La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes 5 de septiembre que son inválidas las reformas anticorrupción aprobadas en los congresos de Veracruz y Chihuahua, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para los gobernadores salientes, Javier y César Duarte, al señalar que incluían nombramientos a modo para evadir posibles investigaciones en su contra.
[contextly_sidebar id=”T2tRRoPOXpxgvxtGrG4z62pf8A37t1QD”]Esta resolución del Pleno de la Corte se dio por unanimidad, señalando que los Congresos estatales no podían legislar en materia anticorrupción, ya que aún no se expedían las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Los congresos locales violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema”, apuntó la SCJN.
La promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SCJN) se dio el pasado 18 de julio.
Tras la resolución, queda anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua, apuntó el diario Reforma.
En el caso de Veracruz, quedaron anulados seis decretos, en los que se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de una Fiscalía.
En su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó que acatarán la resolución de la Suprema Corte.
La @SCJN determinó eliminar la figura del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, dejando al @FGE_Veracruz sus atribuciones.
— Javier Duarte (@Javier_Duarte) 5 de septiembre de 2016
“Ahora para que exista la figura del Fiscal Anticorrupción tiene que votarse por mayoría calificada en 2 periodos ordinarios consecutivos; en lo que eso sucede, que mínimo es un año, (si es que sucede) sus atribuciones las tiene el Fiscal General del Estado”, detalló el gobierno de Veracruz en un comunicado.
El líder nacional del PRI, al que pertenecen los mandatarios de ambos estados, reconoció la resolución de la SCJN. Enrique Ochoa dijo que “ésta es una muestra palpable de que las instituciones mexicanas, actuando en pleno uso de sus atribuciones y responsabilidades, construyen un Sistema Nacional y Sistemas Estatales Anticorrupción de manera transparente, oportuna y efectiva, como lo demanda la ciudadanía”.
Desde el pasado 11 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que presentaría acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Chihuahua, además del de Quintana Roo, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
En ese momento el vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, dijo que no había cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.
Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, detalló que los gobernadores no podían hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o fiscales, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”.
Es decir, acciones contrarias al funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción.
