Credenciales y padrón único: la propuesta para regular a escoltas en México
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Credenciales y padrón único: la propuesta para regular a escoltas en México

La propuesta, que se presentará la próxima semana en el Consejo Nacional de Seguridad; plantea crear un padrón único y credenciales; quedan fuera las placas especiales para coches de escoltas.
Archivo Cuartoscuro
Por Arturo Angel
25 de agosto, 2016
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Para tratar de regular de forma efectiva una industria que aglutina a miles de escoltas y guardias de seguridad privada, y cuyo número ha crecido en una década más de 17 mil por ciento, el gobierno federal  prepara una nueva estrategia que incluye una ley nacional, un padrón único y varias medidas de control como credenciales y certificaciones a todos los elementos.

La propuesta que estará anunciándose el próximo 30 de agosto en el Consejo Nacional de Seguridad, se ha preparado en conjunto con organismos reguladores de seguridad privada y consejos del sector, con el objetivo de limitar la existencia de empresas que operan en la ilegalidad y con guardias que no están certificados.

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Samuel Cacho de la Teja, adelantó en entrevista con Animal Político algunos de los detalles que estarán incorporándose al nuevo marco regulatorio y que consideró urgentes debido a las trabas y vacíos legales que existen actualmente en el sector.

“Hoy en día tenemos leyes locales y una ley federal que no son compatibles, con requisitos que en algunos casos se contradicen; hay varios registros de guardias pero ninguno que los agrupe a todos; existen además corporaciones como las policías complementaria que dan servicios de seguridad sin controles. Todo esto tiene que homologarse y en ese sentido va la propuesta”, dijo.

Lo que quedara fuera de la iniciativa será la propuesta lanzada por algunos gobernadores, como el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, de regular los vehículos de los escoltas con placas y logotipos especiales.

Al cierre de 2015 había más de 73 mil guardias de seguridad privada registrados ante la Secretaría de Gobernación, cantidad muy superior en comparación con los apenas 419 que había diez años antes. El número de empresas registradas también creció más de un 530 por ciento.

En dicho padrón no están inscritas las compañías que dan servicio en un solo estado, ni tampoco las que operan fuera de la ley.

Información de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada señalan que en México existen alrededor de 8 mil empresas que dan servicio sin estar reguladas e inscritas oficialmente. Esta cifra represente ocho veces más en comparación con las que están en regla.

Homologación urgente

De acuerdo con la CNS, el próximo 30 de agosto, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Privada se presentará a los gobernadores la propuesta para homologar la regulación de la Seguridad Privada. El planteamiento, consistirá en proponer al Congreso una reforma del artículo 73 fracción 21 de la Constitución para que se pueda emitir una ley nacional de seguridad privada.

El titular de la Comisión Renato Sales adelantó en una reunión con reguladores de seguridad privada el pasado 17 de agosto, que se buscan establecer criterios que “permitan homologar prácticas para planear y conducir las verificaciones y elevar la calidad del servicio”.

Actualmente hay 33 leyes o normas en el país que en teoría sirven para regular la actividad de las empresas de seguridad privada: está la ley federal en la materia, así como las 32 leyes estatales. El problema es que cada una plantea requisitos y mecanismos distintos.

“Hay que hacer dobles y hasta triples registros a la vez.  Tenemos que tener el permiso federal si es que damos servicio en dos estados, luego en cada uno de esos estados también hay que registrar a los agentes. Eso incrementa los costos pero más grave que eso es que no son requisitos compatibles”, dijo Cacho de la Teja.

Por ejemplo, detalló, existen diferencias en las normas de los estados  entre el tamaño y colocación de distintivos que deben llevar vehículos de traslado de valores o de seguridad de una instalación. Otro muestra es que hay entidades como Nuevo León que piden obligatoriamente una determinada capacitación para los agentes que en otros estados no se exige.

En ese contexto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada dijo que la importancia de la promulgación de una ley nacional es que homologará todos estos requisitos, es decir, que se pidan las mismas obligaciones  en Yucatán, en Baja California o a nivel federal para que una empresa y sus elementos operen dentro del marco legal.

“El comisionado Renato Sales ya expresó que está consciente de esta doble tributación y requisitos duplicados que es uno de los problemas del sector, que incluso impiden que algunas empresas opten por regularizarse, y la ley corregirá esta situación”, indicó

Padrón único… y confiable de escoltas

De forma paralela a la Ley Nacional, el gobierno propondrá en el Consejo Nacional de Seguridad la formalización de un Registro Único en Materia de Seguridad Privada que sustituya al que actualmente tiene la Secretaría de Gobernación así como las entidades.

El referido registro, informó la Comisión Nacional de Seguridad, estará compuesto por lo menos de tres rubros: El de las empresas que operan legalmente; el personal que integra a cada una de ellas y el equipo (vehículos y armamento) con el que cuentan.

“De inicio se trata de que los estados pasen la información de los registros con los que cuentan a la federación y al revés para que entonces la autoridad tenga realmente un catálogo y un control sobre la gente”, explicó Cacho de la Teja.

Con lo anterior se facilitaría por ejemplo, que si un escolta o guardia privado comete un delito en Hidalgo y luego se va a Zacatecas a intentar enrolarse haya manera de identificarlo. Esto, subrayó el presidente del Consejo, solo es posible con una única base de datos que todos compartan.

En la reunión con los regulares de Seguridad Privada del pasado 17 de agosto, Renato Sales dijo que es necesario que “como autoridad tengamos mayor información y un mejor control sobre las actividades y los elementos que integran la comunidad de seguridad privada en el país”.

Credenciales sí, placas no

El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, propondrá también a los gobernadores y empresas de seguridad privada una estrategia nacional para la definición de estándares mínimos de certificación y acreditación de los agentes de seguridad.

Para este efecto, la propuesta hecha al gobierno por el Consejo Nacional de Seguridad Privada es como un primer paso la credencialización de todos los guardias custodios y escoltas que estén registrados y regularizados.

Samuel Cacho de la Teja dijo que en  recientes escándalos públicos de agresiones de supuestos escoltas a personas, se asegura de forma genérica que se trata de elementos de seguridad privada pero en realidad no se sabe si esto es así, y eso se debe a que no hay un mecanismo oficial de identificación de esos personajes.

“Con un proceso de credencialización que sea serio esto podría resolverse. Se tratará de una credencial única que acredita a la persona como un elemento capaz de desempeñar esa función con independencia de la empresa en la que esté. De esta forma, si por alguna causa un elemento incurre en una ilegalidad se puede anular su credencial y además que ya no sea contratado en otro sitio. Habrá mucho mayor control”.

Como parte de la certificación el gobierno también planteará el tema de la batería de pruebas de control de confianza que incluye polígrafo, examen toxicológico, de conocimientos, físico y entorno social.

Cacho de la Teja dijo que las empresas del sector están de acuerdo, aunque se “cabildea” con el gobierno la posibilidad de que no tengan que cubrir el costo de las mismas pues dijo que debido a la movilidad que hay del personal, esto sería imposible de pagar para las compañías.

Lo que si quedará fuera del marco regulatorio y la estrategia federal, al menos por ahora, es el planteamiento que hizo el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera para que los vehículos que utilicen escoltas tengan “placas especiales” o alguna otra identificación, luego de casos de agresiones como el del llamado #LordFerrari

“En este punto definitivamente no hay consenso y no estamos de acuerdo porque no es práctico. Los coches normalmente no son nuestros sino de nuestros clientes, de los usuarios, entonces sería muy complicado que esto se llevara a cabo. Además en algunos casos el servicio debe de ser totalmente discreto y esto iría en contra de ello”, expresó.

En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada dijo las empresas realmente incluso optan por seguridad escoltas desarmados a los clientes, pues se trata de un trabajo mucho más de inteligencia.

“A estas personas que hemos visto agrediendo conductores en la vía pública, ese no es el perfil de los escoltas de las empresa serias. Ahí estamos hablando de gente de compañías patito o de las policías complementarias como la del estado de México que operan fuera de controles legales que nosotros respetamos”, sostuvo.

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¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca pese al triunfo de Biden?

El anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.
8 de noviembre, 2020
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En 244 años de historia de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca después de haber perdido una elección.

La transferencia ordenada, legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense.

Por eso, el anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden, genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.

Y presenta para los analistas el reto de considerar escenarios antes impensables.

“Lejos de haber terminado”

Trump jugaba golf a las afueras de Washington cuando se confirmó el triunfo electoral de Biden este 7 de noviembre.

Poco después, la campaña del candidato derrotado emitió un comunicado asegurando que la “elección está lejos de haber terminado”.

Donald Trump jugando al golf.

Getty Images
Trump estaba jugando al golf cuando se conoció la victoria de Joe Biden.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, señala el comunicado, en donde además indica que Trump seguiría oponiéndose mediante demandas judiciales al resultado anunciado, alegando la existencia de supuestos fraudes.

La constitución estadounidense es clara, más allá de cualquier duda, en establecer que el actual período presidencial termina “al mediodía del día 20 de enero”.

Joe Biden ha conseguido ganar en una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el Colegio Electoral. Por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años.

Donald Trump tiene recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación.

Pero a no ser que ocurra de aquí a allá un giro dramático en las cortes y que pueda probar en los juzgados la existencia de las irregularidades en la elección que él reclama, todavía sin presentar evidencia, el 20 de enero es la fecha en que el actual presidente debe abandonar el poder.

Trump con su equipo en la oficina oval de la Casa Blanca.

Getty Images
¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca?

Posición anunciada

Trump fue claro a lo largo de la actual campaña en advertir que no aceptaría una derrota.

Dijo en repetidas ocasiones que estaba decidido a seguir al mando, sin importar lo que dijeran las autoridades electorales, indicando que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones.

Por lo que el país empezó a discutir qué pasaría en el caso de que Trump cumpliera su amenaza e intentara aferrarse al poder a la fuerza.

Una hipótesis incluso comentada por el propio Joe Biden cuando era candidato.

En una entrevista televisada el pasado 11 de junio, el humorista Trevor Noah le preguntó a Biden si había pensado en la posibilidad de que un Trump perdedor se negara a desocupar la residencia presidencial.

“Sí, lo he pensado”, respondió Biden, agregando que estaba convencido de que en una situación semejante, las fuerzas militares se encargarían de impedir que se quedase en el cargo y lo desalojarían sin más de la Casa Blanca.

También se ha dicho que podría ser el Servicio Secreto el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Ese cuerpo civil, encargado de la seguridad del mandatario, tiene por ley también la obligación de proteger a todos los ex presidentes, y seguirá escoltando al ya expresidente a partir del 20 de enero.

Donald Trump con un miembro del Servicio Secreto en la Casa Blanca

Getty Images
El Servicio Secreto es el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Desde que se hizo evidente la ventaja electoral de Biden y parecía inminente el anuncio de su victoria, el Servicio Secreto extremó las medidas de protección sobre el presidente-electo, empezando a darle efectivamente un nivel de seguridad “presidencial”, pese a que Trump insistía en que el demócrata había sido derrotado.

¿El escenario impensable?

Pero en ese punto habría que entrar a evaluar la lealtad a este presidente de las fuerzas de seguridad, tal como lo hacen los analistas que buscan entender la situación de cualquier país en un momento de inestabilidad institucional.

BBC Mundo le preguntó a expertos si era factible que Trump intentase utilizar a las fuerzas de seguridad del estado para quedarse ilegalmente en el poder.

“Que un presidente llegara a abusar de los poderes de la presidencia para quedarse en el cargo después de aparentemente perder la elección, sería duro y destruiría normas vitales. Pero no es inconcebible“, le dice a BBC Mundo el profesor Dakota Rudesill, experto en legislación y política de seguridad nacional, afiliado a la Universidad Ohio State en Estados Unidos.

Causaría un gran daño al país, a principios importantes de las relaciones entre civiles y militares, y a los prospectos globales para la democracia”, advierte.

Sin embargo, aclara que, en su opinión, el escenario en que Trump pudiera aferrarse a la presidencia apoyado en las fuerzas de seguridad es difícil de realizarse.

“El personal militar jura lealtad a la Constitución, no al político que actualmente ocupe la presidencia. Y el que es en este momento el militar de mayor rango en el país, el General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho repetidamente que los militares no tendrán rol alguno en esta elección”.

Gráfico de quién podría involucrarse si se impugnan los resultados

BBC

Rudesill no es el único que se hace estas preguntas. Keisha Blaine es catedrática de la Universidad de Pittsburgh y experta en el estudio de movimientos de protesta social.

“El solo hecho que tengamos que preguntarnos si las fuerzas armadas intervendrán en la elección revela mucho acerca del triste estado de las cosas en nuestro país“, le dice a BBC Mundo.

Agrega Blaine que “hace cuatro años la mayoría de los estadounidenses no se preguntaban esto. Pero después de haber visto a Trump desplegar agentes federales en Portland y Washington en los últimos meses, es una preocupación seria. No creo que esto sea un escenario probable, pero no podemos descartarlo como una posibilidad seria, teniendo en cuenta todo lo que pasó este año”.

Efectivamente, durante las protestas sociales que surgieron con el movimiento anti-racismo de mediados de año, Trump consideró movilizar a las fuerzas armadas para disolver las manifestaciones.

El pasado 5 de junio, el diario New York Times aseguraba que el general Milley “convenció a Trump de no invocar la Ley de Insurrección de 1807 para movilizar tropas regulares en todo el país para reprimir las protestas, una línea que varios oficiales del ejército estadounidense han dicho que no cruzarán, ni siquiera si el presidente se los ordena”.

Al final, ante la negativa del ejército regular a verse involucrado, Trump ordenó para contener las protestas el uso de efectivos de la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores de cada estado.

Trump con Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto

Getty Images
El 1 de junio, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, acompañó a Trump a tomarse una foto con una biblia a metros de la Casa Blanca y en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. A los días, Milley se arrepintió.

También estuvieron involucrados en la contención de las protestas en Washington, Portland y otras ciudades, miembros de las fuerzas de seguridad no militares que dependen del Ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security).

Por lo que algunos contemplan que en una crisis surgida a raíz de las elecciones, Trump potencialmente tendría acceso a ordenar el despliegue de cierto número de personal armado no militar.

Sin embargo, asumiendo que las fuerzas armadas no se pondrían a disposición de la supervivencia política del presidente, es difícil imaginar una maniobra exitosa de Trump para quedarse en el poder en esas condiciones.

¿Violencia en la espera?

Rudesill dice que le produce preocupación escenarios relacionados.

“He escrito acerca de la posibilidad de que el presidente Trump intente usar un decreto ejecutivo, o que el Departamento de Justicia controlado por sus aliados políticos intente emitir una ‘directriz’, indicando que la Rama Ejecutiva debe considerar a Trump como el ganador de una elección disputada”, el experto le dice a BBC Mundo, pero advierte que eso sería “totalmente inapropiado e impermisible”.

“Ordenar al ejército continuar rindiendo saludo al presidente mas allá del final de su período al mediodía del 20 de enero pondría a los militares en una situación imposible”, señala.

Un seguidor de Trump armado en Minesota este 7 de noviembre.

Getty Images
Los analistas dicen que una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado puede llevar a “la posibilidad de desorden civil serio”.

“La mitad del país y mucha gente alrededor del mundo pensaría que las fuerzas armadas apolíticas estadounidenses habían tomado una posición partidista. Los militares nunca, nunca deben recibir esa orden“, puntualiza Rudesill.

Y sin llegar al caso extremo de una situación en la que se ponga en juego la autonomía de las fuerzas armadas ante las disputas partidistas, otros advierten que una extensión de la actual coyuntura política puede generar violencia en otros campos.

Una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado ciertamente lleva a “la posibilidad de desorden civil serio”, le dice a BBC Mundo Keisha Blaine.

La retórica presidencial “ha incrementado la posibilidad de protestas e incluso de violencia”, argumenta.

La situación presenciada en distintas ciudades estadounidenses en los últimos meses, de manifestantes armados hasta los dientes expresando su apoyo por el presidente, así como la aparición en las calles de esas mismas urbes de grupos radicales de oposición, son un recordatorio del potencial de violencia que conlleva la actual tensión política en Estados Unidos.

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BBC

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