[contextly_sidebar id=”Ay43as2zAG1HIuU9mTMkIMyFIQfveBTH”]En México, agredir a un periodista se queda en la impunidad casi en el 100 por ciento de los casos. Así lo evidencian algunos de los homicidios más recientes sin resolver, como el de Moisés Sánchez, director de La Unión de Medellín en Veracruz. Y así lo corroboran también las cifras oficiales del gobierno mexicano.
De acuerdo con el último reporte estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, en los últimos seis años (agosto 2010-agosto 2016) se abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas.
Ahora bien, de esas 798 investigaciones abiertas –39% por amenazas, 17% por abuso de autoridad y 7% por lesiones y homicidios-, solo 101 dieron como resultado que el presunto agresor fuera consignado ante un juez. Es decir, apenas el 12.6% de los casos. O uno de cada 10.
Mientras que la cifra de condenados es más desalentadora: según la PGR de las 101 consignaciones derivadas de 798 averiguaciones sólo dieron como resultado 2 sentencias condenatorias. O en otras palabras: el 99.75% de los casos no ha recibido sentencia.
En contraste con estas dos únicas sentencias por atacar a periodistas, las cifras de agresiones continúan escalando: hasta septiembre de 2016, la organización Artículo 19 contabiliza 10 periodistas asesinados, superando los 7 registrados en 2015, el año más violento contra la prensa en México.
“El Estado está dando un mensaje muy claro con estas cifras: atacar a un periodista en este país no tiene consecuencias para los agresores casi en el 100 por ciento de los casos”, expone en entrevista Ana Ruelas, directora de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, quien subraya además que en los pocos casos en los que sí hay consecuencias, éstas van en su mayoría contra los autores materiales de las agresiones, quedando impunes los autores intelectuales.
“Solo querían un par de detenidos para dar ‘carpetazo’ al caso de Moisés Sánchez”
Así ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Moisés Sánchez, uno de los 17 periodistas asesinados en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.
Por la desaparición forzada del director de La Unión y su posterior asesinato, la Fiscalía encarceló a cuatro personas como autores materiales –aunque uno de ellos salió en libertad en noviembre de 2015 y otros cinco presuntos autores no han sido detenidos a la fecha-, pero el presunto autor intelectual, el exalcalde de Medellín, Omar Cruz, continúa prófugo a casi dos años del homicidio, más de 650 días después.
“La Fiscalía ya le dio carpetazo a la investigación. Sabíamos que era algo que iba a pasar. Que lo que buscaban era tener un par de detenidos y con eso cerrar el caso”, denuncia en entrevista Jorge Sánchez, hijo de Moisés, en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra este 2 de noviembre.
10 asesinatos de periodistas en 2016, cero atraídos por FEADLE: Artículo 19
En cuanto al desempeño de la FEADLE para proteger a periodistas, la fiscalía especializada informa en su reporte que desde el 4 de mayo de 2013 –fecha en la que se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales para que la FEADLE pudiera atraer casos- hasta el 31 de agosto, atrajo un total de 47 casos. Una cifra insuficiente para Artículo 19.
“No vemos que la Fiscalía especial esté respondiendo a las circunstancias que se viven en México con las agresiones a periodistas. Llevamos 10 asesinatos de periodistas en 2016 y ninguno ha sido atraído por la FEADLE”, critica Ruelas, quien recuerda que la reforma al Código de Procedimientos Penales se hizo precisamente porque las fiscalías estatales “no tenían autonomía suficiente” para investigar delitos contra periodistas cometidos, en su mayoría, por funcionarios locales.
Javier Garza, periodista de Torreón y asesor de seguridad en la Asociación Mundial de Periódicos, opina al respecto que las instituciones que se han creado en México para proteger la actividad periodística “no han sido contundentes para acabar con la impunidad”.
“Por ejemplo –expone-, el mecanismo de protección de la FEADLE busca protegerte de quien te quiere hacer daño, pero no necesariamente busca que la persona que te quiere agredir sea detenida o castigada”.
Incluso, añade Garza, el hecho de que una de las alternativas de protección para el periodista sea la “evacuación” de su lugar de residencia y trabajo, “pues es otra manera de decirle al tipo que te quiere hacer daño que ya ganó, que ya se deshizo de ti”.
Todo lo anterior, es decir las agresiones consumadas, la impunidad, la mala calidad de las investigaciones ministeriales y la protección de los autores intelectuales, lo que está generando en opinión de Garza es “una inhibición” en el trabajo periodístico, especialmente del que busca la rendición de cuentas de las autoridades.
Y esta ‘inhibición’ o ‘autocensura’ a la hora de reportear temas, especialmente los relacionados con seguridad pública, es para Garza aún “más preocupante” en municipios pequeños como Medellín, en Veracruz, donde Moisés Sánchez era prácticamente el único periodista que reporteaba a diario temas relacionados con la inseguridad de la localidad.
Por el momento el hijo de Moisés, Jorge Sánchez, dice que se mantiene al frente de la revista. O al menos lo estará hasta el próximo mes de enero, cuando los apoyos para publicar los mil ejemplares de La Unión se agoten.
Mientras los fondos alcancen, Jorge asegura que cumplirá con la labor periodística de su padre, a la par que continuará pidiendo justicia para los asesinos del comunicador, aun y cuando es consciente de los riesgos que eso implica en Veracruz.
“Sabemos que reclamar justicia y hacer el trabajo periodístico que hacía mi padre es algo muy peligroso –admite-. Pero este es el precio que hay que pagar por ejercer esta profesión y alguien tiene que hacerlo”.
