Autoridades y CNDH sabían que Los Zetas abusaban y mataban migrantes en San Fernando
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Autoridades y CNDH sabían que Los Zetas abusaban y mataban migrantes en San Fernando

Según un estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la CNDH, pudieron prevenir la masacre de 72 migrantes, ya que sabían que los Zetas habían convertido a San Fernando en un "campo de exterminio".
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
10 de octubre, 2016
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El 21 de agosto de 2010, al menos 74 migrantes indocumentados fueron secuestrados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando viajaban a bordo de dos vehículos hacia la frontera con Estados Unidos. Al día siguiente, todos, excepto dos, fueron asesinados.

Tal como se ha logrado reconstruir a partir de investigaciones judiciales, periodísticas y testimonios de los sobrevivientes, al menos ocho hombres armados pertenecientes al Cártel de Los Zetas interceptaron al grupo de migrantes cuando viajaba por carretera. Tras someterlos, fueron trasladados primero a un inmueble en el que pernoctaron, y al día siguiente a un rancho, donde todos fueron ejecutados mediante disparos en la cabeza. Los cuerpos quedaron abandonados a la intemperie.

Ese no fue el final de la tragedia: luego comenzó para los familiares de las víctimas un largo peregrinar en busca de los restos de sus seres queridos, manipulados tan deficientemente por las autoridades estatales y federales que, al menos en un caso comprobado, se entregó el cuerpo de un ciudadano brasileño a una familia de Honduras y por ello, hasta la fecha, prevalecen dudas en torno a la correcta identificación del resto de las víctimas.

Tal como explica el estudio “En el Desamparo” (http://eneldesamparo.colmex.mx/), publicado este domingo por El Colegio de México, la masacre de San Fernando fue el parteaguas que permitió “meter en la agenda nacional e internacional el viacrucis vivido por los migrantes que cruzan México”, presas no sólo de las autoridades migratorias que los extorsionan, asaltan, golpean y deportan, sino también de las bandas del crimen organizado, que los esclavizan, asesinan o secuestran para cobrar rescates a sus familias, ya sea en sus países de origen o en Estados Unidos.

Sin embargo, destaca el estudio, a seis años de que la masacre fue perpetrada, todas las instituciones públicas involucradas en la investigación del caso y en la atención a las víctimas han fracasado en su labor.

Todos sabían

La noche del 21 de agosto de 2010, señala la narración que hace uno de los sobrevivientes, ecuatoriano, para la televisión de su país, “nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas (…) nos sacaron del carro y nos metieron a otro carro. Llevó a una casa, ahí nos amarró de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenía una noche. Siguiente, para amanecer domingo, nos llevó a otra casa (…) una casa vieja que estaba llena de hierba por adentro, ahí nos botaron adentro (…) y vendaron los ojos (…) ellos estaban bien armados (…) no nos pidieron nada, sólo dijeron ‘quieres trabajar con nosotros?’, y nadie quiso trabajar con ellos (…) sólo eso y no nos dijo nada más”.

Según el segundo sobreviviente, de nacionalidad hondureña, luego de que se negaran a sumarse a Los Zetas, los migrantes fueron enfilados boca abajo e hincados.

“Yo estuve hincado, escuché las balas de aquí arriba a abajo, por todos lados disparaban, disparaban, a un lado estaba un amigo, a él le disparaban, ahí sentí, está matando, y después me disparó a mí (…) a todos mató (…) Seguían disparando a otros, yo me hice que estuve muerto, para que no me dieran más balazos y de ahí ya se fueron”.

La matanza pudo ser denunciada debido al hecho fortuito de que hubo dos víctimas sobrevivientes; sin embargo, subraya el estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pudieron prevenirla, ya que, de forma previa, sabían del control criminal que Los Zetas ejercían en la zona, y de la especial vulneración que en este contexto sufrían las personas migrantes.

Para el año 2010, señala el estudio coordinado por Sergio Aguayo, el municipio tamaulipeco de San Fernando era “un campo de exterminio”, a raíz de la guerra iniciada un año antes entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, por el control de esta localidad, surcada por dos importantes carreteras que llevan a los puentes fronterizos de Reynosa y Matamoros.

En sólo cuatro años, explica el estudio, en el Valle de San Fernando se triplicaron los homicidios, al pasar de 12.8 casos por cada 100 mil habitantes en 2009, a 29.6 para el año siguiendo –cuando fue cometida la masacre de los 72 migrantes–, y siguieron aumentando hasta llegar a 47.9 homicidios por cada 100 mil habitantes para 2012.

La estadística sobre casos de desaparición forzada también dejan ver el contexto de violencia en el que se enmarcó la masacre: en los años previos a 2009, en el Valle de San Fernando no se tenía registro de ninguna persona desaparecida; sin embargo, a partir de 2010 hubo una explosión en el número de casos, ese año se dieron 39.50 desapariciones por cada 100 mil habitantes, que aumentaron a 49.74 para 2011 y alcanzaron su punto más alto en 2013, con 51.21 desapariciones por cada 100 mil personas.

De cero a 51, sólo en tres años.

“La CNDH y las demás instituciones federales, estatales y municipales sabían de la situación cada vez más crítica de las personas migrantes en su cruce por México –señala el estudio del Colmex–, y no tomaron las medidas adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de actos”.

Peor aún: “El hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando en 2011, con 196 cadáveres, dio cuenta de que la situación no mejoraba, y que las autoridades seguían sin tomar medidas para prevenir estas graves violaciones a derechos humanos”, situación que prevalece hasta la fecha.

Defensores de derechos, violadores de derechos

En diciembre de 2013, más de tres años después de los hechos, y sin haber contactado nunca a los deudos de las 72 víctimas mortales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó los resultados de sus investigaciones en torno a la masacre, a través de su Recomendación 80/2013.

En ella, la CNDH concluyó que, debido a las deficientes investigaciones, y al incorrecto manejo de los cuerpos recuperados, las autoridades mexicanas (estatales y federales) violaron los derechos de las víctimas a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno, al honor, a la privacidad y a protección de sus datos de identidad.

El Colegio de México, sin embargo, detectó distintas deficiencias en la Recomendación 80/2013, así como en el proceder en general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En primera instancia, la investigación de la CNDH “no señala en ningún momento violaciones a los derechos a la vida y a la integridad” de las víctimas que fueron secuestradas y asesinadas, por grupos criminales que operaban en San Fernando, y en otros importantes puntos de Tamaulipas, con el aval de autoridades.

De hecho, se subraya, la CNDH no abordó en su Recomendación las responsabilidades de las instituciones que fomentaron la operación del crimen organizado en San Fernando, o de las autoridades que lo fomentaron por omisión.

“La CNDH –señala el estudio– en ningún momento aborda la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible participación, omisión y/o aquiesencia de funcionarios públicos en la masacre”, esto a pesar de que, durante sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recabó evidencias de que las autoridades municipales estaban subordinadas al crimen organizado, y también de que esa subordinación era conocida por autoridades estatales y federales.

Además, aunque la CNDH reconoció que las autoridades estatales y federales cometieron anomalías durante el manejo de los restos y la investigación del homicidio en masa, las recomendaciones emitidas para revertir estas fallas fueron redactadas de tal forma que puedan acatarse sólo mediante la emisión de oficios, es decir, sin que en realidad se tomen acciones concretas.

“La forma en la que la CNDH redacta recomendaciones –denuncia el estudio del Colmex– limita los posibles efectos positivos que pudieran llegar a tener (…) y es utilizada por las autoridades como una excusa para no tomar medidas verdaderamente efectivas”, además de que “es notable la facilidad con la cual la CNDH consideraba que sus recomendaciones habían sido cumplidas”.

Un ejemplo: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le recomendó a la Procuraduría General de la República que “se instruya a quien corresponda, a efectos de que se tomen medidas necesarias para que los agentes de esa institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito”.

La PGR dio por atendida la recomendación, emitiendo un oficio ordenando que sus agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas. Eso fue todo lo que hizo para garantizar que toda víctima del delito sea adecuadamente atendida.

La razón que la PGR expuso para no hacer nada más que emitir un oficio fue que “la interpretación y el alcance de de cada punto recomendatorio es de aplicación estricta y no puede ampliarse ni modificarse su contenido”.
En términos prácticos, apunta el estudio, las recomendaciones de la CNDH “fueron regaños públicos sin consecuencia alguna”.

Prueba de ello es que “no hubo seguimiento para verificar si se estaba haciendo (lo recomendado por la CNDH) y si con ello se mejoraba la situación de las víctimas”.

La negativa de la Comisión a investigar la responsabilidad de las autoridades en la masacre de San Fernando, concluye el estudio de El Colegio de México, genera “la impresión de que (la CNDH) se autocensuró”, y de que “desgraciadamente, en los casos analizados no ha cumplido con sus funciones de manera eficiente, y no ha tenido presente a las víctimas”.

* Además de la masacre de San Fernando, el estudio “En el Desamparo”, realizado por académicos del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, aborda también otro caso emblemático de violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada en Allende, Coahuila, en el año 2011, el cual será abordado en la segunda entrega de este trabajo, que se presentará mañana.

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Por qué una vacuna que no evita la infección de COVID-19 sigue siendo útil para frenar la pandemia

No se sabe aún si las vacunas contra la COVID solo previenen la enfermedad o también evitan la infección. Pero aún así, son vitales para limitar el alcance de la pandemia.
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25 de enero, 2021
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Las vacunas son una maravilla de la medicina. Pocas intervenciones pueden atribuirse el haber salvado tantas vidas.

Pero quizás te sorprenda saber que no todas las vacunas brindan el mismo nivel de protección. Algunas evitan que contraigas los síntomas de la enfermedad, mientras que otras también evitan que te infectes. Estas últimas inducen lo que se conoce como “inmunidad esterilizante”.

Con la inmunidad esterilizante, el virus ni siquiera puede entrar en el cuerpo porque el sistema inmunológico impide que este penetre en las células y se replique.

Existe una diferencia sutil pero importante entre prevenir la enfermedad y prevenir la infección.

Es posible que una vacuna que “solo” prevenga la enfermedad no te impida transmitirla a otros, incluso si te sientes bien. Pero una vacuna que proporciona inmunidad esterilizante detiene el virus en seco.

En un mundo ideal, todas las vacunas inducirían inmunidad esterilzante. Pero en la realidad, es extremadamente difícil producir vacunas que detengan por completo la infección por un virus.

La mayoría de las vacunas que se utilizan de forma rutinaria en la actualidad no logran esto.

Por ejemplo, las vacunas contra el rotavirus, una causa común de diarrea en los bebés, solo pueden prevenir que la enfermedad se desarrolle de forma grave. Pero aún así, esto ha demostrado ser invaluable para controlar el virus.

Vacuna contra la covid-19

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Aún no se sabe si las nuevas vacunas contra la covid-19 inducen en el cuerpo el tipo de inmunidad que evita que el virus penetre en las células y se replique.

En Estados Unidos, ha habido casi un 90% menos de casos de visitas hospitalarias asociadas al rotavirus desde que se introdujo la vacuna en 2006.

Una situación similar ocurre con las actuales vacunas contra el poliovirus, pero hay esperanzas de que este virus se pueda erradicar a nivel mundial.

Incógnita

Se ha demostrado que las primeras vacunas autorizadas contra el SARS-CoV-2 son muy eficaces para reducir la enfermedad.

A pesar de ello, todavía no sabemos si estas vacunas pueden inducir inmunidad esterilizante.

Se espera que los datos sobre esta incógnita (que provendrán de los ensayos clínicos de vacunas en curso) estén disponibles pronto.

Aunque incluso si se induce inicialmente inmunidad esterilizante, esto puede cambiar con el tiempo a medida que disminuye la respuesta inmunitaria y se produce la evolución viral.

Inmunidad a nivel individual

¿Qué significaría la falta de inmunidad esterilizante para aquellos vacunados con las nuevas vacunas contra la covid?

Gente contectada

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Las vacunas son fundamentales para evitar la propagación del SARS-CoV-2.

En pocas palabras, significa que si te encuentras con el virus después de haber sido vacunado este puede infectarte, pero tú puedes no tener síntomas.

Esto se debe a que la respuesta inmune inducida por la vacuna no puede detener la replicación de cada una de las partículas virales.

Se necesita un tipo particular de anticuerpo conocido como “anticuerpo neutralizante” para generar inmunidad esterilizante.

Estos anticuerpos bloquean la entrada del virus en las células y evitan toda replicación. Sin embargo, el virus infectante podría tener que ser idéntico al virus de la vacuna para inducir el anticuerpo perfecto.

Afortunadamente, nuestra respuesta inmune a las vacunas involucra muchas células y componentes diferentes del sistema inmunológico.

Incluso si la respuesta de los anticuerpos no es óptima, otros aspectos de la memoria inmunológica pueden activarse cuando el virus invade el cuerpo.

Estos incluyen células T citotóxicas y anticuerpos no neutralizantes. La replicación viral se ralentizará y, en consecuencia, se reducirá la enfermedad.

Esto lo sabemos gracias a años de estudio sobre vacunas contra la influenza. Estas vacunas inducen típicamente protección contra la enfermedad, pero no necesariamente protección contra la infección.

Dibujo en 3D de un coronavirus

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El sistema inmunitario tiene muchas otras herramientas además de los anticuerpos neutralizantes para combatir al virus que causa la covid-19.

Esto se debe en gran parte a las diferentes cepas de influenza que circulan, una situación que también puede darse con el SARS-CoV-2.

Es reconfortante observar que las vacunas contra la influenza, a pesar de no poder inducir inmunidad esterilizante, siguen siendo extremadamente valiosas para controlar el virus.

Inmunidad en la población

En ausencia de inmunidad esterilizante, ¿qué efecto podrían tener las vacunas contra el SARS-CoV-2 en la propagación de un virus a través de una población?

Si las infecciones asintomáticas son posibles después de la vacunación, existe la preocupación de que el SARS-CoV-2 simplemente continúe infectando a tantas personas como antes. ¿Es esto posible?

Las personas infectadas asintomáticas suelen producir virus en niveles más bajos.

Aunque no existe una relación perfecta, más virus equivale generalmente a más enfermedad.

Por lo tanto, las personas vacunadas tienen menos probabilidades de transmitir suficiente cantidad de virus como para causar una enfermedad grave.

Esto a su vez significa que las personas infectadas en esta situación transmitirán menos virus a la siguiente persona.

Esto se ha demostrado claramente de forma experimental utilizando una vacuna contra un virus diferente en pollos; cuando solo se vacunó una parte de una parvada, las aves no vacunadas sufrieron una enfermedad más leve y produjeron menos virus.

Por lo tanto, aunque la inmunidad esterilizante sea a menudo el objetivo final del diseño de una vacuna, rara vez se logra.

Afortunadamente, esto no ha impedido que muchas vacunas diferentes reduzcan sustancialmente el número de casos de infecciones por virus en el pasado.

Al reducir los niveles de enfermedad en las personas, también se reduce la propagación del virus a través de las poblaciones, y esto, con suerte, permitirá controlar la pandemia actual.

*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original.

Sarah L Caddy is investigadora clínica en inmunología viral y cirujana veterinaria de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.


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