¿Quién debe bloquear los celulares en la cárcel? Gobierno federal y de CDMX se echan la bolita
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Ilustración: Jesús Santamaría

¿Quién debe bloquear los celulares en la cárcel? Gobierno federal y de CDMX se echan la bolita

El gobierno capitalino dijo que no sabe si los bloqueadores funcionan pues los opera gobierno federal; este último dijo que no sabe porque le toca al de la ciudad.
Ilustración: Jesús Santamaría
Por Arturo Angel
10 de marzo, 2017
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Los celulares llegan por miles a los reclusorios de la Ciudad de México. En los últimos 10 años, más de 21 mil teléfonos han sido descubiertos entre los reos de la capital mexicana. De hecho, más de mil aparatos fueron localizados en el Módulo Diamante, que en teoría es el de mayor seguridad y alberga a los homicidas, extorsionadores y secuestradores más peligrosos.

Y estos son sólo los aparatos que se han decomisado, no los que siguen en las manos de los reclusos. 

Aunque tener un celular en un reclusorio capitalino no debería servir de nada –debido a los dispositivos instalados hace más de seis años para bloquear las señales de telefonía móvil–, el Consejo Ciudadano de la CDMX ha reportado que el reporte diario de intentos de extorsión telefónica se ha multiplicado de 354 casos en 2010 a 911 casos en 2016, y que la mayoría proviene de penales capitalinos. 

En febrero pasado un reportaje de Grupo Imagen y El País documentó en video cómo operan redes de extorsionadores desde uno de los reclusorios capitalinos a través de múltiples teléfonos celulares, prácticamente de forma rutinaria y con la complicidad del propio personal de seguridad.

Animal Político documentó a través de solicitudes de transparencia que las autoridades no saben –o al menos eso dicen– si los bloqueadores sirven, quiénes son los responsables de operarlos, si han recibido mantenimiento, si ya superaron su vida útil o si están descompuestos.

El gobierno capitalino dijo que es el gobierno federal el encargado de esos equipos porque es quien los adquirió y opera, y el gobierno federal respondió que es el capitalino el responsable.

Celulares al por mayor

Datos oficiales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal revelan que del 1 de enero de 2006 al 31 de enero de 2017 se han decomisado en total 21 mil 610 equipos de telefonía celular en el interior de los distintos reclusorios capitalinos. Dado que el uso de celulares por los reos está prohibido, todos son teléfonos ingresados ilegalmente.

El detalle de estos decomisos evidencia que ni siquiera en el que es el penal más seguro de la Ciudad de México se ha conseguido evitar el ingreso de los teléfonos. Se trata del denominado Módulo de Alta Seguridad Diamante, ubicado dentro del complejo penitenciario de Santa Martha Acatitla.

Este centro penitenciario que cuenta con tres filtros de seguridad para –se supone– impedir el ingreso de cualquier personal o elemento no autorizado, comenzó a funcionar a finales de 2010. Su objetivo era albergar a los 500 delincuentes de mayor peligrosidad y sacarlos de los penales más grandes que estaban sobresaturados.

Los datos entregados evidencian que entre 2012 y enero de 2017 se han decomisado en este complejo mil 10 teléfonos celulares. Para ponerlo en proporción, en esta cárcel –supuestamente la más segura– se han descubierto más aparatos telefónicos que en otros siete penales capitalinos.

Incluso el número de celulares hallados en este penal supera al de cárceles más grandes, con mayor población y con más años en funcionamiento, como el Reclusorio Preventivo Sur, donde en un periodo de 11 años se han descubierto 745 teléfonos celulares, o el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde en el mismo periodo se han hallado 427 celulares.

En cuanto a los decomisos de teléfonos celulares por año, en 2016 se encontraron mil 375 aparatos. En comparación con el año anterior es una reducción de casi el 40 por ciento de teléfonos encontrados aunque la Subsecretaría del Sistema Penitenciario no detalla si esto es una reducción porque haya menos teléfonos o si lo que hubo fue una disminución de operativos.

A pesar de lo anterior, la cifra de teléfonos celulares encontrados sigue siendo mayor a la que por ejemplo se reportó en 2006 con 323 teléfonos, o en 2007 con 745 aparatos móviles encontrados.

¿Y los bloqueadores de señal telefónica? Autoridades se pasan la bolita

En septiembre de 2010 el entonces gobierno del Distrito Federal anunció la inversión de poco más de 24 millones de pesos para la instalación de equipos inhibidores de señal en todos los centros penitenciarios de la ciudad. Un año después, el gobierno dijo que el contrato ya había sido firmado y comenzó la instalación de los equipos denominados Sistema de Bloqueo de Señal de Espectro Radioeléctrico.

Pero a seis años de distancia parece que las autoridades desconocen quién opera este sistema y en qué estado se encuentren los dispositivos. Por lo menos eso es lo que han respondido oficialmente las autoridades capitalinas y federales.

Animal Político envió una solicitud a la secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (donde se encuentra adscrita la Subsecretaría del Sistema Penitenciario) con una decena de cuestionamientos en torno a costos, tipo y funcionamiento de los dispositivos bloqueadores.

Entre otras cosas, la dependencia respondió que en 2011 se adquirió con la empresa Software DSI SA de CV 155 equipos de bloqueo de teléfonos celulares por un monto de 24 millones 795 mil pesos.

Sin embargo, a la pregunta de cuántos dispositivos de este tipo se encuentran funcionando, cuál es su periodo de vida útil, cuál es el histórico de número de fallas, entre otros, la dependencia capitalina dijo que no sabía porque fue el gobierno federal el que los había adquirido.

“Los sistemas inhibidores de telefonía celular que están en funcionamiento en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México fueron instalados por el gobierno federal, por lo que no obra en expediente alguno de esta Dependencia la información solicitada”, respondió la dependencia capitalina en la solicitud de información folio 0101000007217.

Con ese mismo argumento la dependencia dijo desconocer del mantenimiento de estos equipos e incluso de los funcionarios responsables de operarlos: “los bloqueadores que operan actualmente son administrados por la federación, por lo que la información solicitada se encuentra fuera del ámbito de competencia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario”.

Animal Político preguntó entonces a varias dependencias e instancias federales en torno al funcionamiento de estos dispositivos pero todas negaron que sean ámbito de su competencia.

La instancia responsable del sistema penitenciario a nivel nacional, denominada Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), respondió sobre este tema –a través de su titular de la Unidad de Transparencia, Jorge Antonio Torres Regnier– en la solicitud de información folio 3670000007817.

Dicha dependencia dijo que los bloqueadores en cárceles de la ciudad “no son competencia” del nivel federal pues “no administra los reclusorios capitalinos” ni tiene relación con su operación.

El OADPRS indicó que la instancia responsable era la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la cual dijo lo contrario.

Animal Político ya interpuso un recurso de revisión en contra de estas contradicciones que se encuentra en proceso de análisis y resolución.

Si eres víctima de extorsión telefónica

En caso de que seas víctima de un intento de extorsión telefónica el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México puede darte asesoría de que hacer, como responder y además como denunciar.

Para ello solo hay que comunicarse al 55 33 55 33 desde cualquier parte del país para recibir apoyo inmediato, También existe una aplicación denominada “No Más XT” que se puede descargar en los teléfonos inteligentes para, entre otras cosas, reportar intentos de extorsión y recibir consejos.

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Felimar Luque

De vender arepas en un mercado a luchar como médica contra la COVID-19

Felimar Luque temía no volver a trabajar como médica tras emigrar de Venezuela. Pero la falta de personal sanitario que sufren países de la región como Perú ha hecho que vuelva a ejercer.
Felimar Luque
5 de agosto, 2020
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Preparando arepas en la habitación que compartía junto a su hermana en Lima, Felimar Luque temía no volver a ponerse nunca más la bata de médica que se tuvo que quitar cuando salió de Venezuela en busca de un futuro mejor.

Hoy, tras un año en el que vendió arepas en un mercado y medicamentos en una farmacia, vuelve a ejercer la medicina en un hospital. Una oportunidad que ansió durante meses y que no le llegó hasta que ocurrió una tragedia: la pandemia de COVID-19.

“La esperanza era bastante lejana por el tema económico”, cuenta esta ginecóloga de 34 años, a quien se le hacía imposible asumir el costo de homologar su título cuando llegó a Perú el año pasado.

Ahora, ante la falta de profesionales de la salud para atender de los casos de coronavirus que hay a nivel nacional, Luque ha sido contratada para trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, el complejo hospitalario más importante de la seguridad social peruana.

Allí, se encarga de evaluar cómo evolucionan cerca de 200 afectados por COVID-19.

Perú ha decidido permitir durante la pandemia la contratación de médicos extranjeros, incluso aquellos que aún no hayan terminado de realizar sus trámites para colegiarse. Es una medida que también han tomado países como Chile, México y España.

Luque ha sido una de las beneficiadas. Como a muchos de los 900,000 venezolanos que emigraron al país andino en los últimos años, a ella, le había tocado empezar desde cero en su nuevo destino.

Es decir: dejar atrás 11 años de estudios universitarios y cuatro de experiencia laboral, para, en cambio, comenzar los días levantándose a las cinco de la mañana para amasar agua y harina P.A.N.

“Despertábamos para hacer las arepas y que estuvieran calientes al momento de venderlas”, recuerda.

Harina P.A.N.

Getty Images
Felimar Duque se despertaba todos los días a las 5am para amasar la harina P.A.N.

“Vendíamos unas 30 o 35… No eran muy grandes porque la harina P.A.N. es importada y costosa y queríamos obtener un poquito de ganancia”, le dice a BBC Mundo por teléfono en el descanso de su turno en el hospital.

A dos soles cada una (0.6 dólares), ganaban entre 18 y 21 dólares cada día. Tres veces más que su sueldo mensual en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, conocido por ser donde murió en 2013 el exmandatario venezolano, Hugo Chávez.

Este monto, sin embargo, era insuficiente para vivir cómodamente en Perú. Así que, recién llegadas a Lima, las hermanas vendían las arepas por las mañanas y dedicaban el resto del día a buscar trabajo.

“El choque emocional era demasiado”, cuenta Luque. “Aparte, jamás había vendido nada”.

“Todo en mi vida había sido estudiar, estudiar, estudiar… El día en que decidí trabajar ya era médico y, desde entonces y ya graduada, nunca había dejado de trabajar”.

Dejar Venezuela

Felimar Luque era en Caracas especialista adjunta del servicio de ginecología de un hospital de nivel 4, el más alto, es decir, con un gran número de camas, área de terapia intensiva y de especialidades.

De pequeña, había decidido ser pediatra después de que una infección gastrointestinal le llevara a acabar ingresada en un hospital.

“Me atendió una excelente pediatra, que fue muy atenta conmigo. A pesar de no tener turnos, se quedó conmigo durante mi hospitalización”, recuerda.

“De ahí le dije a mi mamá: ‘Quiero ser pediatra porque quiero atender a las personas así como ella me atiende a mí”.

Pero, a medida que estudiaba la carrera, fue cambiando de opinión. “Me di cuenta de que la pediatría era bonita, pero a la vez un poco triste“.

“Sobre todo el área oncológica me deprimía, así que dije: ‘No, prefiero ser ginecóloga, que así traes un bebé al mundo y, en la mayoría de los casos, les das una alegría a los familiares”. Todavía recuerda su primer parto: varón, 3.5 kilos.

Felimar Duque con un bebé recién nacido

Felimar Duque
Duque optó por especializarse en ginecología porque el traer bebés al mundo “das una alegría a los familiares”.

Los años tomando notas o sacando fotocopias de libros que no podía permitirse comprar rindieron frutos: se graduó de la Universidad Rómulo Gallegos con notas sobresalientes o, como se dice en Venezuela, cum laude.

Un posgrado después, llegó a ser jefa de servicio en un hospital grande. Pero era un puesto que también tenía desventajas que se hicieron más agudas cuando el país empezó a verse golpeado por una dura crisis económica.

“En 2012 ya empezó el déficit, pero se acentuó muchísimo, muchísimo en 2014. En 2015, ya no teníamos absolutamente nada, teníamos que solicitar al paciente que llevara sus insumos para poder atenderle”, hace memoria.

Alternaba cuatro trabajos en dos clínicas y dos hospitales públicos para poder mantenerse. Le alcanzaba, “ajustadita”, y solo porque vivía sola y no había formado aún una familia.

Pero la falta de condiciones para atender a sus pacientes era lo que más le afectaba.

“El choque no lo vive el director del hospital, lo vives tú como jefe en tu área. Eso ya me tenía un poquito inestable emocionalmente porque decía: ¿Cómo voy a una guardia? Como recurso humano puedo hacer cualquier cosa, pero me atas de manos porque no tengo cómo resolver al paciente porque no tengo insumos”.

Protesta en Venezuela por la crisis hospitalaria

Getty Images
En Venezuela hay una crisis hospitalaria desde hace varios años.

Estas deficiencias le hicieron pasar por situaciones tensas, como cuando tuvo que resguardarse para no ser agredida por el familiar de una paciente.

“Había sido referida de otro hospital y, en ese momento, nosotros no contábamos con servicio de quirófano porque no había aire acondicionado y solo estábamos atendiendo estrictas emergencias”, recuerda.

“La paciente estaba en un inicio de trabajo de parto… Tenía oportunidad de ir a otro centro a ver si la podían atender”. El familiar montó en cólera, estallando en reclamos e insultos contra ella y un colega, que eran los encargados del servicio aquel día.

“Tuvimos que permanecer encerrados en la habitación porque si salíamos nos podían agredir”, afirma.

Choque emocional

Episodios como este la llevaron a iniciar la homologación de su título en España para emigrar allí.

“Mi temor era: ‘se me va a morir una paciente por el simple hecho de que en el hospital no hay tan siquiera sangre para transferirle o no hay una jeringa, nada…’ Que me llegue un paciente crítico y no pueda resolverlo, no porque no tenga conocimiento, sino porque no tengo los recursos para atenderlo”.

Pero las trabas burocráticas, tanto en España como en Venezuela, y la ralentización de los trámites en las instituciones de este último país hizo que, a inicios de 2019, se decidiera a seguir a su hermana a un destino más barato y menos complicado: Perú.

Felimar Luque (izq.) en la sala de partos en Venezuela

Felimar Luque
Practicar medicina en Venezuela se ha vuelto difícil por la falta de recursos.

A diferencia de miles de sus compatriotas, ellas tuvieron la “suerte” de poder viajar hasta allí en avión.

Pero eso no logró amainar un cambio tan brusco: “En Venezuela siempre tuve trabajo, muchísimo trabajo. Pero una vez que vengo para acá, nunca había vendido y había que relacionarse con cualquier persona”.

“Pero era más que todo el choque emocional: eras una persona reconocida en tu país. En mi caso, yo era jefe de servicio porque era especialista adjunta del servicio de ginecología ya con cuatro años de experiencia como tal. Y sí, el choque es bastante fuerte en ese sentido”.

“De verdad que me sentía bastante mal”.

Junto a su hermana, pidieron permiso en un puesto de un mercado cercano a donde vivían para ponerse de pie al lado a vender las arepas. El comerciante se lo permitió.

“Entonces hice mi currículum, lo dejé por locales comerciales, farmacias. Llamaba a los anuncios para cuidar bebés, cuidar abuelitos”. Menos de un mes después de llegar, consiguió empleo en una farmacia donde trabajaba seis días a la semana por el salario mínimo.

Inmigrante venezolana entrando a Perú

Getty Images
Muchos venezolanos que inmigran a Perú tienen dificultades en buscarse la vida.

¡No tenemos gente!

Poco a poco, fue reuniendo y validando los papeles que necesitaba para homologar su título de médico general.

“Registré mi título… pero hubo un freno porque me exigían estudiar un año más”, cuenta. No podía permitírselo: su hermana tenía problemas para encontrar empleo y de su salario salían la manutención de las dos y el dinero que enviaba a sus padres, en Venezuela.

“Decidimos oye, nada, a reunir plata. A ver si se puede lograr de alguna forma en algunos meses”.

Casi a finales de 2019, vio un anuncio en Instagram: la ONG Unión Venezolana en Perú estaba ayudando a médicos venezolanos a convalidar sus títulos. La organización ha reunido en los últimos dos años un listado de 39,000 inmigrantes venezolanos con estudios, cuyos datos se los ofrece al gobierno peruano para ayudar a cubrir vacantes difíciles de llenar.

Tras una dura selección que empezó con 150 profesionales, Luque acabó siendo una de los 20 que recibió la ayuda de la ONG y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para poder colegiarse en Perú.

“Tuve que pasar varias pruebas y cursos”, asegura. “A veces nos decían el mismo día o la noche anterior: ‘Hoy, urgente, tienen que ir a tal sitio’. Y bueno, ese día le pedía permiso a mi jefe y gracias a Dios fue bastante tolerante. Me decía: ‘Tranquila’. Luego, eso sí, tenía que pagarle las horas como sea”.

Pero incluso cuando su nombre apareció oficialmente en la base de datos de médicos colegiados de Perú, encontrar trabajo como tal siguió siendo una tarea complicada.

Coronavirus en Perú

Getty Images
En algunos lugares de Perú se han visto desbordados por la falta de médicos para combatir el coronavirus.

En tres meses, solo llamaron para dos plazas lejos de Lima, de donde no quería irse.

“Conseguí un puesto de asistente de cirugía plástica. Realmente, no es mi área, solo llenaba historias de los pacientes y hacía las tareas de las enfermeras”.

Con la pandemia, la clínica cerró: “Lo que más me angustiaba era que yo tengo que enviar dinero a Venezuela porque mis papás lo necesitan… Era estresante: quedarte sin dinero en un país donde no tienes nada”.

Hasta que un colega le avisó de que la seguridad social peruana, EsSalud, estaba contratando médicos para afrontar la pandemia de COVID-19.

Como muchos países de la región, Perú cuenta con menos médicos de los que necesita, según refleja un informe del Ministerio de Salud de 2018: apenas 13,6 médicos por cada 10.000 habitantes en vez de los 23 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esto se suma el hecho de que muchos se han dado de baja porque su edad o historial médico los hace especialmente vulnerables al nuevo coronavirus.

Por ejemplo, en Lambayeque, una de las regiones más afectadas por la pandemia y en la que se han tenido que construir cementerios temporales para enterrar a los muertos por coronavirus, el director del Hospital Regional explicaba a principios de mes que, pese a tener 60 camas libres con punto de oxígeno, no las podía usar:

“¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!”, gritaba con desesperación en una entrevista con la emisora pública, RPP.

Talento desaprovechado

Carlos Scull, nombrado embajador de Venezuela en Perú por Juan Guaidó, aseguró en una radio local que hay unos 1.000 médicos venezolanos en Perú -de los que solo entre 200 y 300 están colegiados- y unos 3,000 enfermeros.

Otras fuentes como la campaña “Tu causa es mi causa” eleva a 4,000 el número de médicos venezolanos que podrían unirse al esfuerzo del sistema de salud peruano contra la pandemia.

Trabajadores de la salud con equipos de protección personal frente a una ambulancia en Perú

Getty Images
En Perú hay escasez de trabajadores de la salud para hacerle frente a la pandemia.

Al menos uno de ellos, Felimar Luque, empezó a trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins el lunes de la semana pasada: “Es hermoso, se parece al hospital en el que yo trabajaba ”.

“Me siento bien, a pesar de la pandemia, haciendo lo que más me gusta”, dice. Ahora gana ocho veces más de lo que recibía en la farmacia. Su hermana, abogada, ha tenido menos suerte y ahora trabaja cuidando a una mujer mayor en una provincia al norte de Lima.

“El venezolano tiene una necesidad de tener un ingreso y ejercer su profesión”, dice Garrinzon González, director de Unión Venezolana en Perú. En los años que lleva frente a la ONG, ha visto a muchos compatriotas experimentados y con estudios superiores haciendo trabajos no cualificados.

“Es un activo que se está perdiendo el Perú en vez de beneficiarse con estos profesionales cuyos estudios fueron un gasto que hizo otro Estado. Y más cuando hay vacantes”, afirma.

Del listado de 39,000 profesionales venezolanos que ofreció al Estado peruano, calcula que solo el 10% consiguió empleo.

Él espera que la experiencia de echar mano de profesionales sanitarios venezolanos durante la pandemia sirva para abrir las puertas a otros sectores.

Luque tiene un contrato de solo tres meses, prorrogable por otros tres meses más si la pandemia se extiende. Aunque, así como cuando soñaba con volver a ponerse la bata mientras preparaba arepas, le sobran esperanzas.

“Aunque el contrato dice ‘solo pandemia’, yo confío, Dios quiera, que nos dejen trabajando como tal. Ya ellos saben que soy especialista, que estoy en proceso de mi registro nacional de especialista acá en Perú. Y si no, bueno, como médico general, que ya tengo todo legal”.

“Si la posibilidad está, sería genial quedarnos acá trabajando”.

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BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE&t=5s

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