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Cuartoscuro

Organizaciones alertan de ley que protegería a militares violadores de derechos humanos

“La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares", según ONG.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
14 de febrero, 2017
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La Ley de Seguridad Interior puede traer “preocupantes consecuencias”, de acuerdo con diversas organizaciones sociales, quienes dicen que “legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente en tareas de seguridad pública, reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiacas, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas”.

En conferencia de prensa este martes, dijeron que la Ley de Seguridad Interior “representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México”, además de ser “riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006”.

La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares”, por lo que pidieron a los legisladores “adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas”.

Recomendaciones internacionales

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó México y mostró su preocupación debido al incremento y las violaciones a derechos humanos en el país, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada.

Durante esta visita, la CIDH pidió al gobierno de México presentar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

También Zaid Ra’ad Al Hussein, Ato Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública con respeto a los derechos humanos.

Por ello, las organizaciones y académicos piden que el Congreso detenga la aprobación de la ley “ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos”.

El Ejército no redujo violencia

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, la actual estrategia de combate al crimen organizado (que comenzó hace diez años) “no redujo la violencia existente en el país”.

En el año 2007, cuando la estrategia fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en mínimos históricos”, por lo que “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”, según la publicación.

Actualmente, se han presentado tres iniciativas de Ley de Seguridad Interior en el Congreso, que pretenden dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en tareas de seguridad pública.

El estudio concluye que las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando porque incumplen con su objetivo de “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.

Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación de militares, las iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.

Por ello, concluye el estudio, “la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica” y los proyectos para legalizar la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.

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Los países de América Latina donde más ha crecido la pobreza extrema (y dónde ha bajado)

La extrema pobreza en la región se ha disparado. En los últimos cinco años aumentó en 17 millones de personas, dejando a las familias vulnerables al límite de la sobrevivencia. ¿En qué países ha subido y en cuáles ha bajado?
5 de octubre, 2019
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En los últimos cinco años se sumaron a la pobreza extrema en América Latina 17 millones de personas.

Mientras en 2014 había 46 millones en esta situación, en 2018 subieron a 63 millones, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Una de las razones que explican este aumento es que se produjo un ajuste fiscal, un recorte de recursos para los hogares más pobres”, le dice a BBC Mundo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la organización.

Como muchos de los países de la región han hecho recortes del gasto social, esto ha afectado directamente a las familias más vulnerables, que viven de sus ingresos y de los subsidios que entrega el Estado.

“La extrema pobreza depende en gran medida de los programas sociales”, explica Bárcena, y cuando los recursos asignados disminuyen, ésta sube inmediatamente.

 Extrema pobreza en América Latina. En millones de personas. .

La mayor alza de la extrema pobreza se produjo entre 2015 y 2016, mientras que el último incremento fue de un millón de personas entre 2017 y 2018.

De acuerdo a la información que maneja la Cepal, con datos actualizados por país hasta 2017, la pobreza extrema aumentó principalmente en Brasil, Bolivia y Ecuador.

Países donde más ha aumentado la pobreza extrema. América Latina [ Brasil Subió de 3,3% a 5,5% entre 2014 y 2017 ] [ Bolivia Subió de 14,9% a 16,4% entre 2014 y 2017 ],[ Ecuador Subió de 5,4% a 6,2% entre 2014 y 2017 ], Source: Fuente: Cepal, Image:

Mientras que los países donde más ha bajado la pobreza extrema, con datos hasta 2017, son El Salvador, Paraguay y Panamá.

Países donde más ha bajado la pobreza extrema. América Latina [ El Salvador Bajó de 11,7% a 8,3% entre 2014 y 2017 ] [ Paraguay Bajó de 7,7% a 6% entre 2014 y 2017 ],[ Panamá Bajó de 9,2% a 7,6% ], Source: Fuente: Cepal, Image:

Venezuela no aparece en el ranking porque dejó de reportar los datos.

Protección social

Actualmente, una de cada 10 personas en la región vive en condiciones extremadamente pobres; es decir, sus ingresos no le permiten subsistir.

Por eso, el organismo argumenta que la capacidad de los Estados para proveer garantías universales de protección socialsigue siendo limitada.

Y en este sentido, la exclusión golpea con más fuerza a quienes no realizaron cotizaciones para la vejez en el mercado formal de trabajo, y a quienes, por distintas circunstancias, quedan en una situación de vulnerabilidad.

Esta vulnerabilidad depende principalmente del empleo, los beneficios públicos y otro tipo de ingresos complementarios, como pueden ser las remesas.

Lo complejo es que la mayor parte de las personas con escasos recursos económicos vive del trabajo informal, lo que no les permite ahorrar para la jubilación ni tener un mínimo de estabilidad para enfrentar eventos como la enfermedad de un miembro de la familia o el nacimiento de nuevos hijos.

Trabajo infantil e n El Salvador

Getty Images
El Salvador es el país latinoamericano que más ha disminuido la pobreza extrema a partir de 2014.

Menos que el salario mínimo

Además de las redes de protección social, la clave para superar la pobreza y la extrema pobreza es el empleo.

Sin embargo, el 42% de los empleados en América Latina gana un ingreso inferior al sueldo mínimo en sus respectivos países.

Es decir, cuatro de cada 10 trabajadores tiene un trabajo considerado técnicamente como indecente porque no les permite cubrir la canasta básica de necesidades.

Además, la mayoría de las personas afectadas por esta situación son mujeres.

Autonomía económica

Y en lo que se refiere al salario mínimo, mientras en Sudamérica la situación ha mejorado en los últimos años, en México y Centroamérica el sueldo sigue siendo demasiado escaso, un problema que se suma a la pérdida de poder adquisitivo.

“La falta de acceso al trabajo decente es un factor determinante de la pobreza y las desigualdades sociales”, señala Bárcena.

Niños en Brasil

Getty Images
El 42% de los empleados en América Latina gana un ingreso inferior al sueldo mínimo.

Hasta 2014 se produjo una baja de la desigualdad en la región, pero a partir de 2015, agrega, la disminución ha sido mucho menor.

“Antes íbamos muy bien y ahora desgraciadamente hemos bajado la velocidad”.

“Creemos que en la inclusión laboral se encuentra la solución a muchos de los problemas. Es lo que le da el empoderamiento y la autonomía económica a las personas”, apunta Bárcena.

“Necesitamos crecimiento económico y mayor gasto social para combatir la pobreza y la extrema pobreza”.


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