Luego de desarrollar su carrera profesional en la Ciudad de México, la abogada Luisa Juárez Miranda decidió, a los 55 años, pasar al retiro y volver a su pueblo natal, San Agustín Buenavista (en el Estado de México), con un único objetivo: cuidar a su anciano padre, un campesino de 80 años, en la última etapa de su vida.
[contextly_sidebar id=”l6XzvAipW0OOlGsEvJHhhgNSiOxwZhj8″]Un año después de su regreso, sin embargo, la abogada fue asesinada de cinco tiros en el corazón, en la puerta de su casa.
Su padre apenas pudo escuchar que alguien le decía “buenas noches, licenciada”, y luego la ronda de disparos con los que le quitaron la vida.
A casi seis años de los hechos, sólo una certeza existe en los familiares de la abogada: “La mataron por enfrentarse con el cacique del pueblo”, una persona que hasta la fecha, aseguran, se pasea por San Agustín Buenavista, aún cuando existe una orden de aprehensión en su contra, ya que “él es dueño del pueblo y de los que viven ahí, y no hay ley que pueda con él: en San Agustín, él es la ley”.
1. Las balas
La abogada Luisa Juárez Miranda fue asesinada el 30 de abril del año 2011, de siete tiros: cinco de ellos en el lado izquierdo del pecho, y dos más en los brazos, con los que intentó bloquear las balas disparadas.
Junto a su cuerpo, la Procuraduría de Justicia del Estado de México logró localizar cinco de las siete ojivas detonadas: todas calibre .38.
Tal como consta en diversas declaraciones ministeriales realizadas por pobladores de San Agustín Buenavista, la abogada Luisa Juárez era respetada localmente debido a que, tan pronto como se instaló de vuelta en el pueblo, no sólo se dedicó a cuidar a su anciano padre, sino que, dada su experiencia legal, pronto se convirtió en defensora de los ejidatarios de San Agustín Buenavista: mediante un juicio agrario, en una ocasión logró recuperar un predio comunal invadido por un particular, y a partir de ese momento se convirtió en gestora legal de distintos integrantes del ejido.
Semanas antes de su asesinato, la abogada expresó a sus familiares su temor a represalias, por dos juicios legales en los que defendía a campesinos que fueron despojados de sus tierras, por un mismo “cacique” local, de nombre Juan Ruperto Ramírez Quintanar.
En el primer caso, Juan Ruperto Ramírez invadió la parcela de un campesino (una hectárea de extensión) y luego la puso en renta.
En el segundo caso, Juan Ruperto Ramírez se coordinó con la hija de un ejidatario, anciano, sordo y analfabeta, para engañarlo y despojarlo de sus tierras, mediante documentación falsificada.
En ambos casos, los campesinos despojados se acercaron con la abogada Luisa Juárez, para solicitar su ayuda legal.
“Mi hermana fue asesinada nueve días antes de la audiencia en la que se iba definir uno de esos asuntos contra el cacique del pueblo”, señala la doctora Cristina Juárez, quien desde entonces encabeza el reclamo de justicia para la abogada rural.
Sin embargo, lamentó, luego del asesinato el juicio se empantanó, los acusados metieron recursos y, finalmente, el proceso se perdió, consumándose el despojo de las tierras.
La averiguación previa integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por el asesinato de la abogada Luisa Juárez incluye, de hecho, una declaración ministerial de Juan Ruperto Ramírez Quintanar quien no sólo negó toda vinculación con los hechos, sino que, incluso, aseguró que él y la abogada “nos llevábamos bien, ya que ella era abogada del pueblo y se preocupaba por ellos”.
2. La pistola
El 7 de julio de 2011, dos meses después del asesinato de la abogada Luisa Juárez, la Policía Estatal detuvo en el municipio de Jilotepec, Estado de México, a Víctor Eduardo Sánchez García y a José Francisco Robles Valladares, por la portación de un arma de fuego: una pistola Colt calibre .38 Súper, que llevaban en la cajuala del auto que tripulaban.
Ambos sujetos fueron procesados por el delito de portación de arma prohibida y, semanas después, fueron puestos en libertad, tras el pago de una fianza.
Los dos detenidos quedaron libres, pero fue confiscada por las autoridades y pasó dos años en una bodega de resguardo de evidencias, hasta que, finalmente, en 2013, las autoridades se percataron de que esa pistola era del mismo calibre que las balas con las que fue aseinada la abogada Luisa Juárez y, decidió emprender un estudio de balística y microscopía, para determinar si se trataba del arma homicida.
De forma paralela, los portadores del arma, Víctor Eduardo Sánchez García y José Francisco Robles Valladares fueron nuevamente citados ante las autoridades, ahora para investigar su presunta participación en el asesinato.
Ambos negaron los hechos, aunque uno de ellos, Víctor Eduardo Sánchez, reconoció ser empleado del cacique local y amigo personal de su hijo (de nombre Juan Ramírez Zamudio), con quien afirmó haber pasado la noche del 30 de abril de 2011, es decir, la noche momento del homicidio.
No fue sino hasta abril de 2014, es decir, a tres años del crimen, que concluyó el estudio “microcomparativo” realizado al arma y las balas, y el resultado fue positivo: las ojivas con las que la abogada Luisa Juárez fue asesinada, fueron disparadas por el arma decomisada a ambos sujetos.
Aunque Víctor Eduardo Sánchez continuó negando los hechos, aún después del resultado, el segundo detenido, José Francisco Robles, confesó todo: según su declaración ministerial, el hijo del cacique local, Juan Ramírez Zamudio, les pagó a ambos un total de 40 mil pesos por asesinar a la abogada, como represalia por las acciones que emprendió para recuperar las tierras de los ejidatarios despojados.
A partir de ese momento, ambos detenidos quedaron sujetos a proceso penal por el homicidio, y también fue emitida una orden de aprehensión en contra de Juan Ramírez Zamudio, hijo del cacique local.
3. La impunidad
A dos años y nueve meses de que fue emitida, dicha orden de captura sigue hasta la fecha sin ser cumplimentada.
“Este hombre, Juan Ramírez Zamudio, se pasea todas las noches por el pueblo –acusa la doctora Cristina, hermana de la abogada Luisa Juárez– sin miedo de nada, porque su papá es dueño del pueblo, y la gente los tapa, por temor a lo que son capaces. Por el contrario: hubo gente del pueblo que se puso en contra nuestra, y desde que mataron a mi hermana, no hemos podido regresar a San Agustín Buenavista. O sea, nosotros vivimos desplazados, las tierras de mi papá quedaron abandonadas, y mi papá, obviamente, quedó muy afectado, porque él es ahora una persona de 87 años, y a él le tocó escuchar cómo mataban a mi hermana y no pudo hacer nada para ayudarla”.
–¿La Procuraduría mexiquense le ha explicado qué impide detener al último involucrado? –se le pregunta.
–No. Yo he estado yendo a la Procuraduría constantemente, a la Dirección de Aprehensiones, y ya van como diez directores de esa área desde 2014, y ninguno ha hecho nada para ejecutar la orden de aprehensión. Por conocidos, sabemos que Juan Ramírez Zamudio se fue un tiempo del pueblo, pero que hace varios meses que volvió, anda libre dentro de San Agustín, porque sabe que ahí nada le va a pasar –concluyó.
