PGR acepta recomendaciones de CNDH pero no las atiende: en 5 años solo ha resuelto 1 de 19
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PGR acepta recomendaciones de CNDH pero no las atiende: en 5 años solo ha resuelto 1 de 19

53 funcionarios están involucrados en violaciones graves a derechos humanos, solo hay uno sancionado; 70% de los puntos recomendatorios siguen pendientes.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel
23 de febrero, 2017
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Entre el 2011 y 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió y aceptó 19 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves cometidas por sus funcionarios. De todas ellas solamente una recomendación ha sido resuelta.

Los resultados de un análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los derechos humanos en el proceso penal en México arrojó que casi el 95 por ciento de las recomendaciones dirigidas a la Procuraduría continúan estando en trámite, con múltiples puntos recomendatorios que no se han atendido.

Esto pese a que las recomendaciones están relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos de al menos 212 personas, y que van desde casos de desaparición forzada, hasta tortura y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas.

Los reportes a los que tuvieron acceso los auditores revelan que, entre 2011 y 2015, se dirigieron ocho mil 525 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a la PGR que dieron paso a 19 recomendaciones.

Cuatro de las recomendaciones fueron emitidas en 2011, tres en 2012, cinco en 2013, cuatro en 2014, y tres en 2015. De todas ellas, solamente una recomendación de 2011 ha sido completamente atendida.

Cada recomendación que emite al CNDH puede tener uno o varios “puntos recomendatorios” que son las acciones específicas que se pide cumplir a la dependencia involucrada para atender la recomendación y reparar el daño que se haya causado, así como prevenir que se cometan las mismas conductas.

El análisis de los auditores arroja que las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a PGR entre 2011 y 2015 comprenden en total 98 puntos recomendatorios. De todos estos puntos la Procuraduría solo ha realizado 33, lo que significa que casi el 70 por ciento de ellos siguen sin ser resueltos por la dependencia.

¿Por qué solo una recomendación ha sido atendida por la PGR en su totalidad? El argumento dado por la dependencia a los auditores es que la mayoría de los casos están ligados con la apertura de averiguaciones previas y por lo tanto lleva su tiempo.

Entre las recomendaciones que están pendientes de ser atendidas en su totalidad, hay casos de alto impacto como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa que se dio a conocer desde abril de 2015.

En su momento la propia CNDH denunció públicamente que la Procuraduría no había cumplido a cabalidad ninguno de los 26 puntos recomendatorios relacionados con el caso Ayotzinapa y entre los que se encontraban realizar nuevos peritajes a las evidencias encontradas, solicitar ayuda internacional para la captura de personas involucradas, desahogar nuevas líneas de investigación entre otros.

Leer: Ejecuciones, tortura y desapariciones, fallas de México en derechos humanos durante 2016: AI

 Ni las quejas se atienden a tiempo

Una queja es una denuncia presentada por una persona ante la CNDH en donde alude que sus derechos fueron violados. Entre 2011 y 2015 se presentaron en total ocho mil 662 quejas en donde figuraban como posibles responsables funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Lo que los auditores descubrieron es que las quejas, si bien son atendidas por la Procuraduría al responder requerimientos de información u otros aspectos que la CNDH le solicita, esto ocurre con un retraso considerable.

Por ejemplo en 2015 la PGR recibió solicitudes relacionadas con mil 538 expedientes de queja. La ley dela CNDH establece que cada queja debe ser respondida en un plazo no mayor a 15 días naturales después de que se recibe la notificación, pero la Procuraduría solo atendió 92 de ellas en ese lapso, es decir menos del seis por ciento.

Hay quejas que tuvieron que esperar incluso más de 400 días para poder ser atendidas por la Procuraduría General dela República.

“Con el análisis anterior, se constató que, en 2015, la PGR atendió a todas las solicitudes de información de la CNDH, pero el tiempo para atender las solicitudes de 1,485 expedientes fue 99 veces más de lo señalado por la ley de la CNDH” indica el análisis.

Los auditores también reportaron deficiencias en la integración de los informes de las quejas y sistematización lo que impide darles un seguimiento adecuado sobretodo en cuanto a los tiempos de atención.

Para solucionar esto la PGR prometió que pondría en marcha un mecanismo específico de seguimiento de las solicitudes con base un semáforo que indique en color amarillo y rojo las quejas que estén sobre el límite para ser atendidas.

Los auditores también verificaron el cumplimiento de la Procuraduría en cuanto a las “medidas precautorias y cautelares” que se le solicitan, y que son acciones de aplicación inmediata cuyo objetivo es prevenir o impedir que los derechos humanos de una persona sean violados de forma reiterada.

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, en 2015 recibió ocho solicitudes de medidas precautorias que fueron atendidas en su totalidad, sin embargo, los datos de la CNDH revelan otra cosa.

“Para la CNDH cuatro (de las solicitudes de medidas precautorias) están atendidas totalmente; tres se encuentran en investigación y/o averiguación previa y en una se reportó que no se aplicó medida alguna; de esas cuatro, el tiempo en el que la entidad las atendió fue de 13 días” revela el informe de los auditores.

Impunidad

Las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a la PGR entre 2011 y 2015 identifican a 53 funcionarios como probables responsables de haber perpetrado las distintas violaciones a derechos humanos. Para investigar las denuncias y delitos cometidos la Procuraduría inició un total de 34 averiguaciones previas.

Pero hasta ahora, de todos ellos, solamente un funcionario ha sido sancionado siendo destituido de su puesto y consignado ante los juzgados correspondientes. La ASF consideró que esto refleja una eficacia de apenas un 1.9 por ciento.

En respuesta a estos cuestionamientos hechos por la auditoría la Procuraduría responsabilizó de nueva cuenta al tiempo que lleva una investigación penal el que no haya resultados pronto.

“Para el ejercicio fiscal de 2016 se realizó una reforma al sistema penal acusatorio en el que se impusieron plazos para la atención de las averiguaciones previas a los ministerios públicos con lo cual se dará mayor celeridad a la atención de las sanciones, toda vez que en la mayoría de los casos el motivo por el cual no se le da pronta atención a las sanciones es por la tardanza en la atención y desahogo de las averiguaciones previas” respondió PGR a la ASF.

 Capacitación dudosa

La Procuraduría informó a la Auditoría que entre 2011 y 2015 capacitó a 34 mil 925 funcionarios en temas relacionados con Derechos Humanos, tanto de la propia dependencia como de otras procuradurías y fiscalías en los estados.

En este lapso de cinco años la dependencia incrementó más de 30 por ciento el número de funcionarios capacitados. El problema, es que no existe un mecanismo que permita evaluarla eficacia de esta capacitación.

“La entidad fiscalizada no acreditó contar con la información sobre la evaluación de los trabajos de capacitación de la cultura de los derechos humanos en los servidores públicos de la institución que permita evaluar el efecto de la capacitación de los servidores públicos en la disminución del número de quejas, recomendaciones y sanciones interpuestas, en cumplimiento de lo que establece el Manual de Organización General de la PGR” concluyeron los auditores.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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