Quitan prestaciones a trabajadores del Instituto Nacional de Antropología; ahora serán freelance
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Quitan prestaciones a trabajadores del Instituto Nacional de Antropología; ahora serán freelance

Los trabajadores que hasta 2016 firmaban contratos por tres o seis meses ahora serán prestadores de servicios, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán seguro social; consideran “indigno” el trato laboral para quienes aportan a la cultura del país.
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Por Nayeli Roldán
24 de enero, 2017
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Mientras los diputados renunciaron a privilegios como viajes internacionales, vales de gasolina y telefonía celular como parte de las medidas de austeridad, otros trabajadores del Estado no sólo ahorrarán, sino que tendrán condiciones laborales más precarias.

Se trata de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hasta 2016 firmaban contratos por tres o seis meses, pero a partir de este año sólo serán prestadores de servicios, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán seguro social ni vacaciones como medida de “racionalidad del gasto público”.

La semana pasada, los coordinadores nacionales, directores de los centros INAH, titulares de unidades administrativas, administradores y jefes de departamento recibieron esta notificación a través de dos circulares firmadas por el secretario administrativo, Alejandro Ordoño; el coordinador nacional de Recursos humanos, Francisco García, y el director de Análisis y seguimiento de proyectos, Pedro Vázquez.

Los documentos se difundieron en redes sociales, y fue así como los trabajadores se enteraron. Esto orilló a que sus jefes realizaran reuniones para explicarles la nueva relación laboral que tendrán.

Los trabajadores que ahora serán prestadores de servicio no tenían plaza en el Instituto; laboraban con contratos temporales o por proyecto, pero tenían derecho a aguinaldo, seguridad social y vacaciones. Por tanto, no existe registro del número de empleados de este tipo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Animal Político solicitó una entrevista con funcionarios del INAH desde el miércoles pasado, para conocer el número preciso de trabajadores que serán afectados por esta medida, pero no hubo respuesta.

La incertidumbre

El lunes pasado, Liliana Giorguli, directora de Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, encabezó una reunión con más de un centenar de empleados y reconoció que esta nueva modalidad fue una decisión “intempestiva” que significa “un cambio importante, no sólo en la forma de contratación, sino en la forma de operación (del Instituto)”.

En una grabación de la reunión, entregada a Animal Político,  Giorguli leyó las dos circulares que fueron publicadas en redes sociales y reconoció que los mandos de dirección no tienen certeza de cómo funcionará el nuevo esquema.

Después de varias preguntas de los trabajadores durante más de una hora, la funcionaria admitió que “las reglas del juego del presupuesto Federal están cambiando. Es una realidad, no es algo que nos agrade porque habrá complicaciones en la forma de operar”.

La circular, con fecha del 11 de enero de 2017, informa sobre la situación financiera por la que atraviesa el Instituto, y recomienda “priorizar proyectos para efectos de la disponibilidad presupuestal”.

También informa que para la integración del personal en los proyectos “no habrá disponibilidad de recursos con cargo al capítulo 1000, por lo que la contratación de personal deberá hacerse con cargo al capítulo 3000”. Es decir, cobrar por honorarios.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el capítulo 1000 se refiere a “servicios personales” (empleados) y contempla 819 millones 524 mil pesos para remuneraciones al personal de carácter permanente y 30 millones 958 mil pesos para personal de carácter transitorio.

En ese rubro también está considerado las remuneraciones especiales (451 millones 305 mil pesos), seguridad social (219 millones 851 mil pesos) y otras prestaciones sociales y económicas (554 millones 869 mil pesos).

Mientras que el capítulo 3000 se refiere a “servicios generales”, entre ellos se incluye “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, con un presupuesto de 536 millones 750 mil pesos para 2017.

Este rubro creció 56% en el último año, toda vez que en 2016 tuvo un presupuesto de 336 millones 966 mil pesos y es aquí donde entrarán las nuevas “contrataciones”.

Sin embargo, el presupuesto que disminuyó fue “remuneraciones al personal de carácter transitorio” (quienes hasta 2016 trabajaban con contratos por periodo). Pasó de 63 millones 118 mil pesos en 2016 a 30 millones 958 millones de pesos para 2017, lo que significa 50% menos.

En tanto, las remuneraciones al personal de carácter permanente también disminuyó 3.5% para este año. Esto explica la petición expuesta en una de las circulares a cada uno de los centros de trabajo: “hacer una revisión exhaustiva de la plantilla a efecto de eliminar aquellas plazas ‘no sustantivas’ para la operación y buen funcionamiento del INAH”.

Durante la reunión, trabajadores externaron su descontento con la medida al considerar “indigno” el trato laboral para quienes aportan a la cultura del país.

“No es posible que las prestaciones laborales por las que se ha peleado se tiren por la borda con el pretexto de la austeridad. El INAH debe buscar el bienestar de la gente que trabaja ahí. Esto no está bien”, dijo una de las trabajadoras.

Empleados entrevistados aseguran que las condiciones de trabajo siempre han sido precarias en cuestión de prestaciones, pero confiaban en que este año conseguirían contrato por un año.

En la reunión les dijeron que tendrán asesoría para registrarse en la Secretaría de Hacienda como prestador de servicios profesionales para emitir recibos de honorarios o facturas, pero eso implicará renunciar a los pocos logros que habían tenido como las vacaciones y seguridad social. “Ahora hasta tendremos que pagar contador y nos van a descontar más impuestos”, asegura en entrevista una empleada que prefirió omitir su nombre.

¿Por qué es importante la labor del INAH?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es dirigido por Diego Prieto y  depende de la Secretaría de Cultura, creada el año pasado. El organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país.

El INAH tiene plena facultad en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y “se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia”, según se explica en su página de internet. 

Fue fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas , protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

Funciona con una estructura compuesta por una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados del país.

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¿Por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo por COVID?

La efectividad de las medidas implementadas por los 5 países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) con más muertos por COVID-19 en la región se ha visto condicionada por su falta de infraestructura sanitaria y la precariedad laboral.
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19 de octubre, 2020
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Latinoamérica tuvo tiempo para prepararse y enfrentar bien la pandemia. Pero sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del COVID-19.

Así lo sugiere la investigación “Respuestas al COVID-19 en cinco países de Latinoamérica”, que revisó los primeros meses de combate a la pandemia en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: los países con más muertes del continente según las estadísticas de la Universidad John Hopkins.

Los autores -un equipo multidisciplinario- analizaron las condiciones precovid y las respuestas de los gobiernos a la pandemia.

Entre los factores prepandémicos que identificaron están la alta informalidad laboral, hacinamiento y densidad poblacional, baja infraestructura hospitalaria e incapacidad de los sistemas sanitarios para desplegar mecanismos de testeo y trazabilidad tempranamente.

Todas esas limitantes hacen que “Latinoamérica sea una región más riesgosa” pues merman tanto la capacidad de reacción de los países como la posibilidad de que la población cumpla medidas como la cuarentena, según explica Alejandra Benítez, una de las autoras del estudio.

La investigación también plantea que, aunque algunos países reaccionaron rápido, no lograron revertir estas condiciones de base, porque la ayuda económica a los hogares fue insuficiente o llegó tarde para los grupos que más lo necesitaban.

“Chile, por ejemplo, fue rápido en cerrar aeropuertos y fronteras. También, comparativamente, fue efectivo en el aumento de camas hospitalarias y ventiladores. Pero lo que no se hizo rápido fue la trazabilidad, es decir lo relativo a encontrar a las personas enfermas, aislarlas, hacerles seguimiento. En lo económico hubo respuestas rápidas, pero solo para el sector formal de los trabajadores”, explica Carolina Velasco, también autora de la publicación.

Aeropuerto en Santiago en mayo de 2020.

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Chile reaccionó rápido el cierre de aeropuertos y fronteras cuando se desató la primera ola de la pandemia.

Los factores estructurales que impidieron reaccionar bien al COVID-19 podrían implicar otro problema mayor: que la enfermedad se vuelva endémica. El fenómeno ya ha empezado a detectarse en Reino Unido.

Un estudio realizado por Public Health England, una agencia dependiente del Departamento de Salud y Cuidado Social de ese país, mostró que las restricciones aplicadas durante la pandemia han sido poco efectivas en reducir el número de infectados en algunas áreas del norte de Inglaterra, donde el covid-19 está “firmemente instalado”.

Alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento

Estos lugares son zonas habitadas por minorías étnicas que se caracterizan por alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento.

Aunque esto no fue un tema del estudio, las investigadoras coinciden en que los determinantes que agravaron el impacto del COVID-19 en América Latina -en particular las condiciones de pobreza e informalidad laboral y la debilidad de los sistemas sanitarios- podrían hacer que “se convierta en un virus endémico”.

En el estudio, de hecho, se identificaron zonas y comunas donde, pese a las medidas implementadas, los casos y muertes por COVID-19 no disminuyeron a la velocidad esperada.

Zona en Tijuana, estado de Baja California en México.

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Varias zonas con problemas de hacinamiento y pobreza en América Latina podrían hacer que el coronavirus se convierta en un patógeno endémico.

Por ejemplo, las comunas de más bajos ingresos en la Región Metropolitana de Chile; la zona del Amazonas colombiano y las principales ciudades del sureste de Brasil.

La investigación examinó las políticas aplicadas por los cinco países entre febrero y agosto de 2020. Para analizar el nivel de reacción de los gobiernos en comparación con la evolución de la enfermedad, se usó un índice creado por la Universidad de Oxford.

Los gobiernos reaccionan pero el contagio no cesa

Una primera área de estudio es la de mitigación y contención, que se refiere a medidas como cierre de escuelas, cuarentenas, cierre de fronteras o restricción a eventos masivos.

En este tema, dicen los investigadores, casi todos los países (excepto Brasil) reaccionaron tempranamente: muy cerca de cuando se confirmó el primer caso de COVID-19.

Sin embargo, los datos muestran que “no hay una relación evidente entre la capacidad de reacción y los resultados sanitarios”. Ello pues, pese a las medidas adoptadas, los nuevos infectados y la tasa de positividad de COVID-19, “continuaron aumentando”.

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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De acuerdo a investigadores, Brasil reaccionó tarde en la aplicación de medidas como cierre de escuelas, fronteras y restricciones de eventos públicos.

En el área económica, todos los países, salvo Ecuador, redujeron sus tasas de interés, crearon condiciones para otorgar créditos y establecieron medidas para proteger el empleo.

“Sin embargo, el apoyo para los trabajadores informales y los más vulnerables fue más lento”, dicen los investigadores. Tomando en cuenta las distintas medidas implementadas, Colombia fue el país más rápido en reaccionar desde que comenzó el COVID-19: tardó 16 días.

Los investigadores también compararon la rapidez en la entrega de apoyos económicos en contextos de cuarentena: es decir, con restricciones de movilidad en algunas zonas (aunque éstas no siempre se cumplen, ya que una proporción importante de trabajadores necesita salir a la calle pues vive del ingreso diario).

En el caso de Chile, por ejemplo, desde que se aplicó la cuarentena obligatoria, la primera canasta de alimentos llegó a los 50 días (a un hogar de una comuna de bajos ingresos). En el caso de Colombia, la canasta demoró 9 días y en Brasil tardó 64 días.

Los autores midieron el monto de estímulo económico entregado por cada país en contextos de COVID-19: es decir, el aporte que sale del “bolsillo” del Estado.

Personas haciendo fila en Colombia para hacer tests de coronavirus.

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De acuerdo a expertos, Colombia fue uno de los países que más rápido reaccionó en el apoyo a trabajadores informales y vulnerables.

De los cinco casos analizados, Brasil es el que realiza un esfuerzo mayor, gastando alrededor de 880 dólares por habitante (alrededor de 10% del PIB nacional), seguido de Chile, con casi 800 dólares (5.2% del PIB). Colombia y Perú gastaron casi 500 dólares (7.6%) y 380 dólares (5.6%) por habitante.

Ecuador es el país que menos apoyo entrega: 24,8 dólare per cápita y 0.4% del PIB.

Índice de apoyo económico

Ahora, al analizar la magnitud del apoyo económico que se entregó a los hogares tomando en cuenta la evolución de la enfermedad, los datos son menos optimistas.

Por ejemplo, Chile comenzó el período con bajos niveles de apoyo a las familias (menos de 40% según el índice de Oxford, que llega hasta un máximo de 100%), pero éste fue aumentando (75% a mediados de junio). En el caso de Brasil, su índice de apoyo económico fue de 50%.

Según los investigadores, aún cuando los niveles de apoyo económico aumentan, no hay una correlación entre este dato y el número de casos o la tasa de positividad.

Al revés, los casos aumentan o se mantienen. “Esto sugiere que el apoyo en temas de ingreso no tuvo la efectividad esperada, no solo porque la implementación fue lenta, sino porque la magnitud del apoyo fue limitada. El único país que muestra una disminución en la tasa de positividad que coincide con un aumento del indicador es Chile“, explican los autores.

Países con más muertes por coronavirus. Muertes por cada 100.000 personas. .

Esto ocurre en un período en que las cuarentenas fueron más fuertes y comenzó a aplicarse una mejor estrategia de testeo y trazabilidad. Lo anterior lleva a concluir a los investigadores que, en contextos de pandemia, es central una respuesta temprana e integral.

Zonas vulnerables

Los autores identificaron algunas zonas geográficas en las que las medidas implementadas fueron menos efectivas.

En Chile, por ejemplo, el virus evolucionó de manera distinta en diferentes áreas de la Región Metropolitana. En las comunas de mayores ingresos, después de una semana de cuarentena, los casos diarios bajaron; en cambio, en aquellas comunas de menores ingresos (Independencia, San Ramón, La Granja y Recoleta), los casos diarios subieron.

“Estos datos son consistentes con la demora en la entrega de medidas de apoyo económico para los grupos vulnerables. La falta de respuesta económica temprana impidió a las personas quedarse en la casa y, por lo tanto, disminuyó el efecto de las restricciones“, plantean los autores.

En Colombia, la región más afectada en número de casos y muertes es la de Amazonas (32,9 casos y 1.3 muertes por cada 1,000 habitantes), localizada en una provincia donde la informalidad laboral alcanza un 90% y el hacinamiento y la pobreza llegan a 16% y 35%, respectivamente.

Niño navegando en bote en la Amazonía colombiana.

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La Amazonía colombiana es la zona más afectada por el coronavirus en todo el país.

En cambio, las zonas de Antioquía y Valle del Cauca, que poseen menores niveles de hacinamiento y pobreza, registran también un menor número de muertes.

En Ecuador, la provincia de Guayas presenta el mayor número de casos y muertos (alrededor de 18,000 y 1,700) y Santa Helena tiene una tasa de muerte de 82.5 por cada 100,000 habitantes. Ambas provincias tienen niveles de desempleo superiores a 20%.

Además, en Guayas los niveles de acceso de la población a servicios básicos y agua potable son bajos (66.6 y 85.7%, respectivamente).

Finalmente en Brasil, la región más impactada en número de casos y muertes es el Sudeste, con un 35% y 45% respectivamente. Esta región alberga al 42% de la población nacional y concentra las ciudades más densamente pobladas y turísticas, como Sao Paulo y Río de Janeiro.

Conclusiones del estudio

El trabajo concluye que las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables (para que puedan, por ejemplo, quedarse en sus casas aquellos que necesitan salir a trabajar).

Vista aérea de Santa Clara de San Millán en Ecuador.

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Las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables

Es clave contar con una estrategia sistemática de testeo, trazabilidad y seguimiento de casos en etapas tempranas de la pandemia, para contener brotes y evitar detener por largo tiempo la actividad del país, sugieren los autores.

Asimismo, es determinante contar con un buena comunicación y coordinación ya que optimiza la toma de decisiones y da más legitimidad a la autoridad y las estrategias implementadas, mejorando el cumplimiento de las medidas.

Finalmente, los hallazgos también ofrecen algunas luces sobre cómo convivir con una pandemia que estará presente por un buen tiempo. En ello las estrategias de testeo y trazabilidad son fundamentales para la vigilancia activa de casos y brotes.

*Marcela Ramos es investigadora asistente en la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.

*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la nota original en este enlace.

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