Las 10 cárceles más saturadas de México; la sobrepoblación alcanza hasta 600%
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Las 10 cárceles más saturadas de México; la sobrepoblación alcanza hasta 600%

Casi la mitad de las cárceles estatales y municipales en el país están rebasadas en su capacidad; en cambio, ninguno de los 17 penales federales está ocupado en su totalidad.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Angel
29 de julio, 2016
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En México existen 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales casi la mitad, 178, tienen sobrecupo y de éstos hay diez cuya capacidad está rebasada entre un 300 y 600%. En ellos sobreviven de cuatro a seis internos en espacios destinados para un solo preso.

La mayoría de los penales  estatales con sobrepoblación, el 75%, alberga tanto a reos locales como federales. En cambio, existen 17 centros penitenciarios federales con capacidad para 33 mil 888 internos, pero ninguno está ocupado en su totalidad.

Todo esto lo revelan datos oficiales publicados por el gobierno federal en respuesta a una solicitud de transparencia. En total, hay 244 mil personas presas en todas las cárceles del país, las cuales tienen espacio para 209 mil 481 reos. Esto significa, que hay 34 mil 709 personas presas en condiciones de hacinamiento.

Pero el problema no es parejo, pues las cárceles estatales y municipales, que son las más sobrepobladas, dan albergue a casi 25 mil reos federales, mientas que los centros penitenciarios federales no albergan reos estatales y ni siquiera a todos los federales, pese a tener espacios de sobra para ello.

El 62% de las personas presas por un delito local ya recibió una sentencia condenatoria. En cambio, menos de la mitad de los reos del orden federal, 49%, recibió una condena, por lo que siguen presos con su proceso abierto.

Las 10 cárceles más sobrepobladas

De las diez cárceles con mayor nivel de sobrepoblación, dos están en Puebla, cuatro en Hidalgo, dos en el Estado de México, una en Guerrero y otra más en Chiapas. Todos son reclusorios locales, administrados por autoridades estatales o municipales.

La Cárcel Distrital de Tepeaca, en Puebla, tiene el mayor nivel de hacinamiento de todos. Es un pequeño reclusorio con capacidad máxima para 46 personas, pero  hasta abril de este año había 329 personas recluidas ahí. Es una sobrepoblación de más de 600%, según los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de prevención y Readaptación Social.

Hace un año, según datos consultados también por transparencia, en esta prisión había 303 internos y la sobrepoblación era de 558%, lo que indica que hacinamiento actual es aún mayor.

De las 329 personas recluidas en este penal, 239 están aún bajo proceso, es decir, no han recibido sentencia por lo que jurídicamente, no se ha comprobado que sean culpables del delito que se les imputa.

Aunque se trata de una cárcel municipal, doce de los internos de este penal son personas procesadas por un delito federal.

La sobrepoblación ya ha causado problemas en este penal. En febrero de 2015 se registró una riña e intento de fuga de internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento. Para controlar la situación se requirió una intervención policiaca que paralizó a la ciudad, pues el penal se ubica en pleno centro, al lado de un jardín de niños.

No fue la primera vez que se registraba ahí un incidente de esa naturaleza. En 2013, un grupo de internos quiso escaparse cavando un hoyo de 80 centímetros. Las autoridades lo descubrieron y frustraron el intento.

Lee: 5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH.

La Cárcel Distrital de Tizayuca, en Hidalgo, es la segunda con el mayor nivel de sobrepoblación del país. Dicho penal está diseñado para albergar a  47 personas como máximo pero en realidad hay 199 personas encerradas, lo que representa que el penal está rebasado en más de 445%.

Hay dos prisiones más con niveles de sobrepoblación que también rebasan el 400%: la Cárcel Distrital de Atotonilco, en Hidalgo, y la Cárcel de Huixtla, en Chiapas.

En 2012, la de Tizayuca fue considerada la cárcel más peligrosa de Hidalgo y en dos ocasiones en los últimos cinco años ocurrieron fugas de reos. En la de Huixtla estuvo preso el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, quien en redes sociales contó los  abusos que ahí se padecían.

La lista de las diez cárceles con mayor hacinamiento la completan seis complejos rebasados en más de 300%. Se trata del Centro de Reinserción Social de Tlapa, en Guerrero; del Centro de Reinserción Social de Apan, en Hidalgo; de la Cárcel Distrital de Zacualtipán, en Hidalgo, y del Centro de Prevención y Readaptación Social de San Pedro Cholula, en Puebla.

Finalmente tenemos los Centros de Readaptación Social de Chalco y Ecatepec, en el Estado de México. Cabe señalar que el de Ecatepec es el penal con más reos de los diez que encabezan la lista de mayor hacinamiento, con 4 mil 657 internos, cuando en realidad está diseñado solo con 958 espacios.

Y en los federales, sobran los espacios

De acuerdo con datos oficiales, en el país hay 17 centros penitenciarios federales con capacidad lista para albergar hasta 33 mil reos. Sin embargo, ninguno de ellos está ocupado en su totalidad.

Aunque las personas encarceladas por uno o varios delitos federales suman actualmente 47 mil 159, solamente 22 mil 263, que son menos de la mitad, están recluidos precisamente en las cárceles federales. El resto están recluidos en los penales estatales.

Lo anterior significa que las cárceles federales podrían albergar por lo menos a diez mil reos más del nivel federal sin llegar sin caer en problemas de sobrepoblación, pues tiene espacios subutilizados.

Por ejemplo, el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Morelos tiene espacio listo para dos mil 528 internos pero, actualmente, solo alberga a mil 423 reos federales. Es decir, 43% de esta cárcel esta subutilizada.

Lee: 6 de cada 10 personas LGBTI que están en cárceles mexicanas han sido víctimas de abusos.

Otro caso es el del Centro Federal de Readaptación Social número 15 en Chiapas con espacio para dos mil 520 internos, pero que actualmente tiene dos mil 54 reos. Más de 18% del complejo está desocupado.

Incluso los penales federales más antiguos como el número 1, ubicado en el Altiplano, Estado de México, y el número 2, en Puente Grande, Jalisco, tienen una ocupación por debajo de su capacidad real.

Ante esta situación, hay algunas entidades que han optado incluso por rechazar a más internos federales en sus cárceles. Es el caso del Gobierno de la Ciudad de México que desde 2009 ha impedido que internos acusados de delitos federales graves sean recluidos en los penales capitalinos.

Aun así, en la capital del país aún hay actualmente más de tres mil 500 reos federales. La tercera parte de ellos están presos en el reclusorio Preventivo Oriente, que está sobrepoblado en más de 100%.

Combinación peligrosa

La sobrepoblación en las cárceles del país es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a deteriorar las condiciones de readaptación social, de acuerdo con un diagnóstico presentado en abril de este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los resultados del estudio denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 presentado por la Comisión arrojan que un penal saturado tiende a generar además condiciones de falta de higiene, riesgo de autogobierno, hacinamiento, deficiente división de procesados y sentenciados, fallas en la supervisión, entre otros.

Prueba de ello es la fuga masiva de diez reos que ocurrió en el penal estatal de Quintana Roo, y que ocasionaron la destitución del director de ese complejo. Dicho penal, según los datos oficiales, padece una sobrepoblación de 154%. De sus dos mil internos, 200 son reos federales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en febrero pasado, al publicar los resultados de la Cuenta Pública 2014, que las políticas de reinserción social no están funcionando, por lo menos a nivel federal.

Tan solo entre 2007 y 2014, el número de presos reincidentes acusados de algún delito federal se multiplicó en más de 600%, al pasar de mil 84 internos con antecedentes a 10 mil 900.

La Auditoría advirtió que el gobierno federal ha sido ineficiente en su política de distribución penitenciaria, lo que hoy provoca que actualmente, prácticamente 1 de cada 2 internos no esté en un penal federal sino en cárceles locales que carecen de la infraestructura y políticas adecuadas para su tratamiento.

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"Perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales": los peligros de la cultura de la cancelación

Los llamados al boicot a empresas o personas que tengan comportamientos considerados “errados” o inadecuados divide a los progresistas y aviva el debate en Estados Unidos.
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23 de julio, 2020
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El pasado 3 de junio, el estadounidense Emmanuel Cafferty, de 47 años, volvía a su casa después de una jornada más de trabajo.

Su rutina consistía en pasar entre 8 y 12 horas al día inspeccionando las redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, California.

Caía la tarde y hacía calor.

Al volante de la camioneta de la empresa, mantenía la ventanilla abierta y el brazo izquierdo en el exterior.

Según Cafferty, juntaba dos dedos de la mano distraídamente, en un gesto que repitió varias veces durante la entrevista con BBC News Brasil.

“En ese momento, un desconocido con un celular y una cuenta de Twitter puso mi vida del revés“, cuenta Cafferty.

Una fotografía dañina

Hacía apenas una semana que George Floyd, un hombre negro desarmado, moría después de que un policía blanco le retuviera en el suelo durante varios minutos presionándole el cuello con la rodilla en Mineápolis.

Las imágenes de la muerte de Floyd desencadenaron lo que se considera la mayor ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos en la historia reciente.

En ese contexto, el chasquido de dedos de Cafferty fue interpretado por otro conductor como un gesto específico: un símbolo usado por supremacistas blancos.

“Ese hombre comenzó a tocar la bocina y a insultarme. Gritaba: ‘¿va a seguir haciendo eso?’ y sacó el celular para fotografiarme. Pensé que tal vez le había cerrado el paso en el tráfico, por accidente. Pero estábamos los dos parados en el semáforo y yo no entendía nada”, relata.

Dos horas después del incidente, su supervisor le llamó para decirle que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que le suspendía del trabajo sin sueldo.

Una hora más tarde, sus colegas llegaron a su casa para llevarse la camioneta y la computadora de la empresa. Cinco días después fue despedido.

“Así fue como perdí el mejor empleo de mi vida“, dice Cafferty. Sin estudios superiores, hijo de inmigrantes mexicanos, vivía su versión del sueño americano.

Ganaba 41 dólares la hora, el doble que en su empleo anterior, y tenía cobertura de salud y de jubilación por primera vez en su vida.

Cuando consiguió la plaza, seis meses atrás, él, sus tres hijas y sus nietos salieron a comer para celebrarlo.

¿Ok o supremacía blanca?

Cafferty explica que no tenía ni idea de que el gesto que se le atribuye, comúnmente asociado con un “OK” en Estados Unidos, pudiese tener connotaciones racistas.

De acuerdo a la Liga contra la Difamación, una organización centenaria que combate los discursos de odio en Estados Unidos, el símbolo del “OK” fue adoptado en 2017 por usuarios racistas en foros de internet como 4chan. La propia organización recomienda tener cuidado con la interpretación de la señal.

“La abrumadora mayoría de las veces el gesto significa consentimiento o aprobación. Por eso no se puede presumir que alguien que lo haga lo esté usando en un contexto de racismo, a menos que exista otra prueba para apoyar esa percepción. Desde 2017, muchas personas fueron acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en el sentido tradicional e inocuo”, alerta la organización.

George Floyd

Twitter/Ruth Richardson
George Floyd dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar.

Eso es exactamente lo que le pasó a Cafferty. O peor.

“En mi caso, no era un símbolo. Solo estaba chasqueando los dedos. Pero un hombre blanco lo interpretó como un gesto parecido al ‘OK’, que sería racista, y se lo dijo a mis jefes, también blancos, que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco”, afirma exasperado, al tiempo que se frota los brazos para mostrar el color de su piel.

El autor de la fotografía y del primer post contra Cafferty admitió ante el equipo local de la cadena estadounidense NBC que quizá exageró en la interpretación que hizo del supuesto gesto y que, a pesar de haber etiquetado en su publicación a la empresa en la que Cafferty trabajaba, no quería que fuera despedido.

El usuario borró el mensaje original e incluso la cuenta de Twitter. Pero ya era tarde, el post se había viralizado y el empleo estaba perdido.

BBC News Brasil no logró localizar al autor del post original.

“Una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis exempleadores en las seis semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llama de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante”, se desahoga.

Ha tenido que acudir a terapia semanal para lidiar con el dolor y el miedo que ha sentido.

Multitud online, efectos offline

El caso de Cafferty es emblemático de lo que se considera un peligroso efecto colateral de la llamada cultura de la cancelación.

El movimiento comenzó hace algunos años como una forma de llamar la atención sobre causas de justicia social y preservación medioambiental, como una manera de amplificar la voz de los grupos oprimidos y forzar acciones políticas de marcas o figuras públicas.

Funciona así: un usuario de redes sociales como Twitter o Facebook, presencia un acto que considera equivocado, lo graba en video o lo fotografía y lo publica en su cuenta, con el cuidado de etiquetar a la empresa empleadora del denunciado y autoridades públicas u otros influencers digitales que puedan amplificar el alcance del mensaje. Es común que, en cuestión de horas, el post haya sido replicado miles de veces.

La cascada de menciones a una empresa suele precipitar actitudes sumarias para frenar el desgaste de imagen, sin que la persona a la que se denuncia pueda defenderse adecuadamente.

“En mi caso, me escucharon una vez y luego ya me despidieron. Parece que concluyeron que era un racista”, señala Cafferty.

BBC News Brasil intentó hablar con la empresa SDG&E, donde trabajaba Cafferty, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Como reacción a las primeras denuncias de usuarios contra Cafferty en Twitter, la empresa afirmó: “Creemos firmemente que no hay espacio en la sociedad para ningún tipo de discriminación” y añadió que inició una investigación sobre la conducta del entonces todavía empleado.

La cancelación va más allá del típico troleo de internet, con insultos coordinados, frecuente en disputas de opinión entre usuarios de redes.

Es un ataque a la reputación que amenaza el empleo y los medios de subsistencia actuales y futuros de la persona cancelada.

Extremadamente frecuente en Estados Unidos, hoy desprestigia también a personas anónimas, gente común como Cafferty.

“Usted puede ser cancelado por algo que diga en medio de una multitud de completos extraños si alguno de ellos lo graba en video, o por un chiste que suene mal en las redes sociales, o por algo que usted dijera o hiciera hace mucho tiempo y de lo que quede algún registro en internet”, escribió el columnista del diario The New York Times Ross Douthat en un artículo sobre el fenómeno de la cancelación.

“Y no hace falta que sea prominente, famoso o político para ser públicamente avergonzado y permanentemente marcado: todo lo que usted necesita hacer es tener un día particularmente malo y las consecuencias pueden durar mientras Google exista

¿Injusticias en el movimiento por la justicia social?

El alcance de la cultura de la cancelación en Estados Unidos ha despertado dudas ante la posibilidad de que se cometan injusticias.

El de Cafferty no es un caso único.

A finales de mayo, un investigador contratado por una consultora política progresista compartió en Twitter el resultado de un estudio que indicaba que, en los años 60, las protestas raciales violentas aumentaron el porcentaje de votos para candidatos republicanos, en cuanto que los actos pacíficos favorecieron a los políticos demócratas en las urnas.

Activistas consideraron que su comentario era una reprimenda a los actos de protesta por la muerte de George Floyd y pasaron a exigir su dimisión. El investigador fue despedido días más tarde.

El mes pasado, una profesora de teatro en Nueva York fue acusada de haberse adormecido durante una reunión online en la que se hablaba de acciones a favor de la justicia racial en el curso.

Una petición firmada por casi 2.000 personas pidió su dimisión, acusándola de racista. La profesora lo niega y alega que estaba descansando la vista mirando para abajo momentáneamente cuando se hizo la foto.

Cruce de cartas

Ante lo que calificaron como “atmósfera sofocante”, un grupo de 150 periodistas, intelectuales, académicos y artistas, considerados progresistas, decidieron publicar en Harper’s Magazine un texto titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”.

Firmada por nombres de peso como el lingüista Noam Chomsky, los escritores JK Rowling y Andrew Solomon, la activista feminista Gloria Steinem, la economista trans Deirdre McCloskey, y el analista político Yascha Mounk, la carta afirma que “el libre intercambio de informaciones e ideas, fuerza vital de una sociedad liberal, se vuelve cada día más restringido”.

Y continúa: “Si bien esperábamos esto de la derecha radical, la censura también se está esparciendo ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia a las visiones opuestas, una moda del señalamiento público y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora”.

JK Rowling

Reuters
Acusada de transfobia, JK Rowling firmó una carta contra la cultura de la cancelación.

En la misma línea, una de las editoras de opinión de The New York Times, Bari Weiss, renunció esta semana por medio de una carta abierta en la que acusa a la publicación de promover un “nuevo macartismo”, en referencia a la patrulla ideológica anticomunista de los años 50 en Estados Unidos.

“Artículos que eran fácilmente publicados hace apenas dos años, ahora colocan a un editor o autor en problemas. Eso si no hace que sea despedido. Si un texto se percibe como probable fuente de reacción interna o en las redes sociales, el editor ni siquiera lo publica”, escribió Weiss, contratada por The New York Times poco después de la elección de Trump en 2016, en un esfuerzo por amplificar la diversidad de voces en el diario.

En un artículo para la publicación The Atlantic, en la que cita el caso de Cafferty, el analista político Yascha Mounk explica por qué firmó el manifiesto.

Mounk aplaude lo que llama “la nueva determinación estadounidense” para desenraizar preconceptos de la sociedad.

“No obstante, sería un enorme error, especialmente para quienes se preocupan por la justicia social, considerar lo que sucedió con Cafferty como un detalle menor o el precio a pagar por el progreso”, escribió Mounk.

La respuesta a la carta dentro del movimiento progresista no tardó en llegar.

Un grupo de periodistas, artistas e intelectuales acusó a los autores de la primera carta de, desde lo alto de su éxito profesional y cómoda posición en el mercado, ignorar las dificultades de las minorías -como la comunidad negra o la comunidad LGBTIQ- en el debate público, en el mundo académico, en las artes, en el periodismo, en el mercado editorial.

“Los firmantes, muchos de ellos blancos, ricos y dotados de grandes plataformas, argumentan que tienen miedo de ser silenciados, que la llamada cultura de la cancelación está fuera de control y que temen por sus empleos y por el libre intercambio de ideas, al mismo tiempo que se expresan en una de las revistas de mayor prestigio del país”, señalan los firmantes del nuevo documento, titulado “Una carta más específica sobre la justicia y el debate abierto“.

Algunos de los que suscribieron el texto prefirieron permanecer anónimos, citando apenas la institución en la que trabajan, por miedo a las represalias.

Los autores citan por su nombre a algunos de sus antagonistas: mencionan que la escritora JK Rowling estuvo involucrada recientemente en un debate sobre la palabra “mujer”.

Una protesta por los derechos de las personas transgénero

Getty Images
Las activistas transgénero defienden su derecho a autodefinirse como mujeres.

Al comentar un texto que hablaba de “personas menstruantes”, Rowling afirmó: “Si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres queda borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas. Decir la verdad no es discurso de odio”.

Su afirmación fue tachada de transfóbica y fue duramente criticada.

La discusión política en torno a la cuestión será larga y beligerante.

Ajeno a ella, Cafferty intenta recuperar su empleo. Demandó a la empresa en la que trabajaba y al hombre que lo fotografió, pero no espera que haya un veredicto antes de un año.

Cafferty dice simpatizar con los movimientos por la justicia racial, pero indica que nunca realizó activismo político en su vida.

“Ni cuenta de Twitter tenía antes de ser cancelado”, subraya.


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https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=82qlWHpSRaw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk

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