Hacienda recorta hasta 100% de recursos a programas de seguridad pese al alza de violencia
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Hacienda recorta hasta 100% de recursos a programas de seguridad pese al alza de violencia

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2017 se plantea un recorte de casi mil millones de pesos al subsidio en seguridad para estados; también se le quitan recursos al programa de prevención, y a las áreas de inteligencia y promoción de derechos humanos.
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Por Arturo Angel
12 de septiembre, 2016
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El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2017 plantea recortes hasta del 100% en acciones y programas relacionados con seguridad y justicia en el país.

Partidas económicas como la de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán, la del Programa de Prevención Nacional del Delito y la del nuevo sistema de justicia penal fueron eliminadas.

Además, el subsidio que reciben los estados para combatir la delincuencia sufrirá un recorte de casi mil millones de pesos.

Esto pese a que los homicidios registran un incremento sostenido desde el año pasado; a que la violencia en Michoacán ha  llevado al derrumbe de helicópteros de la policía y el cierre de inversiones, y a que el nuevo sistema penal no está consolidado.

Las reducciones presupuestales alcanzan incluso a los órganos de generación de información e inteligencia del país. La base de datos nacional Plataforma México sufrirá la pérdida de más de la mitad de su presupuesto, mientras que la inversión en Seguridad Nacional e Inteligencia sumará un nuevo recorte, que sumado al de este año significa una pérdida del 65% de los recursos.

Otra instancia como la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá menos recursos de los recibidos cuando apenas era solo una Unidad Especial.

Animal Político revisó los recursos destinados a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República en el Proyecto de Egresos de la Federación 2017, y detectó al menos 16 programas específicos  e instancias con recortes presupuestales. Más de la mitad de estas ya arrastraba recortes desde el año pasado.

El castigo al presupuesto también alcanza al tema de derechos humanos. La secretaría de Gobernación tendrá una reducción superior a los 250 millones de pesos destinados a sus áreas de promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación.

Los recortes llegan en un contexto donde el alza de la violencia ya fue reconocida por el gobierno. Los homicidios cerraron 2015 con un incremento del siete por ciento, mientras que en 2016 el repunte en los asesinaos ya supera el 17 por ciento y se ha generalizado a dos de cada tres estados del país, según datos oficiales.

A esto se suman retos como la implementación de un nuevo sistema de justicia penal que por obligación constitucional arrancó en todo el país el pasado 18 de junio, pero que requiere de un proceso de consolidación que, según la estimación oficial, tomará seis años más.

La profesionalización de las corporaciones policiacas es el otro gran pendiente. La reforma del Mando Mixto (luego de que se desechara la propuesta de Mando Único) no se ha concretado y la capacitación en el nuevo sistema penal está inconclusa según el análisis de los expertos. Además persisten señalamientos de violaciones a derechos humanos, como el que involucra a la Policía Federal en el caso Tanhuato.

Los mayores recortes

En 2014 se creó la Comisión para la Seguridad y desarrollo de Michoacán con Alfredo Castillo como titular. El objetivo era reestablecer las condiciones de seguridad en la entidad, tras el deterioro por la presencia de grupos del crimen organizado que derivaron en el surgimiento de movimientos de autodefensa armados.

Para 2017, dicha comisión no aparece con recursos asignados. Esa instancia ya había visto reducido significativamente su presupuesto en los últimos dos años. Pasó de contar con 155 millones de pesos en 2015 a apenas 20 millones de pesos en 2016, una reducción del 87 por ciento de los recursos, y que para 2017 será un recorte ya de cien por ciento.

En 2016, la violencia en Michoacán ha repuntado. Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que entre enero y julio de este año 771 personas fueron asesinadas en el estado, un crecimiento superior al 50 por ciento en comparación con 2015. Michoacán es la quinta entidad del país con la mayor alza de los homicidios dolosos.

Apenas la semana pasada un helicóptero de la policía estatal terminó estrellándose cuando intentaba escapar de un ataque de grupos delictivos en el estado. Cuatro policías fallecieron. Ayer se publicó que la automotriz General Motors decidió cancelar una inversión millonaria por la espiral de violencia en el estado.

El gobernador del estado reconoció que enfrentan un repunte de la violencia impulsada en parte por la colusión de funcionarios con criminales.

Otro recorte del 100 por ciento fue el del subsidio para el funcionamiento del sistema penal. Para este año se habían destinado 713 millones de pesos que se repartían entre los estados con el objetivo de ayudarlos en el funcionamiento del sistema. Pero para 2017 ésta partida ha sido eliminada.

Expertos que colaboraron con el arranque en el sistema, ya habían alertado hace unas semanas del peligro que existía en materia de recursos para el funcionamiento y supervisión del sistema.  Esto porque aun cuando el sistema arrancó en todas las entidades se necesitan recursos para consolidarlo, pues hay carencias en capacitación, infraestructura, evaluación, entre otros.

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Golpe a inteligencia y prevención

Plataforma México, la base de datos nacional contra el crimen, y que es un mecanismo clave para la generación de acciones de inteligencia y prevención, sufrirá un recorte  de más del 65 por ciento de su presupuesto. Pasará de más de un millón 102 mil pesos con los que contó a este año a apenas 386 mil pesos en 2017, menos de la mitad de sus recursos.

El recorte es aún más significativo si se toma en cuenta que en 2016 los recursos de Plataforma México ya habían sufrido un recorte del 20 por ciento.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), instancia responsable de la generación e inteligencia en asuntos que pongan en riesgo la seguridad nacional, tendrá en 2017 un presupuesto de dos millones 823 mil pesos, 14 por ciento menos respecto a los tres millones 273 mil pesos para 2016.

Esta reducción es mucho más significativa si se toma en cuenta que para este 2016 los recursos del CISEN ya habían sido recortados más de la mitad. En resumen, de 2015 a 2017 el presupuesto de inteligencia ha sufrido una reducción superior al 65 por ciento.

Otro golpe significativo se presenta en los subsidios de apoyo a la seguridad de los estados y prevención del delito. El subsidio para la Seguridad Pública de los estados disminuirá casi mil millones de pesos al pasar de los 5 mil 952 millones de este año a cinco mil millones cerrados en 2017.

Los apoyos a las entidades ya venían de un recorte  de 2 mil 900 millones de pesos en 2016, luego de que se fusionaron dos fondos que existían hasta el año pasado.

En el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Gobernación, tampoco aparece ya con recursos para 2017 el Programa Nacional de Prevención del Delito, luego de que este año si contó con más de dos mil millones de pesos.

Se mantienen los recursos para los operativos de y disuasión del delito que es el presupuesto que corresponde a la Policía Federal, aunque con una disminución. Pasan de 25 mil 65 millones este año a 23 mil 600 millones para 2016, una disminución de seis por ciento.

En este contexto el gobierno federal y los estados deberán trabajar una nueva estrategia conjunta para hacer frente al repunte de homicidios en el país. En la sesión del 30 de agosto del Consejo Nacional de Seguridad se anunció un plan específico para atacar los índices criminales en las 50 ciudades con mayor número de asesinatos, del cual hasta ahora se desconocen los detalles.

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Fiscalías y Derechos Humanos también pierden

La investigación de algunos delitos especiales también se verá afectada por los recortes presupuestales de 2017.

Por ejemplo la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene proyectado un presupuesto de 26 millones de pesos en 2017, casi dos millones de pesos menos que este año, aun cuando hace unos meses pasó de ser una unidad especial a una fiscalía, es decir, creció en tamaño y alcances.

Un recorte aun mayor es el de la Fiscalía para Indagar los Delitos contra la Libertad de Expresión, es decir, los casos de agresiones a periodistas y activistas. Mientras que este año dicha fiscalía trabaja con un presupuesto de 26 millones, para 2017 tendrá 18 millones 433 mil pesos, una disminución del 29 por ciento.

La Fiscalía Especializada para investigar Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) también tendrá un recorte de 71 millones 608 mil pesos en 2016 a 68 millones 74 mil pesos, cinco por ciento menos. La Unidad de Investigación de Delitos cometidos por Servidores públicos sufrirá una baja de uno por ciento de sus recursos.

Incluso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que agrupa a seis unidades de investigación especial, tendrá un recorte de más de 60 millones de pesos para 2017, que equivalen al 10 por ciento de sus recursos.

Por otro lado, el presupuesto de la Secretaría de Gobernación para la promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación se reducirá a 470 millones 753 mil pesos en 2017. Es un castigo del 37 por ciento al presupuesto de esa área.

Apenas el pasado 19 de agosto, la CNDH emitió una recomendación a la Policía Federal por violaciones graves a derechos humanos cometidas en el operativo del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, que dejó 22 personas muertas. Este y otros casos provocaron la destitución del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo. Aun con esos hechos, los recortes al fortalecimiento de los derechos humanos y la disminución de los delitos verán un recorte considerable para 2017.

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Getty Images

Los espeluznantes experimentos que Canadá hizo con niños de escuelas indígenas

Los niños indígenas separados de sus familias eran sometidos a invasivos y crueles procedimientos en "nombre de la ciencia".
Getty Images
Por BBC
3 de julio, 2021
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El descubrimiento de cientos de restos de niños en Kamloops, Brandon y Cowessess, en Canadá, ha puesto de manifiesto la devastación absoluta que los colonos infligieron en los niños, las familias y las comunidades originarias a través del sistema de Escuelas Residenciales Indígenas.

Como investigadora especializada en nutrición y colona-canadiense, hago un llamado a mis colegas para que reconozcan y comprendan los daños que han causado los experimentos de desnutrición y nutrición en los pueblos indígenas y el legado que han dejado.

Más fácil de asimilar

Ian Mosby, historiador de la alimentación, salud indígena y política del colonialismo de los colonos canadienses, descubrió que entre 1942 y 1952 los científicos en nutrición más prominentes de Canadá llevaron a cabo investigaciones muy poco éticas en 1.300 indígenas, incluidos 1.000 niños, en comunidades cree en el norte de Manitoba y en seis escuelas residenciales en Canadá.

Muchos ya sufrían desnutrición debido a las políticas gubernamentales destructivas y las terribles condiciones de las escuelas residenciales.

A los ojos de los investigadores, esto los convertía en sujetos de prueba ideales.

Niños indígenas en Canadá

Archivo de Saskatchewan / EPA. Los niños eran separados de sus familias por la fuerza.

Frederick Tisdall, famoso por ser cocreador de la comida infantil Pablum en el Hospital para Niños Enfermos de Toronto, junto con Percy Moore y Lionel Bradley Pett fueron los principales arquitectos de los experimentos de nutrición.

Ellos aseguraron que la educación y las intervenciones en la dieta harían que los pueblos indígenas fueran activos más rentables para Canadá, que si los pueblos indígenas fueran más sanos, la transmisión de enfermedades como la tuberculosis a los blancos disminuiría y la asimilación sería más fácil.

Presentaron con éxito su plan para experimentos de nutrición al gobierno federal.

Pocas calorías, nutrientes y vitaminas

Tisdall, Moore y su equipo basaron su propuesta en los resultados que encontraron después de someter a 400 adultos y niños Cree en el norte de Manitoba a una serie de evaluaciones intrusivas, que incluyeron exámenes físicos, radiografías y extracciones de sangre.

El plan de Pett y su equipo se centró en determinar una base de referencia.

Querían darles a los niños de la Escuela Residencial Indígena Alberni durante dos años una cantidad de leche tan pequeña que se les privara de las calorías y nutrientes necesarios para su crecimiento.

Otros experimentos consistieron en no darles vitaminas y minerales esenciales a los niños de los grupos de control, mientras evitaban que los Servicios de Salud para Indígenas les brindaran atención dental con el pretexto de que esto podría afectar los resultados del estudio.

E incluso antes de estos experimentos, los niños de las Escuelas Residenciales Indígenas pasaban hambre, que se confirmaba con informes de desnutrición grave y signos de deficiencias graves de vitaminas y minerales.

Motivos raciales

El interés en la investigación de la nutrición aumentó dramáticamente en la década de 1940, después de que el Consejo Canadiense de Nutrición declarara públicamente que más del 60% de las personas en Canadá tenían deficiencias nutricionales.

La mayoría de los experimentos hasta entonces se habían realizado en animales, pero investigadores como Pett, quien fue el autor principal de lo que luego se convertiría en la Guía de Alimentos de Canadá, aprovecharon la oportunidad de utilizar a los indígenas como ratas de laboratorio.

Si bien los perpetradores como Pett a menudo actuaban bajo la fachada de comprender y ayudar a los pueblos indígenas, estaba claro que estos experimentos de nutrición tenían una motivación racial.

Los investigadores intentaron desentrañar el “problema indígena”. Moore, Tisdall y sus colaboradores atribuyeron estereotipos discriminatorios como “descuido, indolencia, imprevisión e inercia” a la desnutrición.

A.E. Caldwell, director de la Escuela Residencial Indígena Alberni, afirmó que la desnutrición fue causada por dietas y formas de vida tradicionales, que también llamó “hábitos indolentes”.

Los experimentos de nutrición, junto con los alimentos profundamente inadecuados y de baja calidad que se les daba a los niños en estas escuelas, se alinearon perfectamente con el mandato de asimilación de Caldwell.

Prohibir a prácticamente todos los niños alimentos tradicionales adecuados es otro medio más de colonización y genocidio cultural.

Homenaje a las víctimas

Getty Images. Tras el hallazgo de cientos de restos de niños en las inmediaciones de varias escuelas, muchos se acercaron a rendirles tributo.

Según los hallazgos de Mosby, Pett afirmó que su objetivo era comprender mejor la transición “inevitable” al estar lejos de los alimentos tradicionales, sin embargo, las Escuelas Residenciales Indígenas fueron diseñadas a propósito para provocar esto.

Su investigación no es ética según los estándares contemporáneos, y es difícil creer que alguna vez haya sido aceptable experimentar con cualquier persona, y mucho menos con niños, sin su consentimiento.

Las secuelas del Holocausto y los experimentos biomédicos en los campos de concentración llevaron al desarrollo del Código de Nuremberg en 1947, que establece que el consentimiento voluntario para la investigación es absolutamente esencial y que los experimentos deben evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario.

El código se creó el mismo año en que Pett se embarcó en sus experimentos de nutrición en seis escuelas residenciales.

Consecuencias de la malnutrición y experimentación

La desnutrición infantil puede ser mortal, especialmente cuando se combina con el riesgo de enfermedad, que era con frecuencia el caso en los internados.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación indica que las principales causas de muerte de los niños en las escuelas residenciales fueron los daños físicos, la desnutrición, las enfermedades y el abandono.

Para los sobrevivientes de escuelas residenciales, los efectos de la desnutrición aún duran.

El hambre durante la niñez aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, e investigaciones indican que la desnutrición severa puede incluso causar cambios epigenéticos que pueden transmitirse de generación en generación.

Experimentar con niños que ya estaban sufriendo fue inmoral.

Efectos a día de hoy

Los problemas de inseguridad alimentaria y nutrición en las comunidades indígenas son problemas importantes en Canadá, como resultado de las escuelas residenciales y las políticas coloniales que continúan hasta el día de hoy.

Los experimentos en estos internados y en las comunidades han hecho que los sitios de atención médica sean lugares precarios y traumáticos para muchas naciones indígenas y han llevado a que muchos tengan dudas en torno las vacunas durante la pandemia de covid-19.

Homenaje a las víctimas

Reuters. La noticia del hallazgo de cientos de cuerpo de niños indígenas causó indignación en Canadá y en el mundo.

Al mismo tiempo, persiste el estigma, la violencia y el racismo hacia los pueblos indígenas en estos contextos.

Esta historia particular de experimentos de desnutrición y nutrición en niños y adultos indígenas se ha contado antes. Atrajo la atención de los principales medios de comunicación en 2013 después de la investigación de Mosby.

Y no sorprende a los pueblos indígenas, cuyas verdades debemos finalmente escuchar con atención.

*Allison Daniel es candidata de PhD en Ciencias Nutricionales, Universidad de Toronto.

*Esta artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).

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