La ASF le pone tache al gobierno por su gasto de 2,300 mdp en tabletas para alumnos de primaria
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La ASF le pone tache al gobierno por su gasto de 2,300 mdp en tabletas para alumnos de primaria

La Auditoría Superior indicó que el gobierno federal no dio elementos para asegurar que el gasto en 988,489 tabletas haya ayudado a la educación; en el 54.1% de las escuelas donde se aplicó el programa no había internet para conectar los dispositivos.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Daen
16 de febrero, 2017
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El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en 2015 un monto de 2 mil 346 millones de pesos en el programa de entrega de tabletas electrónicas a alumnos de quinto de primaria, pero en la mitad de las escuelas donde fueron entregadas ni siquiera contaban con internet, y nunca se comprobó que esos dispositivos mejoraran el aprendizaje.

Lo anterior lo estableció la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis sobre la Cuenta Pública 2015.

Al verificar el funcionamiento del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, y de la instancia encargada de ejecutarlo, denominada Coordinación General @prende.mx, la ASF identificó más de una decena de fallas en el programa, con el que las autoridades educativas entregaron 988,489 tabletas electrónicas a alumnos y “figuras educativas” -profesores, directivos, supervisores- de 15 entidades.

En aquel entonces los estados elegidos fueron Colima, Estado de México, Puebla, Sonora, Tabasco, el Distrito Federal, Nayarit, Durango, Sinaloa, Tlaxcala, Quintana Roo, Zacatecas, Yucatán, Hidalgo y Chihuahua.

La ASF señala que, para empezar, el gobierno nunca explicó por qué fueron elegidos esos estados, y ya que fueron entregadas las tabletas, no se establecieron parámetros para asegurar que el gasto había sido adecuado, y que los alumnos habían aprendido más y mejor.

Además, no se cumplió con dar la infraestructura necesaria para que el uso de estos dispositivos en los salones de clase diera frutos, y no se capacitó de forma adecuada a los profesores, para que sus clases mejoraran con las tabletas.

“No es posible asegurar que los alumnos de quinto grado de primarias públicas los utilizaron como herramienta en su proceso de aprendizaje; no se garantizó la disponibilidad de energía eléctrica, de internet ni del equipamiento de ‘solución de aula’ en las escuelas apoyadas por el programa, por lo que no es posible asegurar que los dispositivos operaron como se tenía previsto, lo que impide conocer los efectos del programa en el favorecimiento del aprendizaje de los alumnos de quinto grado de primarias públicas beneficiados”, concluyó la ASF.

En 2015, según la Auditoría, el gobierno federal no proporcionó información sobre la disponibilidad de energía eléctrica en las escuelas participantes en el programa, por lo que no fue posible determinar si las escuelas contaron con dicho servicio para el funcionamiento de las tabletas.

“De las 30,632 escuelas en las que se entregaron tabletas electrónicas a los alumnos de quinto grado, el 43.8% (13,428) contó con el servicio de internet; en el 2.1% (642) no se dispuso de información sobre la disponibilidad de este servicio, y en el 54.1% (16,562) no se contó con dicho servicio para garantizar la conectividad de las tabletas”, detalló la Auditoría.

A continuación un conteo de 13 de las fallas del programa de tabletas, identificadas por la ASF:

1.- No se justificaron las razones por las que el programa se delimitó únicamente a los alumnos de quinto grado de primarias públicas.

2.- Nunca se justificó por qué los alumnos requerían tabletas electrónicas para su aprendizaje.

3.- El gobierno federal no justificó cómo se realizó la selección de las entidades federativas que participaron en el programa de entrega de tabletas en 2014 y 2015.

4.- La Coordinación General @prende.mx “no contó con información, indicadores, ni metas que permitieran evaluar el grado en que el programa contribuyó a favorecer el aprendizaje de los alumnos”.

5.-  No se estableció el procedimiento de selección para determinar a los beneficiarios del programa.

6.- La Coordinación General @prende.mx no actualizó los lineamientos de operación del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) para el ejercicio fiscal 2015.

7.- No se acreditó la entrega de tabletas a las figuras educativas del estado de Sinaloa, aun cuando dicha entidad federativa participó en el PIAD en 2015.

8.-  La Coordinación General @prende.mx  no contó con la matrícula de alumnos inscritos en forma regular en quinto grado de primarias públicas, ni con el registro de las figuras educativas en servicio en 2015, por lo que no se pudo establecer el nivel de cobertura que tuvo el programa.

9.-  @prende.mx “no adquirió ni entregó bienes para la solución de aula a las primarias públicas participantes en el PIAD, los cuales complementan el uso de las tabletas electrónicas proporcionadas a los alumnos y las figuras educativas de quinto grado de primaria”.

10.- De las 988,489 tabletas electrónicas entregadas por el PIAD a los alumnos de quinto grado de primaria y a las figuras educativas que apoyaron su aprendizaje, el 5.5% (54,110 tabletas) presentó fallas.

11.- No se proporcionó información sobre las medidas implementadas para arreglar esos problemas técnicos.

12.- El número de docentes capacitados en 2015 en el “Taller de formación para docentes participantes en el PIAD” (62,086 docentes) no se corresponde con el número de docentes que en ese año recibieron tabletas electrónicas (29,396 docentes), ya que lo sobrepasa en 111.2 puntos porcentuales, “por lo que no se generó información confiable sobre este taller de capacitación”.

13.-  Se identificó que el 17.1% (85) de los 496 contenidos seleccionados para las tabletas no fue validado, por lo que no se garantizó que estos contenidos se alinearan con los planes de estudio de los alumnos beneficiados por el programa.

Fracasos previos 

El reporte de la Auditoría recuerda que en 2003 el gobierno del presidente Vicente Fox activó el programa Enciclomedia, que buscó mejorar el aprendizaje equipando a las aulas con pizarrones electrónicos y otros materiales audiovisuales.

“En 2010, el programa fue eliminado, debido a la falta de transparencia en los recursos que le fueron asignados; la carencia de infraestructura básica en las escuelas para su operación; la falta de apoyo técnico; las  deficiencias en la formación de los profesores que permitiera realizar el uso adecuado de las tecnologías, y la falta de seguimiento al programa”, indicó la ASF.

Durante los años de operación de Enciclomedia, fueron gastados 33,362 millones de pesos, según se indicó en el texto “(Mal) Gasto en las TIC” (Mexicanos Primero-2013), de Alberto Serdán.

Y de ese gasto, solo quedaron “equipos arrumbados y un desconocido impacto educativo correspondiente a los cuantiosos recursos destinados”.

Cuando era candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto prometió que todos los alumnos de quinto y sexto grado tendrían computadora con internet.

En 2013, su gobierno compró 240,000 laptops, para entregarlas en Colima, Sonora y Tabasco, como parte del programa MiCompu.MX.

La ASF, al analizar la cuenta pública de ese año, encontró que esas laptops solo eran usadas una vez a la semana por los alumnos de sexto grado, y que la SEP no había demostrado el beneficio de esas computadoras para la educación.

Además, profesores y alumnos mencionaron que muchos de esos equipos se habían descompuesto.

Pese a esa experiencia negativa, el gobierno activó al siguiente año, en 2014, el Programa de Alfabetización e Inclusión Digital (PIAD), y compró 709,824 tabletas para entregarlas a alumnos. Para ese año, la Cámara de Diputados aprobó otorgarle a ese programa 2,510 millones 135,065 pesos, misma cantidad que para 2015.

En septiembre de 2015, después de que un estudio de la OCDE indicara que en países donde se han hecho fuertes inversiones en tecnologías de la información y comunicación (TIC) no se había visto “ninguna mejora evidente” en el rendimiento de los alumnos, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, reconoció que “el uso de estas tecnologías no tiene un impacto en mejorar la calidad de la educación”.

El funcionario dijo que se haría una evaluación del programa, para replantearlo. En noviembre pasado, la SEP dejó en el pasado el Programa de Alfabetización e Inclusión Digital (PIAD), y activó una nueva estrategia denominada @prende 2.0, un programa piloto en 3 mil escuelas, enfocado en la instalación de aulas con equipamiento y conectividad, y evaluación constante.

Con ese programa, según el gobierno, serían aprovechadas las 2 millones de tabletas entregadas en años previos.

Auditoría Programa de Inclusión y Alfabetización Digital by http://www.animalpolitico.com on Scribd

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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