El gobierno de Veracruz reconoció finalmente el fracaso de la política financiera implementada durante los seis años de la administración de Javier Duarte, pero responsabilizó de la misma a los trabajadores del Estado, que supuestamente fueron contratados porque no pudieron incorporarse a otros sectores productivos y, en consecuencia, se gastó más dinero para mantenerlos.
[contextly_sidebar id=”xUnCCMNccUZVxJhLs2cW22a1XL2MF4al”]Las más de 500 páginas del Sexto Informe de Gobierno de la administración de Duarte, firmado por el gobernador interino Flavino Ríos y entregado esta semana al Congreso estatal, no hace una sola mención o reconocimiento a que hechos de corrupción hayan afectado las finanzas públicas.
Por el contrario, asegura que el engrosamiento de la burocracia –para evitar que familias cayeran en la pobreza– fue lo que sumergió a la entidad en la crisis económica actual.
“Privilegiar el bienestar de las familias veracruzanas ha tenido un efecto negativo gasto total y en el incremento de la deuda y los pasivos”, señala el informe.
El documento reconoce que en 2011 se recibió una pasivo de 16 mil millones de pesos que al cierre de la administración ya suma 80 mil millones. Un crecimiento de deuda del 400%, según el cálculo oficial.
Lo anterior se debe al incremento del gasto corriente y en servicios personales del gobierno que –de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Finanzas– consume casi el 70% de todo el presupuesto. Es un problema que el gobierno de Veracruz sostiene que se detectó desde el 2011 y que se advirtió como un “riesgo” en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
¿Qué pasó entonces? Según la administración de Duarte, el problema no está en el desvío de recursos públicos o en contratos a empresas fantasma, o en corrupción a funcionarios. El problema coyuntural, es que el gobierno tuvo que implementar una política de contratación de personas desempleadas ante la falta de oportunidades.
“La economía veracruzana en los sectores privado y paraestatal no ha sido capaz de incorporar a la población económicamente activa a empleos bien remunerados. En este esquema, el gobierno del Estado ha debido promover una política de incorporación de trabajadores al servicios público del Estado, y ha mantenido una tendencia creciente en el rubro de servicios personales del gasto corriente”, detalla el informe.
Sin dar un solo dato duro que demuestre que lo anterior es real, como cuánto creció el número de trabajadores durante el sexenio, el Informe sostiene que se implementó esta política con “el único propósito de no afectar a miles de familias veracruzanas que dependen de ese ingreso y no tienen capacidad de reabsorción en otro sector de la economía local”.
Cabe señalar que el argumento de tener que pagar la nómina de los trabajadores estatales (administrativos, policías, médicos, etc) ya había sido utilizado públicamente por funcionarios del gobierno de Veracruz para justificar, por ejemplo, el desvío de miles de millones de pesos de subsidio federales destinados a los municipios.
Animal Político publicó que en su declaración ante la Contraloría de Veracruz, el ex secretario de Finanzas, Antonio Tarek Abdalá, aseguró que el desvío de recursos para cubrir el pago de salarios era una política de gobierno en la administración de Javier Duarte.
Medios locales en Veracruz han reportado en varias ocasiones que familiares de Javier Duarte y de su esposa recibieron desde el inicio de la administración cargos públicos en el gobierno y por tanto salarios con recursos públicos.
Del Brexit al petróleo, más pretextos
Aunado al tema del supuesto incremento en el uso de recursos públicos para el pago de los veracruzanos contratados como servidores públicos, el Sexto Informe del Gobierno de Javier Duarte justifica “ajustes al gasto” debido a dos causas que denomina: “un entorno económico internacional complejo” y “factores negativos estructurales”.
En el tema internacional, la Secretaría de Finanzas de Veracruz explica que la decisión de la Gran Bretaña de separarse de la Unión Europea (Brexit) generó un “ciclo de recesión” que ha afectado a múltiples economías.
Asegura que esto generó volatilidad en los mercados financieros, una disminución de materias primas y caída en sus precios, así como una disminución en perspectiva de consumo. Esto obligó, según el informe, a Veracruz a implementar medidas de ajuste.
“Los desafíos para la economía doméstica se acentuaron por la persistente inestabilidad y volatilidad de los mercados financiero y petrolero. En particular, por las bajas cotizaciones del crudo mexicano, potenciadas con la reducción de la plataforma de producción y exportación de ingresos petroleros que afectaron la recaudación federal”, según el documento.
Por otro lado, el informe alude que “factores negativos estructurales” han afectado las políticas de gasto del gobierno estatal y han construido al incremento de sus pasivos.
Entre esos factores están, según el documento, una “dependencia excesiva de los recursos financieros provenientes de la federación, y la estrecha base tributaria del régimen local que resulta en una débil capacidad para generar ingresos suficientes y financiar programas gubernamentales”.
¿Y la corrupción y desvíos?
El Informe no hace referencia a alguna afectación de la economía estatal derivado de hechos de corrupción o de desvíos de recursos públicos. Incluso, de la lectura del documento parece que estos hechos no hubieran ocurrido.
Por ejemplo, el Informe destaca que este año se transfirieron ocho mil 348 millones de pesos provenientes de participaciones federales destinados para los municipios y desglosa en un cuadro como se etiquetaron por 10 regiones del estado estos recursos.
Sin embargo, en las últimas semanas decenas de alcaldes se manifestaron e incluso tomaron las instalaciones del gobierno estatal para denunciar que existen retrasos en la entrega de estos fondos federales por más de tres mil millones de pesos. La situación fue reconocida por el gobernador interino pero el Informe no hace referencia a ella.
En el apartado de Transparencia y Combate a la Corrupción del Informe, la Contraloría de Veracruz hace referencia a que inició procesos de investigación relacionados con 675 inconsistencias reportadas por el Órgano de Fiscalización de Veracruz en la revisión del gasto público.
La Contraloría también reporta que “ha dado seguimiento” a solicitudes y pliegos de observación derivado de 24 auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014.
Pero el Informe no reporta algún tipo de resultado derivado de las investigaciones relacionadas con estas denuncias de los auditores.
Cabe recordar que la ASF ha presentado 60 denuncias penales ya por el desvió de más de 38 mil millones de pesos principalmente durante la administración de Javier Duarte, mientras que los auditores en Veracruz detectaron tan solo en el gasto de 2015 el posible desvío de 15 mil millones y la operación de empresas fantasma que recibieron contratos públicos.
