Gobierno de Calderón ocultó una deuda de 200 mil millones por la construcción de ocho penales
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Gobierno de Calderón ocultó una deuda de 200 mil millones por la construcción de ocho penales

La deuda contraída por la construcción de los penales será liquidada en el año 2032, esto a pesar de que se entregaron con retrasos de hasta cuatro años y uno de ellos aún no entra en operaciones.
El Cristalazo.com
Por Arturo Angel
28 de febrero, 2017
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Sin la autorización del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató –a finales de 2010– a proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos.  

Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años. Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente la deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.

Una auditoría “Financiera y de Cumplimiento” en materia de “Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social” aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015, concluyó que el gobierno federal –a través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– etiquetó la deuda contraída en 2010 por los ocho penales solo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos.

El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca públicamente.

Deuda disfrazada

En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Genaro García Luna, firmó siete contratos para la construcción y operación de igual número de penales federales en distintos estados del país. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.

Para edificar los penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 millones de pesos.

Lo anterior no es ilegal pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a una partida denominada “Proyectos para prestación de Servicios”, que corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.

Nada de lo anterior ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como “gasto corriente” afectando la partida de “servicios integrales”, como si se tratara del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero.

La ASF alertó que bajo esta fórmula se comprometieron por años miles de millones de pesos, eludiendo lo que marca el artículo 74 de la Constitución que dice que cualquier proyecto de inversión debe tener la aprobación del Congreso pues se trata de contratos de varios años que comprometen recursos a futuro.

“Por los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los Centros penitenciarios” indicaron los auditores.

En respuesta a las observaciones de los auditores, el OADPRS negó que hubiera un endeudamiento con dos argumentos: el primero que los había registrado como gasto corriente y no como proyectos de inversión y segundo que quienes se endeudaron fueron las empresas contratadas pues ellas recurrieron a créditos para la construcción de los centros penitenciarios.

La ASF consideró insuficiente estas explicaciones pues insistió en que la construcción de los penales es un proyecto de inversión que compromete recursos públicos, que no pueden ser consideradas como gasto corriente y que en cambio, según lo que marca la ley, es una forma de endeudamiento que no pasó por los controles del Congreso.

“No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Deuda Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se convino con los prestadores de servicios un pago de referencia anual por 199,476,600.0 miles de pesos durante 20 años que es la vigencia de la prestación de los servicios y que al 31 de diciembre de 2015 se tienen pagos pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos”.

Penales se entregaron tarde

Los contratos firmados con los proveedores privados (cuyos nombres no fueron revelados por la ASF) fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.

Los penales debían acabarse en un plazo máximo de dos años a partir de la firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que siete penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y uno más en marzo de 2013. Esto no ocurrió en la mayoría de los casos.

La revisión hecha por los auditores arroja que solamente los penales de Sonora y Guanajuato entraron en operación en octubre de 2012. Tres penales más en Chiapas, Durango y Oaxaca se echaron a andar hasta mayo, junio y diciembre de 2013. Otro penal, el de Morelos, se fue hasta mayo de 2015 mientras que el de Michoacán apenas comenzó a funcionar en marzo de 2016.

En cuanto al centro penitenciario federal en Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las auditorías este aun no entraba en funcionamiento.

En resumen, solo en dos de ocho casos los centros penitenciarios se entregaron respetando los tiempos de los contratos. Otros cinco tuvieron retrasos de hasta cuatro años y uno ni siquiera está funcionando.

Pese a esta situación no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y concesionarios por el incumplimiento de los compromisos originales establecidos.

Estas no fueron las únicas irregularidades encontradas en la auditoría al funcionamiento del OADPRS. El análisis destaca, por ejemplo, que en seis contratos por prestación de diversos servicios para penales federales en 2015, solo dos de las empresas contratadas está en la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad Nacional.

“Se considera que esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la base de datos antes referida”, indicó la ASF.

La buena: se acabó sobrepoblación

Si bien la construcción de estos nuevos centros penitenciarios federales ha significado un endeudamiento “disfrazado de gasto corriente”, como concluyó la ASF, el diagnóstico hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria reveló que la creación de las nuevas cárceles ha resuelto el tema de la sobrepoblación penitenciaria en el país.

El Diagnóstico de la CNDH, presentado en marzo de 2016, identificaba aun sobrepoblación en siete centros penitenciarios federales. En respuesta el OADPRS puso en marcha una estrategia de traslados y reacomodos en los nuevos penales. Como resultado, para el ejercicio 2016 la sobrepoblación en los siete centros señalados había quedado resuelta según las autoridades. Fueron en total casi cinco mil traslados desde estas cárceles saturadas a otras.

Además hubo una reducción de la población federal penitenciaria quedando en menos de 25 mil mil internos, mientras que actualmente existe una capacidad instalada para albergar hasta 33 mil reos.

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¿Pueden los niños desarrollar COVID-19 de larga duración?

Según un estudio del King's College de Londres es posible, pero las cifras son bajas: menos de uno de cada 20 sufre síntomas por más de cuatro semanas.
28 de agosto, 2021
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Los niños que se enferman de coronavirus rara vez experimentan síntomas a largo plazo, y la mayoría se recupera en menos de una semana, según revela una nueva investigación.

Científicos del King’s College de Londres dicen que si bien un grupo pequeño puede experimentar una prolongación en el tiempo de los síntomas, los números son bajos.

Los síntomas reportados más comunes fueron dolor de cabeza y cansancio.

De acuerdo con un experto del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil británico, la información recabada por el estudio refleja lo que los médicos ven en la práctica.

Uno de cada 20

En comparación con los adultos, los niños son menos propensos a enfermarse de covid-19.

Muchos niños que se infectan no desarrollan síntomas y, aquellos que lo hacen, tienden a padecer un cuadro más leve de la enfermedad.

Este estudio, revisado por pares y publicado en la revista Lancet de Salud Infantil y Adolescente, buscó analizar cómo la covid afecta a los niños y cómo se compara con otras enfermedades respiratorias.

La información analizada fue provista por los padres o encargados de los niños a la app británica Zoe.

El estudio analizó los casos de 1,734 niños de entre cinco y 17 años que habían desarrollado síntomas y dieron positivo en la prueba de covid entre septiembre de 2020 y febrero de 2021.

Menos de uno de cada 20 de los que tenían covid experimentó síntomas por cuatro semanas o más, y uno de cada 50 tuvo síntomas durante más de ocho semanas.

En promedio, los niños mayores estuvieron enfermos durante un poco más de tiempo que los niños de la escuela primaria.

Prueba de covid en una niña

Getty Images
Es común que muchos niños den positivo en la prueba de PCR pese a no tener síntomas.

Los niños de entre 12 y 17 años tardaron una semana en recuperarse, mientras que para los niños más pequeños la enfermedad duró cinco días.

Los síntomas más frecuentes que se reportaron fueron cansancio y dolor de cabeza. Otros síntomas comunes incluyeron dolor de garganta y perdida de olfato.

No se reportaron síntomas neurológicos como ataques o convulsiones.

“Escuchar a las familias”

El equipo también observó un número igual de niños que tenían síntomas pero dieron negativo en la prueba de covid.

Solo unos pocos niños, 15 de 1.734, tuvieron síntomas durante al menos 28 días, menos de uno de cada 100.

Emma Duncan, profesora de endocrinología clínica en el King’s College de Londres, quien trabajó en la investigación, dijo que el “mensaje que deja el estudio” es: “¿Pueden los niños tener una enfermedad prolongada después de sufrir covid-19? Sí, pueden, pero no es común y la mayoría de estos niños mejora con el tiempo“.

“Los niños también pueden tener síntomas prolongados de otras enfermedades. Necesitamos cuidar a todos los niños que tienen enfermedades prolongadas, independientemente de si esa enfermedad es covid-19 o cualquier otra cosa”.

Michael Absoud, médico especialista en neurodiscapacidad pediátrica del Hospital Infantil Evelina en Londres, y autor principal del estudio, dice que es importante escuchar a las familias que dicen que sus hijos tienen síntomas.

“Si estás preocupado por tu hijo, lo primero que debes hacer es ir a tu médico de cabecera y describir sus síntomas particulares”, explica.

Niña hablando con su abuela por internet

Getty Images
Aunque las consecuencias de la covid no sean graves en los niños, el problema es que pueden contagiar la enfermedad a los miembros más vulnerables de la familia.

“Ellos pueden darte información o derivarlo a un pediatra. Es importante recordar que puede haber algo más”.

En opinión de Liz Whittaker, especialista en enfermedades infecciosas del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil, que no estuvo involucrada en la ivestigación: “El estudio es tranquilizador para la mayoría de los niños y jóvenes que desarrollan infección por SARS-CoV-2, y refleja lo que los pediatras estan viendo en la práctica”.


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