82 alcaldes y exalcaldes asesinados en 10 años; 50 % de los crímenes han ocurrido en 4 estados
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Cuartoscuro

82 alcaldes y exalcaldes asesinados en 10 años; 50 % de los crímenes han ocurrido en 4 estados

Aunque en 18 entidades federativas se han registrado crímenes contra presidentes o expresidentes municipales, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero concentran más del 50% de los homicidios. Alcaldes mexicanos piden mejores medidas de seguridad y preventivas para defenderse.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
4 de agosto, 2016
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Del 2006 a la fecha 82 alcaldes en funciones, alcaldes electos y exalcaldes han sido asesinados violentamente en México. Aunque los crímenes se han presentado en 18 de los 32 estados, hay cuatro entidades: Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero, que concentran más de la mitad de los casos.

Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) que documenta uno a uno los homicidios de los presidentes municipales en poco más de una década,  evidencia que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto ya van 35 ediles asesinados, y que dos años de su sexenio: 2013 y 2014, han sido de los más letales para los ediles.

Tan solo en 2016 ya suman seis los asesinatos (uno de ellos de un exalcalde), y tres han ocurrido apenas en los últimos quince días.

El presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, dijo en entrevista que es urgente que el gobierno federal trabaje en un protocolo especial de seguridad para los ediles, que entre otras cosas incluya la posibilidad de adquirir armas más poderosas para aquellos que se encuentren en zonas de riesgo, así como más recursos en seguridad.

Adelantó que el próximo lunes la Asociación se reunirá en la Secretaría de Gobernación con el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para analizar la situación de seguridad de los presidentes municipales y acordar un plan de acción para atajar esta problemática.

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El balance letal

De acuerdo con el recuento de la Asociación Nacional de Alcaldes, en poco más de una decena han sido asesinados 43 presidentes municipales en funciones, es decir mientras ocupaban ese cargo; a estos casos se suman siete alcaldes electos asesinados antes de que pudieran asumir el puesto, y 32 casos de ediles asesinados luego de que dejaron el cargo.

De estos homicidios 47 ocurrieron al sexenio de Felipe Calderón, mientras que con Enrique Peña Nieto ya van 35 homicidios.

En promedio se trata de ocho alcaldes y exalcaldes asesinados cada año, sin embargo, el balance en realidad muestra que ha habido años mucho más letales que otros.

Por ejemplo, en 2010 se registraron 17 homicidios, de los cuales doce fueron contra alcaldes en funciones, tres contra presidentes municipales electos, y dos más en contra de exalcaldes.

En cantidad de homicidios le siguen dos años que corresponden ya al actual sexenio: el 2013 en donde se registraron un total de 13 asesinatos, y el 2010 en donde el balance fue de diez casos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que acumula más gobernantes municipales asesinados: un total de 37 alcaldes y ex alcaldes asesinados que provenían de las filas de este partido. Se trata de casi el 45 por ciento de todos los casos registrados desde el 2006.

Luego le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que ha perdido a 19 ediles de los cuales ocho estaban en funciones, uno era presidente municipal electo, y diez más estaban retirados.

El Partido Acción Nacional (PAN) acumula doce casos de los cuales ocho eran presidentes municipales en funciones cuando fueron asesinados, uno era más un alcalde electo y tres eran exediles.

Tres casos más corresponden a alcaldes y exalcaldes que ganaron la elección por el Partido del Trabajo (PT), y tres más eran de coalición de distintos partidos. A estos se suman dos alcaldes asesinados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dos de partidos locales del estado donde ocurrió el crimen, y dos elegidos pro usos y costumbres.

Finalmente hay un caso de un presidente municipal de Movimiento Ciudadano y uno más donde no se precisó la afiliación partidista del edil asesinado.

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Regiones de riesgo

De los 82 homicidios registrados por la Asociación Nacional de Alcaldes, más de la mitad (42) se concentran en apenas cuatro estados del país.

Oaxaca es el estado con la mayor incidencia: quince casos en total de los cuales seis eran presidentes municipales en funciones, tres eran alcaldes electos y seis más corresponden a exalcaldes.

El caso más reciente corresponde a octubre del 2015 cuando el presidente municipal de San Miguel El Grande Tlaxiaco, Mario Sánchez Cuevas, fue encontrado sin vida en una barranca luego de haber permanecido doce días desaparecido. La Fiscalía del estado inició una averiguación por el homicidio de la que no se conocen los resultados.

Después de Oaxaca la entidad con más alcaldes asesinados es Michoacán con diez casos. De hecho, dicha entidad acumula el mayor número de presidentes municipales en funciones víctimas de homicidio con siete, a los que se suman tres casos de exalcaldes.

El último caso en dicho estado se registró en marzo de 2014 y fue el del alcalde panista de Tanhuato Gustavo Garibay García, quien fue acribillado en las puertas de su domicilio. Cabe señalar que en mayo de este año su esposa Gabriela Oseguera Gutiérrez también fue asesinada y su cuerpo arrojado en una carretera del estado.

Veracruz es la tercera entidad con el mayor número de alcaldes y exalcaldes asesinados con un total de nueve.  El último caso ocurrió en mayo del 2015 cuando el exedil del municipio de Cuitláhuac, Ambrosio Borbonio Arne, murió tras recibir al menos ocho disparos en el interior de un negocio de comida.

En cuarto sitio se encuentra Guerrero  que acumula nueve homicidios, de los cuales tres fueron contra presidentes municipales en funciones y cinco más en contra de exediles. El caso más reciente es el del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, ocurrido apenas en julio pasado. El edil fue asesinado junto con su chofer tras ser emboscado por sujetos armados que le dispararon en más de 200 ocasiones a su vehículo.

Los otros estados en donde se han registrado los 40 asesinatos de alcaldes restantes son Chihuahua, Tabasco, Puebla, Nuevo León, estado de México, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Morelos, Zacatecas, Jalisco, Chiapas y Guanajuato.

Las entidades en donde no se ha registrado ningún homicidio de algún presidente municipal o delegado son la Ciudad de México, Colima, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala e Hidalgo.

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Mejores armas y protocolo

El presidente municipal de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar, quien actualmente funge como presidente de la ANAC, dijo en entrevista con Animal Político que los tres homicidios que se han registrado en los últimos 15 días de alcaldes en funciones, sumados a las decenas de casos de los últimos años, hacen evidente que se necesita un protocolo especial de seguridad.

“Evidentemente la situación no es la misma para todos los presidentes municipales pero si es necesario que los que se encuentran en zonas de mayor riesgo, por ejemplo Michoacán o Tamaulipas, tengan condiciones especiales de seguridad y es algo que se tiene que trabajar con las autoridades” dijo.

El protocolo aún no está diseñado pero Vargas del Villar adelantó que este debería contemplar por ejemplo, que en los municipios enclavados en regiones donde opera el crimen organizado se permita a los policías llevar armamento de alto poder y además se incrementen los subsidios relacionados con el fortalecimiento de la seguridad.

A finales de julio la ANAC solicitó formalmente ala Secretaria de Gobernación una reunión para abordar este tema. Ya recibieron respuesta y será el próximo lunes cuando los alcaldes se reúnan como el comisionado de Seguridad Renato Sales para analizar la problemática y el plan de acción que se estaría poniendo en marcha.

“Este es un tema fundamental de gobernabilidad. El que un presidente municipal no pueda ejercer sus funciones significa un riesgo para el Estado. Esto se ve en el extranjero y arroja un panorama muy negativo por lo que es algo que debe  corregirse de inmediato” dijo.

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Enmienda 25 o 'impeachment': ¿puede Trump ser destituido tras el violento asalto al Capitolio?

Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente. Hay dos vías para hacerlo.
7 de enero, 2021
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Apenas faltan 13 días para que Donald Trump abandone oficialmente la Casa Blanca y arranque la legislatura del demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

Pero tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente.

Escribieron una carta al vicepresidente Mike Pence en la que le urgían a actuar y sacar a Trump de la presidencia, alegando que había cometido un acto de insurrección y “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político –impeachment– o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Sin embargo, ambas vías pueden resultar difíciles e improbables de aplicar dado el poco margen de tiempo que le queda a Trump al mando.

“Creo que la mejor salida es que Trump renuncie, que los de su propio partido lo presionen para que renuncie. Él no lo hará, pero debería”, aseguró el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, entrevistado por BBC Mundo.

El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Getty Images
Tras los episodios violentos y el desalojo de los seguidores de Trump, el Congreso ratificó este jueves la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Tras los violentos acontecimientos del miércoles, Trump ha asegurado que la transición de poder se ejecutará de forma “ordenada”, pero que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, las que califica como fraudulentas a pesar de que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya descartado.

Pero, ¿en qué consisten las dos vías principales por las que Trump puede ser destituido antes del 20 de enero?

Enmienda 25

Dicha enmienda recogida por la Constitución permite la transferencia de poder desde la presidencia a la vicepresidencia ya sea de forma temporal o permanente.

Convierte al vicepresidente en presidente si este se muestra incapaz de continuar con sus responsabilidades, por ejemplo, si sufre una enfermedad física o mental.

Asaltantes del Congreso.

Getty Images
El asalto al Capitolio y la intervención de las fuerzas de seguridad han dejado al menos cuatro muertos.

La sección número 4 de dicha permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete declarar al mandatario incapaz de desarrollar su deber en el cargo.

Para ello necesitarían firmar y remitir una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado y declarar al presidente como no apto para gobernar o incapaz de desempeñar sus poderes y deberes.

De ser así, el vicepresidente Mike Pence asumiría automáticamente el poder hasta el próximo 20 de enero, cuando empezaría el mandato de Biden.

El presidente tiene la oportunidad de ofrecer una respuesta por escrito, y si impugna el hallazgo, entonces le corresponde al Congreso decidir. Cualquier voto en el Senado y la Cámara de Representantes que ordene la destitución del presidente requiere una mayoría de dos tercios.

Mientras se resuelve el caso, el vicepresidente actuaría como presidente.

Recientemente, cuando Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado octubre, también hubo discusiones sobre invocar la enmienda 25 ante las preocupaciones de que pudiera estar demasiado enfermo para gobernar el país.

La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de resolver las disputas de sucesión presidencial en caso de incapacidad.

Funeral de John F. Kennedy.

Getty Images
La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy.

Por este motivo, varios presidentes han usado esta enmienda, específicamente la sección 3, porque les permite transferir temporalmente el poder a la vicepresidencia.

En 2002 y 2007, el presidente George W. Bush puso a su vicepresidente a cargo al ser sedado durante colonoscopias rutinarias.

El presidente Ronald Reagan hizo lo mismo en 1985, mientras estuvo ingresado en el hospital por una cirugía por cáncer.

Hasta la fecha, ningún presidente ha sido destituido del cargo usando la enmienda 25.

Juicio político o ‘impeachment’

El juicio político, también conocido como impeachment, tiene lugar en el Congreso de EU con el objetivo de llevar a cabo una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

Es un proceso político, más que penal.

Seguidores de Trump alrededor del Capitolio.

Getty Images
Seguidores de Trump se congregaron e irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, reclamando fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Este proceso tiene lugar en dos etapas.

Tendría que ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Luego, el juicio se celebra en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, y este hito nunca se ha alcanzado en la historia de Estados Unidos.

“Es un proceso bastante largo, a menos que lo hagamos al estilo peruano, de vacar al presidente de la noche a la mañana. Es poco probable que eso pase”, explicó Levitsky a BBC Mundo.

Donald Trump ya ha sido cometido a un proceso de impeachment una vez, y ningún presidente lo fue dos veces durante su mandato.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos artículos de impeachment tras acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas acusaron a Trump de retener US$391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar que el país europeo investigara al actual presidente electo, Joe Biden, y a su hijo.

En febrero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, votó a favor de absolver a Donald Trump en el juicio político por dicho escándalo.

Si el presidente Trump fuera destituido a través de un juicio político, el vicepresidente Pence se haría cargo de la Oficina Oval.


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