Liberan a mujer detenida por policías comunitarios en Oaxaca; pasó 3 años presa por falso delito
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Liberan a mujer detenida por policías comunitarios en Oaxaca; pasó 3 años presa por falso delito

Dolores fue acusada de cometer un secuestro. La detuvieron, la golpearon sin importarles que estaba embarazada y le practicaron un aborto sin su conocimiento.
Cuartoscuro
Por Erendira Aquino
23 de marzo, 2017
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Luego de estar presa casi tres años acusada de secuestro, Dolores, una joven habitante de una comunidad rural de Oaxaca, fue liberada el pasado 15 de marzo. Estuvo encarcelada debido a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos por los que fue acusada y ahora no puede volver a su casa, ante la amenaza de que los vecinos de su comunidad la agredan.

La tarde del 8 de mayo de 2014, Dolores salió de trabajar en Zapotitlán Palmas, Oaxaca, y decidió buscar a su entonces pareja en Guadalupe de Recreo, el pueblo vecino, de donde es originario, porque estaba embarazada y él había dejado de comunicarse, abandonándola a su suerte. Nerviosa, al llegar a la casa del joven, Dolores decidió no tocar la puerta.

Al llegar ante la puerta de la casa, Dolores escuchó gritos dentro, por lo que se espantó y decidió volver a su pueblo.

En el camino, sin embargo, Dolores fue detenida por dos policías comunitarios y subida a una camioneta particular, en donde estaban ya otras tres personas sometidas.

Los policías comunitarios mantuvieron a las cuatro personas detenidas en un inmueble del pueblo, durante un día y medio. Aunque Dolores no había sido informada, la policía comunitaria la vinculaba con un secuestro presuntamente cometido por los otros tres sujetos aprehendidos.

Mientras Dolores y los tres presuntos secuestradores estuvieron dentro de este inmueble, fuera, los pobladores amenazaban con linchar a los cuatro.

Sin pruebas

El abogado de ASILEGAL, la organización que acompañó legalmente el caso, Edgardo Calderón, explica que Dolores fue detenida por policías comunitarios, golpeada y encarcelada, bajo la acusación de intentar secuestrar a la madre y la adolescente embarazada que se encontraban dentro de la vivienda de su expareja.

Entonces el pueblo quiere linchar a todos, dura día y medio esta situación y en ese momento Dolores todavía no sabía por qué la detuvieron, hasta que después de este tiempo la llevaron al Ministerio Público y le informaron”, comentó Calderón.

En el Ministerio Público, ella avisó que tenía dolores en el vientre y que necesitaba atención médica –que no le habían dado– a pesar de haber sido golpeada.

El médico legista del Ministerio Público no la atendió. Fue hasta que llegó la abogada de oficio que le asignaron, siete horas después, que la trasladaron a un hospital, donde no la atendieron “porque estaba sucia”.

La regresaron a los separos, donde su hermana la esperaba con lo necesario para que se aseara. Luego de limpiarse, Dolores volvió al hospital, donde sin informarle le practicaron un legrado por raspado.

Como estaba en calidad de detenida, fue dada de alta inmediatamente y encarcelada, para enfrentar un juicio que dos años y 11 meses después concluyó con su declaración de inocencia y liberación, consumada el pasado 15 de marzo.

Viacrucis procesal

En estos casi tres años de reclusión, a pesar de que expresó en varias ocasiones que presentaba dolor en la columna, Dolores no fue atendida. Ahora sabe que ese dolor será permanente, ya que es resultado del procedimiento de aborto por legrado que le practicaron durante el proceso de detención.

Además, mencionó el abogado, hubo otro detalle que llamó la atención de la defensa del caso: no llevaban a Dolores a sus audiencias “porque no había dinero para comprar gasolina y trasladarla”, lo que convirtió el juicio en un “viacrusis procesal”.

El caso de Dolores no es único. De acuerdo con información de ASILEGAL, el 75% de las mujeres en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, donde estuvo presa, están ahí sin sentencia que compruebe su culpabilidad.

Ahora Dolores está libre, pero ella y su hija no han vuelto al pueblo de donde son originarias “por su seguridad”, y es que “la comunidad es muy de hacer justicia por su propia mano”, agregó Calderón.

El abogado de ASILEGAL dijo a Animal Político que todavía no descartan la idea de presentar denuncias contra las autoridades que cometieron las “dilaciones graves a los derechos humanos de Dolores”, porque hasta ahora sólo podrían investigarse como faltas administrativas.

“Desafortunadamente este caso constituye un referente de las deficiencias que prevalecen en el sistema de justicia penal y son prueba de la necesidad de que en las instituciones se cuente con personal capacitado para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con base en el respeto a los derechos humanos”, concluyó Calderón.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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