Hacienda recorta hasta 100% de recursos a programas de seguridad pese al alza de violencia
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Hacienda recorta hasta 100% de recursos a programas de seguridad pese al alza de violencia

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2017 se plantea un recorte de casi mil millones de pesos al subsidio en seguridad para estados; también se le quitan recursos al programa de prevención, y a las áreas de inteligencia y promoción de derechos humanos.
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Por Arturo Angel
12 de septiembre, 2016
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El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2017 plantea recortes hasta del 100% en acciones y programas relacionados con seguridad y justicia en el país.

Partidas económicas como la de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán, la del Programa de Prevención Nacional del Delito y la del nuevo sistema de justicia penal fueron eliminadas.

Además, el subsidio que reciben los estados para combatir la delincuencia sufrirá un recorte de casi mil millones de pesos.

Esto pese a que los homicidios registran un incremento sostenido desde el año pasado; a que la violencia en Michoacán ha  llevado al derrumbe de helicópteros de la policía y el cierre de inversiones, y a que el nuevo sistema penal no está consolidado.

Las reducciones presupuestales alcanzan incluso a los órganos de generación de información e inteligencia del país. La base de datos nacional Plataforma México sufrirá la pérdida de más de la mitad de su presupuesto, mientras que la inversión en Seguridad Nacional e Inteligencia sumará un nuevo recorte, que sumado al de este año significa una pérdida del 65% de los recursos.

Otra instancia como la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá menos recursos de los recibidos cuando apenas era solo una Unidad Especial.

Animal Político revisó los recursos destinados a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República en el Proyecto de Egresos de la Federación 2017, y detectó al menos 16 programas específicos  e instancias con recortes presupuestales. Más de la mitad de estas ya arrastraba recortes desde el año pasado.

El castigo al presupuesto también alcanza al tema de derechos humanos. La secretaría de Gobernación tendrá una reducción superior a los 250 millones de pesos destinados a sus áreas de promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación.

Los recortes llegan en un contexto donde el alza de la violencia ya fue reconocida por el gobierno. Los homicidios cerraron 2015 con un incremento del siete por ciento, mientras que en 2016 el repunte en los asesinaos ya supera el 17 por ciento y se ha generalizado a dos de cada tres estados del país, según datos oficiales.

A esto se suman retos como la implementación de un nuevo sistema de justicia penal que por obligación constitucional arrancó en todo el país el pasado 18 de junio, pero que requiere de un proceso de consolidación que, según la estimación oficial, tomará seis años más.

La profesionalización de las corporaciones policiacas es el otro gran pendiente. La reforma del Mando Mixto (luego de que se desechara la propuesta de Mando Único) no se ha concretado y la capacitación en el nuevo sistema penal está inconclusa según el análisis de los expertos. Además persisten señalamientos de violaciones a derechos humanos, como el que involucra a la Policía Federal en el caso Tanhuato.

Los mayores recortes

En 2014 se creó la Comisión para la Seguridad y desarrollo de Michoacán con Alfredo Castillo como titular. El objetivo era reestablecer las condiciones de seguridad en la entidad, tras el deterioro por la presencia de grupos del crimen organizado que derivaron en el surgimiento de movimientos de autodefensa armados.

Para 2017, dicha comisión no aparece con recursos asignados. Esa instancia ya había visto reducido significativamente su presupuesto en los últimos dos años. Pasó de contar con 155 millones de pesos en 2015 a apenas 20 millones de pesos en 2016, una reducción del 87 por ciento de los recursos, y que para 2017 será un recorte ya de cien por ciento.

En 2016, la violencia en Michoacán ha repuntado. Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que entre enero y julio de este año 771 personas fueron asesinadas en el estado, un crecimiento superior al 50 por ciento en comparación con 2015. Michoacán es la quinta entidad del país con la mayor alza de los homicidios dolosos.

Apenas la semana pasada un helicóptero de la policía estatal terminó estrellándose cuando intentaba escapar de un ataque de grupos delictivos en el estado. Cuatro policías fallecieron. Ayer se publicó que la automotriz General Motors decidió cancelar una inversión millonaria por la espiral de violencia en el estado.

El gobernador del estado reconoció que enfrentan un repunte de la violencia impulsada en parte por la colusión de funcionarios con criminales.

Otro recorte del 100 por ciento fue el del subsidio para el funcionamiento del sistema penal. Para este año se habían destinado 713 millones de pesos que se repartían entre los estados con el objetivo de ayudarlos en el funcionamiento del sistema. Pero para 2017 ésta partida ha sido eliminada.

Expertos que colaboraron con el arranque en el sistema, ya habían alertado hace unas semanas del peligro que existía en materia de recursos para el funcionamiento y supervisión del sistema.  Esto porque aun cuando el sistema arrancó en todas las entidades se necesitan recursos para consolidarlo, pues hay carencias en capacitación, infraestructura, evaluación, entre otros.

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Golpe a inteligencia y prevención

Plataforma México, la base de datos nacional contra el crimen, y que es un mecanismo clave para la generación de acciones de inteligencia y prevención, sufrirá un recorte  de más del 65 por ciento de su presupuesto. Pasará de más de un millón 102 mil pesos con los que contó a este año a apenas 386 mil pesos en 2017, menos de la mitad de sus recursos.

El recorte es aún más significativo si se toma en cuenta que en 2016 los recursos de Plataforma México ya habían sufrido un recorte del 20 por ciento.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), instancia responsable de la generación e inteligencia en asuntos que pongan en riesgo la seguridad nacional, tendrá en 2017 un presupuesto de dos millones 823 mil pesos, 14 por ciento menos respecto a los tres millones 273 mil pesos para 2016.

Esta reducción es mucho más significativa si se toma en cuenta que para este 2016 los recursos del CISEN ya habían sido recortados más de la mitad. En resumen, de 2015 a 2017 el presupuesto de inteligencia ha sufrido una reducción superior al 65 por ciento.

Otro golpe significativo se presenta en los subsidios de apoyo a la seguridad de los estados y prevención del delito. El subsidio para la Seguridad Pública de los estados disminuirá casi mil millones de pesos al pasar de los 5 mil 952 millones de este año a cinco mil millones cerrados en 2017.

Los apoyos a las entidades ya venían de un recorte  de 2 mil 900 millones de pesos en 2016, luego de que se fusionaron dos fondos que existían hasta el año pasado.

En el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Gobernación, tampoco aparece ya con recursos para 2017 el Programa Nacional de Prevención del Delito, luego de que este año si contó con más de dos mil millones de pesos.

Se mantienen los recursos para los operativos de y disuasión del delito que es el presupuesto que corresponde a la Policía Federal, aunque con una disminución. Pasan de 25 mil 65 millones este año a 23 mil 600 millones para 2016, una disminución de seis por ciento.

En este contexto el gobierno federal y los estados deberán trabajar una nueva estrategia conjunta para hacer frente al repunte de homicidios en el país. En la sesión del 30 de agosto del Consejo Nacional de Seguridad se anunció un plan específico para atacar los índices criminales en las 50 ciudades con mayor número de asesinatos, del cual hasta ahora se desconocen los detalles.

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Fiscalías y Derechos Humanos también pierden

La investigación de algunos delitos especiales también se verá afectada por los recortes presupuestales de 2017.

Por ejemplo la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene proyectado un presupuesto de 26 millones de pesos en 2017, casi dos millones de pesos menos que este año, aun cuando hace unos meses pasó de ser una unidad especial a una fiscalía, es decir, creció en tamaño y alcances.

Un recorte aun mayor es el de la Fiscalía para Indagar los Delitos contra la Libertad de Expresión, es decir, los casos de agresiones a periodistas y activistas. Mientras que este año dicha fiscalía trabaja con un presupuesto de 26 millones, para 2017 tendrá 18 millones 433 mil pesos, una disminución del 29 por ciento.

La Fiscalía Especializada para investigar Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) también tendrá un recorte de 71 millones 608 mil pesos en 2016 a 68 millones 74 mil pesos, cinco por ciento menos. La Unidad de Investigación de Delitos cometidos por Servidores públicos sufrirá una baja de uno por ciento de sus recursos.

Incluso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que agrupa a seis unidades de investigación especial, tendrá un recorte de más de 60 millones de pesos para 2017, que equivalen al 10 por ciento de sus recursos.

Por otro lado, el presupuesto de la Secretaría de Gobernación para la promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación se reducirá a 470 millones 753 mil pesos en 2017. Es un castigo del 37 por ciento al presupuesto de esa área.

Apenas el pasado 19 de agosto, la CNDH emitió una recomendación a la Policía Federal por violaciones graves a derechos humanos cometidas en el operativo del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, que dejó 22 personas muertas. Este y otros casos provocaron la destitución del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo. Aun con esos hechos, los recortes al fortalecimiento de los derechos humanos y la disminución de los delitos verán un recorte considerable para 2017.

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La inusual estrategia del país que está vacunando primero a los jóvenes y no a los ancianos contra COVID-19

Para proteger a los mayores, sostienen en Indonesia, es mejor primero vacunar a quienes propagan más fácilmente el coronavirus. El enfoque tiene sentido, según algunos expertos.
13 de enero, 2021
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Como otros países, Indonesia está implementando un programa masivo y gratuito de vacunación contra la covid-19, pero con un enfoque muy diferente al de los demás.

En lugar de vacunar a las personas mayores en la primera fase de aplicación, las primeras dosis -después de los trabajadores de la salud- serán para los trabajadores de entre 18 y 59 años.

El presidente Joko Widodo, de 59 años, se ha ofrecido como voluntario para ser el primero en la fila. El vicepresidente Ma’ruf Amin, de 77 años, no recibirá la inyección pronto, porque es demasiado mayor.

¿A qué se debe este inusual enfoque?

El profesor Amin Soebandrio, quien ha asesorado al gobierno en su estrategia de “la juventud primero”, sostiene que tiene sentido priorizar la inmunización de los trabajadores, aquellos “que salen de la casa a todas partes y luego por la noche regresan a sus hogares con sus familias”.

“Estamos apuntando a aquellos que probablemente propaguen el virus“, dijo a BBC Indonesia.

Explica que este enfoque le dará al país la mejor oportunidad de lograr la inmunidad colectiva, algo que ocurre cuando una gran parte de una comunidad se vuelve inmune a través de las vacunas o la propagación masiva de una enfermedad.

Trabajadores cargan vacunas contra la covid-19 en Indonesia

EPA
Suministros de vacunas para todo el país fueron preparados en vísperas del lanzamiento.

Se sabe que entre 60-70% de la población mundial debe ser inmune para detener la propagación del coronavirus fácilmente. Sin embargo, esas cifras aumentarán considerablemente si las nuevas variantes más transmisibles se difunden ampliamente.

“Ese es el objetivo a largo plazo, o al menos reducimos significativamente la propagación del virus para que la pandemia esté bajo control y podamos hacer que la economía vuelva a funcionar”, dijo el profesor Soebandrio.

Indonesia, con una población de 270 millones, tiene el mayor número acumulado de casos de covid-19 en el sudeste asiático. Según datos del gobierno, el 80% de los casos se encuentran entre la población activa.

Si bien las escuelas y las oficinas gubernamentales han estado cerradas durante casi un año, el gobierno se ha resistido a implementar cierres estrictos por temor al impacto en la economía del país. Más de la mitad de la población trabaja en el sector informal, por lo que para muchos trabajar desde casa no es una opción.

Una mujer recibe una vacuna en Indonesia

EPA
El objetivo de Indonesia es vacunar primero a la población de 18 a 59 años.

El nuevo ministro de Salud del país, Budi Gunadi Sadikin, defendió la estrategia e insiste en que no se trata solo de la economía, sino de “proteger a las personas y apuntar primero a aquellos que probablemente contraigan y propaguen” la enfermedad.

“Nos estamos enfocando en personas que tienen que encontrarse con mucha gente como parte de su trabajo: mototaxistas, policías, militares. Entonces, no quiero que la gente piense que esto se trata solo de la economía. Se trata de proteger a la gente”, señaló.

¿Y los ancianos?

El gobierno también argumenta que ofrecerá protección a los ancianos.

“Inmunizar a los miembros que trabajan en un hogar significará que no llevarán el virus ahí, donde están sus parientes mayores”, dijo la doctora Siti Nadia Tarmizi, portavoz del Ministerio de Salud para el programa de vacunación covid-19.

La mayoría de las personas mayores de Indonesia viven en hogares intergeneracionales y, a menudo, es imposible aislarlas del resto de la familia.

“Entonces, es un beneficio adicional de este enfoque, que al vacunar a las personas de 18 a 59 años, también estamos ofreciendo algo de protección a las personas mayores con las que viven”, dijo.

Una prueba de coronavirus en Indonesia

EPA
Indonesia ha registrado más de 600.000 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Pero esto depende de que la vacuna evite que las personas porten el virus y lo transmitan.

“Simplemente, aún no tenemos esa información“, dijo el profesor Robert Read, miembro del comité de vacunación e inmunización (JCVI) que asesora a los departamentos de salud del Reino Unido sobre inmunización.

“La razón por la que el Reino Unido no ha optado por la población más joven, por supuesto, es que, primero, no contraen una enfermedad tan grave y, segundo, no hemos podido demostrar todavía que las vacunas tengan ningún impacto en absoluto en la transmisión”, dijo.

El enfoque de Indonesia, consideró, necesitaría una absorción de vacunas muy alta: “al menos el 50% con toda probabilidad, para detener la muerte y la hospitalización en su población mayor”.

“Es posible que si obtienen tasas de cobertura muy altas, habrá algún impacto en la transmisión, aunque obviamente todavía no lo hemos visto”.

¿Qué pruebas ha realizado Indonesia?

Indonesia ha adoptado este enfoque único en parte porque la vacuna que está utilizando no se ha probado en personas mayores.

Un trabajador en Indonesia

Reuters
Indonesia tiene una población joven enorme, pero gasta poco en salud.

El país depende principalmente de la fórmula de CoronaVac, fabricado por Sinovac en China, para inocular a su población, con tres de las 125 millones de dosis prometidas ya entregadas y distribuidas a los centros de salud de todo el país.

Indonesia dice que la vacuna de China tiene una efectividad del 65,3%. Pero el gobierno solo ha realizado pruebas en el grupo de edad de 18 a 59 como parte del ensayo Sinovac en varios países.

“Cada país podría tener un grupo de edad diferente y resultó que se le pidió a Indonesia que hiciera el ensayo sobre la población trabajadora”, dijo la doctora Nadia. Comenzarán a inmunizar a los ancianos, dice, en la segunda ronda de vacunaciones una vez que obtengan datos de otros países involucrados en el ensayo.

Pero incluso si se les hubiera pedido que lo probaran en personas mayores de 60 años, dice que lo más probable es que todavía se concentren en inmunizar a la población trabajadora primero, ya que creen que protegerá a la mayoría de las personas.

¿Cómo ven los científicos el experimento?

“No sabemos si funcionará y es necesario evaluarlo”, dijo Peter Collignon, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad Nacional de Australia, quien consideró que tiene sentido modificar el lanzamiento de la vacuna según las circunstancias de un país.

“Si eres un país en desarrollo, puedo ver una política de protección de tus trabajadores adultos jóvenes, aquellos que propagan más el virus, como un método razonable, porque realmente no puedes decirle a la gente que se quede en casa”, opinó.

Un puesto de vacunación en Indonesia

EPA
En países en vías de desarrollo, dice Collignon, tiene sentido una estrategia como la de Indonesia.

El profesor Read estuvo de acuerdo y dijo: “No nos corresponde a nosotros en los países occidentales ricos decirle a otros países del mundo lo que deberían estar haciendo”.

Consideró que el enfoque de Indonesia “puede ser lo correcto para su país”, y señaló que, a nivel mundial, nadie está seguro de qué es lo correcto en este momento.

El profesor Dale Fisher del Hospital de la Universidad Nacional dijo que Indonesia estaba adoptando un “enfoque pragmático”.

“Dicen que vamos a vacunar a este grupo de edad del que tenemos los datos. Es un grupo accesible y sin duda ayudará a mantener los negocios y la tubería de alimentación en funcionamiento”, sostuvo.

¿Cómo está afrontando Indonesia la pandemia?

El ambicioso despliegue de Indonesia no será fácil.

Su población es la cuarta más grande del mundo, distribuida en un vasto archipiélago cercano al ecuador, por lo que existen importantes desafíos logísticos en términos de la temperatura requerida para las vacunas.

Y los expertos en salud advierten que la política del gobierno centrada en la inoculación y no mucho en contener el virus conlleva peligro, ya que el sistema de salud está sufriendo por el aumento de casos.

Un cortejo fúnebre en Indonesia

EPA
Indonesia tiene una de las mayores tasas de víctimas de covid-19 del sudeste asiático.

Los cementerios en Yakarta, el epicentro de la pandemia, están llenos y los hospitales dicen que están luchando por hacer frente a la cantidad de pacientes.

El experto en salud pública Dicky Budiman, de la Universidad Griffith de Australia, dijo que el gobierno necesitaba hacer más para proteger a los vulnerables, fortaleciendo lo que llamó la estrategia fundamental para la pandemia: pruebas, rastreo y el cumplimiento del distanciamiento social.

La periodista local Citra Prastuti en Yakarta, que acaba de recuperarse del virus, dijo que “salir de su casa es como entrar en una zona de guerra, con el creciente número de grupos familiares: parece que ningún lugar es lo suficientemente seguro para nosotros”.

Dijo que los mensajes de salud pública habían sido confusos y contradictorios. “Se anima a la gente a quedarse en casa durante las vacaciones, pero los hoteles ofrecieron descuentos y no hubo restricciones de transporte”.

Y no hubo seguimiento ni rastreo, como en su caso el cual lo notificó a las autoridades sanitarias locales.

“Así que no sé si estoy incluida en los datos generales de la covid o no”, dijo. “Creo que mucha gente ve la vacuna como una salida fácil, como la cura de todas las enfermedades, como el salvador final”.


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