La ASF le pone tache al gobierno por su gasto de 2,300 mdp en tabletas para alumnos de primaria
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La ASF le pone tache al gobierno por su gasto de 2,300 mdp en tabletas para alumnos de primaria

La Auditoría Superior indicó que el gobierno federal no dio elementos para asegurar que el gasto en 988,489 tabletas haya ayudado a la educación; en el 54.1% de las escuelas donde se aplicó el programa no había internet para conectar los dispositivos.
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Por Arturo Daen
16 de febrero, 2017
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El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en 2015 un monto de 2 mil 346 millones de pesos en el programa de entrega de tabletas electrónicas a alumnos de quinto de primaria, pero en la mitad de las escuelas donde fueron entregadas ni siquiera contaban con internet, y nunca se comprobó que esos dispositivos mejoraran el aprendizaje.

Lo anterior lo estableció la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis sobre la Cuenta Pública 2015.

Al verificar el funcionamiento del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, y de la instancia encargada de ejecutarlo, denominada Coordinación General @prende.mx, la ASF identificó más de una decena de fallas en el programa, con el que las autoridades educativas entregaron 988,489 tabletas electrónicas a alumnos y “figuras educativas” -profesores, directivos, supervisores- de 15 entidades.

En aquel entonces los estados elegidos fueron Colima, Estado de México, Puebla, Sonora, Tabasco, el Distrito Federal, Nayarit, Durango, Sinaloa, Tlaxcala, Quintana Roo, Zacatecas, Yucatán, Hidalgo y Chihuahua.

La ASF señala que, para empezar, el gobierno nunca explicó por qué fueron elegidos esos estados, y ya que fueron entregadas las tabletas, no se establecieron parámetros para asegurar que el gasto había sido adecuado, y que los alumnos habían aprendido más y mejor.

Además, no se cumplió con dar la infraestructura necesaria para que el uso de estos dispositivos en los salones de clase diera frutos, y no se capacitó de forma adecuada a los profesores, para que sus clases mejoraran con las tabletas.

“No es posible asegurar que los alumnos de quinto grado de primarias públicas los utilizaron como herramienta en su proceso de aprendizaje; no se garantizó la disponibilidad de energía eléctrica, de internet ni del equipamiento de ‘solución de aula’ en las escuelas apoyadas por el programa, por lo que no es posible asegurar que los dispositivos operaron como se tenía previsto, lo que impide conocer los efectos del programa en el favorecimiento del aprendizaje de los alumnos de quinto grado de primarias públicas beneficiados”, concluyó la ASF.

En 2015, según la Auditoría, el gobierno federal no proporcionó información sobre la disponibilidad de energía eléctrica en las escuelas participantes en el programa, por lo que no fue posible determinar si las escuelas contaron con dicho servicio para el funcionamiento de las tabletas.

“De las 30,632 escuelas en las que se entregaron tabletas electrónicas a los alumnos de quinto grado, el 43.8% (13,428) contó con el servicio de internet; en el 2.1% (642) no se dispuso de información sobre la disponibilidad de este servicio, y en el 54.1% (16,562) no se contó con dicho servicio para garantizar la conectividad de las tabletas”, detalló la Auditoría.

A continuación un conteo de 13 de las fallas del programa de tabletas, identificadas por la ASF:

1.- No se justificaron las razones por las que el programa se delimitó únicamente a los alumnos de quinto grado de primarias públicas.

2.- Nunca se justificó por qué los alumnos requerían tabletas electrónicas para su aprendizaje.

3.- El gobierno federal no justificó cómo se realizó la selección de las entidades federativas que participaron en el programa de entrega de tabletas en 2014 y 2015.

4.- La Coordinación General @prende.mx “no contó con información, indicadores, ni metas que permitieran evaluar el grado en que el programa contribuyó a favorecer el aprendizaje de los alumnos”.

5.-  No se estableció el procedimiento de selección para determinar a los beneficiarios del programa.

6.- La Coordinación General @prende.mx no actualizó los lineamientos de operación del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) para el ejercicio fiscal 2015.

7.- No se acreditó la entrega de tabletas a las figuras educativas del estado de Sinaloa, aun cuando dicha entidad federativa participó en el PIAD en 2015.

8.-  La Coordinación General @prende.mx  no contó con la matrícula de alumnos inscritos en forma regular en quinto grado de primarias públicas, ni con el registro de las figuras educativas en servicio en 2015, por lo que no se pudo establecer el nivel de cobertura que tuvo el programa.

9.-  @prende.mx “no adquirió ni entregó bienes para la solución de aula a las primarias públicas participantes en el PIAD, los cuales complementan el uso de las tabletas electrónicas proporcionadas a los alumnos y las figuras educativas de quinto grado de primaria”.

10.- De las 988,489 tabletas electrónicas entregadas por el PIAD a los alumnos de quinto grado de primaria y a las figuras educativas que apoyaron su aprendizaje, el 5.5% (54,110 tabletas) presentó fallas.

11.- No se proporcionó información sobre las medidas implementadas para arreglar esos problemas técnicos.

12.- El número de docentes capacitados en 2015 en el “Taller de formación para docentes participantes en el PIAD” (62,086 docentes) no se corresponde con el número de docentes que en ese año recibieron tabletas electrónicas (29,396 docentes), ya que lo sobrepasa en 111.2 puntos porcentuales, “por lo que no se generó información confiable sobre este taller de capacitación”.

13.-  Se identificó que el 17.1% (85) de los 496 contenidos seleccionados para las tabletas no fue validado, por lo que no se garantizó que estos contenidos se alinearan con los planes de estudio de los alumnos beneficiados por el programa.

Fracasos previos 

El reporte de la Auditoría recuerda que en 2003 el gobierno del presidente Vicente Fox activó el programa Enciclomedia, que buscó mejorar el aprendizaje equipando a las aulas con pizarrones electrónicos y otros materiales audiovisuales.

“En 2010, el programa fue eliminado, debido a la falta de transparencia en los recursos que le fueron asignados; la carencia de infraestructura básica en las escuelas para su operación; la falta de apoyo técnico; las  deficiencias en la formación de los profesores que permitiera realizar el uso adecuado de las tecnologías, y la falta de seguimiento al programa”, indicó la ASF.

Durante los años de operación de Enciclomedia, fueron gastados 33,362 millones de pesos, según se indicó en el texto “(Mal) Gasto en las TIC” (Mexicanos Primero-2013), de Alberto Serdán.

Y de ese gasto, solo quedaron “equipos arrumbados y un desconocido impacto educativo correspondiente a los cuantiosos recursos destinados”.

Cuando era candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto prometió que todos los alumnos de quinto y sexto grado tendrían computadora con internet.

En 2013, su gobierno compró 240,000 laptops, para entregarlas en Colima, Sonora y Tabasco, como parte del programa MiCompu.MX.

La ASF, al analizar la cuenta pública de ese año, encontró que esas laptops solo eran usadas una vez a la semana por los alumnos de sexto grado, y que la SEP no había demostrado el beneficio de esas computadoras para la educación.

Además, profesores y alumnos mencionaron que muchos de esos equipos se habían descompuesto.

Pese a esa experiencia negativa, el gobierno activó al siguiente año, en 2014, el Programa de Alfabetización e Inclusión Digital (PIAD), y compró 709,824 tabletas para entregarlas a alumnos. Para ese año, la Cámara de Diputados aprobó otorgarle a ese programa 2,510 millones 135,065 pesos, misma cantidad que para 2015.

En septiembre de 2015, después de que un estudio de la OCDE indicara que en países donde se han hecho fuertes inversiones en tecnologías de la información y comunicación (TIC) no se había visto “ninguna mejora evidente” en el rendimiento de los alumnos, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, reconoció que “el uso de estas tecnologías no tiene un impacto en mejorar la calidad de la educación”.

El funcionario dijo que se haría una evaluación del programa, para replantearlo. En noviembre pasado, la SEP dejó en el pasado el Programa de Alfabetización e Inclusión Digital (PIAD), y activó una nueva estrategia denominada @prende 2.0, un programa piloto en 3 mil escuelas, enfocado en la instalación de aulas con equipamiento y conectividad, y evaluación constante.

Con ese programa, según el gobierno, serían aprovechadas las 2 millones de tabletas entregadas en años previos.

Auditoría Programa de Inclusión y Alfabetización Digital by http://www.animalpolitico.com on Scribd

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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