“La justicia no va a venir aquí, será la justicia divina nomás. La única opción es rogarle a Dios”, dice B., madre de uno de los ocho fallecidos el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. Tres meses después, aún no tiene la certeza de qué le ocurrió a su hijo, ni quién disparó las balas que le quitaron la vida durante un operativo policiaco.
[contextly_sidebar id=”4vp9mYjCsBtWNU8KMROsCqjUWLE9A9sJ”]La PGR atrajo la investigación el 6 de julio pasado, 15 días después del operativo realizado por elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería y policías estatales de Oaxaca para retirar un bloqueo en la autopista federal México-Oaxaca, en el que fallecieron ocho personas y una centena resultaron heridos.
Hasta el momento no se ha hecho público ningún dato sobre la investigación, aunque, según el área de comunicación social de la PGR hay avances pero no se comunican hasta que se vincule a proceso judicial a los presuntos implicados.
Los familiares de los fallecidos no tienen noticias sobre las investigaciones. No saben nada sobre la hipótesis que el ex comisionado de Policía Federal, Enrique Galindo, informó horas después del operativo: La supuesta emboscada que los policías habían sufrido en el poblado minutos después de empezar el operativo.
Tampoco saben nada sobre los calibres que mataron a ocho civiles, a pesar de que les fueron practicadas las autopsias a los cuerpos en cuanto llegaron al servicio médico forense, el mismo día del enfrentamiento.
No les han informado si los disparos que mataron o hirieron a los pobladores provinieron de alguna de las armas confiscadas a los policías que participaron en el operativo y que analiza la PGR: 5 armas largas y 6 armas cortas de la policía estatal; 22 armas largas y 32 cortas de la División de Gendarmería y las 15 armas cortas y 9 armas largas de la División Vial de la policía estatal.
El único avance es la distribución de casi 4 millones de pesos para reembolsar gastos funerarios, médicos y transporte, entre otros, a la familias de los ocho fallecidos y 80 heridos, según informa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Se trata de la primera fase de apoyo económico hacia las víctimas; la segunda parte del apoyo consiste en cubrir gastos sobre los procesos judiciales y médicos si es que los requirieren. Sin embargo, los montos que las víctimas han recibido no son indemnizaciones, porque las investigaciones continúan.
Más acciones por Nochixtlán
Juana Ramón, presidenta del Comité de víctimas por justicia y verdad 19 de junio, asegura que los apoyos apenas han servido para solventar algunos gastos, pero algunos de los heridos no han podido trabajar.
Un hombre que recibió un impacto de bala en la mejilla es panadero, pero el médico le advirtió que debido a su herida no puede exponerse a altas temperaturas y, por tanto, no podrá ejercer su oficio. En casos como ese, dijo, se requieren más apoyos.
En entrevista con Animal Político, Juana Ramón explica que la última reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, ocurrió el 31 de agosto y en casi 20 días se ha perdido contacto con el funcionario. “Estamos siendo respetuosos de los tiempos que nos dicen, pero el gobierno no ha cumplido”.
El esa última reunión, según Juana Ramón, Campa se comprometió a darle seguimiento a las demandas, sobre todo para quienes no han podido trabajar y la principal petición es la reparación integral del daño y una disculpa pública por parte del gobierno Federal por lo ocurrido, dice la representante de las víctimas.
A decir de Juana Ramón, los peritos de la PGR acudieron a Nochixtlán en los primeros días de septiembre, pero el comité de víctimas no les permitió realizar las diligencias porque, según acusan, la Procuraduría incumplió el acuerdo previo de entregar primero un plan antes de hacer trabajo de campo.
El reclamo a los maestros
La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene como bastión de protestas al estado de Oaxaca y en los últimos meses ha mantenido marchas y bloqueos como parte de su rechazo a la reforma educativa.
El 19 de julio, el operativo policiaco intentó retirar el bloqueo en la autopista federal, pero resultó en una batalla en la que hubo disparos de arma de fuego por parte de policías, según acusan pobladores, y por civiles, según las versiones policíacas.
Después de la muerte de ocho personas, la Secretaría de Gobernación aceptó reabrir la mesa de diálogo con la CNTE, después de casi un año de cerrarles la puerta. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, fue detenido el 13 de junio, lo que parecía uno de los últimos golpes a la disidencia magisterial, porque meses antes habían detenido a otros líderes más. Finalmente, el principal líder fue liberado el 12 de agosto pasado.
En las reuniones, acusa otro familiar, los líderes de la CNTE enfocaban sus reclamos en “los presos políticos” y dejaban de lado a las víctimas. Por eso, dice, hace un mes, en una asamblea estatal en la que estuvieron presentes los familiares de fallecidos y los líderes magisteriales, acordaron que la prioridad de los maestros en las futuras negociaciones debía ser “la justicia por el 19 de junio”.
Algunas de las víctimas continúan con secuelas de sus heridas y los familiares de los fallecidos, dicen, que nada podrá revivirlos. Mientras tanto las interrogantes sobre lo que ocurrió hacer tres meses continúan.
