La Clave Única de Identidad, una promesa incumplida del Pacto por México
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La Clave Única de Identidad, una promesa incumplida del Pacto por México

Hace cuatro años en el Pacto por México fue asumida como prioridad por todos los partidos y por el presidente, pero la Clave Única no ha sido una realidad.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Angel
18 de noviembre, 2016
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La Clave Única de Identidad, comprometida hace cuatro años en el Pacto por México y asumida como prioridad por todos los partidos y por el presidente Enrique Peña Nieto, no será una realidad en 2017 ni en ninguna otra fecha a corto plazo.

El motivo es que no hay un diseño definido ni dinero para materializarla, aunque según organizaciones de la sociedad civil tampoco existe voluntad política.

El objetivo de esta clave -que originalmente fue planteada como una cédula y luego reducida a un registro- era dar a los mexicanos una identidad oficial como ciudadanos desde el nacimiento, lo que ayudaría a prevenir que una persona quedará indefensa jurídicamente y fuera víctima de otros delitos como robo de identidad.

“Es algo que se ha implementado en países incluso mucho más grandes que México como en la India, donde más de mil millones de habitantes cuentan con este registro pleno” dijo María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común que ha impulsado la creación de esta clave única.

Pero en México no se ha logrado completar el diseño de cómo sería la clave y menos se ha comenzado a implementar. El presidente Enrique Peña Nieto, anunció ayer que no hay ajustes presupuestales que permitan hacerlo posible al menos en el corto plazo.

Ante ese panorama Causa en Común solicitó al presidente un nuevo pacto relacionado con temas de seguridad y con alcance transexenal, en donde se planten bases reales para la creación e esta cédula y de otros temas enfocados en el tema de seguridad y desarrollo policial.

El plan que se quedó en promesa

El Pacto por México, firmado en el 2013 por el presidente y los dirigentes de los principales partidos políticos del país, estableció 95 compromisos que se consideraron vitales para el desarrollo del país.

El compromiso número 33 fue la Creación de una Cédula de Identidad Ciudadana la cual permitiría “garantizar el derecho a la identidad ciudadana” sin sesgos políticos ni electorales.

La creación de esta cédula se había planteado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón e incluso se invirtieron más de dos mil millones de pesos en un proyecto piloto que comenzaría con cédulas para los menores de edad, pero en la actual administración se decidió desechar esa opción e iniciar de cero.

De acuerdo con el cronograma establecido en los acuerdos del Pacto por México, el plan era que para el segundo semestre de 2013 se presentarán las reformas legales que resultaran necesarias para hacer posible la cédula de identidad.

La implementación de la referida cédula debía –según el mismo cronograma- comenzar en el primer semestre de 2014 con el objetivo de que en 2018 concluyera el registro de los más de 110 millones de mexicanos.

Pero en 2015 nada de lo anterior se había cumplido. La Organización Causa en Común en coordinación con el IMCO, plantearon entonces al gobierno que el proyecto se convirtiera en una “Clave Única de Identidad”. Esto es pasar de la idea de una especie de credencial a un registro digital, lo que reduciría los costos.

“Esta clave permitiría la identificación plena de una persona desde los cero años, al incorporar datos biométricos a los registros de población ya existentes, lo que brindará certeza de que no haya duplicidad de registros ni identidades falsas, y permitirá combatir delitos graves como robos de infantes” señaló Causa en Común.

En noviembre de 2015 durante el Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a materializar la clave única propuesta por las organizaciones sociales.

El año pasado el gobierno realizó el evento denominado “Hacia la Clave Única de Identidad” en el cual se anunció la interconexión de las bases de datos de actas de nacimiento, y se anunció la depuración de 60 millones de registros del CURP que estaban duplicados. Todo lo anterior como pasos previos para poner en marcha la clave única.

Para mejor ocasión

Previo a la realización del Quinto Foro Nacional Sumemos Causas, la posición oficial del gobierno federal era que se estaba “analizando la viabilidad financiera” de este proyecto, de acuerdo con un documento entregado por la presidencia.

“Se necesita del trabajo legislativo y la aprobación de un presupuesto sustancial” advertía el referido documento.

En su intervención ya en la inauguración del foro, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no hay recursos económicos disponibles que permitan materializar la Clave Única de Identidad en lo que queda de este año ni en el próximo. Incluso, señaló que tampoco están seguros de cómo debe ser su diseño.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 no incluye ninguna partida especial para la Clave Única de Identidad.

El presidente Peña Nieto se comprometió a que daría instrucciones al Secretario de Gobernación para “trabajar en el diseño y andamiaje” de la clave única, pero no hubo ninguna fecha respecto a su posible materialización.

En entrevista con Animal Político, María Elena Morera agradeció la “sinceridad” del presidente Peña Nieto respecto a este tema de los recursos insuficientes, pero dijo que la inexistencia de una clave única también ha sido resultado de una falta de voluntad y consenso político.

“Me dijo (el presidente) que para la clave única no hay dinero y agradezco la sinceridad pero además de dinero hay una diferencia política entre los mismos actores que decían que se instrumentara ene l INE y otros que tendría que ser en Gobernación. Entonces más bien fue una diferencia política en el gabinete presidencial y entonces ahora si no hay dinero”, dijo Morera.

La presidenta Causa en Común dijo que dada la situación actual, será relevante que por lo menos se consiga en los dos años del actual sexenio conciliar un diseño definitivo respecto a la clave única para que esta pueda implementarse en cuanto haya viabilidad financiera.

Siete pendientes clave

María Elena Morera propuso al presidente Enrique Peña Nieto que en los dos años que le quedan de su administración se logre, con el apoyo de la sociedad civil, acordar un nuevo pacto pero enfocado en la seguridad jurídica y pública de los ciudadanos.

Explicó que además del tema de la clave única, el país atraviesa un repunte de violencia que hace urgente generar una agenda de cambios en las áreas de seguridad. En específico identificó siete acciones que resultan claves:

1. Convertir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en una instancia de coordinación técnica que de seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

2. Disposiciones legales y administrativas para determinar con total certeza el uso de los recursos, así como aplicar un mecanismo transparente de sanciones e incentivos.

3. Crear un Consejo Técnico de Participación Ciudadana que vigile el ejercicio de los recursos y los lineamientos de transformación institucional.

4. Impulsar el desarrollo policial, homologar las capacidades profesionales e institucionales de las policías y fiscalías de todo el país.

5. Dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico en tareas de seguridad pública al tiempo que se proyecta su retiro paulatino.

6. Atender el deterioro en que se encuentran los centros penitenciarios del país.

7.       Abrir mesas de trabajo para que academia, sociedad civil, legisladores y gobierno diseñen con seriedad una Fiscalía que sí sirva a los mexicanos y que el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sobre la propuesta el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que es necesaria la creación de una agenda para definir una “política de Estado” que sea transexenal.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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