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Cuartoscuro Archivo

Quitan prestaciones a trabajadores del Instituto Nacional de Antropología; ahora serán freelance

Los trabajadores que hasta 2016 firmaban contratos por tres o seis meses ahora serán prestadores de servicios, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán seguro social; consideran “indigno” el trato laboral para quienes aportan a la cultura del país.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán
24 de enero, 2017
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Mientras los diputados renunciaron a privilegios como viajes internacionales, vales de gasolina y telefonía celular como parte de las medidas de austeridad, otros trabajadores del Estado no sólo ahorrarán, sino que tendrán condiciones laborales más precarias.

Se trata de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hasta 2016 firmaban contratos por tres o seis meses, pero a partir de este año sólo serán prestadores de servicios, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán seguro social ni vacaciones como medida de “racionalidad del gasto público”.

La semana pasada, los coordinadores nacionales, directores de los centros INAH, titulares de unidades administrativas, administradores y jefes de departamento recibieron esta notificación a través de dos circulares firmadas por el secretario administrativo, Alejandro Ordoño; el coordinador nacional de Recursos humanos, Francisco García, y el director de Análisis y seguimiento de proyectos, Pedro Vázquez.

Los documentos se difundieron en redes sociales, y fue así como los trabajadores se enteraron. Esto orilló a que sus jefes realizaran reuniones para explicarles la nueva relación laboral que tendrán.

Los trabajadores que ahora serán prestadores de servicio no tenían plaza en el Instituto; laboraban con contratos temporales o por proyecto, pero tenían derecho a aguinaldo, seguridad social y vacaciones. Por tanto, no existe registro del número de empleados de este tipo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Animal Político solicitó una entrevista con funcionarios del INAH desde el miércoles pasado, para conocer el número preciso de trabajadores que serán afectados por esta medida, pero no hubo respuesta.

La incertidumbre

El lunes pasado, Liliana Giorguli, directora de Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, encabezó una reunión con más de un centenar de empleados y reconoció que esta nueva modalidad fue una decisión “intempestiva” que significa “un cambio importante, no sólo en la forma de contratación, sino en la forma de operación (del Instituto)”.

En una grabación de la reunión, entregada a Animal Político,  Giorguli leyó las dos circulares que fueron publicadas en redes sociales y reconoció que los mandos de dirección no tienen certeza de cómo funcionará el nuevo esquema.

Después de varias preguntas de los trabajadores durante más de una hora, la funcionaria admitió que “las reglas del juego del presupuesto Federal están cambiando. Es una realidad, no es algo que nos agrade porque habrá complicaciones en la forma de operar”.

La circular, con fecha del 11 de enero de 2017, informa sobre la situación financiera por la que atraviesa el Instituto, y recomienda “priorizar proyectos para efectos de la disponibilidad presupuestal”.

También informa que para la integración del personal en los proyectos “no habrá disponibilidad de recursos con cargo al capítulo 1000, por lo que la contratación de personal deberá hacerse con cargo al capítulo 3000”. Es decir, cobrar por honorarios.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el capítulo 1000 se refiere a “servicios personales” (empleados) y contempla 819 millones 524 mil pesos para remuneraciones al personal de carácter permanente y 30 millones 958 mil pesos para personal de carácter transitorio.

En ese rubro también está considerado las remuneraciones especiales (451 millones 305 mil pesos), seguridad social (219 millones 851 mil pesos) y otras prestaciones sociales y económicas (554 millones 869 mil pesos).

Mientras que el capítulo 3000 se refiere a “servicios generales”, entre ellos se incluye “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, con un presupuesto de 536 millones 750 mil pesos para 2017.

Este rubro creció 56% en el último año, toda vez que en 2016 tuvo un presupuesto de 336 millones 966 mil pesos y es aquí donde entrarán las nuevas “contrataciones”.

Sin embargo, el presupuesto que disminuyó fue “remuneraciones al personal de carácter transitorio” (quienes hasta 2016 trabajaban con contratos por periodo). Pasó de 63 millones 118 mil pesos en 2016 a 30 millones 958 millones de pesos para 2017, lo que significa 50% menos.

En tanto, las remuneraciones al personal de carácter permanente también disminuyó 3.5% para este año. Esto explica la petición expuesta en una de las circulares a cada uno de los centros de trabajo: “hacer una revisión exhaustiva de la plantilla a efecto de eliminar aquellas plazas ‘no sustantivas’ para la operación y buen funcionamiento del INAH”.

Durante la reunión, trabajadores externaron su descontento con la medida al considerar “indigno” el trato laboral para quienes aportan a la cultura del país.

“No es posible que las prestaciones laborales por las que se ha peleado se tiren por la borda con el pretexto de la austeridad. El INAH debe buscar el bienestar de la gente que trabaja ahí. Esto no está bien”, dijo una de las trabajadoras.

Empleados entrevistados aseguran que las condiciones de trabajo siempre han sido precarias en cuestión de prestaciones, pero confiaban en que este año conseguirían contrato por un año.

En la reunión les dijeron que tendrán asesoría para registrarse en la Secretaría de Hacienda como prestador de servicios profesionales para emitir recibos de honorarios o facturas, pero eso implicará renunciar a los pocos logros que habían tenido como las vacaciones y seguridad social. “Ahora hasta tendremos que pagar contador y nos van a descontar más impuestos”, asegura en entrevista una empleada que prefirió omitir su nombre.

¿Por qué es importante la labor del INAH?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es dirigido por Diego Prieto y  depende de la Secretaría de Cultura, creada el año pasado. El organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país.

El INAH tiene plena facultad en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y “se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia”, según se explica en su página de internet. 

Fue fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas , protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

Funciona con una estructura compuesta por una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados del país.

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'Me apuntó directamente y me disparó en el ojo': las denuncias de violaciones a derechos humanos en Chile

Amnistía Internacional publicó un informe que asegura que, desde el comienzo de las manifestaciones en Chile, ha existido una "política deliberada" para "dañar a los manifestantes".
21 de noviembre, 2019
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“(Un) Carabinero de las fuerzas especiales me apuntó directo a la cara, a 8 metros mío, quedé mirándolo fijamente y me disparó en el ojo”.

Las palabras son de Diego Foppiano, un estudiante de ingeniería de la Universidad Diego Portales que resultó herido mientras participaba de una de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde el 18 de octubre.

Tras el incidente, el joven se dirigió rápidamente al hospital pero, a pesar de los esfuerzos médicos, terminó perdiendo completamente la vista de su ojo izquierdo.

Hoy todavía tiene el perdigón —el proyectil con el que Carabineros le disparó— inserto en su ojo y está recibiendo atención psicológica debido al trauma.

El caso de Diego no es aislado. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, 2.300 personas han resultado lesionadas por el uso de la fuerza de las policías en las marchas y, de ellas, 220 tienen un trauma ocular severo.

protestas chile

Diego Foppiano
Diego Foppiano perdió su ojo izquierdo tras recibir un perdigón por parte de la policía chilena. De acuerdo con el Colegio Médico, 140 personas quedarán con ceguera de un ojo producto de las lesiones.

En conversación con BBC Mundo, Rosa Balcells, médico de la unidad de trauma ocular del hospital El Salvador, asegura que “las lesiones que nos ha tocado ver en el contexto de estas manifestaciones son muy graves, con daños severos del ojo y en un número altísimo de pacientes”.

Y así es como hoy, en muchas de las protestas, se ven a los manifestantes sosteniendo carteles que dicen cosas como “los ojos perdidos no serán en vano” y “aunque nos saquen los ojos, ya vimos”.

BBC Mundo ya había constatado esta “epidemia” de lesiones oculares que desde principios de noviembre tiene en alerta a las autoridades chilenas y que no tiene precedentes en el mundo de acuerdo con el presidente de la sociedad de oftalmología de Chile, Dennis Cortés.

Ahora, la organización Amnistía Internacional publicó un crudo informe sobre la situación en el país sudamericano luego de enviar una misión especial que documentó los sucesos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

El informe asegura que, desde que comenzaron las protestas, ha existido una “política deliberada” para “dañar a los manifestantes”.

“Castigo” a la población: el duro informe de Amnistía Internacional

En el documento emitido por Amnistía Internacional —una organización global con representación en más de 150 países—, se afirma que las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, “están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

Estos ataques —se agrega— han dejado un saldo de cinco muertos y “miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas”.

protestas chile

Getty Images
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, dijo Erika Guevara Rosas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que la responsabilidad de estos hechos ocurridos en Chile no se agota con la persona que “apretó el gatillo”.

“Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, dijo.

Por otra parte, el informe explica que las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos” sino que responden a un “patrón consistente” y a un “modus operandi” por parte de Carabineros.

Dentro de este patrón, está el de los daños oculares y la pérdida irreversible de la visión de un centenar de personas.

“La organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes”, dice.

“Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, agrega.

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Getty Images
Según el informe de Amnistía Internacional, Carabineros ha utilizado escopetas de forme “injustificada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”.

Un caso emblemático que expone el documento es el de una niña de 15 años que recibió “múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento”.

“Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello”, dice.

“Tortura y malos tratos”

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, además de 5 muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis.

En el documento, se hace referencia a tres tipo de abuso policial.

El primero, es el “uso letal de la fuerza”, donde se afirma que el ejército “usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos”.

Uno de los casos que se cita es el de Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que murió después de que un “militar le disparara en el cuello”.

El segundo, es el referente a “tortura y malos tratos”.

“Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”, se señala.

En este punto, se expone el caso de Josué Maureira quien, de acuerdo con la institución, fue “violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial”.

“Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto corto punzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual”, se agrega.

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Durante más de un mes se han producido diversas manifestaciones en las principales ciudades de Chile donde se exige mayor igualdad y terminar con los “abusos”.

También se afirma que la organización documentó la práctica de las fuerzas de seguridad de “atropellar o intentar atropellar” a los manifestantes.

Por último, el informe habla sobre “lesiones graves y armas potencialmente letales”, afirmando que ha habido un uso “constante e inadecuado” de escopetas en las protestas. En este punto, se aborda los impactos de perdigones en los ojos.

También se hace referencia al uso “inadecuado y en cantidades alarmantes” de gases lacrimógeno, así como también al uso de granadas de humo con “posible contenido de hexacloroetano, un agente extremadamente tóxico”.

Finalmente, Amnistía Internacional advierte que “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los derechos humanos y personal médico”, y entrega algunas recomendaciones.

Entre ellos, el cese de la “represión de manera urgente”, la investigación de la responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos, la atención de las demandas de los ciudadanos y, por último, una reforma “seria y profunda” de la policía.

¿Qué dice Carabineros?

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Carabineros asegura que hay más de 1.900 oficiales lesionados.

Consultado por BBC Mundo, el portavoz de Carabineros, coronel Julio Santelices, aseguró que todos los casos deben investigarse.

“No corresponde calificar anticipadamente antes de investigar. Nosotros pedimos que se investigue y se establezca una verdad jurídica”, dijo.

Además, Carabineros asegura que hay más de 1.900 policías lesionados de distintas consideraciones y reclaman que han recibido impactos de bombas molotov y objetos contundentes.

Con todo, el mes de movilizaciones en Chile ha traído consecuencias. Para algunos, como Diego Foppiano, serán heridas que quedarán para siempre.

Pero él parece estar tranquilo y dice que espera que todo esto haya valido la pena.

“Ojalá que mi ojo perdido sirva para que cambien las cosas en este país”, concluye.


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https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU

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