Sin autorización ambiental, mineras explotaron tierras protegidas de Chiapas y contaminaron ríos
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Ángeles Mariscal

Sin autorización ambiental, mineras explotaron tierras protegidas de Chiapas y contaminaron ríos

Entre 2000 y 2015, el gobierno federal concesionó la quinta parte del territorio chiapaneco para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita. En total 1.5 millones de hectáreas de tierra lista para ser explotada.
Ángeles Mariscal
Por Arturo Contreras
24 de agosto, 2016
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Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas. El trabajo forma parte del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto en http://www.piedepagina.mx

A Filigonio de León Pérez el paraíso se le terminó. Al agua del río que baja de la biosfera El Triunfo y atraviesa su comunidad se le hizo una nata de oxidación que le arrancó la vista a cientos de peces y a su hijo Filigonio, de 20 años.

En Nueva Esperanza y en los poblados de la zona baja de la sierra de Chiapas, entre 2008 y 2012, junto con los ríos contaminados por las minas Cristina y Nueva Francia, creció también la presencia de fundaciones y políticos ligados al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país, y al Partido Verde Ecologista de México.

Aunque la tragedia de Filigonio y miles de familias cuyas tierras están asentadas sobre regiones ricas en minerales e hidrocarburos, inició antes, por el año 2000, cuando llegaron geólogos a introducir delgados y largos tubos para sacar muestras de tierra, sin dejar huellas. En los siguientes 15 años, el gobierno federal concesionó la quinta parte del territorio chiapaneco para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita. En total 1.5 millones de hectáreas de tierra lista para ser explotada.

Los “fuereños” llegaron a rentar tierras a los comuneros y ejidatarios de zonas estratégicas, de donde empezaron a sacar, casi de manera subrepticia, miles de toneladas de rocas. Los habitantes de la región, dedicados a la producción de árboles frutales, madres y café empezaron a recibir dinero -un promedio de 2 mil pesos anuales- por que alguien sacara piedras. Parecía una verdadera “compensación”.

La oquedad que dejaron las excavaciones en la parte alta del poblado Nueva Francia se llena de agua verdosa en época de lluvias y bien podría confundirse con una laguna natural, si no fuera porque ni los sapos sobreviven ahí adentro. A unos kilómetros de distancia, la mina La Libertad (conocida como mina Cristina) tampoco tiene un impacto visual dentro de esta tierra paradisiaca.

Filigonio y su familia, y al resto de los pobladores de esta región entendieron que eso no era cosa buena. Escuchaban las historias de quienes viven al otro lado de la sierra. En el municipio de Chicomuselo asesinaron a Mariano Abarca Robledo por oponerse a la explotación de la mina ubicada en el ejido Grecia.

Era el año de 2009 y empezaba la resistencia.

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Esperar el mejor momento

Rubén Nolasco Hernández, de 60 años, es propietario de tierras donde la mina Nueva Francia extrajo titanio durante los seis años que estuvo activa. Todo ese tiempo el campesino recibió 3 dólares por cada tonelada del metal extraído.

El hombre cuenta que en 2008 firmó un contrato “con el ingeniero Silva” para rentar sus tierras por 30 años, pero no los tiene a la manos “porque el ingeniero se lo llevó”.

“Me dieron 400 mil pesos por adelantado como pago por la explotación de 4 años”, explica el campesino, mientras explica que su tierra en el municipio de Escuintla antes dedicada al cultivo de frutas y el pastoreo de ganado, en la zona de influencia de la Biosfera El Triunfo.

“¿Quién me va a dar este dinero por mis tierras? Nadie. Acá los campesinos nunca hemos visto tanto dinero junto, ni lo veremos. Pero el problema fue que la gente empezó a protestar porque dijeron que la mina estaba contaminando los ríos”.

Uno de ellos era Filigonio. Los campesinos empezaron a cerrar los caminos por los que bajaban los camiones cargando el titanio. Eso, y el asesinato de Mariano Abarca puso los reflectores sobre la región.

En 2012, las autoridades reconocieron que ni la mina Nueva Francia ni la mina La Libertad (o Cristina) tenían en regla las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la extracción debido a que el potencial minero en esta región se encuentra en el núcleo de la Reserva y Zona de Amortiguamiento de la Biosfera El Triunfo –que alberga al bosque de niebla más importante del país– y en el Área Natural Protegida de La Encrucijada. Ambas están protegidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley de Equilibrio Ecológico.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la mina Nueva Francia; la mina La Libertad (o Cristina) suspendió la extracción de mineral, y la minería en la región entró en un impase, indica el análisis “Impacto de los proyectos minero metálicos en áreas prioritarias para la conservación en Chiapas: estudio sobre las amenazas a la biodiversidad en la sierra madre”, elaborado por bióloga Sandra Urania Moreno Andrade y auspiciado por la Alianza Sierra Madre.

Pero los empresarios mineros sólo esperaban mejores tiempos. En los años siguientes, la entrega de concesiones y la obtención de nuevas tierra mediante los procesos de compra o renta siguió avanzando, y los grupos políticos que fungen como operadores de los empresarios mineros -principalmente ligados al Partido Verde- concretaron su estancia en el gobierno estatal.

La toma del poder

Para finales de 2015, Tristán Canales Reyna, su esposa, Diana Luna Hernández y su hija, María Cristina Canales Luna, poseían 22 de las 99 concesiones mineras vigentes en Chiapas.

Canales Reyna es hijo del diputado federal priísta, Tristán Canales Najjar, quien también es vicepresidente de Información y Asunto Públicos de Grupo Salinas, cuyo fundador y presidente es el magnate Ricardo Salinas Pliego.

Entre la población de la sierra y costa de Chiapas poco se sabe del vínculo entre Tristán Canales y Salinas Pliego. Sin embargo, el nombre del empresario es conocido en la región a través de la Fundación Azteca, cuyo nombre puede leerse en bardas, camisetas y mochilas que portan algunos niños.

Fundación Azteca comenzó a tener presencia en la región al mismo tiempo que empezaron a entregarse las concesiones mineras y que en el estado crecía el Partido Verde, que en 2012 se instaló en la gubernatura con la postulación de Manuel Velasco Coello. Hay un hombre que conjuga (de manera visible) estos intereses: Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde desde 2012, ex director del Canal 40 (propiedad de Salinas Pliego) y actual presidente de la Fundación Azteca en Chiapas.

Una tercera operadora del Grupo Salinas en el Congreso de la Unión es su hija, Ninfa Salinas Sada, quien al mismo tiempo que preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado, es la cabeza del Grupo Dragón, una empresa que ha tomado la delantera en el desarrollo de parques eólicos y geotérmicos.

Juntos, Canales, Melgar y Ninfa Salinas impulsaron dentro del Congreso las reformas energéticas (propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto) que cambiaron las condiciones para la explotación y manejo de hidrocarburos, minas, energía eléctrica y geotérmica.

Pero Chiapas no es el único estado en el que Salinas Pliego tiene intereses. En la otra punta del país, en Baja California Sur, el Grupo Salinas opera de la misma manera que en el sureste. Ahí, el coordinador de TV Azteca para el noroeste del país, David de la Paz, encabeza el frente Pro Desarrollo Sustentable, que impulsa la “minería responsable”.

Otro estado, misma historia

La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur, es considerada una isla de vegetación en medio del entorno árido de la península. Es única en sus ecosistemas y en ella se encuentran los principales arroyos y cuerpos de agua del estado. En ese lugar -a 80 km de La Paz – bajo diferentes nombres y dueños, se ha intentado instalar una mina a cielo abierto y extraer oro en terrenos en el noroeste del área protegida.

El proyecto de Los Cardones está a cargo de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V, una subsidiaria de Grupo Invecture, al que activistas del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida vinculan con el Grupo Salinas (relación que no ha sido negada).

Esta es la historia: el proyecto se llamó primero Paredones Amarillos y fue adquirido por la compañía estadounidense Vista Gold en 2002. La empresa pretendió sacar de la tierra 11 mil toneladas de material por día, por medio de un tajo a cielo abierto. En 2009 solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero no logró acreditar la propiedad de los terrenos, debido a que se encuentran en un Área Natural Protegida (ANP). Organizaciones, académicos y ciudadanos se opusieron al proyecto, que en 2010 fue suspendido… temporalmente.

En 2013 Grupo Invecture adquirió totalmente el proyecto por el que pagó 10 millones de dólares. Como en Chiapas, la nueva estrategia consistiría en esperar el momento político-social adecuado para conseguir los permisos. Ese momento llegó en junio de 2014, cuando el titular de Semarnat era Juan José Guerra Abud, miembro del Partido Verde.

A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un órgano desconcentrado del gobierno federal se pronunció abiertamente en contra , la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental (MIA) ; sin embargo, la autorización para echar a andar la mina fue condicionada a que la empresa consiguiera permisos de autoridades locales y federales (entre ellas la Conanp). Además, la empresa aún debía acreditar la propiedad de los terrenos para obtener el cambio de uso de suelo, un problema que arrastraban desde 2009.

“La empresa no ha podido acreditar la posesión de dos terrenos, que son propiedad federal”, explica Jesús Echeverría Haro, presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

En octubre de 2014, Desarrollos Zapal anunció a través de su sitio oficial que suspenderían el proyecto debido a que “no existían condiciones propias para su realización”.

“Grupos opositores a la actividad minera han sembrado dudas sobre los innegables beneficios de nuestro proyecto para Baja California”, alegó la empresa.

Lo cierto es que tampoco en esa ocasión canceló sus intenciones. Y el 21 de septiembre de 2015, días antes del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la Paz, tres regidores convocaron a una sesión privada de Cabildo. En la reunión aprobaron el dictamen de cambio del uso de suelo de 16 predios anexos al ANP de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna.

El acta de la sesión se filtró a medios de comunicación y provocó un revuelo. La directora de Ecología y Desarrollo Urbano de La Paz, Rosa Icela Fiol Manríquez, y el alcalde suplente, Francisco Javier Monroy Sánchez, desconocieron el dictamen y aseguraron que revocarían el permiso. Desarrollo Zapal buscó un amparo ante la justicia federal, que le fue negado. En noviembre de 2015, la nueva administración (del panista Armando Martínez Vega) anunció el juicio político a los ex funcionarios que aprobaron el cambio de uso de suelo. Hasta la fecha, ninguno ha sido juzgado.

Operación despojo

El viejo Jorge Cordero murió de cáncer en marzo de 2016. Durante los últimos años de su vida, el hombre libró dos batallas: contra la enfermedad y contra la empresa que por todos los medios intentó quitarle su tierra.

Su rancho, las Paredcitas, un predio de mil 755 hectáreas enclavado en la sierra La Laguna, es el último dique para la ocupación de la zona en la que la empresa quiere desarrollar la mina. Pero Cordero y su familia se negaron a vender. Con terribles consecuencias. “La empresa sólo nos ha dado problemas”, dice Cristian Cordero, quien junto con su esposa, Maricela mantuvo la defensa del rancho familiar durante la convalecencia de su padre.

La historia que cuentan es esta:

En 2008, Jorge Cordero permitió a Paredones Amarillos la exploración en sus terrenos; firmó contratos de renta por la que recibiría 4 mil dólares. Pasaron años y, en abril de 2014, Desarrollo Zapal -nueva dueña del proyecto minero- le ofreció comprarle el rancho (para entonces ya había adquirido los que estaban alrededor). Pero Cordero se negó. La empresa alegó que el contrato condicionaba la venta de los terrenos (lo que es ilegal) y que había pagado a Cordero 3 millones de pesos. En realidad, dice su abogado, lo que le pagaron fueron tres meses de renta que le debían. Eso fue lo que firmó.

Ante la negativa del ranchero, la empresa instaló un campamento a tan solo unos metros de la propiedad, con vigilantes que comenzaron a acosarlos y amenazarlos. Maricela Higuera, esposa de Cristian, relata que los observaban incluso cuando iban al baño, que les dijeron que estaban ahí para sacarlos “vivos o muertos”, que los iban a desaparecer, y que disparaban armas por la noche para asustarlos.

El 4 de marzo de 2015, salieron del rancho para acompañar a Jorge Cordero a su quimioterapia en un hospital de La Paz. Esa noche, guardias con uniformes de la empresa Adamantium destruyeron su casa, robaron aparatos, el ganado. “Hasta la ropa se llevaron”, dice la mujer. A la mañana siguiente empleados de la minera llevaron a un notario público para acreditar que el lugar se encontraba abandonado.

Adamantium Private Security Services S. de R.L. de C.V. es una empresa dirigida por Luis Cárdenas Palomino ex directivo de la Policía Federal y amigo personal de Genaro García Luna, el súper secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Cárdenas Palomino renunció a la Policía Federal en diciembre de 2012, en medio del escándalo que provocó que el narcotraficante Édgar Valdez Villareal, La Barbie, lo acusara de recibir dinero del crimen organizado a cambio de protección; nadie investigó las acusaciones y el ex policía se retiró a trabajar en la iniciativa privada, implementando sistemas de información y seguridad para TV Azteca.

Autorizada por la Secretaría de Gobernación para operar en todo el país, Adamantium se vende como una empresa de seguridad que forma parte de Grupo Salinas (aunque en realidad solo provee el servicio de seguridad intramuros en algunas de sus instalaciones). Sus escoltas aparecen públicamente como guardias del proyecto minero Los Cardones.

El reino de las corporaciones

Salinas Pliego no es inversionista directo de Grupo Invecture -actual dueña de proyecto Los Cardones-, pero sí tienen vínculos empresariales. Otras minas de Grupo Invecture, como Minera Monterde y Cobre del Mayo, reciben energía de Geotérmica para el Desarrollo, empresa filial de Grupo Dragón (que pertenece a Grupo Salinas).

Además, el fundador de Grupo Invecture, John Detmold, fue director de Banca Quadrum (empresa de la que Salinas Pliego fue miembro del consejo de administración) hasta su disolución en marzo de 2002. Y, al mismo tiempo, fue consejero de Biper (después [email protected]), compañía del Grupo Salinas.

“Las corporaciones han asaltado el poder, decidiendo el destino del país y del mundo. Han logrado modificar leyes para que respondan a sus intereses”, concluye el activista por los derechos ambientales, Gustavo Castro.

Castro es director de la organización Otros Mundos y no tiene dudas de que empresarios como Salinas Pliego están imponiendo un modelo de corporación-nación que les permite diseñar y aplicar políticas de gobierno que favorecen sus intereses por encima de los pueblos y sus territorios. Lo hacen, dice, a través de sus operadores políticos colocados estratégicamente en las estructuras de gobierno.

En esta misma línea, advierte, puede entenderse la creación de Zonas Económicas Especiales, y los cambios -ya en el Congreso- a la Ley Agraria y a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, para dejar fuera de sus polígonos a las zonas con potencial minero.

“Algunos estados son un laboratorio que está mostrando el avance y la eficacia de estas estrategia”.

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Qué tan diferente será la toma de posesión de Biden en EU y cómo será el dispositivo de seguridad

Este año la tradicional transmisión de mando será muy atípica debido a la crisis política que vive Estados Unidos y a las medidas de precaución exigidas para hacer frente a la pandemia.
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18 de enero, 2021
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La toma de posesión de Joe Biden como 46º presidente de Estados Unidos parece haber estado destinada a ser atípica.

Desde hace tiempo ya se sabía que los planes para este acto, previsto para el 20 de enero, tendrían que ser distintos para incorporar los protocolos sanitarios exigidos por la lucha contra el covid-19.

Pero a esa previsión se le han sumado tres circunstancias adicionales:

  1. La pandemia registra su momento más severo en Estados Unidos, con cifras récord de nuevos contagios confirmados y muertes.
  2. La crisis política desatada tras el asalto al Capitolio realizado el 6 de enero por partidarios del presidente Donald Trump, quien ahora debe enfrentar un juicio político por esos hechos y aún se niega a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
  3. La alerta de los cuerpos de seguridad ante la potencial amenaza de que se produzcan protestas o actos de violencia no solamente en Washington DC sino también en los capitolios de los estados.

La transferencia de mando ha sido considerada tradicionalmente en Estados Unidos como una fiesta democrática, con una asistencia multitudinaria. Esta vez las cosas serán diferentes.

BBC Mundo te cuenta los detalles.

¿Qué es la toma de posesión?

La toma de posesión es la ceremonia formal que marca el inicio de una nueva presidencia y tiene lugar en la capital del país.

Chapa conmemorativa de la toma de posesión de 2021.

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Históricamente, la toma de posesión es considerada como una fiesta de la democracia en EE.UU.

El único requisito de la ceremonia es que el mandatario electo recite el juramento presidencial: “Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y que, hasta el límite de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos”.

Una vez que pronuncie estas palabras, Biden ocupará su lugar como presidente número 46 y la toma de posesión estará completa (pero eso no es todo, luego siguen las celebraciones).

Kamala Harris se convertirá en vicepresidenta una vez que preste juramento en el cargo, lo que generalmente ocurre justo antes de que el presidente tome posesión.

¿Cuándo ocurrirá la ceremonia?

Por ley, el día de la toma de posesión es el 20 de enero.

Este año, los discursos de apertura generalmente están programados para alrededor de las 11:30 hora local (16:30 GMT), y Joe Biden y Kamala Harris tomarán posesión al mediodía.

Más tarde ese día, Biden se mudará a la Casa Blanca, donde residirá durante los próximos cuatro años.

Ronald y Nancy Reagan .

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La tradición de hacer la juramentación al aire libre se inició con Ronald Reagan.

La toma de posesión no siempre ocurrió en enero. Inicialmente, la Constitución establecía el 4 de marzo como el día para que los nuevos líderes presten juramento.

Seleccionar una fecha a cuatro meses de las elecciones generales de noviembre tenía sentido en ese momento dado el tiempo que tardaban los votos de todo el país en llegar a la capital.

Con el tiempo, a medida que los avances modernos facilitaron el recuento y el informe de los votos, se modificó este largo plazo.

La 20ª Enmienda, ratificada en 1933, estableció que el nuevo presidente tomaría posesión el 20 de enero.

¿Cómo será el dispositivo de seguridad?

Por lo general, las tomas de posesión presidenciales requieren grandes despliegues de seguridad.

Esa exigencia se hace más importante ahora, después de que una turba de seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió sobre protestas armadas en los capitolios de los estados y en Washington DC en los días previos a la ceremonia, lo que llevó a los funcionarios a aumentar la seguridad y cerrar grandes sectores de la ciudad.

En una evaluación conjunta realizada por esa agencia y por el Departamento de Seguridad Nacional se justifica el aumento de medidas para evitar ataques de terroristas internos, quienes “suponen la amenaza más probable” a la toma de posesión.

Partidarios de Trump dentro del Capitolio de EE.UU.

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El asalto al Capitolio ejecutado por los seguidores de Trump obligó a elevar el nivel de alerta de seguridad.

Estos extremistas “siguen siendo una preocupación debido a su capacidad para actuar con poca o sin ninguna advertencia, su disposición a atacar civiles y blancos fáciles; y su habilidad para causar un número significativo de víctimas con el uso de armas que no requieren de conocimiento especializado”, señalaron estas autoridades en un documento citado por The New York Times.

Este viernes, el Pentágono anunció un incremento hasta 25.000 en el número de efectivos de la Guardia Nacional que podrán ser desplegados para la toma de posesión de Biden, unos 4.000 más de los que habían sido autorizados el jueves.

Efectivos de la Guardia Nacional en Washington DC.

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Hasta 25.000 efectivos de la Guardia Nacional podrán ser desplegados con motivo de la toma de posesión.

Un ensayo de la ceremonia que estaba previsto para el domingo fue pospuesto y reprogramado para el lunes debido a preocupaciones de seguridad, según informó el sitio web Politico.

Mientras tanto, un viaje en tren de 90 minutos planeado por Biden y su equipo desde sus oficinas en Delaware a Washington previsto para el lunes también ha sido suspendido por los mismos motivos, informó Associated Press.

Biden pidió a Lisa Monaco, la asesora contra el terrorismo del expresidente Barack Obama, que trabaje como asesora temporal sobre la seguridad para la toma de posesión.

La capital estadounidense se encuentra en estado de emergencia, por una orden que emitió la alcaldesa Muriel Bowser ante los disturbios en el Capitolio, y permanecerá así hasta la toma de posesión

Bowser advirtió este viernes que el sitio donde se realizará la ceremonia no es el único lugar que ha sido objeto de amenazas en línea.

El Servicio Secreto ha tomado el mando de los planes de seguridad, respaldado por la Guardia Nacional y de policías.

El agente Matt Miller, quien lidera el esfuerzo de seguridad en nombre del Servicio Secreto, dijo a los reporteros el viernes que la planificación del evento ha estado en marcha durante más de un año.

Y aunque Biden ha insistido en prestar juramento en un espacio abierto, como es tradición, la asistencia se reducirá.

¿Asistirá Trump a la ceremonia?

Es una costumbre que el presidente saliente presencie la juramentación de su sucesor, lo que en ocasiones puede hacer de la ceremonia algo incómodo.

Donald Trump y Barack Obama

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Barack Obama acudió a la toma de posesión de Donald Trump.

Este año, será una incomodidad distinta: el presidente saliente no se presentará.

“Para todos los que han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero“, tuiteó Trump el 8 de enero.

El mensaje fue divulgado poco después de que el mandatario se comprometiera con una transición de poder “ordenada” a un “nuevo gobierno” y eso es lo más cerca que ha estado de reconocer públicamente el triunfo de Biden.

Algunos de sus partidarios ya habían dado un paso más, planeando una “segunda toma de posesión” virtual para Trump el mismo día (y hora) en que Biden asume el cargo. Más de 68.000 personas han dicho en Facebook que asistirán al evento en línea para mostrar su apoyo a Trump.

El vicepresidente Mike Pence, sin embargo, ha dicho que sí asistirá a la ceremonia oficial.

Mike Pence.

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Mike Pence, vicepresidente de Trump, sí acudirá a la ceremonia.

Cuando Trump prestó juramento en 2017, Hillary Clinton acudió junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton, a la toma de posesión, solo dos meses después de su derrota electoral y de una dura campaña contra Trump.

Solo tres presidentes -John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson- han optado activamente por no participar en la juramentación de sus sucesores, algo que no ha hecho ningún mandatario en el último siglo.

¿Cómo afectará la pandemia la ceremonia de este año?

En circunstancias normales, Washington DC vería a cientos de miles de personas acudir en masa a la ciudad para presenciar la toma de posesión, inundando el National Mall y ocupando todas las habitaciones disponibles de los hoteles.

Toma de posesión de Barack Obama

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Se estima que unos dos millones de personas acudieron a las celebraciones por la toma de posesión de Barack Obama en 2009.

Se estima dos millones de visitantes llegaron a la capital estadounidense cuando el presidente Obama asumió su primer mandato en 2009.

Pero este año, el tamaño de la celebración será “extremadamente limitado”, según ha dicho el equipo de Biden, que ha instado a los estadounidenses a evitar viajar a la capital.

Biden y Harris seguirán prestando juramento frente al Capitolio, en un lugar con vista a la icónica explanada del National Mall (una tradición que comenzó con el presidente Ronald Reagan en 1981), pero los puestos para observar la ceremonia que se habían instalado a lo largo de la ruta del desfile están siendo retirados.

Gran parte del parque del National Mall de 3,2 km de largo también estará cerrado al público.

En el pasado, había hasta 200.000 entradas disponibles para asistir a la ceremonia oficial pero este año, con las infecciones que siguen aumentando en EE.UU., solo estarán disponibles alrededor de 1.000 boletos.

Este año todavía habrá una versión de la tradicional ceremonia en la que el nuevo comandante en jefe inspecciona las tropas, pero en lugar del habitual desfile por la avenida Pennsylvania hasta la Casa Blanca, los organizadores dicen que organizarán un “desfile virtual”.

¿Cuáles artistas estarán invitados?

En los últimos años, los presidentes entrantes han agregado algunos de los artistas más queridos del país al programa del día. A pesar de la pandemia, este año no será diferente.

A Biden y a Harris se les unirá Lady Gaga, una acérrima defensora del presidente entrante que hizo campaña con él en los días previos a las elecciones.

Lady Gaga.

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Lady Gaga hizo campaña por Biden y ahora actuará en su toma de posesión.

Lady Gaga cantará el himno nacional y Jennifer López cantará durante la actuación musical de la ceremonia.

Después de que Biden preste juramento, el actor Tom Hanks hará de presentador de un programa de televisión en horario estelar que durará 90 minutos, un reemplazo compatible con la situación de pandemia de las celebraciones que normalmente se realizan en persona.

Contará con Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Justin Timberlake, y se transmitirá en todas las principales redes y plataformas de EE.UU., con la excepción de Fox News, una red conservadora que ha apoyado a Trump durante su presidencia.

En 2009, Aretha Franklin cantó en la toma de posesión de Barack Obama, interpretando el tema “My Country ‘Tis of Thee”. Beyoncé también estuvo presente, cantando “At Last” para la pareja presidencial en el baile inaugural de su presidencia.

En su segunda toma de posesión en 2013, Obama pidió a Kelly Clarkson y a Jennifer Hudson que hicieran los honores. Beyoncé volvió de nuevo, esta vez para cantar el himno nacional.

Beyonce canta el himno nacional de EE.UU. en la toma de posesión de Obama en 2013.

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Beyonce participó en las dos tomas de posesión de Barack Obama.

Según la prensa estadounidense, Donald Trump tuvo más problemas para contratar artistas. Elton John rechazó la oferta para actuar y circularon informaciones según las cuales Celine Dion, Kiss y Garth Brooks hicieron lo mismo.

Al final, a la toma de posesión del mandatario republicano asistieron las Rockettes, el artista country Lee Greenwood y la banda 3 Doors Down.


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