La Cruzada Nacional contra el Hambre, el principal programa de combate a la pobreza alimentaria de la actual administración, no ha logrado “empoderar” a los beneficiarios ni convencer a todos los gobiernos locales a sumarse a la estrategia; incluso, hay estados y municipios que “compiten” con la estrategia federal creando estructuras similares a ésta.
[contextly_sidebar id=”8Puy82CjF5WabuiItGh2zRTg90bU51Gw”]Así lo concluye la Evaluación de la coordinación interinstitucional y de participación comunitaria en el marco de la Cruzada.
Esa evaluación forma parte del Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2016, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentado en marzo pasado.
Para hacer el análisis, el Coneval revisó los registros de la Secretaría de Desarrollo Social sobre la operación en 2014, e hizo trabajo de campo entre julio y octubre de 2015.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre es la estrategia estrella del Gobierno Federal que busca, a través de un proceso participativo con los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y la autogestión de las propias comunidades, solucionar un problema existente en México: el hambre.
En su estudio Coneval concluye que la Cruzada “incumplió con el propósito central de empoderar a los beneficiarios, de responder a las necesidades identificadas por los comités, de hacerlos corresponsables ni de ejercer contraloría social sobre las acciones de la Cruzada”.
La Cruzada supuestamente estableció un componente de participación comunitaria que involucraba organizar comités y éstos priorizarían sus necesidades, pero “no se definieron los responsables, los espacios ni los procedimientos para incorporar esto en la toma de decisiones sobre la operación de los programas”.
El Coneval expone que “se generaron expectativas en los integrantes de los comités que no han podido ser satisfechas” y aunque se realizó un esfuerzo logístico para instalar comités y realizar los ejercicios de planeación, “no se activaron nuevos procesos”.
En 2013, casi todos los estados contaban con comités instalados con un diagnóstico de las necesidades y un plan comunitario, pero para 2015, en muchos comités el contacto con los promotores (del programa) se había perdido, éstos habían dejado de recibir su pago y los programas sociales que llegaban a los municipios no eran operados por medio de los comités.
Tanto en la Sedesol como en las delegaciones estatales, la áreas vinculadas con participación comunitaria “habían perdido importancia”, mientras que los gobiernos estatales y municipales “no veían en los comités una fuente de información útil para la toma de decisiones”.
Los estados
La Cruzada ha logrado, en algunos casos, la concurrencia de esfuerzos con estados y municipios, gracias a que el diseño de la Cruzada es lo suficientemente flexible para que los gobiernos estatales puedan contribuir con ella de distintas formas. Sin embargo, esto también es una desventaja, pues “la implementación de la Cruzada depende de la voluntad del gobierno estatal para colaborar con ella”.
En otros casos, el gobierno local “compite con la Cruzada y crea estructuras paralelas, programas similares y compite por beneficiarios”, incluso, aunque el partido político sea el mismo que el gobierno federal, dice el Coneval.
Entre las “resistencias” identificadas por el Coneval está que las dependencias estatales no alienaban sus programas a la lógica de carencias, se duplicaban apoyos, no se compartía información y se creaban estructuras de participación comunitaria paralelas.
Esto ha afectado la operación de la estrategia porque si bien la Cruzada es suficientemente flexible para adaptarse a las características de un estado, “es insuficiente para compensar el desinterés o vencer la resistencia de un gobierno estatal”.
Otro obstáculo es la “poco clara” distribución de competencias en materia de política social entre ámbitos de gobierno ha provocado que haya programas estatales y municipales que se empalman, y realizan las mismas acciones para la misma población objetivo con los mismos propósitos.
Respecto a la planeación presupuestal, la Cruzada no toma en cuenta la información generada en la propia población para resolver sus necesidades. De acuerdo con el Coneval “no se encontró evidencia de que los programas utilicen la información que se genera en los estados y municipios (matrices de inversión), ni en los comités comunitarios (planes comunitarios) para orientar sus decisiones sobre inversión.
Simular coordinación
El Coneval encontró que la Cruzada es una estrategia poco institucionalizada que “depende mucho de las relaciones personales entre funcionarios, de acuerdos informales e incluso de funcionarios clave”, por lo tanto, ante cambios de personal los avances se hacen vulnerables.
“Esto explica que en algunos estados la Cruzada haya servido para potenciar el efecto de los programas y en otros haya sido fácil simular la coordinación”, dice el estudio, por ello recomienda propiciar la institucionalización.
Esto a través de modificar las reglas de operación para incorporar las decisiones de grupos de trabajo para que la atención integral de las carencias “no dependa de acuerdos”, sino de reglas del funcionamiento de los programas.
