Contaminación, despojo y negligencia: las acusaciones contra Grupo México en Sonora
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Héctor Guerrero

Contaminación, despojo y negligencia: las acusaciones contra Grupo México en Sonora

Grupo México ha sido señalado por hechos como el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, y otras afectaciones a comunidades.
Héctor Guerrero
Por José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas/Pie de Página
22 de agosto, 2016
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CANANEA, SONORA.- El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.

“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.

A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.

Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.

“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.

A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.

El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.

Un pueblo al que le creció un tumor

Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.

En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.

La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.

“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.

Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.

Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución  y las peleas de cantina son cosa de todos los días.

Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.

La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.

Los nuevos mineros

Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.

En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de outsourcing.

Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.

Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.

Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajador murió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.

En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.

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El peor desastre

El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.

El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.

Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.

Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.

“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.

A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión.  Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.

En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.

Cuatro

Dos

Un despojo selectivo

En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte  el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.

El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.

La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.

Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.

Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.

El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.

Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.

* * *

El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.

Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.

Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.

Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.

¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede  Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.

En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.

Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.

Buenavista del cobre from Periodistas de a pie on Vimeo.

* * *

Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas. El trabajo forma parte del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto en http://www.piedepagina.mx

Texto: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas

Fotografía: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba

Gráficos: Arturo Contreras

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Qué le ofrece México a los venezolanos varados en el país ante el nuevo plan migratorio de EU

EU ya está devolviendo a México a los migrantes venezolanos que cruzan su frontera sur de manera irregular, pero ¿en qué situación quedan estas personas y qué posibilidades tienen para subsistir en territorio mexicano?
22 de octubre, 2022
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“Siento que no tienen compasión humana porque no deben formular un decreto de hoy para hoy. ¿Sabe cuántos venezolanos estamos aquí en México pasando frío, hambre, angustiados, desesperados? Y eso a ellos les vale nada”.

Entre lágrimas y sin dejar de amamantar a su bebé de un año, Grecia critica el nuevo plan migratorio que Estados Unidos anunció y puso en marcha el 12 de octubre por el que venezolanos que como ella cruzan de manera irregular la frontera sur son devueltos a México.

1.768 personas ya fueron regresadas solo en los cuatro primeros días de la medida, según el gobierno mexicano, que no aclaró si habrá un límite en el número que recibirá. Hasta ahora, los migrantes del país sudamericano gozaban de libertad condicional humanitaria en EE.UU. que les permitía quedarse allí para tramitar una solicitud de asilo.

Pero la entrada en vigor de manera inmediata del nuevo plan sorprendió a miles de venezolanos en tránsito que quedaron prácticamente varados en México, sin posibilidad de ingresar hacia el norte y -en la mayoría de casos- sin dinero para poder regresar a su país.

“Nuestro viaje fue durísimo, un mes desde que salimos de Maracay, por tierra, pasando la selva… pero veníamos con una gran ilusión, un sueño”, lamenta Grecia junto a su pequeña maleta. “Solo queríamos salir adelante”, completa su hija Fabiola, de 18 años, quien no deja de toser y temblar ante los 14 grados de temperatura de Ciudad de México.

Ellas, como otras decenas de compatriotas devueltos a la capital desde la frontera, pasan estos días frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a la espera de recibir información sobre qué hacer ahora. Algunos duermen en plena calle arropados por mantas que les ofrecen algunos ciudadanos y ONG, que también les traen comida.

Fabiola y Grecia frente a la Comar

Marcos González / BBC
Grecia, junto a su hija Fabiola y su bebé de 1 año, esperaba frente a la Comar para recibir información sobre sus alternativas en México.

La incertidumbre sobre qué pasos seguir para regularizar su situación y poder trabajar en México es palpable entre la mayoría. También entre los grupos de venezolanos que se concentran estos días en la Central de Autobuses del Norte capitalina, donde muchos son dejados tras su traslado desde la frontera y que, según organizaciones sociales, hace presagiar lo que podría ser una gran crisis para México.

“Se tomó esta decisión sin medir las consecuencias de un plan inhumano y discriminatorio. Ya estamos viendo esta crisis en las calles de México y se viene una mucho más grande que ni el gobierno está viendo en lo que se puede convertir”, alerta July Rodríguez, directora en México de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, que los asesora en asuntos legales de manera gratuita.

¿Qué opciones ofrece México a estos migrantes?

El nuevo plan fue anunciado por Washington como un intento de frenar la migración irregular de personas de Venezuela, que en el año fiscal de 2022 vio un incremento en sus llegadas a la frontera sur de un 293% respecto al período anterior.

Para incentivar la migración regular, se comprometió a admitir a 24.000 venezolanos siempre que cumplan con una serie de requisitos. Sin embargo, lo cierto es que solo durante el pasado septiembre, unas 33.000 personas del país sudamericano llegaron a la frontera sur de EE.UU.

Una de las grandes preguntas ahora es saber en qué escenario quedarán estas personas que EE.UU. ya ha empezado a devolver a México. Según organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, México les está entregando órdenes de salida de su territorio de entre 15 a 20 días. Pasado ese tiempo, entrarían en una situación irregular en la que podrían enfrentar ser detenidos o deportados.

La opción más viable para ellos es la de pedir la condición de refugiado en México, que desde el mismo momento de la solicitud les protege de la deportación y otorga una cédula de residencia temporal para acceder a servicios públicos y poder trabajar.

Según Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar, la tasa de reconocimiento del estatus de refugiados a venezolanos ha sido alta hasta ahora, rondando el 94% de casos positivos.

Hasta septiembre de este año, las 8.665 solicitudes de refugio recibidas ante la Comar por parte de venezolanos ya superaron el récord histórico de todo 2019, cuando se registraron 7.600.

Y tras conocerse el nuevo plan de EE.UU., Ramírez reconoce que desde el pasado lunes hay un aumento de afluencia de venezolanos que acuden a sus oficinas a pedir información. Sin embargo, “la mayoría” decide no hacer finalmente la solicitud.

Migrantes venezolanos frente a la Comar

Marcos González / BBC
Decenas de personas venezolanas aguardan estos días frente a las oficinas de la Comar para ser asesorados.

¿Por qué? Porque lograr la condición de refugiado en México les cerraría las puertas a su sueño de migrar a EE.UU. de manera legal.

“Un solicitante de refugio tiene que permanecer en la entidad federativa donde la solicita. Pero, sobre todo, EE.UU. ha dicho que no permitirá solicitar asilo a quien ya tenga un reconocimiento de refugiado en otro país. Así que, tras informarles, muchos dicen que tal vez no les conviene pedirlo en México, porque tienen metida la idea de ir al norte”, dice Ramírez.

Entrevistado por BBC Mundo, el titular de la Comar reconoce que este requisito deja en “una situación compleja” a quienes quieren o tienen necesidad de quedarse en México temporalmente, pero no quieren renunciar a entrar a EE.UU. en el futuro. “Es un dilema profundo y la decisión es de ellos”, apunta.

“Les crea un conflicto emocional terrible el tener que decidir si solicitan refugio en México para poder trabajar, pero esperando a la vez que no se lo aprueben muy rápido para poder irse a EE.UU. antes de que eso ocurra”, dice Rodríguez, que estima la duración del proceso en unos “6 a 8 meses”.

Venezolanos instalados en una calle de CDMX.

Marcos González / BBC
Muchos venezolanos están pasando los días en calles de Ciudad de México y otros lugares del país ante la imposibilidad de pagarse un alojamiento.

Aunque el no contar con un estatus de refugiado reconocido en otro país no es el único requisito que dificultará a muchos venezolanos el poder optar a los 24.000 permisos de entrada legal al país anunciados por Washington.

Además de necesitar de un patrocinador en EE.UU., los solicitantes deberán ingresar vía aérea en caso de ser aprobados, pese a que el país caribeño no cuenta con vuelos a destinos estadounidenses. y muchos ciudadanos tienen dificultades para lograr la renovación de su pasaporte.

También quedarán excluidos quienes hayan ingresado a México o Panamá después de la publicación de la norma, algo que no todos los venezolanos que están actualmente en estos países pueden acreditar al carecer de documentos de entrada.

Visa de entrada a México para venezolanos

Una opción con la que se podría evitar el tener que pedir refugio en México es la tarjeta de visitante por razones humanitarias que el Instituto de Migración mexicano (INM) expide “en casos de personas con enfermedades graves que necesitan permanecer en el país”, según Apoyo a Migrantes Venezolanos.

“Esta tarjeta permite trabajar y quedarse en México por un año y no haría perder la alternativa de pedir asilo en EE.UU. a quien lo desee. Es un mecanismo que ya existe y estamos proponiendo que lo consideren para esta contingencia que nadie esperaba que fuera a desbordarse de esta manera”, explica Lizbeth Guerrero, abogada de la organización.

BBC Mundo preguntó al INM sobre la posibilidad de expedir esta tarjeta a ciudadanos venezolanos en el escenario actual, pero hasta la publicación de este artículo no recibió respuesta.

Venzeolanos devueltos a Tijuana.

AFP
Más de 1.700 venezolanos fueron devueltos de EE.UU. a México solo durante los cuatro primeros días en vigor del nuevo plan.

Lo cierto es que el número de venezolanos en situación irregular se disparó ya en los últimos meses en México. Sus autoridades detuvieron a 35.562 migrantes de aquel país de enero a agosto de este año. Sin embargo, en todo 2021 fueron 4.360, según cifras del gobierno.

Activistas apuntan como una de las principales causas al hecho de que México exija desde enero una visa para los venezolanos que deben cumplir requisitos como mostrar arraigo en su país natal o una cuenta bancaria con al menos US$2.500.

“Explícame quién en Venezuela, salvo el enchufado, puede tener ese dinero ahorrado con un salario mínimo de poco más de US$20. Por no hablar de lo difícil que es conseguir cita para solicitar la visa. Ya hay personas en Venezuela que te cobran hasta US3.000 a cambio de darte una”, critica Guerrero.

Ramírez, de la Comar, recuerda cómo antes la mayoría de venezolanos que llegaban al país eran profesionales que viajaban en avión y que pretendían solicitar refugio y quedarse en México. Pero la imposibilidad de cumplir con las condiciones de esta nueva visa hizo que muchos comenzaran a hacer el largo y peligroso camino por tierra desde Sudamérica y que ahora opten por cruzar a EE.UU. en lugar de permanecer en tierras aztecas.

Venezolanos cruzando el rio Bravo

Getty Images
Desde que se les exige una visa para entrar en México, muchos venezolanos hacen el camino por tierra desde Sudamérica y prefieren tratar de llegar a EE.UU.

El sueño mexicano

En los testimonios de los venezolanos devueltos a México se repiten factores como las extorsiones y peligros sufridos durante el viaje, cómo en EE.UU. disolvían sus grupos para regresarlos por distintos puntos de la frontera mexicana, o cómo a muchos les quitaron el pasaporte mientras eran retenidos en EE.UU. y que no recuperaron hasta llegar a México.

“Cuando cruzamos la frontera, me separaron de mi mamá porque yo acababa de cumplir los 18. Nos tuvieron detenidos y nos sacaron encadenados de manos, pies y cintura. Nos entregaron a México en Tijuana y nos llevaron a Mexicali (en el norte), donde recuperé mis documentos”, explica la joven Fabiola frente a la Comar.

“Pero mi novio, que lo llevaron a Tabasco (sur), aún sigue indocumentado y le dieron 20 días para salir del país. Y de otras cuatro personas que viajaban con nosotros aún no sabemos nada”, recuerda.

“No”, responde al unísono junto a su madre cuando se le pregunta si volverá a intentar cruzar a EE.UU. “Fue horrible, es la primera y última vez que hacemos el viaje. Veremos si nos quedamos en México o volvemos a Venezuela… pero sin dinero, es difícil”, relata encogiéndose de hombros y mientras se prueba unos zapatos que le acaban de donar en la calle.

Adrián, un joven que dejó a sus dos hijos en Venezuela y que vivía hasta ahora en Perú, recuerda “con el corazón roto” cuando se enteró del nuevo plan migratorio de EE.UU. que hizo que su sueño americano se le escapara prácticamente de los dedos.

Adrián frente a la Comar

Marcos González / BBC
Adrián desea encontrar trabajo en México aunque sin descartar por completo la idea de llegar algún día a EE.UU.

“Cuando salió el decreto, yo estaba en la raya (de la frontera sur de EE.UU.), prácticamente entregándome. No sabía nada. Imagínese, que vas a cruzar con toda la ilusión y que lo expulsen a uno”, lamenta. Otros migrantes denuncian que aunque ingresaron a EE.UU. días antes del anuncio del 12 de octubre y permanecían en centros de detención, fueron igualmente expulsados amparándose en el nuevo programa.

Adrián, quien trabajaba como policía en su Venezuela natal, describe como un “infierno” el viaje por tierra hasta EE.UU., especialmente el tránsito por la peligrosa selva del Darién en Panamá. “Vi personas ahorcadas, animales comiéndose los muertos, ahogados… Ahí te roban, a ellas las violan… todo lo que usted se imagine”.

No descarta intentar postular al nuevo programa de entradas legales propuesto por EE.UU., pero reconoce que “es muy difícil” cumplir los requisitos. “Y mientras estoy aquí en México, ¿cómo vivo?”, se pregunta a la espera de recibir información en la Comar.

Tanto él, como Fabiola y Grecia viajaron hasta Ciudad de México tras ser expulsados de EE.UU., aunque muchos compatriotas permanecen en puntos fronterizos como Tijuana. Allí, los albergues para migrantes que ya acogían a cientos de haitianos y centroamericanos muestran ahora signos de saturación por la llegada de venezolanos y ante el temor de que la situación se pueda salir de control.

Adriana entregando agua a migrantes frente a la Comar

Marcos González / BBC
La mexicana Adriana entrega junto a su pareja agua y comida a los migrantes que acuden estos días a la Comar. Un familiar venezolano de ella permanece desaparecido tras intentar cruzar el Darién rumbo al norte.

“La crisis no ha hecho más que empezar en México. Será una crisis sanitaria, porque por ejemplo los venezolanos no estamos acostumbrados a este frío. Y también porque habrá gente que, si no consigue empleo, se vea obligada a delinquir para tener algo caliente en el estómago. Hace falta atención inmediata y que todos los gobiernos de la región busquen una solución al problema de raíz”, alerta Rodríguez.

“No tenemos plata, pero lo que no queremos es andar como mendigos. Porque para eso tenemos dos manos y dos pies, para trabajar. Estamos sufriendo pero solo queremos salir adelante”, asegura al respecto Adrián.

“A mí, ningún país me va a quitar un sueño. Teníamos el chorro abierto (para entrar a EE.UU.) y ya lo cerraron. Así que por ahora quiero trabajar aquí en México, que no se ve feo, para ganar dinero con el que pagar lo que debo y enviar a mis hijos. Como dice un amigo, también existe el sueño mexicano”, concluye.


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