Ni pronto ni expedito: nuevo sistema de justicia tiene el 63% de los casos abiertos sin resolver
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Ni pronto ni expedito: nuevo sistema de justicia tiene el 63% de los casos abiertos sin resolver

El primer balance oficial revela que a pesar de que el sistema prioriza rutas alternas que permiten a un juez resolver casos en menos de 48 horas, sólo la tercera parte de procesos se resuelven de esta forma.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel
7 de septiembre, 2016
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Entre noviembre de 2014 y julio de 2016 se iniciaron más de tres mil 800 juicios a nivel federal bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio; sin embargo, dos de cada tres de esos juicios siguen hoy sin resolverse.

Aunque uno de los principios del nuevo sistema penal es lograr una justicia pronta y expedita, mediante alternativas como la negociación entre las partes o procesos cortos que permiten cerrar un caso en menos de 48 horas, solamente la tercera parte de los procedimientos iniciados se ha resuelto de esa forma.

La estadística oficial del Consejo de la Judicatura Federal que Animal Político obtuvo a través de una solicitud de información vía transparencia, revela que hay casi 400 casos iniciados hace más de un año que siguen sin solución.

El Poder Judicial de la Federación junto con el gobierno federal comenzaron, en noviembre de 2014, la implementación del nuevo sistema penal acusatorio través de una estrategia gradual con estados. Arrancó en Puebla y Durango y el proceso culminó en la Ciudad de México el 18 de junio pasado.

En la 40 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada este martes 30 de agosto, se acordaron medidas para fortalecer la operación del sistema penal sobre todo lo relacionado con la actuación de los policías cuya labor es clave para que un proceso no se complique o desvirtúe desde el inicio de una investigación.

En dicha sesión el presidente Peña Nieto hizo un llamado a las procuradurías del país para que se fortaleciera la difusión de medidas alternativas que permitieran resolver un mayor número de casos,

“Hago un llamado al secretario de Gobernación y a la procuradora General de la República para que se analice el funcionamiento del sistema y se planteen los cambios que resulten necesarios para mejorar su eficacia”, dijo el presidente.

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Salidas alternas, la minoría

El Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige a nivel federal y en los estados el nuevo sistema penal acusatorio, tiene como uno de sus principios “la justicia pronta” y para ello plantea dos caminos mediante los cuales se puede resolver un procedimiento penal sin tener que llegar hasta un juicio oral.

Uno de estos caminos son “las soluciones alternas” contempladas en el artículo 183. Esto ocurre cuando las dos partes (víctima y acusado) acuerdan una solución al problema mediante la reparación del daño causado; por ejemplo, a través de un pago económico por algún tipo de robo. Si se logra el acuerdo, el procedimiento se suspende y finalmente se cierra sin necesidad de llegar a una sentencia.

Los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura evidencian que a través de esta ruta se ha conseguido resolver 684 casos, que representan el 17.78 por ciento de todos los procedimientos penales iniciados hasta julio pasado.

La otra ruta que plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver rápidamente un juicio es el “procedimiento abreviado”. Esto ocurre cuando el acusado reconoce su culpabilidad, lo que permite al Ministerio Público solicitar que el juez de control impongan en un lapso de 48 horas la sentencia que corresponda.

Dicho procedimiento otorga ventajas para el acusado que puede ver reducida su pena hasta la mitad si el delito no es grave, o por lo menos en una parte si lo es.

Los datos oficiales arrojan que a través de esta ruta se ha conseguido resolver 695 procesos penales abiertos en los juzgados federales. Solo en siete casos de ese total el juez dictó sentencia absolutoria al considerar que las pruebas no eran concluyentes pese al reconocimiento de culpa.

En suma, a través de estas dos rutas se han resuelto mil 379 procesos iniciados, que equivalen a la tercera parte de todos los casos abiertos.

Pocas sentencias

Hasta el corte de julio pasado, los datos oficiales arrojaban dos mil 468 procesos iniciados en los juzgados federales del país que no se resolvieron mediante una de las opciones alternas.

De ese total solamente 11 casos (equivalentes al 0.28 por ciento del total) ya fueron cerrados luego de que se celebró la audiencia de juicio oral ante un tribunal con tres magistrados y se dictó una sentencia. En 10 casos, el tribunal impuso una sentencia condenatoria en contra de los acusados, y solamente en uno fue sentencia absolutoria.

En los 2 mil 457 casos restantes, los expedientes siguen en curso sin que se haya llegado a ningún tipo de determinación.

De los más de 2 mil procesos pendientes, casi 400 están desde 2014 y 2015. A ellos se suman los abiertos en el primer semestre de este año.

Los anteriores números significan que prácticamente el 64 por ciento de los procesos federales iniciados ente noviembre de 2014 y julio de 2016 siguen abiertos sin una resolución. En ninguno de esos casos, según los datos proporcionados, hay siquiera una fecha de audiencia programa o una solución alterna propuesta.

El sistema penal acusatorio funciona a nivel federal en todo el país aunque su implementación se hizo de manera gradual, siguiendo una estrategia de puesta en marcha por estados, que comenzó en Puebla y Durango en noviembre de 2014 y concluyo con la Ciudad de México en junio de 2016.

Hasta ahora la mayor cantidad de casos se concentran en Guanajuato. Los juzgados federales en esa entidad han iniciado 769 procesos iniciados en el nuevo sistema penal acusatorio, le siguen Puebla con 664 procesos y Chihuahua con 268.

Cambios en puerta

En la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad realizada ayer martes en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que era necesario hacer ajustes que permitan consolidar el funcionamiento del nuevo sistema penal, tanto a nivel federal como en los estados.

En la reunión hizo un llamado a la procuradora General de la República Arely Gómez, así como a las procuradurías del país para que se hagan mayores esfuerzos en impulsar los mecanismos alternos de solución de conflictos que permitan acelerar los procesos penales.

Además, para tratar de fortalecer la solidez de los expedientes en las que se sustentan los procesos, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el diseño de un “Modelo Nacional Homologado de Policía Procesal” que establezca una metodología a seguir para todos los policía en el tratamiento o investigación de los delitos.

“Se debe evitar que por errores en integración o deficiencia en las actuaciones los casos no se sostengan ante un juez”, dijo Peña Nieto.

Lo que no precisó el presidente es si existirá un órgano autónomo que supervise el funcionamiento del sistema penal acusatorio. Animal Político publicó que de acuerdo con expertos que ayudaron en la implementación del sistema penal, este se encuentra operando sin ningún seguimiento autónomo tanto en los estados, como a nivel federal y en las instancias militares.v

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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