2016 bate récord de periodistas asesinados durante gobierno de Peña: van 10 en 9 meses
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2016 bate récord de periodistas asesinados durante gobierno de Peña: van 10 en 9 meses

De enero a septiembre 10 periodistas han sido asesinados. De julio a septiembre de 2016 la organización Artículo 19 registró un total de 88 agresiones a periodistas; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día
Manu Ureste (@ManuVPC)
Por Manu Ureste
30 de noviembre, 2016
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El 2016 ya es, a poco más de un mes para concluir, el año con más asesinatos de periodistas en lo que va de sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Así lo documenta la organización Artículo 19 en su más reciente informe trimestral ‘De lo digital a lo tangible’, en el que expone que de enero a septiembre de 2016 un total de 10 periodistas han sido asesinados. O en otras palabras: cada 30 días en México se comete el crimen de un periodista.

Esta cifra supera los siete homicidios de comunicadores de 2015; año que ostentaba el ‘récord’ de asesinatos durante el gobierno de Peña (en 2014, hubo 6 homicidios, y en 2013, 4). Y además, está muy cerca del ‘techo’ de homicidios que se registró en 2011, aún con Felipe Calderón en Los Pinos, cuando Artículo 19 documentó 11 casos.

De estos 10 homicidios, tres se registraron entre julio y septiembre: el de Pedro Tamayo, periodista de El Piñero de la Cuenca asesinado el 20 de julio en Veracruz; Agustín Pavia, locutor de la radio Tu Un Ñuu Savi, asesinado el 13 de septiembre en Oaxaca; y el más reciente, Aurelio Cabrera, periodista de El Gráfico de Huachinango, asesinado el 15 de septiembre en Puebla.

Infografía: Artículo 19

Infografía: Artículo 19

Artículo 19 subraya que en ninguno de estos tres casos, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de periodistas. Lo cual, según denuncia la organización, “envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de desprecio hacia la libertad de expresión”.

En este contexto, cabe recordar que el pasado 2 de noviembre Animal Político publicó que prácticamente el 100% de las agresiones contra periodistas en México quedan en la impunidad.

De acuerdo con el reporte estadístico de la FEADLE del pasado mes de agosto, en los últimos seis años (agosto 2010-agosto 2016) se abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas, de las cuales solo 2 dieron como resultado sendas sentencias condenatorias. Es decir, que el 99.75% de los casos no ha recibido sentencia.

Al menos una agresión al día

En cuanto al número de ataques a la prensa, de julio a septiembre Artículo 19 registró un total de 88; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.

Este dato refleja una caída del 40% en comparación con el trimestre abril-junio, el más violento del año con 149; pero un alza del 27% comparado con el primer trimestre, cuando se contabilizaron 69 agresiones.

De las 88 agresiones en el último trimestre, 56 fueron dirigidas contra hombres, 21 hacia mujeres, y 11 hacia medios de comunicación.

En total, de enero a septiembre van 306 agresiones documentadas contra periodistas. Esta cifra es inferior a la de 2015 (397), 2014 (326) y 2013 (330), pero aún falta por contabilizar el último trimestre del año.

No obstante, los 306 ataques de este 2016 ya superaron los datos de 2012 (207), 2011 (172), 2010 (162) y 2009 (238), el primer año del que tiene registro Artículo 19.

Infografía: Artículo 19

Infografía: Artículo 19

La CDMX, con más agresiones; Veracruz y Oaxaca, las más letales

De los 306 ataques de 2016, las amenazas (58), los ataques físicos o destrucción de materiales de trabajo (54), las intimidaciones (50), y las privaciones ilegales de la libertad (44), son los ‘favoritos’ de los agresores de periodistas.

La Ciudad de México es la entidad con más agresiones, con 53 casos. Le siguen Oaxaca con 38 y Veracruz con 35. Sin embargo, cabe matizar que Oaxaca es la entidad con más asesinatos de periodistas hasta septiembre de 2016 con cuatro casos. Veracruz es la segunda con tres.

6 de cada 10 amenazas, a través de redes sociales

Por otra parte, el informe de Artículo 19 advierte que Internet y las redes sociales se han convertido en “un campo de batalla” en el cual la libertad de expresión es atacada. “El acoso en Internet, especialmente mediante amenazas en plataformas de redes sociales, se ha consolidado como una forma para intimidar, infundir miedo y censurar”, apunta la organización defensora de la libertad de expresión.

En este sentido, Artículo 19 resalta que del total de amenazas recibidas por periodistas entre julio y septiembre, 6 de cada 10 fueron realizadas a través de redes sociales como Twitter.

“Las amenazas en redes sociales se han incrementado: mientras que en los primeros seis meses de 2016 se documentó en promedio una amenaza mensual por esta vía, durante el tercer trimestre del año, se documentaron 4.6 amenazas por mes”, señala Artículo 19.

Los ‘operativos de bots’ –cuentas que se dedican a hostigar a un usuario en Twitter-, los ‘sicarios digitales’ –comunidades organizadas que venden sus servicios para acosar en redes a usuarios-, las campañas de difamación, y las ‘redadas’ –ataques agresivos, sistemáticos y con organización colectiva para extraer información sensible o privada de la víctima desde su cuenta personal-, son algunos de los ataques contra periodistas más frecuentes en Internet.

Checa aquí el informe de Artículo 19:

3er Informe Trimestral 2016 – A19 (1) by mureste4878 on Scribd

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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