Videos perdidos, cero sentencias, peritaje sin fecha: los pendientes del caso Ayotzinapa
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Videos perdidos, cero sentencias, peritaje sin fecha: los pendientes del caso Ayotzinapa

Un balance oficial de la PGR reconoce una serie de pendientes que no han permitido confirmar una línea de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas, a dos años de los hechos.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Angel
26 de septiembre, 2016
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La investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa acumula pendientes claves, que no han permitido avanzar en el caso ocurrido hace dos años.

Desde un peritaje final pedido por el equipo oficial de expertos; detenciones y consignaciones que no se han finiquitado, sin descartar la posible contaminación de pruebas y la falta de esclarecimiento de la participación que tuvieron policías federales y militares en los hechos.

La Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la indagatoria del caso, hizo un balance del trabajo realizado hasta ahora para esclarecer los hechos.

Reconoció que no tiene una línea de investigación confirmada pues aún faltan elementos e investigaciones.

Además, el diálogo con los padres de las víctimas también se encuentra suspendido desde principios de agosto, según lo informó la Unidad Especializada para el caso iguala que encabeza el fiscal Alfredo Higuera.

Animal Político presenta los pendientes que la propia PGR reconoce como “claves” para el esclarecimiento del caso, investigación que ya acumula más de 120 tomos  con 110 mil páginas, pero que no arroja conclusiones hasta el momento.

Prueba final postergada

En abril pasado un grupo de expertos en fuego, contratados por la PGR, dijo que para esclarecer si en el basurero de Cocula pudieron ser quemados 43 cuerpos, como sostuvo la llamada “verdad histórica”, se necesitaba hacer un experimento científico que recreara las condiciones de la noche del 26 de septiembre de 2014, dado que los antecedentes teóricos son insuficientes.

Hasta ahora esa prueba no se ha realizado y no tiene una fecha para implementarla.

En su balance del caso, y en posteriores entrevistas, el fiscal Alfredo Higuera habló de la necesidad de realizar el “nuevo peritaje”. Este estudio es el que pidieron los científicos desde hace cinco meses.

La PGR reunió y contrató al grupo de expertos en fuego luego de que especialistas independientes descartaron que en el basurero pudieran quemarse 43 cuerpos como sostuvo la PGR, en la línea de investigación que el exprocurador Jesús Murillo Karam denominó la “verdad histórica”.

El 1 de abril la PGR ofreció una conferencia para anunciar que los expertos concluyeron que sí hubo un gran incendio en Cocula, pero el documento de resultados de ese primer estudio (publicado por Animal Político) revela que no pudieron confirmar ni la fecha de esos incendios ni si era posible que en el mismo fueran incinerados 43 cuerpos, por lo que es necesario un nuevo estudio.

La manipulación de la escena

La PGR confirmó que continúa abierta una averiguación previa en la Visitaduría General por posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal en los primeros meses de la investigación de la desaparición de los normalistas, sin que hasta el momento existan conclusiones respecto a la misma.

Autoridades federales informaron a Animal Político que esa indagatoria involucra al exjefe de la AIC, Tomas Zerón, y a por lo menos cinco servidores públicos más.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, que colabora en el caso, denunció en su momento que el resguardo del basurero de Cocula no fue el adecuado como exige una escena del crimen. Detectó la siembra de posibles pruebas en el sitio y la participación de supuestos peritos no autorizados.

El propio grupo de expertos en fuego contratado por PGR confirmó en sus conclusiones la posibilidad de que el basurero fuera una escena del crimen contaminada.

Los videos perdidos

El Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció públicamente que videos clave de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala que, registraron una parte del ataque, estaban perdidos.

El GIEI alertó que eran videos vitales para esclarecer la posible participación de otras fuerzas de seguridad en la agresión además de la de iguala.

La PGR dijo en un primer momento que dichas imágenes pudieron ser borradas pues no hubo resguardo judicial de ellas. No obstante, a Unidad especial de investigación del caso reveló que personal del FBI ya colabora en la verificación del material de video relacionado con la noche del ataque. Esto para determinar si se puede recuperar los videos.

Hasta ahora no hay conclusiones.

¿Complicidad federal?

En su balance del caso la PGR confirmó que continúa investigación la participación de fuerzas federales y militares en el caso de los normalistas.

En el caso de la intervención de la Policía Federal la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que de acuerdo con un testigo, policías federales retuvieron a un grupo de estudiantes los cuales fueron entregados a policías municipales de Huitzuco que se trasladaron a Iguala la noche del ataque.

La PGR ya confirmó a través del seguimiento de teléfonos celulares que agentes de Huitzuco sí se trasladaron a Iguala la noche del ataque (lo que negaban en sus declaraciones ministeriales). La colaboración entre estos y policías federales es una arista que los fiscales siguen verificando.

Respecto a la posible responsabilidad del 27 Batallón de Iguala en los incidentes no hay avances. Expertos independientes y familiares han insistido en que debe verificarse la actuación de los militares. La PGR dijo que no se ha inspeccionado ministerialmente el cuartel del batallón porque no hay elementos que justifiquen esta revisión.

Líder impune, cero sentencias

Más de 120 personas han sido detenidas durante la investigación tras la desaparición de los normalistas, pero de ellos solo 70 están acusados ante un juez de haber participado en estos hechos.

Sidronio Casarrubias, presunto líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” al que se responsabiliza oficialmente de ser el autor de la desaparición de los normalistas, se encuentra entre los detenidos pero no ha sido consignado por el caso. La PGR informó que aún no reúne los elementos de prueba para hacerlo.

Casarrubias ya logró desestimar a través del amparo una de las acusaciones por crimen organizado que pesaba en su contra luego de que los jueces. Sigue preso por un segundo caso de delincuencia organizada y por posesión de armas.

A esto se suma que otros detenidos clave, como los presuntos sicarios de Guerreros Unidos en cuyas declaraciones se sostiene la versión de que los normalistas, han denunciado que fueron torturados.

Hasta ahora no se ha dictado ni una sentencia por el caso de los normalistas desaparecidos.

Localización de las víctimas

La principal demanda de las víctimas, la localización de los normalistas, no se ha concretado a dos años de distancia.

Aunque la PGR estableció inicialmente que todos ellos fueron quemados en el basurero de Cocula no hay estudios concluyentes que certifiquen al menos que esto fuera posible. Pruebas avanzadas de ADN en la Universidad de Innsbruck han permitido identificar solamente a dos de las víctimas cuyos restos fueron encontrados en Cocula.

En su balance del caso la PGR reveló que en los próximos días se recibirán resultados de los exámenes practicados en Innsbruck a las últimas pruebas.

La semana pasada la Procuraduría anunció la identificación con fotografías en 3D de 40 puntos nuevos en Iguala y Cocula en donde podrían encontrarse fosas clandestinas. Para confirmarlo es necesario una búsqueda en tierra que aún no inicia.

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Cómo la pesca ilegal de la 'cocaína del mar' en México amenaza la existencia de la vaquita marina

La vaquita marina se encuentra solo en México. Es el mamífero marino más amenazado del planeta y su supervivencia está más en riesgo por un choque de intereses entre la pesca y la conservación.
15 de mayo, 2021
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El explorador Jacques Cousteau decía que el mar de Cortés, en el noroeste de México, es “el acuario del mundo”.

Uno de sus tesoros es la vaquita marina, una marsopa plateada con grandes ojos de panda. Pero sus pueden estar contados por la pesca ilegal de otra especie protegida: la totoaba.

Se trata de un pez que puede crecer tan grande como una vaquita marina y que era un alimento antes de ser incluido en la lista de especies amenazadas de México.

“Lo pescábamos en los años 60 y 70”, recuerda Ramón Franco Díaz, presidente de una federación de pescadores en la localidad costera de San Felipe, en la península de Baja California.

“Entonces vinieron los chinos con sus maletas llenas de dólares y compraron nuestras conciencias”.

Los asiáticos llegaron buscando la vejiga natatoria de la totoaba, un órgano que ayuda a los peces a mantenerse flotantes. En China es muy valiosa por sus presuntas propiedades medicinales, las cuales no están comprobadas.

Según la ONG Earth League International, las vejigas natatorias secas de 10 años pueden venderse por US$85.000 el kilo en China. Los pescadores de San Felipe ganan solo una pequeña fracción, pero siendo una comunidad pobre, el negocio ha florecido por la llamada “cocaína del mar”.

Lanchas con totoaba

Sea Shepherd
Pescadores de localidades cercanas a San Felipe se han beneficiado de la extracción ilegal de totoaba.

“Los pescadores ilegales pueden ser vistos a plena luz de día con sus redes ilegales y sus totoaba”, dice Franco Díaz.

Sueltan un “muro bajo el agua”

Todas las tardes, durante la temporada, las camionetas que remolcan botes de pesca bajan por una rampa en la playa pública de la ciudad y las sueltan en el agua.

La mayoría de estas embarcaciones no tienen licencia y sus pescadores usan redes que pueden matar a la vaquita marina.

“Las redes de enmalle pueden tener cientos de metros de largo y 10 metros de alto“, dice Valeria Towns, que trabaja con una ONG mexicana, el Museo de la Ballena.

“Se convierten en un muro bajo el agua“, afirma.

Para proteger a la vaquita, este tipo de redes de enmalle están prohibidas en la parte alta del Golfo. Sin embargo, son muy utilizadas, incluso por pescadores con permisos de pesca de rodaballo o langostino.

Las más peligrosas para la vaquita marina son las redes de malla grande que se utilizan para la totoaba. “No es fácil para los mamíferos marinos liberarse de ellas, la vaquita queda atrapada”, cuenta Towns.

Una vaquita marina en una red de pesca de totoaba

PA Media
No es difícil que una vaquita marina quede atrapada en las redes usadas para pescar totoaba.

Frente a la costa de San Felipe, se supone que toda la pesca comercial está prohibida dentro del Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, un área de más de 1.800 kilómetros cuadrados. Dentro del refugio hay una zona más pequeña de “tolerancia cero”.

El Museo de la Ballena apoya a un puñado de pescadores interesados en acabar con la dependencia de las redes de enmalle y patrocina alternativas a la pesca como el cultivo de ostras.

También es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida. Esta es una actividad que ha aumentado las tensiones entre los lugareños y los conservacionistas.

El 31 de diciembre de 2020, un pescador murió y otro tuvo heridas graves después de que su barco de pesca chocara con un barco más grande perteneciente a la ONG internacional Sea Shepherd que estaba quitando redes de enmalle.

Los hechos son controvertidos, pero el resultado fue un motín en San Felipe, donde atraca el barco del Museo de la Ballena.

Map of the protected area

BBC
Map of the Gulf of California showing the protected area

“Iban a quemar nuestro barco”, dice Towns, que estaba en el mar en ese momento, probando redes aptas para las vaquitas.

“Cuando regresé, otros pescadores que trabajan con las redes alternativas estaban defendiendo nuestro barco, diciéndoles: ‘¡Este no es su enemigo! No quemen este barco'”.

El barco se salvó, aunque quedó con algunas ventanas rotas. La Marina de México no tuvo tanta suerte, pues una de sus lanchas de patrullaje fue incendiada en el puerto.

Ahora hay una tregua incómoda.

La Marina dice que continúa patrullando y retirando las redes del santuario. Pero hay pocas ONG involucradas: el Museo de la Ballena espera un permiso para reanudar el trabajo y el barco Sea Shepherd nunca regresó a San Felipe después del incidente.

“Gente loca con armas”

La impunidad y la ausencia de fuerzas de seguridad pueden explicar por qué decenas de barcos salen de la playa de San Felipe en la búsqueda de totoaba en el santuario.

“Ni una sola autoridad los detiene”, se queja Ramón Franco Díaz. “Si te atreves a acercarte a ellos, te dispararían. El crimen organizado ha robado el mar de Cortés”.

Ramón Franco Díaz

BBC
Franco Díaz dice que es muy peligroso interferir con quienes pescan totoaba de manera ilegal.

Un hombre que antes pescaba totoaba dice: “Ahora ves a muchos locos con armas”.

Los violentos sucesos del 31 de diciembre fueron noticia internacional y pusieron a San Felipe en el centro de atención.

Ahora el gobierno mexicano está considerando propuestas que podrían gustarle a los pescadores, pero enfurecerán a los conservacionistas preocupados por el precario destino de la vaquita marina.

Uno es levantar el estatus de especie en peligro de extinción de la totoaba. Otro es legalizar la otra pesca que ya se realiza en el santuario.

“Queremos establecer diferentes zonas de pesca, por ejemplo, para la corvina y el camarón”, dice Iván Rico López, del grupo de trabajo del gobierno que explora la sostenibilidad en la parte alta del Golfo.

“El santuario es enorme. Si se mantiene la prohibición de pescar allí, los pescadores simplemente no comerían. Así que tenemos que avanzar hacia la legalización de la pesca”.

Un barco del Museo de la Ballena

BBC
El Museo de la Ballena es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida

El gobierno mexicano también ha distribuido 3.000 “suriperas”, unas redes seguras para las vaquitas marinas. Pero los pescadores se quejan de que con ellas se reducen sus capturas en un 80%.

“Tenemos que buscar formas de aumentar eso”, dice Rico López. “Estamos buscando alternativas, pero tenemos que convencer a las comunidades: si no están involucradas en la toma de decisiones, no lo lograremos”.

¿Es posible proteger a este precioso mamífero y garantizar que los lugareños sigan viviendo?

En San Felipe, el comercio ilícito de totoaba, la amenazante participación del crimen organizado y la poca diversidad económica crean una mezcla tóxica.

Lanchas en Puertecitos

Getty Images
En las localidades del algo golfo de California no hay mucha diversidad económica.

También existe una arraigada cultura de la pesca tradicional.

Valeria Towns tiene una advertencia para las familias de pescadores de San Felipe que ignoran el llamado para hacer cambios para salvar a la vaquita: “No creo que nadie vaya a comprar productos de un área donde la gente provocó la extinción de una especie”.

Después de la temporada de totoaba, ¿apostaría a que la vaquita marina sobrevivirá hasta el próximo año?

“¡Por supuesto! Siempre hay esperanza. Si no, no estaría aquí”, dice sin dudarlo.


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