Gobierno de Calderón ocultó una deuda de 200 mil millones por la construcción de ocho penales
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Gobierno de Calderón ocultó una deuda de 200 mil millones por la construcción de ocho penales

La deuda contraída por la construcción de los penales será liquidada en el año 2032, esto a pesar de que se entregaron con retrasos de hasta cuatro años y uno de ellos aún no entra en operaciones.
El Cristalazo.com
Por Arturo Angel
28 de febrero, 2017
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Sin la autorización del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató –a finales de 2010– a proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos.  

Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años. Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente la deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.

Una auditoría “Financiera y de Cumplimiento” en materia de “Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social” aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015, concluyó que el gobierno federal –a través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– etiquetó la deuda contraída en 2010 por los ocho penales solo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos.

El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca públicamente.

Deuda disfrazada

En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Genaro García Luna, firmó siete contratos para la construcción y operación de igual número de penales federales en distintos estados del país. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.

Para edificar los penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 millones de pesos.

Lo anterior no es ilegal pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a una partida denominada “Proyectos para prestación de Servicios”, que corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.

Nada de lo anterior ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como “gasto corriente” afectando la partida de “servicios integrales”, como si se tratara del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero.

La ASF alertó que bajo esta fórmula se comprometieron por años miles de millones de pesos, eludiendo lo que marca el artículo 74 de la Constitución que dice que cualquier proyecto de inversión debe tener la aprobación del Congreso pues se trata de contratos de varios años que comprometen recursos a futuro.

“Por los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los Centros penitenciarios” indicaron los auditores.

En respuesta a las observaciones de los auditores, el OADPRS negó que hubiera un endeudamiento con dos argumentos: el primero que los había registrado como gasto corriente y no como proyectos de inversión y segundo que quienes se endeudaron fueron las empresas contratadas pues ellas recurrieron a créditos para la construcción de los centros penitenciarios.

La ASF consideró insuficiente estas explicaciones pues insistió en que la construcción de los penales es un proyecto de inversión que compromete recursos públicos, que no pueden ser consideradas como gasto corriente y que en cambio, según lo que marca la ley, es una forma de endeudamiento que no pasó por los controles del Congreso.

“No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Deuda Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se convino con los prestadores de servicios un pago de referencia anual por 199,476,600.0 miles de pesos durante 20 años que es la vigencia de la prestación de los servicios y que al 31 de diciembre de 2015 se tienen pagos pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos”.

Penales se entregaron tarde

Los contratos firmados con los proveedores privados (cuyos nombres no fueron revelados por la ASF) fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.

Los penales debían acabarse en un plazo máximo de dos años a partir de la firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que siete penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y uno más en marzo de 2013. Esto no ocurrió en la mayoría de los casos.

La revisión hecha por los auditores arroja que solamente los penales de Sonora y Guanajuato entraron en operación en octubre de 2012. Tres penales más en Chiapas, Durango y Oaxaca se echaron a andar hasta mayo, junio y diciembre de 2013. Otro penal, el de Morelos, se fue hasta mayo de 2015 mientras que el de Michoacán apenas comenzó a funcionar en marzo de 2016.

En cuanto al centro penitenciario federal en Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las auditorías este aun no entraba en funcionamiento.

En resumen, solo en dos de ocho casos los centros penitenciarios se entregaron respetando los tiempos de los contratos. Otros cinco tuvieron retrasos de hasta cuatro años y uno ni siquiera está funcionando.

Pese a esta situación no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y concesionarios por el incumplimiento de los compromisos originales establecidos.

Estas no fueron las únicas irregularidades encontradas en la auditoría al funcionamiento del OADPRS. El análisis destaca, por ejemplo, que en seis contratos por prestación de diversos servicios para penales federales en 2015, solo dos de las empresas contratadas está en la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad Nacional.

“Se considera que esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la base de datos antes referida”, indicó la ASF.

La buena: se acabó sobrepoblación

Si bien la construcción de estos nuevos centros penitenciarios federales ha significado un endeudamiento “disfrazado de gasto corriente”, como concluyó la ASF, el diagnóstico hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria reveló que la creación de las nuevas cárceles ha resuelto el tema de la sobrepoblación penitenciaria en el país.

El Diagnóstico de la CNDH, presentado en marzo de 2016, identificaba aun sobrepoblación en siete centros penitenciarios federales. En respuesta el OADPRS puso en marcha una estrategia de traslados y reacomodos en los nuevos penales. Como resultado, para el ejercicio 2016 la sobrepoblación en los siete centros señalados había quedado resuelta según las autoridades. Fueron en total casi cinco mil traslados desde estas cárceles saturadas a otras.

Además hubo una reducción de la población federal penitenciaria quedando en menos de 25 mil mil internos, mientras que actualmente existe una capacidad instalada para albergar hasta 33 mil reos.

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El "chamán" de las teorías conspiratorias de QAnon, acusado por el asalto al Capitolio

Jacob Anthony Chansley se enfrenta a varios cargos después de ser identificado en las fotografías del interior del Congreso publicadas por los medios.
9 de enero, 2021
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Un destacado seguidor de las teorías conspiratorias no probadas de QAnon ha sido acusado por su participación en los disturbios del Capitolio de Washington.

Jacob Anthony Chansley, conocido como Jake Angeli, se encuentra bajo custodia y se enfrenta a varios cargos, entre ellos los de entrada violenta y desórdenes.

Chansley, quien se denomina a sí mismo como el chamán de QAnon, es supuestamente el hombre fotografiado con la cara pintada y ataviado con una piel de animal y cuernos en el interior del edificio del Congreso este miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a su segundo proceso de “impeachment”, o destitución, por su papel en los incidentes. En el primero, la mayoría republicana en el Senado votó en contra, lo que le permitió seguir en el cargo.

Los demócratas acusan a Trump de haber animado a los asaltantes a tomar por la fuerza la sede del poder legislativo estadounidense en un episodio que terminó con 5 muertos.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos ha pedido la colaboración ciudadana para llevar a los asaltantes ante la justicia.

Chansley no ha comentado públicamente las acusaciones a las que se enfrenta.

El fiscal federal en Washington DC informó en un comunicado que Chansley ha sido identificado como el hombre que apareció en las imágenes difundidas por los medios con cuernos en la cabeza, vestido con una piel de oso, y pintura roja, blanca y azul y con el pecho descubierto.

“Este individuo portaba una lanza, de aproximadamente 6 pies (1,83 metros) de largo, con una bandera de Estados Unidos atada bajo la hoja”.

El comunicado da cuenta también de la detención de un hombre, residente en Florida. Se cree que es quien fue fotografiado llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Adam Johnson, de 36 años, está acusado de varios cargos, entre ellos el de robo de bienes del gobierno y entrada violenta.

Un hombre, llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes.

Getty Images
Un hombre fue fotografiado llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes.

También figura en la lista de acusados difundida el legislador de Virginia Occidental Derrick Evans, quien, presuntamente publicó un video de sí mismo junto a los simpatizantes de Trump en el exterior del edificio del Congreso y entrando luego en él.

Evans fue detenido el viernes y se le acusa también de entrada violenta y desórdenes en el Capitolio, informó el Departamento de Justicia.

Hasta el momento, más de una docena de personas han sido acusadas formalmente tras los disturbios, incluido un hombre de Alabama al que las autoridades encontraron con 11 cócteles Molotov.

Trump deberá dejar la presidencia el 20 de enero, cuando está previsto que su rival Joe Biden asuma como nuevo presidente. Los demócratas en la Cámara de Representantes planean presentar una acusación para su “impeachment” en el Congreso el próximo lunes por “incitación a la insurrección”.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró que una medida así a estas alturas solo serviría para agudizar la división en Estados Unidos, pero los líderes demócratas aseguran que Trump ha dado pruebas de no ser apto para el cargo y han reclamado al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos para relevar inmediatamente a Trump.

Pese a haberse desmarcado de él en los últimos días y al goteo de dimisiones en la Administración Trump de los últimos días, Pence no ha dado muestras de tener intención de dar ese paso.


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