La Ley de Movilidad en la CDMX lleva dos años sin aplicarse por la falta de un reglamento
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La Ley de Movilidad en la CDMX lleva dos años sin aplicarse por la falta de un reglamento

Fue publicada en julio de 2014 y se estableció un plazo de 180 días para que se expidiera su reglamento, pero hasta ahora eso no ha ocurrido; la ley, entre otros puntos, establece que las personas que caminen en la calle o viajen en transporte público tienen derecho a un seguro.
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Por Arturo Angel
26 de julio, 2016
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El 14 de julio de 2014 entró en vigor la Ley de Movilidad de la capital mexicana que establece, entre otras cosas, que las personas que caminen en la calle o viajen en transporte público tiene derecho a un seguro;  que las licencias de manejo solo se darán tras aprobar varios exámenes; o  que se creará un fondo con el dinero de las multas que se paguen.

El objetivo es reorganizar la política de movilidad para dar prioridad al peatón, reducir al mínimo los percances viales y salvar entre el 2014 y el 2020 más de 50 mil vidas.

Pero nada de eso ha ocurrido en dos años, porque no existe un reglamento que permita aplicar en la realidad lo que hoy solo sigue en el papel.

El gobierno capitalino tenía 180 días, como máximo, para expedir el Reglamento que estableciera la forma en que se aplicarían los más de 250 artículos de la norma; ya pasaron más de dos años y no se ha expedido.

“Tenemos una ley de movilidad con las mejores prácticas del mundo sin duda pero ¿de qué nos sirve tener un papel increíble sino podemos actuar de ninguna forma? Tener una ley sin reglamento es como no tener nada, no te está asegurando nada”, dijo Fernanda Rivero Banfield, directora de la asociación civil México Previene.

Rivero firmó una carta respaldada por más de 20 organizaciones civiles especializadas en movilidad que hace un mes fue entregada a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para pedir la publicación del reglamento. En el documento recordaron que al día tres personas mueren solo por accidentes viales.

Animal Político contactó a la Consejería encabezada por Manuel Granados para preguntarles sobre el reglamento. Confirmaron que éste no se ha expedido y  se debe a que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la ciudad no ha mandado el texto correspondiente para su análisis final.

En la SEMOVI la titular del Nuevo Modelo de Movilidad, Laura Ballesteros, reconoció que existe un retraso, pero dijo que a partir de julio de 2015, cuando ella asumió su actual cargo, se aceleró el trabajo, lo que permitió finalizar y entregar un proyecto de Reglamento la semana pasada, que se espera se revise y apruebe antes que concluya el 2016.

“¿Qué si se tenía que haber sacado antes? Pues por supuesto que tendría que haber salido antes, pero justamente porque no se hizo al principio es que se crea el Nuevo Modelo de Movilidad para avanzar en esto”, dijo.

Cuatro claves de la ley

La Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en 2014 reordena prácticamente a todos los actores que comparten el espacio público de la ciudad; la norma establece la prioridad que tiene le peatón y el ciclista sobre los demás; las reglas para la concesiones del transporte de todo tipo y sanciones; los parámetros de clasificación de las avenidas, entre otros.

Pero además incluye varias innovaciones, la mayoría propuestas por organizaciones de la sociedad civil, que buscan alcanzar una movilidad más equitativa y segura.  Estas disposiciones requieren de reglas que no se han establecido. Aquí el ejemplo de cuatro de ellas.

*Seguro para las víctimas

La Ley de Movilidad protege a las personas en la calle o en el transporte, en caso de ser víctimas de un accidente. El artículo 196 establece que una persona que sufra daños y perjuicios en la vía pública (incluyendo peatones o ciclistas) a causa del mal estado de las calles, avenidas o de las señalizaciones, debe ser indemnizada.

El artículo 72 indica que todos los conductores de autos particulares están obligados  a contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos que se establezca en el Reglamento. Además el artículo 110 establece la obligación de los concesionarios del transporte público para contar con una “póliza de seguro” que proteja tanto a los terceros que resulten afectados en un incidente, pero también a los usuarios.

Para que esto funcione y lo haga bien en la realidad, Rivero Banfield indica que el reglamento debe establecer las características mínimas de la protección que se dará a las personas.

“En el reglamento debe de venir detallado el seguro obligatorio de responsabilidad social. Esto es decir más o menos cual es el monto a asegurar (…) Este seguro cubriría a daños a terceros y a ti. Hay muchos seguros que solo cubren daños al automóvil por ejemplo, entonces es una trampa que solo se hable de la obligatoriedad de seguros, debe ser un seguro bien detallado”, dijo.

La experta recordó que según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el 75 por ciento del parque vehicular no está asegurado actualmente, por lo que es vital que esto se materialice conforme los parámetros que establezca el reglamento.

*Exámenes para conducir

El artículo 65 de la Ley de Movilidad establece que para obtener licencias o permisos para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado “será necesario acreditar las evaluaciones y cursos” que establezca la Secretaría de Movilidad.

El Reglamento de la Ley de Movilidad que aún no se expide, deberá establecer la batería de exámenes que tendrá que cumplir la persona que aspire a una licencia, y que se prevé que sean de tres tipos: médicos, teóricos y prácticos, explicó Rivero Banfield.

“Se habría dicho que sería antes de 2017 pero evidentemente ya vamos atrasados en este tema porque no existe el reglamento. También  está la parte de diferenciar los exámenes de manejo por ejemplo para las motocicletas. Actualmente si tú tienes una licencia puedes manejar un auto o una moto y esto debe diferenciarse”, dijo la experta.

Otra cosa que el reglamento debe detallar según la presidenta de México Previene, son las especificaciones para cursos en línea o prácticos, la elaboración de un manual de capacitación con parámetros homologados, y la regulación básica de las escuelas de manejo.

*Fondo de Movilidad

El artículo 32 de la ley establece la creación del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial cuyo objetivo será el de “captar, administrar y aportar recursos” que contribuyan a mejorar  las condiciones de infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura vial en materia d e movilidad

“El fondo de movilidad lo que va a hacer es canalizar todos los recursos que se generan  por ejemplo de los parquímetros, de las multas, de las fotomultas… esto se tiene que definir con mucha precisión en el reglamento y también que es lo que va a pasar con ese dinero”, dijo la presidenta de México Previene.

De acuerdo con Rivero Banfield, deben establecerse reglas claras sobre el manejo de estos recursos para que su ejercicio realmente este encaminado al beneficio de la movilidad y el espacio público.

*Reorganización del transporte

La Ley de Movilidad promete por fin reorganizar todo el sistema de transporte público. Además de nuevas normas para el otorgamiento de concesiones y permisos, también plantea una revisión constante de los distintos sistemas para priorizar un mejor traslado y cobertura de rutas y demandas

Lo anterior implicará, de acuerdo con el artículo 223 de la Ley,  que la secretaría de Movilidad será la responsable de coordinar todas las políticas de movilidad a través de un “Centro de Gestión” que evaluará las condiciones de las vialidades  y de los sistemas.  Pero todo este proceso deberá detallarse en el Reglamento que aún no existe.

“Esta ley lo que hace es cambiar atribuciones de prácticamente todas las dependencias que tienen que ver con movilidad (…)da atribuciones a SEMOVI como cabeza de sector para integrar el Centro de Gestión de Movilidad y esas son atribuciones que en parte hoy tiene la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Laura Bellesteros.

¿Cuándo estará listo?

El pasado 7 de junio más de 20 organizaciones civiles especializadas en temas de movilidad entregaron una carta a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México (de la que Animal Político tiene copia con el acuse de recibo) en la que piden se acelere la expedición del reglamento, luego de que el límite para ello se sobrepasó hace año y medio.

Fernanda Rivero Banfield dice que hasta ahora no han recibido una respuesta de la Consejería, pese a que de acuerdo con la información que tienen ya recibieron el texto del reglamento elaborado por la Secretaría de Movilidad para su aprobación.

Animal Político buscó la posición de la Consejería Jurídica. La respuesta, a través del área de comunicación social de dicha dependencia, es que en efecto no se ha expedido el reglamento pero se debe a que Secretaría de Movilidad aun ha entregado el texto para su verificación final, pues se encuentra analizándolo con organizaciones civiles.

Laura Ballesteros, titular del Nuevo Modelo de Movilidad de la SEMOVI dijo que antes de que acabe el 2016 será expedido el reglamento. El proyecto ya se terminó y es cuestión del proceso administrativo de revisión para que se materialice.

Reconoció que en el primer año luego de expedida la Ley no se trabajó a la velocidad a la que se debería pero tras asumir el cargo, en julio de 2015, se plantearon como meta sacar en un año todos los pendientes y en ese proceso están trabajando,

“Además del reglamento estamos trabajando en  el Programa Integral de Seguridad Vial  para que esté listo en noviembre de este año.  Y próximamente también se hará la instalación del Órgano Regulador del Transporte (…) invitamos a la sociedad civil a que siga dando seguimiento y presionado con estos temas”.

Marchas no serán reglamentadas

Los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad abordan el tema de las manifestaciones en la ciudad. Se indica que la Secretaría de Seguridad Pública está obligada a dar las facilidades para la libre manifestación (incluyendo marchas), pero también que los organizadores deben avisar 48 horas antes a las autoridades.

La ley además estipula que la policía está facultada para “evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua” con “apego a la normatividad aplicable”. Todos los lineamientos que regulen  este apartado, según la ley, estarán contenidos en el Reglamento de la misma (con el que aún no se cuenta).

Ballesteros explicó que ese tema ha quedado suficientemente claro en la Ley y no será motivo de mayor reglamentación.  Recordó que los artículos mencionados están en un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Leopoldo Maldonado, Coordinador del programa de protección y defensa de Artículo 19, quien promovió junto con otras organizaciones la impugnación ante la SCJN, dijo que los artículos de la Ley de Movilidad sobre manifestaciones implican en los hechos “un permiso de la autoridad” para poder manifestarse, situación que es una violación a la libertad de expresión y debe ser eliminado de la Ley.

ACTUALIZACIÓN:

El área de Comunicación Social de la Secretaría de Movilidad de la CDMX envió estas aclaraciones a la nota:

  • La aplicación de la ley de movilidad no es exclusiva del reglamento de la ley de movilidad, es una de las herramientas más importantes para ello, al igual que el Reglamento de Tránsito, éste último ya en operación desde el 15 de diciembre de 2015.
  • Desde la implementación del Reglamento de Tránsito, se han puesto en marcha acciones para priorizar al peatón y establecer acciones de seguridad vial, contrario a lo que se menciona en dicha nota. En materia de seguridad vial se establece en el RGTCDMX 8 conductas para salvar vidas: conducir sobrio, respetar límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad, usar la silla infantil, usar el celular, usar casco, respetar el paso peatonal y vuelta a la derecha continua prohibida.
  • En materia de seguridad vial, también se implementa Visión Cero Accidentes CDMX, que tiene como objetivo reducir al mínimo las muertes y lesiones por hechos de tránsito, para ello se han emprendido acciones de manera interinstitucional.
  • En la entrevista proporcionada a Arturo Ángel, la Subsecretaria de Planeación Laura Ballesteros mencionó los avances que tiene en su aplicación dicha ley, de un 55% y se espera que para final de año, se llegue a un 70%.
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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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