleja en otro dato: 83% de las empresas encuestadas dijo que su seguridad ha mejorado gracias a la puesta en marcha de medidas de seguridad internas (capacitaciones de personal, protocolos de viaje, controles de acceso, videocámaras, guardias privados, etcétera), frente al 15% que dijo que se debió a la intervención de alguna autoridad.

Tamaulipas desbanca a Nuevo León como el más peligroso para las empresas

En cuanto al mapa de la inseguridad en el país, el informe de la American Chamber refiere que los empresarios encuestados apuntan a Tamaulipas como el estado más peligroso, seguido del Estado de México (Edomex) y Michoacán.

En relación con el informe de 2014, Tamaulipas desbancó a Nuevo León como el estado más violento, mientras que el Estado de México subió del cuarto al segundo lugar, y Michoacán bajó al tercero. La Ciudad de México es la cuarta entidad más peligrosa (subió un puesto en comparación con 2014). Le siguen Nuevo León, que bajó del primer lugar al quinto; Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila.

Cabe resaltar que tras dos ediciones en las que no figuraba en el top 10 de estados más peligrosos, Sinaloa volvió a la lista, mientras que Chihuahua abandonó el ranking después tres ediciones consecutivas de haber aparecido.

Por el contrario, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas y Campeche, son las entidades con menos problemas de inseguridad, según reportaron las empresas. Colima a pesar de que en el primer semestre de este 2016 es la entidad con la mayor tasa de homicidios de México, 40 por cada 100 mil habitantes frente a 29.9 de Guerrero, ocupa el sexto lugar de estados más ‘pacíficos’ para las empresas.

Iztapalapa y Ecatepec, entre los municipios más violentos del país

En la clasificación por municipios más peligrosos, resaltan los casos de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, y de Ecatepec, en Edomex.

Aunque ambos municipios no figuraron en el ‘top 10’ del informe 2014, en esta nueva edición Iztapalapa ocupa el tercer lugar más peligroso, y Ecatepec el segundo, por delante de Monterrey (que era la ciudad más peligrosa en 2014), Morelia, Guadalajara, Acapulco, Veracruz, Torreón y Culiacán.

Reynosa, en Tamaulipas, es en la actualidad la localidad más peligrosa para las empresas extranjeras y nacionales, según apuntaron los encuestados.

empresas

Aumentan las extorsiones virtuales contra las empresas

Por tipo de agresión sufrida por las empresas, la ‘extorsión virtual’ fue la más reportada: 49% de los encuestados así lo dijeron. Esta cifra es 10 puntos porcentuales mayor a la de 2014, cuando el 39% de los empresarios señaló que sufrió al menos una vez una ‘extorsión virtual’, es decir, que fue objeto de una llamada telefónica que simula un secuestro para exigir un rescate.

En comparación con el informe de 2014, la ‘extorsión virtual’ superó al robo como delito más común contra empresarios, que en este 2015-2016 ocupa el segundo lugar (45% sufrió un robo).

Ataques al transporte de las empresas (38%), agresiones o amenazas contra empleados (35%), el secuestro virtual (19%), o el secuestro exprés (14%), son otros de los delitos más reportados. Mientras que la intrusión en las instalaciones fue el que más aumentó: pasó del 13% al 29%, 16 puntos porcentuales más.

En cuanto a los delitos más recurrentes, el robo y los ataques al transporte fueron los que más se repitieron: 17% de los encuestados dijeron que sufrieron un robo en más de ocasiones, y otro 17% que sus transportes fueron atacados también más de cinco veces.

62% de las empresas no redujeron su inversión, a pesar de la violencia

A pesar de los datos anteriores, el informe de la AmCham destaca que 62% de los empresarios encuestados aseguraron que no redujeron sus inversiones en México debido a la violencia. Este indicador está ligeramente por debajo en comparación con 2014, cuando 69% indicaron que no bajaron sus inversiones.

“Solamente 10 empresas dijeron haber reubicado sus operaciones dentro del país por motivos de seguridad, saliendo de Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para reubicarse en Yucatán, Puebla, Oaxaca y Nuevo León”, apunta el informe, el cual también indica que seis empresas que operaban en Nuevo León, Edomex, Tamaulipas, Jalisco y Campeche, trasladaron sus operaciones a Estados Unidos y Canadá.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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