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Cuartoscuro

A 6 años de la masacre en San Fernando, las víctimas aún no acceden a la investigación

Preguntas clave como quién ordenó el secuestro de los migrantes; quiénes son los policías involucrados en los hechos y qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de la masacre, siguen sin respuesta.
Cuartoscuro
Por Manuel Ureste
26 de agosto, 2016
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A seis años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, los familiares de las víctimas continúan sin respuestas, sin acceder a la justicia, y sin obtener una reparación integral del daño.

Además, a casi cuatro años de que las organizaciones Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático interpusieran varios amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que exigirle a la PGR que abra el expediente del caso, los ministros aún no se han pronunciado al respecto.

Preguntas clave como quién ordenó el secuestro de los 72 migrantes; quiénes son los policías involucrados en los hechos; qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de la masacre; o cómo fue posible que se enviaran cuerpos equivocados a las familias o féretros con arena, siguen sin respuesta.

En 2013 un juez federal ordenó que se elaborara una versión pública de las averiguaciones de tres masacres: la de San Fernando en 2010; el hallazgo en 2011 de 47 fosas clandestinas en San Fernando con 168 cadáveres; y la de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, donde fueron hallados 49 torsos humanos.

El juez consideró que estos tres casos constituyen graves violaciones a derechos humanos, por lo que ordenó que se abrieran las investigaciones. Sin embargo, la PGR y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) apelaron y llevaron el proceso ante la SCJN; en septiembre de 2014 el INAI se desistió de esta apelación, no así la Procuraduría.

En noviembre de 2015, el proyecto de resolución de amparo solicitado a la SCJN por la Fundación para la Justicia fue elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, pero éste pasó a la ministra Norma Lucía Piña tras la salida de Cordero de la Corte tras 20 años de servicio.

La Fundación explicó a Animal Político que, casi tres años después de interponer el amparo con número de expediente 661/2014, el proyecto de la ministra Cordero está siendo reelaborado de nuevo, por lo que aún no hay ninguna resolución de la Corte sobre si ordena a la PGR que abra la investigación y haga una versión pública del mismo, como sucedió con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Habría que preguntar a la procuradora (Arely Gómez) por qué unos expedientes sí los abre, como el de Ayotzinapa, y otros como los de San Fernando no”, planteó Ana Lorena Delgadillo, presidenta de la Fundación para la Justicia.

San Fernando acumula aniversarios sin verdad: AI

En la misma situación, detenido, se encuentra el amparo 453/2015 que presentó la organización Artículo 19, el cual fue turnado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena al pleno, donde aún no se discute.

La SCJN, a través de su departamento de comunicación social, confirmó a Animal Político que los dos amparos continúan en revisión y sin fecha todavía para que se resuelvan.

“Artículo 19 lleva litigando cuatro años para que se hagan públicos los expedientes de San Fernando, y todavía no tenemos ninguna decisión de la Suprema Corte”, apuntó en entrevista David Mora, integrante del programa de acceso a la información de la organización, quien lamentó que a seis años “todavía no conocemos lo que pasó en la matanza de los 72 migrantes”.

“Esta masacre ejemplifica cómo opera el sistema de justicia en México –añadió-, donde existen capturas que se hacen públicas cuando hay un interés político detrás, pero los juicios que les siguen son completamente secretos. Y debería ser al revés: las investigaciones deberían buscar ser privadas al público, pero los juicios sí abiertos a la sociedad”.

Perseo Quiroz, director de la oficina de Amnistía Internacional (AI) México, lamentó por su parte que la masacre “siga acumulando aniversarios” y las familias de las víctimas aún no hayan podido acceder a las investigaciones.

“Todavía estamos muy lejos de la verdad, de la justicia y de la reparación del daño. Seguimos prácticamente en la misma situación que al principio”, resumió en entrevista Quiroz.

“Si PGR tuviera voluntad de respetar los derechos de las víctimas, ya les habría entregado los expedientes”

En cuanto a la resolución que la SCJN anunció en marzo pasado, cuando ordenó a la PGR a abrir la averiguación previa por el hallazgo de otras 47 fosas clandestinas en San Fernando con 193 cuerpos, encontradas en abril de 2011,

para entregar copias a dos mujeres de El Salvador quienes perdieron a su hijo y a un hermano a manos de Los Zetas, ésta también continúa paralizada.

Aunque esta decisión fue considerada por las organizaciones defensoras de derechos humanos como “histórica”, puesto que podría abrir la puerta a cientos de familias de migrantes que han sido víctimas en México a que accedan a los expedientes de las investigaciones y así poder acceder a la justicia, cinco meses después los ministros de la SCJN aún no terminan de hacer las “modificaciones” acordadas al proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“La sentencia ya está, pero falta que se hagan las modificaciones al proyecto, por eso no se ha notificado aún a la PGR la orden de abrir los expedientes”, explicó Ana Lorena Delgadillo,  directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho quien señala que la Fiscalía del Estado ya podría haber entregado los expedientes a las dos ciudadanas salvadoreñas.

“La Procuraduría ya conoce el proyecto de la Suprema Corte y el otorgamiento de amparo. Por lo que, si realmente tuvieran la voluntad de respetar los derechos de las víctimas, ya les podrían haber dado las copias de los expedientes”, opinó Delgadillo.

Precisamente en marzo pasado, cuando la SCJN discutía el proyecto del ministro Rebolledo sobre si otorgaba el amparo a las dos ciudadanas salvadoreñas, un grupo de familiares de víctimas de San Fernando viajaron a México para cuestionar a la titular de la PGR, Arely Gómez, sobre los avances en la investigación del caso de los 72; la reunión fue “decepcionante”.

“En la PGR, el agente del Ministerio Público nos dio un reporte de no más de ocho minutos, informando lo mínimo. Incluso, hay familiares que aseguran que saben mucho más de lo que la autoridad mexicana les presentó”, dijo el 2 de marzo Fray Tomás, director del albergue de migrantes ‘La 72’ de Tenosique, Tabasco.

Ahora, varios meses después de aquel encuentro –al que no asistieron la procuradora ni el subsecretario de derechos humanos, Roberto Campa-, Fray Tomás denuncia que las víctimas y sus familiares continúan en el abandono.

“Ni la PGR, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ni nadie los ha apoyado. Cuando vinieron los familiares se les recibió y se les prometieron muchas cosas, debido a la presión de los medios. Pero más allá de que se les pagó algunas visitas médicas, no se ha hecho nada más. No se les ha brindado una atención integral”, denuncia el activista, quien concluye asegurando que “llevamos seis años de impunidad, de corrupción, y de un gobierno que le apuesta a que se olvide lo que sucedió en San Fernando”.

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Puerto Rico: qué dicen los mensajes homófobos y sexistas que provocaron la renuncia de Rosselló

Durante varios días los puertorriqueños protestaron para exigir la renuncia del funcionario.
25 de julio, 2019
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El escándalo político en Puerto Rico fue tan grave que el gobernador Ricardo Rosselló renunció.

Este miércoles, Rosselló anunció que dejaría su cargo el próximo 2 de agosto, después de la ola de protestas en su contra.

Además de los ciudadanos de a pie, adversarios políticos como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y artistas boricuas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente o Ednita Nazario, también pedían su salida.

La grave situación ya había ocasionado la renuncia del secretario de Estado, Luis Rivera, y del representante del Ejecutivo ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino.

Todo este revuelo había sido motivado por la divulgación el sábado de casi 900 páginas de un chat privado en la red social Telegram, en el cual Rosselló junto a altos miembros de su gobierno comparten burlas, comentarios homofóbicos, sexistas y misóginos.

Las 889 páginas del controvertido chat fueron reveladas por el Centro de Periodismo Investigativo, que recibió el documento completo por parte de una fuente anónima.Los mensajes comienzan en diciembre de 2018 y llegan hasta finales de enero de 2019.

Muestran cómo Rosselló y sus asesores más cercanos intercambiaron memes, comentarios despectivos, así como chistes sobre periodistas, políticos y activistas.

Ataques denigrantes

En las páginas del chat, Roselló y sus colaboradores cercanos utilizan un lenguaje soez y denigrante.

Emplean expresiones como “p…a” o “HP” para referirse a adversarias políticas. A veces, también usan la expresión “gatita” con el mismo sentido.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Getty Images
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció acciones en contra de Rosselló.

Así, a propósito de un tuit publicado por la exconcejal de Nueva York Melissa Mark-Viverito criticando la postura de Tom Pérez, presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, Rosselló dijo que “nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta p…a”.

En otro mensaje, el gobernador boricua se refiere a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y dice: “La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP”.

Rosselló también usa un lenguaje fuerte para referirse al senador Eduardo Bathia, del opositor Partido Popular Democrático (PPD), a propósito de quien comenta: “mamabicho de niveles históricos”.

En Puerto Rico, la expresión “bicho” se usa de forma vulgar para hacer referencia al pene, por lo que un “mamabicho” sería un hombre que practica el sexo oral con otros hombres.

Bathia también es objeto de burlas por parte de otros miembros del chat. En un mensaje del 6 de diciembre de 2018, los publicistas Edwin Miranda y Carlos Bermúdez hicieron comentarios denigrantes al respecto.

“Hace 20 años y 200 libras atrás”, comentó Bermúdez ante la foto, a lo cual Miranda agregó: “Y siete machos menos?…perdón”.

“Inapropiado, Edwin”, le responde Bermúdez.

El 7 de diciembre de 2018, Bermúdez publicó también una fotografía de una activista de un colectivo feminista, vistiendo una camiseta que decía: “antipatriarcal, feminista, lesbiana, trans, caribeña, latinoamericana”.

Rosselló, entonces, comentó: “Eso tiene que ser algún tipo de récord, ¿no?”.

Protesta contra Roselló.

Getty Images
Muchos ciudadanos han acudido a protestar en contra del gobernador Roselló.

Incluso miembros de la misma formación política de Rosselló, el Partido Nuevo Progresista, recibieron comentarios despectivos.

Ese fue el caso, por ejemplo, de la senadora Evelyn Vázquez, quien antes de dedicarse a la política participó en varios certámenes de belleza.

Durante una conversación en el chat a propósito del concurso Miss Universo, Elías Sánchez, exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal, preguntó en cuál concurso había participado Vázquez, a lo que Miranda respondió: “El Black Angus lo cerraron en el 1996”, en referencia a un burdel que funcionaba en San Juan.

El cantante Ricky Martin también fue objeto de ataques fuertes.

“Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado“, escribió Christian Sobrino en un mensaje del pasado 2 de enero.

“Es completamente repudiable y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno”, respondió el artista en una serie de mensajes en los que pidió la dimisión de Roselló, a quien acusó de no estar cumpliendo con el gobierno que había prometido.

“No podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales ‘líderes'”, agregó.


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https://www.youtube.com/watch?v=kGxskMQ5l3E

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