Estos son los hechos violentos en Veracruz que el gobierno ocultó, denuncian periodistas
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Cuartoscuro

Estos son los hechos violentos en Veracruz que el gobierno ocultó, denuncian periodistas

Un grupo de 87 periodistas veracruzanos emitió un comunicado para denunciar que el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes no informó sobre determinados hechos violentos en la entidad. La Fiscalía contestó que se ciñen a la ley y no a “inercias” de otras administraciones con los comunicadores.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
6 de febrero, 2017
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Al menos cinco hechos violentos ocurridos en Veracruz,  desde que Miguel Ángel Yunes tomó posesión como gobernador el pasado mes de diciembre, no han sido informados por la Fiscalía General del Estado a la sociedad.

Así lo denunció un grupo de 87 periodistas veracruzanos en un comunicado, en el que aseguran que en la entidad se ha producido un “cerco informativo” por parte las autoridades ministeriales para no informar sobre determinados hechos violentos en la entidad, como asesinatos masivos o la aparición de cadáveres en fosas clandestinas, ni sobre la puesta en libertad de exfuncionarios de la anterior administración del priista Javier Duarte.

La Fiscalía, por su parte, alegó que se ajusta a la ley para proteger la presunción de inocencia de las personas implicadas en sucesos violentos, así como los datos de posibles víctimas o afectados.

Los casos

En el texto firmado por reporteros, editores, corresponsales, fotógrafos y algunos directivos de medios de comunicación, el grupo de periodistas expone “cinco casos puntuales” en los que el gobierno de Veracruz no ha dado información oficial, o se ha demorado en hacerlo.

El primero fue en diciembre de 2016, cuando se produjo la aparición de una camioneta con ocho cadáveres en el municipio veracruzano de Nogales. “Hasta la fecha no se ha tenido información de los hechos”, señalaron los reporteros.

Tras una revisión de los comunicados de la Fiscalía, Animal Político no encontró información oficial sobre este suceso. Sin embargo, el gobierno del estado vecino de Puebla, a través de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), sí publicó un comunicado oficial relacionado con este caso.

El segundo fue la liberación de Leonel Bustos Solís, el exdirector del Seguro Popular durante las administraciones priistas de Javier Duarte y Fidel Herrera.

Bustos Solís fue detenido por la Fiscalía de Winckler acusado de haber desviado 2 mil 300 millones de pesos y puesto en prisión preventiva. Sin embargo, tras 11 días en la prisión de Pacho Viejo, fue puesto en libertad tras concedérsele un amparo para continuar su proceso en libertad. De acuerdo con la denuncia de los reporteros, “tuvieron que pasar más de 16 horas para que la Fiscalía confirmara dicho evento y diera a conocer qué acciones tomaría”.

El tercer caso: el 2 diciembre de 2016 “hubo una serie de enfrentamientos armados que derivaron en la muerte de 20 civiles en Jesús Carranza”. Hechos que no fueron informados por la Fiscalía, según la denuncia de los reporteros, aunque sí lo hizo días más tarde, el 6 de diciembre, el gobernador Yunes, tal y como dan cuenta notas de medios locales y nacionales.

El cuarto. El 29 de diciembre de 2016, medios estatales publicaron el homicidio de una madre y de su hija de ocho años en el municipio de Las Choapas. Pero la Fiscalía no emitió comunicado oficial sobre el suceso. Asimismo, ya en enero de 2017, “no se emitió ni una línea sobre el rapto y homicidio de tres oficiales de la policía municipal” en este mismo municipio.

Y el quinto. Tampoco se informó de manera oficial sobre la identificación del exfiscal de Cardel, Pedro Huesca, y su secretario, “quienes aparecieron en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe”, en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con los periodistas veracruzanos, estos son “algunos de las decenas de casos” que la Fiscalía veracruzana no ha informado a la sociedad, “lo que confirma que hay un cerco que atenta contra los veracruzanos”.

Lee aquí el texto completo del comunicado.

Fiscalía responde que se ciñe a la ley “y no a costumbres de otras administraciones”

Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz contestó emitiendo otro comunicado en el que aseguró que, en materia de difusión de información, se ciñen a lo que establece la Ley “y no a costumbres o a la inercia de otras administraciones”.

La Fiscalía recordó que, de acuerdo con la guía de actuación para la comunicación social en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el acceso a la información “admite restricciones” cuando se ponen en riesgo, o se vulneran, los derechos de detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, “así como de los sujetos de un procedimiento penal”.

La Fiscalía no difunde información que pone en riesgo la vida, seguridad o salud de persona alguna; ni que obstruya la prevención o persecución de los delitos”, expuso la dependencia.

Asimismo, añadió que tampoco difunde información sobre casos “que se encuentren contenidos en investigaciones ministeriales, que afecte a derechos de procesados, lo cual no da lugar a especulaciones que agravarían la situación de una persona señalada por la probable comisión de un delito”.

Lee aquí el comunicado completo

Comisión de Protección a periodistas pide no confundir debido proceso con “censura previa”

Mientras que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) recordó que, aunque las autoridades deben garantizar los principios de presunción de inocencia, debido proceso y reserva de identidad de las víctimas, esto “no debe confundirse con la omisión de información, censura previa a periodistas, o la discrecionalidad de los actos de autoridad”.

“Dichos principios en ningún sentido limitan a la autoridad a proporcionar información de interés público”, apostilló la CEAPP en un comunicado, en el que detalló que inició un “procedimiento de atención” acerca del “cerco informativo” que denuncian los comunicadores, mismo que expondrán al fiscal Jorge Winckler Ortiz en una próxima reunión.

Lee aquí el comunicado de la CEAPP.

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"Fracasamos": qué pasó con el polémico plan de Suecia contra COVID-19

Suecia ha recibido críticas por su política para manejar la pandemia, menos estricta que la de otros países europeos.
17 de diciembre, 2020
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“Creo que hemos fracasado. Tenemos un gran número de muertos y es terrible”.

Así definió el rey de Suecia, Carlos Gustavo, el año 2020, marcado por la polémica estrategia del país contra la covid-19.

Suecia ha recibido críticas por su gestión de la pandemia, en la que nunca impuso el confinamiento total que se vio en otros países europeos, y basada, más que en normas de obligado cumplimiento, en recomendaciones a la población.

Ha habido casi 350,000 casos de coronavirus confirmados y más de 7,800 muertos en Suecia.

“El pueblo de Suecia ha sufrido tremendamente en condiciones difíciles. Uno piensa en todos los miembros de las familias que no han podido despedirse de sus familiares enfermos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder dar una cálida despedida”, dijo en el programa anual de televisión en el que revisa el año que termina.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de resultar infectado con el virus, el rey, que tiene 74 años, respondió: “Últimamente, se ha hecho más evidente, se ha ido acercando más y más. Eso no es lo que uno quiere”.

En lugar de basarse en reglas y sanciones, Suecia apela a la responsabilidad de los ciudadanos y el deber cívico, y las autoridades se limitan a emitir recomendaciones. No hay castigo para quienes hacen caso omiso de ellas.

El gobierno sueco nunca ha impuesto un confinamiento total ni el uso obligatorio de la mascarilla, y bares y restaurantes han permanecido abiertos.

Sin embargo, hace pocos días se solicitó a escuelas en Estocolmo, la capital, que pasen lo antes posible a enseñar a distancia a sus estudiantes de entre 13 y 15 años por primera vez. La medida se anunció en respuesta al aumento de los contagios.

Una semana antes se había decidido la educación a distancia para los mayores de 16 en todo el país.

Y el lunes, llegaron nuevas recomendaciones a nivel nacional sobre distancia social para el periodo navideño que sustituyen a las que habían emitido las autoridades regionales.

El consejo para los suecos es que no se reúnan más de ocho personas, hacerlo al aire libre cuando sea posible y evitar viajar en tren o autobús.

Se mantiene en vigor la prohibición de encuentros públicos de más de ocho personas, lo que afecta a eventos como conciertos, competiciones deportivas y manifestaciones.

La polémica de las medidas “voluntarias”

El epidemiólogo jefe del Estado sueco, Anders Tegnell, dijo en noviembre que la estrategia que seguía el país combinaba medidas legales y acciones voluntarias.

Le dijo a la BBC: “Creemos que es realmente la mejor” en el contexto sueco.

De acuerdo con un informe oficial publicado esta semana, la estrategia nacional fracasó en la protección de los mayores en residencias, algo por lo que el gobierno ha aceptado su responsabilidad.

Más del 90% de las muertes relacionadas con la covid se han producido entre mayores de 70 años y casi la mitad en residencias de mayores y dependientes, afirma el gobierno.

Una mujer recoge muestras de test de la covid-19 en la ciudad sueca de Malmo.

Reuters
La estrategia sueca se ha basado más en la colaboración ciudadana que en normas de obligado cumplimiento.

Tegnell dijo que el organismo que dirige, la Agencia Sueca de Salud Pública, no es responsable de dirigir este tipo de centros y que todos los interesados deben ayudar a mejorar la situación para asegurarse de que los ancianos no se contagien.

Para Tegnell, Suecia ha mejorado en la protección de los mayores, y dijo que ningún país ha tenido un éxito total en esta tarea.

El epidemiólogo sueco recordó en una entrevista en Sverige Radio el miércoles que incluso Alemania estaba siendo ahora duramente golpeada.

Suecia ha sido también señalada por ser uno de los países con un mayor número de casos per cápita y acumula más muertos que todo el resto de estados nórdicos sumados.

Esto ha provocado críticas de vecinos como Noruega, Dinamarca y Finlandia, que se quejan de que la laxa política sueca está poniendo en riesgo la efectividad de sus propias medidas.

El martes, el primer ministro sueco, Stefan Lofven, dijo que tenía la sensación de que muchos expertos habían subestimado la segunda ola.

“Creo que muchos en la profesión no vieron venir semejante ola”, dijo al diario Aftonbladet.


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