El alcalde del pequeño municipio de Atzitzintla y cinco de sus uniformados fueron acusados de “asociación delictuosa y desaparición forzada”, informó este domingo por la noche el fiscal de Puebla, Víctor Carrancá.

[contextly_sidebar id=”LBvNNRUP4tJOEtGd915EXZcFpNiFlhUj”]Además, decenas de personas fueron arrestadas, entre ellas tres presuntos sicarios que habrían ejecutado los homicidios, dijo por su parte el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco.

El jueves, tres policías investigadores de la fiscalía de Puebla –que cerraban una larga indagatoria sobre secuestros y robo de combustible en la región– fueron hallados sin vida en Maltrata, un municipio del vecino estado de Veracruz, unos 275 kilómetros al sureste de la capital mexicana.

Sus pesquisas apuntaban a una banda criminal que trabaja para el cártel Los Zetas.

La fiscalía de Puebla aseguró el domingo haber encontrado “pruebas que permiten establecer el involucramiento de autoridades municipales de Atzitzintla” con dicha banda.

Según las autoridades estatales, los policías de Atzizintla habrían avisado al grupo criminal para que interceptara a los investigadores de la fiscalía, quienes al verse presas de una emboscada, lanzaron un llamado de auxilio a sus superiores.

Horas después, sus cadáveres fueron encontrados en Veracruz, un estado asolado desde hace años por Los Zetas.

Tras el asesinato de los tres agentes, se desplegaron 500 policías estatales, federales, soldados y marinos a esta región, denominada Triángulo Rojo, una franja de 29 municipios de Puebla que se convirtió en el mayor punto de extracción ilegal de gasolina de ductos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se registraron enfrentamientos armados en los que los miembros de la banda intentaron, sin éxito, liberar a sus compañeros encarcelados, dijo Carrancá. El líder del grupo logró escapar, precisó.

El cártel de Los Zetas opera a través de pequeñas células delictivas, que se dedican a secuestrar, extorsionar o robar combustible en estados como Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Monterrey o Puebla.

Como otras bandas del crimen organizado en México, en muchas ocasiones cuentan con la complicidad de autoridades locales corruptas.

En uno de los casos más sonados, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa fueron arrestados y acusados de participación en la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un crimen que, según las autoridades, ejecutaron a través de sicarios del cártel Guerrero Unidos.