Organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y organismos empresariales pidieron al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado realizar los nombramientos de funcionarios públicos con base en la capacidad profesional y no solo para cubrir cuotas o por intereses particulares.
Para ello lanzaron la campaña Designaciones contra la Corrupción y la Impunidad, con la que piden a las autoridades a incorporar cinco elementos requisitos al nombrar a un funcionario.
Estos son, primero realizar una convocatoria púbica del proceso de selección, con los requisitos mínimos; también garantizar la máxima publicidad del proceso, como el acceso a los expedientes de los aspirantes.
Piden también realizar comparecencias públicas con los candidatos para que los ciudadanos conozcan sus propuestas; realizar la valoración de los perfiles con criterios objetivos y establecer mecanismos de participación ciudadana que posibiliten la presentación de objeciones y cuestionamientos a las y los candidatos.
“En México, la mayoría de las designaciones públicas se deciden por autoridades políticas, en procesos cerrados, sin información pública, y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares”, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” – conformada por 80 organizaciones de 21 estados –
Las organizaciones señalan que la opacidad en los procesos de designación no permite que los aspirantes tengan perfiles especializados, lo que debilita a las instituciones y genera desconfianza de los ciudadanos.
Destacan que en los próximos meses se harán designaciones importantes como los nuevos magistrados del Tribunal Federal Electoral, del primer Fiscal General; el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública.
“Las designaciones ya mencionadas serán claves para el combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país”, añaden las organizaciones que dicen acompañaran a las autoridades en el proceso.
