El pasado martes, 9 de agosto, trabajadores del ayuntamiento de Huehuetoca, Estado de México, localizaron restos humanos dentro de un pozo de extracción de agua, ubicado en la antigua estación de trenes de esa localidad donde realizaban labores de limpieza.
[contextly_sidebar id=”SQYUVh0YEMNqm9wutyQyKwExCqSYeFlC”]La zona del hallazgo fue rodeada con una cinta plástica amarilla, pero quedó sin resguardo, por lo que, después de la recuperación de los primeros restos, los trabajadores del ayuntamiento volvieron a la zona y continuaron las excavaciones de “mantenimiento” en el pozo, destruyendo la evidencia que aún se preservaba ahí, tal como denunciaron familiares de personas desaparecidas en esta entidad de la República que se percataron de los hechos.
“Los trabajadores (del ayuntamiento de Huehuetoca) sacaron del fondo del pozo una montaña de tierra, que cubrieron con cal, por el olor que desprendía –denunció Nancy Rosete, madre de Elvis Axel Torres Rosete, un joven de 17 años desaparecido en 2010 en el Estado de México–, nosotros les preguntamos qué iba a pasar con todo eso que habían sacado del pozo, y nos respondieron que nada, que era ‘basura’, lo cual nos alarmó mucho porque, si en ese pozo habían localizado restos humanos, todo lo que había en la zona debía preservarse sin alteración, para continuar la búsqueda con arqueólogos y antropólogos forenses.”
Nancy Rosete, integrante de los comités de búsqueda ciudadana que han realizado rastreos de fosas clandestinas en Guerrero, Estado de México y Veracruz, advirtió que al haberse localizado ahí restos humanos, no sólo el pozo, sino toda la zona de la ex estación de tren se convirtió en una escena de crimen, por lo que debió quedar bajo resguardo de la procuraduría de Justicia del Estado de México, y cualquier trabajo de mantenimiento que se hubiera estado realizando ahí, debió quedar suspendido, lo cual no ocurrió.
La localización de restos humanos en este pozo, aclaró Rosete, les fue confirmada a familiares de desaparecidos tres días después de las excavaciones, es decir, el pasado viernes 12 de agosto, por la subprocuradora estatal de justicia Dilcia García y por el fiscal Juan Minuti López.
Sin embargo, advirtió, “no sabemos cuántos restos humanos hallaron, de qué tipo eran o dónde se encuentran actualmente, y obviamente, como familiares de personas desaparecidas, nuestro único interés es que se determine a quién pertenecen esos restos, ¿son de un hombre o de una mujer, de un niño o de un adulto, o corresponden a más de una persona?”
Ese viernes 12 de agosto, luego de que los integrantes del Movimiento por la Paz reportaron estas anomalías, la Procuraduría mexiquense envió nuevamente personal al lugar, esta vez para colocar una malla metálica alrededor del pozo, cubierta por un plástico negro, y sobre ésta colocaron sellos de resguardo judicial.
Pero el daño, subrayó la señora Rosete, quizá sea irreversible: “El pozo en el que hallaron los restos tiene una profundidad aproximada de 43 metros. El martes se hizo una primera excavación (a cargo de personal de la Procuraduría estatal) y sacaron algunos restos, pero no sacaron todo lo que había en el pozo: en el fondo aún quedaba mucho material por revisar.”
Sin embargo, prosiguió, “las autoridades judiciales ya no regresaron a revisar el resto del material, sino que fue gente del Ayuntamiento la que llegó a sacar todo lo que quedaba, durante los siguientes tres días y obviamente, no eran peritos. Por eso, todo lo que sacaron lo acumularon junto al pozo, le echaron cal, y lo asumieron como ‘basura’, a pesar de que entre todo ese material podía aún haber muchas evidencias.”
Al tratarse de instalaciones ferroviarias, añadió, “creemos que se trata de terrenos federales, por lo que tendrían que intervenir en la investigación la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, sin embargo, la Procuraduría mexiquense no ha dado parte de estos hechos a la autoridad federal”.
Y aun cuando se tratara de terrenos bajo jurisprudencia de las autoridades estatales, “creemos que es necesario que participe la PGR, porque es posible que los restos encontrados pertenezcan a personas que ya están reportadas como desaparecidas en las bases de datos de las autoridades federales, y si es así, entonces hay familias buscando a esas personas, y debe ser prioritaria su identificación y la entrega de estos restos a sus seres queridos”.
Por el momento, concluyó, la denuncia de estas anomalías permitió que los trabajos de “mantenimiento” en el pozo fueran suspendidos y que la zona fuera correctamente acordonada, aunque prevalece sin vigilancia presencial de policías.
“La subprocuradora Dilcia García nos confirmó que no había sido correcto que continuaran ahí los trabajos de mantenimiento, y dio la orden de que pararan. Sin embargo, lo que a nosotros más nos interesa es saber qué hicieron con los restos, queremos asegurarnos de que estén ya siendo analizados para su identificación”.
Animal Político buscó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para conocer su postura en torno a estos hechos, sin obtener respuesta favorable.
