Hacienda recorta hasta 100% de recursos a programas de seguridad pese al alza de violencia
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Hacienda recorta hasta 100% de recursos a programas de seguridad pese al alza de violencia

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2017 se plantea un recorte de casi mil millones de pesos al subsidio en seguridad para estados; también se le quitan recursos al programa de prevención, y a las áreas de inteligencia y promoción de derechos humanos.
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Por Arturo Angel
12 de septiembre, 2016
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El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2017 plantea recortes hasta del 100% en acciones y programas relacionados con seguridad y justicia en el país.

Partidas económicas como la de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán, la del Programa de Prevención Nacional del Delito y la del nuevo sistema de justicia penal fueron eliminadas.

Además, el subsidio que reciben los estados para combatir la delincuencia sufrirá un recorte de casi mil millones de pesos.

Esto pese a que los homicidios registran un incremento sostenido desde el año pasado; a que la violencia en Michoacán ha  llevado al derrumbe de helicópteros de la policía y el cierre de inversiones, y a que el nuevo sistema penal no está consolidado.

Las reducciones presupuestales alcanzan incluso a los órganos de generación de información e inteligencia del país. La base de datos nacional Plataforma México sufrirá la pérdida de más de la mitad de su presupuesto, mientras que la inversión en Seguridad Nacional e Inteligencia sumará un nuevo recorte, que sumado al de este año significa una pérdida del 65% de los recursos.

Otra instancia como la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá menos recursos de los recibidos cuando apenas era solo una Unidad Especial.

Animal Político revisó los recursos destinados a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República en el Proyecto de Egresos de la Federación 2017, y detectó al menos 16 programas específicos  e instancias con recortes presupuestales. Más de la mitad de estas ya arrastraba recortes desde el año pasado.

El castigo al presupuesto también alcanza al tema de derechos humanos. La secretaría de Gobernación tendrá una reducción superior a los 250 millones de pesos destinados a sus áreas de promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación.

Los recortes llegan en un contexto donde el alza de la violencia ya fue reconocida por el gobierno. Los homicidios cerraron 2015 con un incremento del siete por ciento, mientras que en 2016 el repunte en los asesinaos ya supera el 17 por ciento y se ha generalizado a dos de cada tres estados del país, según datos oficiales.

A esto se suman retos como la implementación de un nuevo sistema de justicia penal que por obligación constitucional arrancó en todo el país el pasado 18 de junio, pero que requiere de un proceso de consolidación que, según la estimación oficial, tomará seis años más.

La profesionalización de las corporaciones policiacas es el otro gran pendiente. La reforma del Mando Mixto (luego de que se desechara la propuesta de Mando Único) no se ha concretado y la capacitación en el nuevo sistema penal está inconclusa según el análisis de los expertos. Además persisten señalamientos de violaciones a derechos humanos, como el que involucra a la Policía Federal en el caso Tanhuato.

Los mayores recortes

En 2014 se creó la Comisión para la Seguridad y desarrollo de Michoacán con Alfredo Castillo como titular. El objetivo era reestablecer las condiciones de seguridad en la entidad, tras el deterioro por la presencia de grupos del crimen organizado que derivaron en el surgimiento de movimientos de autodefensa armados.

Para 2017, dicha comisión no aparece con recursos asignados. Esa instancia ya había visto reducido significativamente su presupuesto en los últimos dos años. Pasó de contar con 155 millones de pesos en 2015 a apenas 20 millones de pesos en 2016, una reducción del 87 por ciento de los recursos, y que para 2017 será un recorte ya de cien por ciento.

En 2016, la violencia en Michoacán ha repuntado. Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que entre enero y julio de este año 771 personas fueron asesinadas en el estado, un crecimiento superior al 50 por ciento en comparación con 2015. Michoacán es la quinta entidad del país con la mayor alza de los homicidios dolosos.

Apenas la semana pasada un helicóptero de la policía estatal terminó estrellándose cuando intentaba escapar de un ataque de grupos delictivos en el estado. Cuatro policías fallecieron. Ayer se publicó que la automotriz General Motors decidió cancelar una inversión millonaria por la espiral de violencia en el estado.

El gobernador del estado reconoció que enfrentan un repunte de la violencia impulsada en parte por la colusión de funcionarios con criminales.

Otro recorte del 100 por ciento fue el del subsidio para el funcionamiento del sistema penal. Para este año se habían destinado 713 millones de pesos que se repartían entre los estados con el objetivo de ayudarlos en el funcionamiento del sistema. Pero para 2017 ésta partida ha sido eliminada.

Expertos que colaboraron con el arranque en el sistema, ya habían alertado hace unas semanas del peligro que existía en materia de recursos para el funcionamiento y supervisión del sistema.  Esto porque aun cuando el sistema arrancó en todas las entidades se necesitan recursos para consolidarlo, pues hay carencias en capacitación, infraestructura, evaluación, entre otros.

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Golpe a inteligencia y prevención

Plataforma México, la base de datos nacional contra el crimen, y que es un mecanismo clave para la generación de acciones de inteligencia y prevención, sufrirá un recorte  de más del 65 por ciento de su presupuesto. Pasará de más de un millón 102 mil pesos con los que contó a este año a apenas 386 mil pesos en 2017, menos de la mitad de sus recursos.

El recorte es aún más significativo si se toma en cuenta que en 2016 los recursos de Plataforma México ya habían sufrido un recorte del 20 por ciento.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), instancia responsable de la generación e inteligencia en asuntos que pongan en riesgo la seguridad nacional, tendrá en 2017 un presupuesto de dos millones 823 mil pesos, 14 por ciento menos respecto a los tres millones 273 mil pesos para 2016.

Esta reducción es mucho más significativa si se toma en cuenta que para este 2016 los recursos del CISEN ya habían sido recortados más de la mitad. En resumen, de 2015 a 2017 el presupuesto de inteligencia ha sufrido una reducción superior al 65 por ciento.

Otro golpe significativo se presenta en los subsidios de apoyo a la seguridad de los estados y prevención del delito. El subsidio para la Seguridad Pública de los estados disminuirá casi mil millones de pesos al pasar de los 5 mil 952 millones de este año a cinco mil millones cerrados en 2017.

Los apoyos a las entidades ya venían de un recorte  de 2 mil 900 millones de pesos en 2016, luego de que se fusionaron dos fondos que existían hasta el año pasado.

En el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Gobernación, tampoco aparece ya con recursos para 2017 el Programa Nacional de Prevención del Delito, luego de que este año si contó con más de dos mil millones de pesos.

Se mantienen los recursos para los operativos de y disuasión del delito que es el presupuesto que corresponde a la Policía Federal, aunque con una disminución. Pasan de 25 mil 65 millones este año a 23 mil 600 millones para 2016, una disminución de seis por ciento.

En este contexto el gobierno federal y los estados deberán trabajar una nueva estrategia conjunta para hacer frente al repunte de homicidios en el país. En la sesión del 30 de agosto del Consejo Nacional de Seguridad se anunció un plan específico para atacar los índices criminales en las 50 ciudades con mayor número de asesinatos, del cual hasta ahora se desconocen los detalles.

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Fiscalías y Derechos Humanos también pierden

La investigación de algunos delitos especiales también se verá afectada por los recortes presupuestales de 2017.

Por ejemplo la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene proyectado un presupuesto de 26 millones de pesos en 2017, casi dos millones de pesos menos que este año, aun cuando hace unos meses pasó de ser una unidad especial a una fiscalía, es decir, creció en tamaño y alcances.

Un recorte aun mayor es el de la Fiscalía para Indagar los Delitos contra la Libertad de Expresión, es decir, los casos de agresiones a periodistas y activistas. Mientras que este año dicha fiscalía trabaja con un presupuesto de 26 millones, para 2017 tendrá 18 millones 433 mil pesos, una disminución del 29 por ciento.

La Fiscalía Especializada para investigar Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) también tendrá un recorte de 71 millones 608 mil pesos en 2016 a 68 millones 74 mil pesos, cinco por ciento menos. La Unidad de Investigación de Delitos cometidos por Servidores públicos sufrirá una baja de uno por ciento de sus recursos.

Incluso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que agrupa a seis unidades de investigación especial, tendrá un recorte de más de 60 millones de pesos para 2017, que equivalen al 10 por ciento de sus recursos.

Por otro lado, el presupuesto de la Secretaría de Gobernación para la promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación se reducirá a 470 millones 753 mil pesos en 2017. Es un castigo del 37 por ciento al presupuesto de esa área.

Apenas el pasado 19 de agosto, la CNDH emitió una recomendación a la Policía Federal por violaciones graves a derechos humanos cometidas en el operativo del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, que dejó 22 personas muertas. Este y otros casos provocaron la destitución del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo. Aun con esos hechos, los recortes al fortalecimiento de los derechos humanos y la disminución de los delitos verán un recorte considerable para 2017.

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"En 20 minutos los bebés pueden fallecer": la dramática crisis de oxígeno en Bolivia

El oxígeno es cada vez más difícil de conseguir en varias ciudades de Bolivia. La escasez del elemento también amenaza a bebés que necesitan ventilación artificial.
8 de agosto, 2020
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Es una carrera contra el tiempo.

Los hospitales de varias de las principales ciudades de Bolivia cada vez tienen menos reservas de oxígeno clínico y los familiares de pacientes que dependen de este elemento multiplican esfuerzos en una dramática búsqueda de un tubo o balón para tratar de salvar la vida de su abuelo, padre, hermano o incluso hijo.

Un problema que también alcanzó a decenas de recién nacidos que, por diferentes motivos, dependen de ventilación artificial para sobrevivir.

“Yo no puedo esperar a que sea el último minuto para decir qué voy a hacer. Estos bebés necesitan oxígeno continuo, y si usted le quita el oxígeno dos o tres minutos su cerebro va a sufrir. En 20 minutos los bebés pueden a fallecer”, señaló este viernes Hugo Tejerina, directivo del principal hospital materno de La Paz.

Y en una comunicación con BBC Mundo, ese centro de salud confirmó este sábado que podrán mantener la asistencia a los recién nacidos hasta el lunes si es que no reciben una nueva dotación de oxígeno.

Pero el problema va mucho más allá de los menores que pueden resultar afectados.

El gobierno transitorio boliviano denunció el viernes ante la Organización de Estados Americanos que ya son 31 personas las que fallecieron por la falta de reservas para oxigenación.

Dos factores son señalados por directivos de salud como las causas de la crisis. El aumento acelerado de contagios por coronavirus y los bloqueos de algunas de las principales carreteras del país protagonizados por seguidores de Evo Morales enfrentados con la presidenta Jeanine Áñez.

“Estado de desastre”

El viernes en la noche falleció por falta de oxígeno el tío de Claudia, una boliviana que no pudo acompañarlo en su padecimiento porque reside en Italia.

A principios de agosto presentó síntomas de coronavirus y de inmediato sus familiares advirtieron del riesgo que podía correr ante la escasez de oxígeno.

Claudia comparte con BBC Mundo que su tío fue profesor durante 35 años y no disimula su molestia por un fallecimiento que tal vez se habría podido evitar si el hospital donde internaron a su familiar contaba con una dotación para mantener la respiración artificial activa.

Presidenta de Bolivia

Reuters
El gobierno actual acusa a los seguidores de Evo Morales de agudizar la escasez de oxígeno y medicamentos por los bloqueos en carreteras.

Bolivia registró hasta el 7 de agosto 87.891 casos confirmados de coronavirus y La Paz, sede de gobierno, se convirtió en el epicentro de los contagios.

La cantidad de muertos por covid-19 hasta la misma fecha es de 3.524.

De acuerdo a datos recogidos por el diario boliviano Página Siete, al menos 23 personas de esta ciudad fallecieron el viernes por falta de oxígeno.

Este elemento llegó a triplicar su precio y ya era escaso desde hace al menos tres semanas en el país sudamericano.

Pero la situación se volvió crítica desde que comenzaron los cierres de caminos que impidieron que los camiones que transportan tubos y los carros cisterna lleguen a los hospitales de diferentes ciudades.

Al punto de que el sistema de salud pública declaró un inminente “estado de desastre” si no se reponen las dotaciones a los hospitales.

“Repercutirá en el fallecimiento de personas y afectación de núcleos familiares, así como personal en salud”, señala la nota dirigida al gobierno.

El comunicado, difundido por medios locales, señala que si persiste el retraso en la distribución de oxígeno “ya no se contará en horas, sino en vidas”.

Marcha campesina

EPA
Sindicatos en Bolivia están sublevados contra el gobierno de Jeanine Áñez.

El drama de los bebés

Tres o cuatro minutos pueden ser suficientes para que un bebé con nacimiento prematuro pueda sufrir alguna consecuencia a nivel cerebral si no recibe la oxigenación necesaria.

Así lo explicó a BBC Mundo Yuri Pérez, director del Hospital de la Mujer de La Paz.

“Tenemos niños que nacen prematuramente y son dependientes de oxígeno. Ante lo que pasa en el país las cisternas no han logrado pasar y advertimos que el riesgo es grande por la muerte que puedan tener estos pequeños”, indica.

El médico indica que el centro de salud logró la ayuda de padres e instituciones que enviaron tubos para mantener las incubadoras funcionando un par de días más, pero reconoce que todo depende de que se reponga la distribución regular.

“Sería una tragedia muy grande. Trabajamos de día y de noche para mantener todo funcionando, pero sin el oxígeno los niños no recibirán la ventilación necesaria para vivir”, lamenta.

El entrevistado señala que el personal médico junto a los padres se encuentran en una búsqueda desesperada de cualquier insumo adicional de ese elemento.

“Nosotros estamos en un momento de impotencia, imagínese cómo están los padres (de los bebés)”, relata.

Bloqueo de caminos

EPA
Pese al peligro de los contagios, seguidores de Evo Morales retomaron las calles en esta semana.

Después del llamado de emergencia que realizó el Hospital de la Mujer el viernes en la noche, el gobierno aseguró que hará llegar tubos para evitar la muerte de los niños.

La crisis política

La emergencia sanitaria llegó a Bolivia en una coyuntura política de polarización e incertidumbre.

Con la sorpresiva renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre de 2019, tras semanas de protestas y denuncias de fraude electoral, el gobierno transitorio se comprometió a llamar a elecciones lo más pronto que se pueda.

Los comicios fueron programados primero para el 3 de mayo, se intentó convocarlos para principios de agosto, luego para el 6 de septiembre y ahora están fijados para el 18 de octubre, por decisión del Tribunal Supremo Electoral boliviano

El mayor motivo de las repetidas suspensiones fue la pandemia y el temor a que se multipliquen los contagios, sin embargo esto provocó molestia entre sindicatos obreros, campesinos e indígenas que reclaman una elección pronta y decidieron volver a las calles.

Acusan al gobierno de Áñez de pretender quedarse en el poder todo lo posible.

“Antes tampoco había oxígeno. Ahora nos acusan de que no llega por los bloqueos, pero la verdad es que el gobierno golpista no nos hacía llegar ni una aspirina”, afirma Juana Quispe, diputada del partido que todavía lidera Evo Morales.

La congresista señala que la escasez del elemento y de medicinas que sufre Bolivia no está relacionada con las protestas que se producen en al menos sesenta puntos del país.

“Es por el gobierno que no tiene capacidad”, insiste la autoridad en conversación con BBC Mundo.

Las movilizaciones en Bolivia retornaron a finales de julio y los manifestantes aseguran que seguirán en las calles pese al riesgo de contagiarse de covid-19.

En Bolivia se hace cada día más difícil separar una discusión sobre sus problemas de salud de las posiciones partidarias enfrentadas.

Es un país que rompe sus récords de contagios confirmados casi a diario, pero que parece concentrarse cada vez más en la batalla política.


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