Video del ataque a normalistas de Ayotzinapa fue borrado; PGR nunca analizó las imágenes
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Foto: Cuartoscuro

Video del ataque a normalistas de Ayotzinapa fue borrado; PGR nunca analizó las imágenes

Los videos del Palacio de Justicia cobraron una relevancia especial, ya que permitirían confirmar si en estas agresiones participaron otras fuerzas de seguridad pública federales y estatales, tal como aseguran víctimas y perpetradores.
Foto: Cuartoscuro
Por Paris Martínez
6 de julio, 2016
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El 17 de agosto de 2015, es decir diez meses después de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –cometidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014–, se dio a conocer la existencia de un video que registraba parte de esos ataques, cuyo saldo fue de 43 normalistas desaparecidos y seis personas asesinadas.

El anuncio, formulado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era más bien una denuncia: por investigaciones propias, el GIEI tenía confirmada la existencia del video, pero éste, se informó, había sido “perdido” por las autoridades encargadas de su custodia.

Tal como reveló el GIEI en agosto y septiembre de 2015, sus integrantes tuvieron “conocimiento primero a través de una magistrada de Iguala, y posteriormente por parte de la magistrada presidenta (del Tribunal), de la existencia de dichos videos, (los cuales fueron) visualizados por ellas”.

Esos videos, captados por las cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, abundó el GIEI, mostraban “la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas, en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”.

Para el 17 de agosto de 2015, sin embargo, la versión oficial de los hechos, conocida como la “verdad histórica”, ni siquiera reconocía que en del Palacio de Justicia hubiera ocurrido algún ataque contra los normalistas, y por lo mismo, hasta ese momento las autoridades federales no habían realizado ninguna pesquisa en ese punto de Iguala.

No fue sino hasta el 25 de agosto de 2015 –es decir, una semana después de que el GIEI denunciara esta anomalía– que la Procuraduría General de la República comenzó formalmente a rastrear el paradero del video.

Para ese momento, habían pasado diez meses desde que el video había sido grabado.

La mano (negra) de la Justicia

El ataque perpetrado contra los normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala (que se suma a los ataques sufridos en el Zócalo y en las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte) fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público al día siguiente de las agresiones, el 27 de septiembre de 2014, por los mismos estudiantes que sobrevivieron a dichas agresiones.

Aún así, el 25 de enero de 2015, al presentar la versión oficial de los hechos, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, descartó tajantemente el ataque en el Palacio de Justicia y, por el contrario, aseguró que los 43 normalistas habían sido atacados y desaparecidos sólo en Juan N. Álvarez y Periférico Norte.

Según esta versión oficial, bautizada por la misma PGR como la “verdad histórica” de los hechos acontecidos en Iguala, estos ataques fueron perpetrados exclusivamente por policías municipales de Iguala, en contubernio con integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, tal como se desprende de las declaraciones ministeriales tanto de víctimas sobrevivientes, como de policías que participaron en las agresiones contra los normalistas, en el ataque perpetrado frente al Palacio de Justicia participaron no sólo policías municipales de Iguala, sino también policías municipales de Huitzuco, elementos de la Policía Estatal de Guerrero, así como elementos de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad federal.

A pesar de estos testimonios, la PGR nunca ha reconocido la participación de fuerzas de seguridad estatales o federales en los ataques contra los normalistas, lo que implicaría reconocer que estos niveles de gobierno también están coludidos con el crimen organizado.

La participación de elementos de la Policía Federal en estas agresiones contra población civil indefensa, además, fue confirmada por las investigaciones que realiza al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indagaciones que son independientes de las del GIEI y las de la PGR.

Es en este contexto que los videos del Palacio de Justicia cobraron una relevancia especial, ya que permitirían confirmar si en estas agresiones participaron otras fuerzas de seguridad pública federales y estatales, tal como aseguran víctimas y perpetradores.

Sin embargo, aún cuando el Ministerio Público tenía conocimiento de los hechos del Palacio de Justicia desde el mismo 27 de septiembre de 2014, las autoridades no acudieron a esta zona para buscar evidencias sino hasta un año después, en agosto de 2015.

Aunque la existencia de estas cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia era conocida por las autoridades –ya que fueron colocadas como una medida de seguridad institucional–, ni la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, ni la Procuraduría General de la República acudieron luego de los ataques a estas instalaciones, para verificar si estas videocámaras habían captado alguna imagen de los hechos.

Peor aún: quien sí tuvo conocimiento pleno de la existencia de estos videos, en los días inmediatos al ataque contra los normalistas, fue la entonces titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (órgano al cual está adscrito el Palacio de Justicia de Iguala), la magistrada Lambertina Galeana, que en agosto de 2015 reveló al GIEI que, efectivamente, ella había visto esos videos, gracias a que el personal a su cargo se los había hecho llegar.

Extrañamente, la magistrada Lambertina Galeana no hizo nada para garantizar la correcta preservación de estas evidencias.

De hecho, la entonces titular del Poder Judicial del estado de Guerrero no ordenó preservar esta evidencia, ni siquiera por ser éste uno de los procedimientos habituales en los procesos judiciales que ella misma dirigía, en su calidad de presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

Peor aún: un año y siete meses después de los hechos, el 5 de abril de 2016, la magistrada Lambertina Galeana –quien dejó la presidencia del TSJ en diciembre de 2015– reconoció ante la PGR que luego del ataque contra los normalistas, “tuvo conocimiento (de) que los discos que respaldaban la información y grabaciones de imágenes, que pudieron ser captadas por las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, tenían capacidad de almacenamiento por 15 días“, a pesar de lo cual, en ese momento no dio ninguna instrucción para garantizar la preservación de ese material, y evitar que se borrara de forma automática.

Esta omisión en la preservación de una prueba, relacionada con un delito que es de conocimiento de un servidor público, es descrita por el Código Penal del Estado de Guerrero bajo la tipificación de “encubrimiento por favorecimiento”.

Según este ordenamiento legal, comete el delito de “encubrimiento por favorecimiento” aquel servidor público que “después de la ejecución de un delito, y sin haber participado en éste, auxilie en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros”.

Debido a que luego del ataque a los normalistas no existió ninguna orden de preservar los discos duros en los que se registraron originalmente las imágenes de video, estos discos se borraron 15 días después de los hechos, sin que el Ministerio Público tomara conocimiento de su contenido.

Ésta es, al menos, la versión oficial.

El (falso) respaldo

Oficialmente, la PGR reconoció que el ataque en el Palacio de Justicia sí ocurrió, apenas el pasado 8 de junio de 2016, cuando presentó la actualización de la “verdad histórica”, bajo el título de “Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.

Es en este documento en el que, además, las autoridades federales fijan por primera vez hablan de los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia.

Sin embargo, la PGR sabe de la existencia de estos videos al menos desde julio de 2015, cuando empleados del Palacio de Justicia de Iguala informaron al Ministerio Público que las cámaras de este inmueble habían captado el ataque contra los normalistas.

Según las declaraciones de estos empleados, ambos, por separado, y por iniciativa personal, intentaron conservar una copia de las imágenes, el primero hizo el intento en discos DVD y el segundo en una unidad USB.

En ambos casos, según la Procuraduría General de la República, el proceso de copiado falló, por lo que no pudo extraerse ninguna imagen de estos dispositivos.

Un punto destaca, de entre los muchos que quedan aclararse en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala: en entrevista con el GIEI, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, aseguró que personalmente vio los videos captados por estas cámaras, ya que se le habían hecho llegar a sus oficinas de la ciudad de Chilpancingo.

De ser eso cierto, esas imágenes habrías sido copiadas de manera satisfactoria al menos en una ocasión.

El destino del dispositivo al que tuvo acceso Lambertina Galeana no queda aclarado. La magistrada no explicó ante el MP qué hizo con la copia que le fue enviada, y la PGR no especifica en su nueva versión de los hechos si era alguno de los dispositivos que dio por fallidos.

Luego de dar esta información al GIEI, Lambertina Galeana compareció por primera vez ante la PGR para rendir testimonio de los hechos, negando oficialmente que alguna vez haya visto los videos personalmente.

La PGR tampoco informó en su nueva versión oficial si en la pérdida de esta evidencia se presume alguna responsabilidad, por parte de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que tuvieron bajo su custodia los videos.

 

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Por qué Brasil es considerado el "laboratorio perfecto" para probar las vacunas contra COVID-19

El país sudamericano, donde ha habido más de 3,5 millones de casos de la enfermedad, ofrece una "oportunidad de oro" en el desarrollo de la fórmula contra el coronavirus, según los mismos científicos que las investigan.
1 de septiembre, 2020
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Brasil, uno de los países más asolados por la pandemia de coronavirus, se ha convertido en un campo de pruebas de vacunas contra la covid-19.

El país sudamericano, donde ha habido más de 3,5 millones de casos de la enfermedad, es considerado por los científicos que investigan vacunas como una “oportunidad de oro”.

Allí se están probando dos de las vacunas más promisorias y avanzadas contra la infección: la de la Universidad de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca y la de la empresa china Sinovac.

Y otras dos, de las farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson y Pfizer, acaban de recibir aprobación de las autoridades para comenzar en el país sus ensayos clínicos.

Con esto las autoridades brasileñas esperan que sus ciudadanos puedan estar entre los primeros en ser inoculados contra la infección.

E incluso han planteado la posibilidad de producir estas vacunas internamente y exportarlas al resto de América Latina.

Pero ¿por qué Brasil es considerado un “laboratorio ideal” para llevar a cabo ensayos clínicos de vacunas?

vacuna

Reuters
En Brasil se están probando dos de las vacunas más avanzadas contra covid-19 y otras dos comenzarán pronto sus ensayos en ese país.

El doctor Jon Andrus, experto en epidemiología e inmunización de la Universidad George Washington en Estados Unidos, quien fue subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que las altas tasas de transmisión comunitaria del virus es uno de los principales criterios para poder probar una vacuna.

Pero tal como le explicó a BBC Mundo, hay otras razones por las que Brasil es considerado un escenario perfecto para la investigación de vacunas.

“Ciertamente se necesita una situación donde tienes suficiente prevalencia de una enfermedad para poder probar la eficacia de una vacuna y si ésta va a funcionar”.

“Pero pienso que en Brasil hay casi una tormenta perfecta para los ensayos porque además de la alta prevalencia, el país tiene una larga historia de excelencia en salud pública, con instituciones de investigación reconocidas a nivel mundial como Fiocruz (Fundación Oswaldo Cruz) en Río de Janeiro, que durante décadas han estado realizando investigación y ensayos”, afirma el experto.

Vacuna

Getty Images
Más de 170 vacunas contra covid-19 están siendo investigadas alrededor del mundo.

En efecto, Fiocruz es la institución científica que está participando en la investigación y producción de la vacuna de Oxford y AstraZeneca.

Otra institución brasileña reconocida mundialmente, el Instituto Butantan, de Sao Paulo, está participando en la producción de la vacuna china de Sinovac.

Capacidad de producción

Pero también está la experiencia y fortaleza de Brasil en sus programas nacionales de inmunización y su larga tradición en la producción de vacunas.

La planta de Bio-Manguinhos, que pertenece a Friocruz, es uno de los centros de producción de vacunas más grandes de América Latina.

Allí se procesan millones de dosis de vacunas contra la fiebre amarilla, la tuberculosis y el sarampión, entre otras enfermedades.

Y el Instituto Butantan es actualmente el principal productor de vacunas contra la influenza o gripe del hemisferio sur, con una capacidad para producir 100 millones de dosis.

“Hay que destacar que Brasil ha tenido un enfoque estratégico para llegar a ser autosuficiente en la producción de vacunas“, le dice a BBC Mundo Cristiana Toscano.

La doctora es miembro del grupo de expertos asesores para vacunas contra la covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Desde hace tres décadas los varios gobiernos han reforzado e invertido en la capacidad nacional pública, así que casi todos los laboratorios de producción de vacunas son financiados con dinero público”, añade.

laboratorio

Getty Images
Brasil cuenta con una larga tradición de desarrollo y producción de vacunas.

En efecto, la mayoría de las vacunas en Brasil, señala la experta, que también es profesora de la Universidad Federal de Goiás, se producen localmente o se intenta establecer mecanismos de transferencia de tecnología con las grandes compañías farmacéuticas.

Y esto es precisamente lo que ahora se está negociando con las vacunas de Oxford y Sinovac: transferir tecnología para producir ambas vacunas localmente.

Los acuerdos

Tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Sinovac están llevando a cabo la fase 3 de sus ensayos clínicos.

Los ensayos de la primera se realizan con unos 5.000 voluntarios brasileños. En la segunda participan 9.000 voluntarios.

Como parte de los acuerdos preferenciales para las vacunas que se están probando en Brasil, el país inicialmente recibirá la materia prima para llevar a cabo las etapas finales de producción.

Ambos acuerdos incluyen transferencia de tecnología para que Brasil posteriormente pueda producir las vacunas desde el inicio.

En el acuerdo con Oxford-AstraZeneca el gobierno brasileño invertirá US$127 millones a cambio de tecnología y equipo para que Fiocruz pueda producir inicialmente 30 millones de dosis de la vacuna durante su fase de pruebas.

Si la vacuna demuestra ser efectiva, Brasil podrá producir otros 70 millones de dosis.

El acuerdo entre Sinovac y Butantan ofrecerá a los brasileños 120 millones de dosis de la vacuna.

vacuna

Getty Images
Las autoridades de Brasil indican que esperan poder empezar a vacunar a sus ciudadanos en el primer semestre de 2021.

Los funcionarios brasileños han indicado que esperan poder comenzar a vacunar a algunos de sus ciudadanos en el primer semestre de 2021.

Algunos expertos, sin embargo, han expresado dudas de que el país realmente esté en capacidad para producir dentro de seis meses la enorme cantidad de dosis de vacunas que necesitará para sus 212 millones de habitantes.

En años recientes la economía brasileña se ha contraído y las instituciones públicas del país han sufrido por la falta de financiamiento.

Y tal como le dijo a la agencia Reuters el exministro de Salud, José Gomes Temporao, la transferencia de tecnología toma tiempo, puede tardar entre cinco y 10 años, por lo que los laboratorios del país podrían no estar listos para iniciar en 2021 la producción de las vacunas.

“Es imposible”, declaró Gomes Temporao. “(La transferencia) toma mucho tiempo. Quizás podrán acelerarla un poco, pero no tanto”.

La doctora Cristiana Toscano cree, sin embargo, que Brasil sí está capacitado para recibir la tecnología y comenzar la producción de las vacunas.

“Todo depende de la tecnología de la que estamos hablando y de si el sitio tiene la capacidad”, le dice a BBC Mundo la experta de la OMS.

“Hay tecnologías nuevas que no han sido utilizadas y estoy de acuerdo en que transferirlas puede ser un proceso de hasta 10 años”.

“Pero Butantan, por ejemplo, realmente tiene experiencia en la producción de muchas vacunas inactivadas, como la de Sinovac. Tiene un laboratorio de seguridad que es capaz de hacer todo lo que se necesita para producir una vacuna inactivada”, agrega.

El desafío de la inmunización

Pero hay otro enorme desafío que Brasil tendrá que superar: cómo vacunar a sus millones de habitantes cuando sus programas de inmunización han sufrido retrocesos debido a las campañas de desinformación.

ataúd

Getty Images
Más de 110.000 personas han muerto en Brasil por la pandemia.

En 2019, por primera vez en 25 años, Brasil no logró cumplir los objetivos de vacunación de ninguna de las inoculaciones que suministraba de forma rutinaria.

Esta es una tendencia que ha ocurrido en todos los países de la región debido a las campañas antivacunas y a la creciente renuencia de la gente a ser inmunizada.

“Creo que el principal desafío será cómo mantener actualizado el programa de vacunación que ya estaba afectado aún antes de la pandemia de covid-19 y cómo incorporar ahora a ese programa una nueva vacuna”, afirma Cristiana Toscano.

“Serán desafíos logísticos y operacionales que requerirán movilización, entrenamiento, combatir la renuencia a la vacunación, además de toda la organización de distribución y administración de las 35.000 unidades de vacunación”, agrega la experta.

¿Demasiado optimismo?

Todo lo anterior, sin embargo, es bajo el supuesto de que realmente habrá una vacuna que será efectiva y segura.

Aún no se sabe si alguna de las que se están probando en Brasil, o en otras partes del mundo, mostrarán resultados positivos cuando finalicen los ensayos clínicos.

Bolsonaro

Getty Images
La respuesta del gobierno brasileño a la pandemia ha sido errática.

¿Qué ocurrirá entonces si fracasan las candidatas a las que Brasil está apostando?

El gobierno brasileño está intentando diversificar sus opciones y ha expresado interés en unirse a la iniciativa COVAX de la OMS, que intenta garantizar el acceso global rápido e igualitario a las vacunas contra la covid-19.

Los expertos coinciden en que, por ahora, cualquier apuesta a una vacuna es arriesgada mientras no se conozcan los resultados de los ensayos clínicos.

Y decir que una vacuna estará lista en 2021 podría ser una afirmación demasiado optimista.

“Es importante recordar que no debemos estar esperando una solución mágica”, expresa el exsubdirector de la OPS, Jon Andrus.

“Debemos ser humildes y recordar que no siempre hemos sido exitosos, que tenemos muchas enfermedades para las que no hemos podido encontrar una vacuna a pesar de estar trabajando durante décadas con ellas, como el VIH”, le dice a BBC Mundo.

“Por eso es tan importante que hagamos lo que podemos hacer ahora: todas las intervenciones de salud pública como mantener el distanciamiento social, usar mascarillas, realizar pruebas y rastreo de casos, y seguir las prácticas de higiene”, agrega.

Y la experta de la OMS está de acuerdo.

“La meta que estamos proponiendo (para tener una vacuna en el primer semestre de 2021) parece optimista, pero está condicionada a la aprobación de los ensayos clínicos si éstos muestran resultados positivos y a la aprobación de las autoridades reguladoras”, le dice Cristiana Toscano a BBC Mundo.

“Y mientras eso ocurre es necesario minimizar las expectativas y ser más realistas”, agrega la experta.

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