México debe eliminar subsidios a combustibles fósiles para combatir el cambio climático
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México debe eliminar subsidios a combustibles fósiles para combatir el cambio climático

Expertos en la la sesión 22 de la conferencia contra el cambio climático en Marruecos criticaron el subsidio a los combustibles fósiles en el país, que provocan contaminación.
Cuartoscuro Archivo
Por Juan Mayorga
17 de noviembre, 2016
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Marrakech, Marruecos – México presume de haberse fijado objetivos ambiciosos contra el cambio climático. El país se comprometió en el Acuerdo de París a reducir en 25% sus emisiones de gases para 2030.

Sin embargo, para alcanzar estas metas el país debe de acelerar la eliminación de los subsidios a combustibles fósiles, concuerdan expertos que asisten a la sesión 22 de la conferencia contra el cambio climático (COP22) en Marrakech, Marruecos.

Los subsidios gubernamentales, determinados por la Secretaría de Hacienda, mantienen baratos los combustibles fósiles —los producidos a partir de yacimientos orgánicos no renovables, como el carbón y el petróleo—, con la que éstos mantienen una ventaja artificial sobre energías que en realidad son más baratas, como la generada por el sol y el viento.

Esto se traduce en que los consumidores siguen prefiriendo combustibles fósiles, que además de causar el cambio climático, son responsables de contaminación local, como las contingencias por calidad del aire en la Ciudad de México.

“El tema se ha politizado enormemente”, dijo a Animal Político el director general adjunto del IMCO, Manuel J. Molano.

“Lo que hay que hacer es hallar la forma de ayudar a la gente a invertir en tener más hogares y conductas más eficientes, que es lo que han hecho muchos gobiernos en el mundo”.

En su Estrategia Nacional de Cambio Climático, expedida en 2013, México se propuso como líneas de acción “replantear la estructura” de subsidios para “desacoplar” aquellos que sean ineficientes y, de manera particular, “redirigir los subsidios a los combustibles fósiles” para fortalecer áreas clave como el transporte público sustentable.

“Hoy por hoy la reducción de subsidios está sucediendo de manera muy gradual y lenta”, dijo a Animal Político Sandra Guzmán, coordinadora de estrategias y políticas para el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), una de las organizaciones sociales que siguen a la delegación mexicana en Marrakech.

Para retirar los subsidios, el gobierno mexicano apuesta a que la Reforma Energética abarate a las energías renovables lo suficiente para competir con los combustibles fósiles.

Pero como lo demuestra la experiencia internacional, las fuerzas del mercado no harán el trabajo solas, ya que se necesitan políticas firmes que le den ventaja al desarrollo de energías como la solar y eólica, según se reconoce en la Ley General de Cambio Climático.

La legislación aprobada por unanimidad en 2012 establece como mandato para la Secretaría de Hacienda crear un sistema de subsidios “que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles” frente a los fósiles como gasolinas y gas para 2020.

Sin embargo, casi cinco años después, la promoción de las renovables es contradicha por las inversiones masivas en exploración y explotación de crudo.

En el periodo 2015-2019, la Secretaría de Energía contempla, tan solo en explotación de yacimientos en aguas profundas, actividad con un valor de inversión de 50,000 millones de dólares entre el 2015 y el 2019. En contraste, la inversión contemplada por la misma dependencia para energía eólica entre 2015 y 2018 solo alcanza 14,000 millones de dólares.

En tanto, el presupuesto federal destinado a la promoción de energías limpias y a acciones contra el cambio climático en 2017 es equivalente a 3,153 millones de dólares. Aunque las cifras no ofrecen un panorama completo, dejan ver una tendencia que identifica Sandra Guzmán.

“La inversión en combustibles fósiles es mucho mayor, y si a eso se suman los recortes presupuestales al aparato que guía la política climática, como Semarnat, se habla de un país donde los aspectos ambientales y de cambio climático no son prioritarios”, señaló la doctoranda en políticas por la Universidad de York.

Subsidios a estratos altos 

En en el marco de las negociaciones climáticas en Marruecos, expertos de Noruega, Nueva Zelandia, Estados Unidos, China y Etiopía presentaron este martes sus casos de éxito en la eliminación de los subsidios a combustibles fósiles y exhortaron a acelerar este proceso en todo el mundo para cumplir el Acuerdo de París, que busca detener el calentamiento promedio del planeta, preferiblemente, en 1.5 grados centígrados.

Además de beneficiar la lucha global por reducir las emisiones contaminantes, los expertos mencionaron un elemento crucial de eliminar los subsidios: La medida reduce la carga en las finanzas públicas en países importadores (como México), de manera que los dineros pueden ser mejor invertidos en gasto social.

A nivel global, los subsidios “tienden a beneficiar a los estratos altos de la sociedad”, aseguró el subdirector de la Agencia Internacional de Energía, Paul Simons. La agencia se ha encargado de documentar este fenómeno en varios reportes.

En entrevista con Animal Político, Simons destacó que, a pesar de los esfuerzos de transición, México aun se encuentra en este escenario. “Hay que mover ese dinero para ayudar a la gente que más lo necesita”, indicó.

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) estimó en 2013 que, bajo el subsidio a las gasolinas vigente entonces, el 20% del país recibía casi 60% del beneficio total. Eso se traduce en que, por cada peso que recibía como beneficio el 10% más pobre de la población, el 10% más rico se llevaba 32 pesos.

La razón detrás de esto es que, como se aprecia a través del país, los sectores acomodados son los más proclives a comprar autos y a usarlos de manera indiscriminada.

Contra la impopularidad, gasto social

La lógica inequitativa de los subsidios a los combustibles fósiles no termina de permear en la sociedad mexicana, que sigue considerando los aumentos a la gasolina como un ataque a su economía.

En 2012, el entonces presidente Felipe Calderón dio una idea de la dificultad del tema cuando aseguró a activistas climáticos que cada alza en el precio de la gasolina causaba un “escandalazo” en el país. “Hasta juicio político me quieren hacer por eso”.

La clave para mitigar la impopularidad del retiro a los subsidios es diseñar y seguir estrategias de transición que eviten impactos súbitos en los sectores más vulnerables, y que la inversión recuperada devuelva en forma de gasto social, según los expertos reunidos en Marrakech.

En India, por ejemplo, los subsidios retirados al carbón financiaron estufas optimizadas con menor consumo. En México, organizaciones que apoyan la movilidad urbana sustentable, como el ITDP México y el World Resources Institute, han mostrado en distintos reportes cómo es que invertir en sistemas de transporte eficientes disminuiría el uso de combustibles y el gasto de los mexicanos.

En el área de combate a la pobreza, solo la eliminación de los subsidios a la gasolina alcanzarían para duplicar la inversión en el programa Oportunidades, internacionalmente reconocido por beneficiar efectivamente a la población vulnerable, según estimaciones del IMCO.

Sin embargo, distintos sectores sociales han denunciado la falta de planes financieros para capturar el dinero invertido en combustibles fósiles y devolverlo en gasto eficiente.

“No hay un plan alterno que haga que el país tenga un beneficio circular. Es decir, que los subsidios retirados a las gasolinas se vayan al transporte público y a la construcción de ciudades sustentables”, sentenció Sandra Guzmán.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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