Video del ataque a normalistas de Ayotzinapa fue borrado; PGR nunca analizó las imágenes
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Foto: Cuartoscuro

Video del ataque a normalistas de Ayotzinapa fue borrado; PGR nunca analizó las imágenes

Los videos del Palacio de Justicia cobraron una relevancia especial, ya que permitirían confirmar si en estas agresiones participaron otras fuerzas de seguridad pública federales y estatales, tal como aseguran víctimas y perpetradores.
Foto: Cuartoscuro
Por Paris Martínez
6 de julio, 2016
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El 17 de agosto de 2015, es decir diez meses después de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –cometidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014–, se dio a conocer la existencia de un video que registraba parte de esos ataques, cuyo saldo fue de 43 normalistas desaparecidos y seis personas asesinadas.

El anuncio, formulado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era más bien una denuncia: por investigaciones propias, el GIEI tenía confirmada la existencia del video, pero éste, se informó, había sido “perdido” por las autoridades encargadas de su custodia.

Tal como reveló el GIEI en agosto y septiembre de 2015, sus integrantes tuvieron “conocimiento primero a través de una magistrada de Iguala, y posteriormente por parte de la magistrada presidenta (del Tribunal), de la existencia de dichos videos, (los cuales fueron) visualizados por ellas”.

Esos videos, captados por las cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, abundó el GIEI, mostraban “la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas, en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”.

Para el 17 de agosto de 2015, sin embargo, la versión oficial de los hechos, conocida como la “verdad histórica”, ni siquiera reconocía que en del Palacio de Justicia hubiera ocurrido algún ataque contra los normalistas, y por lo mismo, hasta ese momento las autoridades federales no habían realizado ninguna pesquisa en ese punto de Iguala.

No fue sino hasta el 25 de agosto de 2015 –es decir, una semana después de que el GIEI denunciara esta anomalía– que la Procuraduría General de la República comenzó formalmente a rastrear el paradero del video.

Para ese momento, habían pasado diez meses desde que el video había sido grabado.

La mano (negra) de la Justicia

El ataque perpetrado contra los normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala (que se suma a los ataques sufridos en el Zócalo y en las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte) fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público al día siguiente de las agresiones, el 27 de septiembre de 2014, por los mismos estudiantes que sobrevivieron a dichas agresiones.

Aún así, el 25 de enero de 2015, al presentar la versión oficial de los hechos, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, descartó tajantemente el ataque en el Palacio de Justicia y, por el contrario, aseguró que los 43 normalistas habían sido atacados y desaparecidos sólo en Juan N. Álvarez y Periférico Norte.

Según esta versión oficial, bautizada por la misma PGR como la “verdad histórica” de los hechos acontecidos en Iguala, estos ataques fueron perpetrados exclusivamente por policías municipales de Iguala, en contubernio con integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, tal como se desprende de las declaraciones ministeriales tanto de víctimas sobrevivientes, como de policías que participaron en las agresiones contra los normalistas, en el ataque perpetrado frente al Palacio de Justicia participaron no sólo policías municipales de Iguala, sino también policías municipales de Huitzuco, elementos de la Policía Estatal de Guerrero, así como elementos de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad federal.

A pesar de estos testimonios, la PGR nunca ha reconocido la participación de fuerzas de seguridad estatales o federales en los ataques contra los normalistas, lo que implicaría reconocer que estos niveles de gobierno también están coludidos con el crimen organizado.

La participación de elementos de la Policía Federal en estas agresiones contra población civil indefensa, además, fue confirmada por las investigaciones que realiza al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indagaciones que son independientes de las del GIEI y las de la PGR.

Es en este contexto que los videos del Palacio de Justicia cobraron una relevancia especial, ya que permitirían confirmar si en estas agresiones participaron otras fuerzas de seguridad pública federales y estatales, tal como aseguran víctimas y perpetradores.

Sin embargo, aún cuando el Ministerio Público tenía conocimiento de los hechos del Palacio de Justicia desde el mismo 27 de septiembre de 2014, las autoridades no acudieron a esta zona para buscar evidencias sino hasta un año después, en agosto de 2015.

Aunque la existencia de estas cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia era conocida por las autoridades –ya que fueron colocadas como una medida de seguridad institucional–, ni la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, ni la Procuraduría General de la República acudieron luego de los ataques a estas instalaciones, para verificar si estas videocámaras habían captado alguna imagen de los hechos.

Peor aún: quien sí tuvo conocimiento pleno de la existencia de estos videos, en los días inmediatos al ataque contra los normalistas, fue la entonces titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (órgano al cual está adscrito el Palacio de Justicia de Iguala), la magistrada Lambertina Galeana, que en agosto de 2015 reveló al GIEI que, efectivamente, ella había visto esos videos, gracias a que el personal a su cargo se los había hecho llegar.

Extrañamente, la magistrada Lambertina Galeana no hizo nada para garantizar la correcta preservación de estas evidencias.

De hecho, la entonces titular del Poder Judicial del estado de Guerrero no ordenó preservar esta evidencia, ni siquiera por ser éste uno de los procedimientos habituales en los procesos judiciales que ella misma dirigía, en su calidad de presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

Peor aún: un año y siete meses después de los hechos, el 5 de abril de 2016, la magistrada Lambertina Galeana –quien dejó la presidencia del TSJ en diciembre de 2015– reconoció ante la PGR que luego del ataque contra los normalistas, “tuvo conocimiento (de) que los discos que respaldaban la información y grabaciones de imágenes, que pudieron ser captadas por las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, tenían capacidad de almacenamiento por 15 días“, a pesar de lo cual, en ese momento no dio ninguna instrucción para garantizar la preservación de ese material, y evitar que se borrara de forma automática.

Esta omisión en la preservación de una prueba, relacionada con un delito que es de conocimiento de un servidor público, es descrita por el Código Penal del Estado de Guerrero bajo la tipificación de “encubrimiento por favorecimiento”.

Según este ordenamiento legal, comete el delito de “encubrimiento por favorecimiento” aquel servidor público que “después de la ejecución de un delito, y sin haber participado en éste, auxilie en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros”.

Debido a que luego del ataque a los normalistas no existió ninguna orden de preservar los discos duros en los que se registraron originalmente las imágenes de video, estos discos se borraron 15 días después de los hechos, sin que el Ministerio Público tomara conocimiento de su contenido.

Ésta es, al menos, la versión oficial.

El (falso) respaldo

Oficialmente, la PGR reconoció que el ataque en el Palacio de Justicia sí ocurrió, apenas el pasado 8 de junio de 2016, cuando presentó la actualización de la “verdad histórica”, bajo el título de “Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.

Es en este documento en el que, además, las autoridades federales fijan por primera vez hablan de los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia.

Sin embargo, la PGR sabe de la existencia de estos videos al menos desde julio de 2015, cuando empleados del Palacio de Justicia de Iguala informaron al Ministerio Público que las cámaras de este inmueble habían captado el ataque contra los normalistas.

Según las declaraciones de estos empleados, ambos, por separado, y por iniciativa personal, intentaron conservar una copia de las imágenes, el primero hizo el intento en discos DVD y el segundo en una unidad USB.

En ambos casos, según la Procuraduría General de la República, el proceso de copiado falló, por lo que no pudo extraerse ninguna imagen de estos dispositivos.

Un punto destaca, de entre los muchos que quedan aclararse en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala: en entrevista con el GIEI, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, aseguró que personalmente vio los videos captados por estas cámaras, ya que se le habían hecho llegar a sus oficinas de la ciudad de Chilpancingo.

De ser eso cierto, esas imágenes habrías sido copiadas de manera satisfactoria al menos en una ocasión.

El destino del dispositivo al que tuvo acceso Lambertina Galeana no queda aclarado. La magistrada no explicó ante el MP qué hizo con la copia que le fue enviada, y la PGR no especifica en su nueva versión de los hechos si era alguno de los dispositivos que dio por fallidos.

Luego de dar esta información al GIEI, Lambertina Galeana compareció por primera vez ante la PGR para rendir testimonio de los hechos, negando oficialmente que alguna vez haya visto los videos personalmente.

La PGR tampoco informó en su nueva versión oficial si en la pérdida de esta evidencia se presume alguna responsabilidad, por parte de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que tuvieron bajo su custodia los videos.

 

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Elecciones en Venezuela: qué hace diferentes a las ‘megaelecciones’ de este domingo

Hoy vuelve la oposición mayoritaria a unas elecciones en Venezuela. Esta vez, más que la permanencia de Maduro en el poder, los resultados revelarán cómo será que Venezuela se dirija -y quién va a liderar el camino- hacia una transición política.
21 de noviembre, 2021
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La competencia, tras años de boicot opositor, vuelve al campo electoral en Venezuela.

En las “megaelecciones” de este domingo se eligen 3.082 cargos: 23 gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en consejos locales.

3.082 elecciones en las que el chavismo se enfrentará a un amplio sector de la oposición que, en su mayoría, no reconoció el sistema electoral en las presidenciales de 2018 ni en las legislativas de 2020.

Esta vez habrá, además, observación imparcial de los comicios. Y un interés internacional por si el gobierno de Nicolás Maduro puede garantizar la competencia democrática.

“Este domingo le vamos a dar buenas noticias al mundo”, dijo el presidente venezolano.

Los venezolanos irán a las urnas en un momento raro para el país: tras décadas de profunda polarización, la política ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de la gente y la dolarización de facto y la apertura económica han permitido mitigar la crisis, activar la producción y aliviar, parcialmente, las necesidades urgentes.

A la apatía se añade que un quinto de los 21 millones de venezolanos registrados para votar no podrán hacerlo por estar en el extranjero, a donde han viajado huyendo de la crisis. Por eso una de las claves de estas regionales y municipales es si se superará, y por cuánto, el magro 30% de participación de las legislativas del año pasado, en las que el chavismo ganó sin competencia real.

Y este domingo, aunque participa la oposición, lo más probable es que el chavismo vuelva a imponerse.

“Está claro que, por la abstención y por los desniveles en la contienda, la primera fuerza política del país será el chavismo”, dice la consultora política Colette Capriles. “Pero por eso estas elecciones servirán más como una suerte de primarias, una medición de fuerzas, dentro de cada bando”.

Tanto el chavismo como la oposición llegan divididos, afectados por una serie de inhabilitaciones, intervenciones y proscripciones que para muchos no garantizan un proceso auténticamente democrático. En ambos lados hay decenas de candidaturas frustradas por fallos judiciales.

Sin embargo, la renovación en mayo de los rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), algunos compromisos establecidos en el proceso de negociación en México y la observación electoral internacional dan, para algunos, la noción de que una transición democrática está naciendo tímidamente.

“Tenemos que reconstruir nuestras instituciones”, dice Enrique Márquez, político opositor y ahora rector del CNE, ente que regula los comicios y llevaba años formado por miembros nombrados por el chavismo.

“Pero para eso tenemos que ir poco a poco, como quien remodela una casa, parte por parte (…) Ahora al menos podemos decir con absoluta certeza que en el ámbito electoral, tras varias auditorías y procesos de tecnificación, tendremos otra vez una votación segura, protegida y secreta”, añade el funcionario.

Elecciones en Venezuela

EPA

En qué son diferentes estas elecciones

Las elecciones contarán con la observación de una misión de la Unión Europea, otra de Naciones Unidas y una del Centro Carter, una organización especializada en procesos electorales.

Desde las legislativas de 2015, en las que ganó la oposición por amplio margen, la observación de entes neutrales internacionales se fue reduciendo hasta desaparecer.

Si en 2020 estas comisiones electorales justificaron su ausencia por “falta de condiciones democráticas”, argumento esgrimido por la oposición, ahora, al menos en principio, se mostraron medianamente satisfechas.

A pesar de que decenas de políticos están inhabilitados, proscritos o incluso presos, la renovación del CNE ha sido un desarrollo inédito en décadas.

Elecciones en Venezuela

EPA

Desde 2006, la presidenta del CNE fue Tibisay Lucena, hoy ministra en el gabinete de Maduro, y la representatividad de los rectores fue siempre cuestionada por la oposición, que solo contaba con uno de cinco representantes en el ente electoral.

“Las sanciones de Estados Unidos obligaron al gobierno a ceder en varios ámbitos, y esta renovación del CNE es uno de ellos”, dice Luis Vicente León, analista y encuestador.

Hoy la oposición cuenta con dos de los cinco rectores del CNE, una diferencia que, según Márquez, se ha traducido en que, entre otras garantías, “tendremos sólidos sistemas de acreditación de testigos”.

El dilema de la oposición

La otra gran diferencia de estas elecciones con las anteriores es que la oposición, que desde 2018 no reconoce a Maduro como presidente, volvió al juego electoral.

No es la misma oposición de antes -hay nuevos partidos y nuevos candidatos- ni es toda la oposición, porque aún existen agrupaciones que llaman a la abstención, como el ala de Voluntad Popular que lidera Juan Guaidó, quien asegura que “las regionales y las municipales no son la solución a los conflictos”.

Aún así, el antichavismo este domingo tendrá por quién votar, si es que se anima.

Nicolas Maduro

EPA

“En la oposición al chavismo hasta ahora tuvo más fuerza la rama que prometía una insurrección o un cambio abrupto de gobierno, pero ahora esa disponibilidad de apoyo instantáneo al cambio repentino parece haberse desinflado”, dice Colette Capriles.

El sufrimiento personal ha sido tan grande que ha obligado a la gente a cortar sus lazos con la política y eso, aunque afecta los mecanismos de solidaridad, a su vez permite cierta renovación de la estructura partidaria de la oposición”, explica.

Esta vez, la oposición no promete el fin del gobierno de Maduro ni basa su causa en la indignación contra el chavismo. “Que nadie venga con aires triunfalistas”, decía en su cierre de campaña Gustavo Duque, candidato opositor a la alcaldía de Caracas.

Los expertos ven las elecciones como un referendo sobre el ala radical de la oposición que lidera Gauidó, considerado por decenas de países como el presidente interino de Venezuela y cuyo liderazgo está cada vez más cuestionado.

“La oposición que participa busca asentarse como la verdadera oposición, la que realmente puede generar cambios al país”, dice Luis Vicente León.

Henrique Capriles

EPA
Aunque no es candidato ni la cara de la oposición, Henrique Capriles ha sido uno de los impulsores relevantes de la vuelta a elecciones de la oposición.

Pero, al tiempo, se mantiene escéptico: “El problema es que los que participan no lograron unirse, irán divididos en dos o tres alianzas muy diversas, y eso impedirá tener un mapa claro de las fuerzas opositoras tras las elecciones”.

En el tarjetón electrónico habrá casi 40 partidos. De oposición hay cuatro fuerzas distintas que, dependiendo de sus resultados, reclamarán más o menos protagonismo.

Esto será clave para el liderazgo de Guaidó, para el proceso de negociación con Maduro en México, que debe reanudarse en enero, y para las venideras elecciones (las presidenciales serán en 2024 y existe la posibilidad, si bien remota, de que se active un referendo revocatorio en 2022).

Venezuela intenta entrar en una transición política en medio de la ya iniciada transición económica. Parece claro que la primera, si es que se da, será mucho más lenta que la segunda.


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